Juristas misioneros se oponen a la baja de la imputabilidad como medida para frenar la inseguridad
No sirve la baja de imputabilidad. El Estado no puede mantener en el tiempo las políticas para controlar las adicciones y el 90 por ciento de los delitos graves cometidos por inimputables está asociado a las drogas, asegura una jueza de Menores que prefiere guardar su nombre en reserva.
La magistrada prefiere hablar de contención familiar, pero advierte que la mayoría de esos adolescentes proviene de núcleos familiares donde son todos consumidores y delincuentes.
No es la única voz en contra del proyecto de baja de la edad de imputabilidad que deslizó el presidente Mauricio Macri en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Antes el presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios, Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), el misionero César Jiménez transmitió su “profunda preocupación” por la actitud del Poder Ejecutivo Nacional –“propia de proyectos políticos hegemónicos”-que pretende forzar una reforma para bajar la edad de imputabilidad de los menores, teniendo en cuenta que la sociedad académica en sus diferentes formas, organizaciones sociales, Magistrados y Funcionarios, entre otros, se han pronunciado en contra de la baja de la edad de punibilidad.
La Ajunaf recordó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó durante los primeros meses de este año, a reuniones de especialistas, estableciéndose ocho ejes para la discusión de la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil, creándose ocho comisiones en su consecuencia, entras las cuales se constituyó la Comisión sobre Edad de Responsabilidad Penal Juvenil, donde los participantes manifestaron mayoritariamente su oposición a la baja de la edad de punibilidad.
“Nadie duda que la reforma legislativa es una necesidad a los fines de la adecuación del sistema de responsabilidad penal juvenil que responsabilice a los adolescentes infractores, con la consecuente derogación del decreto ley 22.278 de la dictadura militar, y en ese marco la baja de la edad de punibilidad fue debatida en la propia
Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional, cuyas conclusiones son desoídas por el presidente Macri”, recordó el juez misionero César Jiménez, presidente de la Ajunaf.
Del último relevamiento disponible (UNICEF/SENNAF 2015) resulta que casi la totalidad de los 1.305 adolescentes privados de su libertad en centros cerrados eran varones, argentinos, mayoritariamente entre 16 y 17 años. Al momento del relevamiento, el 6,3% (82) eran niños menores de 16 años.
“Intentando desinformar a la población, el Ministro de Justicia afirmó que el 26% de los delitos eran cometidos por adolescentes menores de 18 años. Para ello tomó las cifras del Sistema Nacional de Información Criminal, que registra solamente denuncias, en sede policial, con posible autor identificado, sin discriminar adolescentes punibles (16 y 17) de adolescentes no punibles (menos de 16), y sin la apertura de causa judicial, por lo que no puede tenerse por comprobado fehacientemente el hecho y la autoría”, explica el ente jurídico.
“Es evidente que la propuesta de baja de la edad de punibilidad es una reacción electoral frente a una demanda social creada mediáticamente, y no tendrá incidencia alguna en la solución del problema de inseguridad. Debe responsabilizarse a los adolescentes infractores que sean punibles, y debe establecerse cuáles serán las medidas para los adolescentes no punibles que comentan delitos graves, pero ello debe efectuarse de manera seria, respetando estándares internacionales, y no como eje de una respuesta a la inseguridad”, opinó el magistrado misionero.
El abogado penalista Miguel Iglesias opinó en el mismo sentido. Según los estándares internacionales de protección de derechos humanos, en materia de niños y adolescentes, exige como regla, medidas no privativas de la libertad y medidas alternativas al proceso judicial, dejando como sanción excepcional, en casos de extrema necesidad, la restricción de la libertad personal.
“Además de ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva, un menor en prisión es sumamente oneroso, podría ser un potencial delincuente en su vida adulta, lo decimos desde la observación de la vida en las cárceles argentinas, no olvidemos, que los adolescentes vulnerables, que son los que el sistema punitivo atrapa, al haber cumplido su condena, son liberados, siendo las posibilidades de reinserción social tan escasas o nulas, que los lleva a delinquir nuevamente, un circulo nefasto en el cual la sociedad argentina no puede permitirse para el futuro del país”, sostuvo.
“Está probado en otros países, que disminuir la edad de imputabilidad no ha tenido el menor efecto sobre los delitos graves, surgiendo de las estadísticas nacionales, que los delitos de mano propia son en su alta mayoría, concretados por personas en un rango de edad de 18 a 25 años, lo que nos demuestra, que nuestro sistema sancionatorio abarca plenamente a las personas consideradas plenamente consciente de sus actos. Bajar la edad de responsabilidad penal no genera en ningún caso, mayor seguridad.
“Este discurso de emergencia, propia de la política argentina, no debe ser aceptado por la sociedad, pues esconde, y esto está fuera de discusión, la consagración subliminar de renunciar a políticas de Estado, para proteger, educar y sociabilizar laboralmente a todos nuestros niños y adolescentes, siendo una franca contradicción con los fines supremos fijados por el preámbulo de la Constitución Nacional y los documentos internacionales en materia de derechos humanos que la integran”, sentenció.
El abogado consideró que aprobará la creación del fuero penal juvenil, cuya ejecución llevará años de preparación, pero “la disminución en la edad, esta será ampliamente rechazada”.
Leonardo Villafañe, doctor en Derecho (UCSF) y Secretario del Consejo de la Magistratura de Misiones, consideró que “la posibilidad de sanción de una nueva ley penal que disminuya la edad de imputabilidad responde a una sensación, entendible, de la sociedad de que no existe una política pública que castigue a quienes violen las normas. Creemos que se tratan de dos cuestiones que, si bien están vinculadas, no necesariamente deben ser consideradas idénticas”.
“Tratar la baja de la edad de imputabilidad es sólo tratar el efecto y no la causa del problema, pero no por ello debe dejar de analizarse. Entiendo que aporta mucho al origen del problema esta anomia social crónica, por cuanto, cuando un niño ingresa a la delincuencia es porque ha transcurrido ya por una innumerable sucesión de ausencias, entre ellas, la del Estado y la sociedad toda”, analizó.
Villafañe sostiene que la baja de la edad de imputabilidad para los menores se enmarca en ésta búsqueda por “castigar realmente” a quienes violan las leyes. La cuestión es que a los menores la pena impuesta no puede ser la común, o la misma que a los mayores, y además, requerirá de mayor asignación de recursos y seguimiento de los chicos que ingresen al sistema. Esto debería tener muy claro quienes impulsan este tipo de normas. Es un mandato constitucional y convencional.
“Si bajar la edad de imputabilidad de los menores implica la creación de un sistema eficaz e integral de reeducación de los menores, con estricto control de objetivos y metas interinas como definitivas y que tenga como principal fin la protección integral del niño en situación de delincuencia, entonces, podría verse como un aporte”, concluyó.
“La iniciativa del Gobierno nacional de enviar un proyecto legislativo bajando la edad de punibilidad resulta irresponsable. Los especialistas que convocaron (Unicef, Defensoría General de la Nación, Asociación Pensamiento Penal, etc) coincidieron -casi por unanimidad- que bajar la edad de punibilidad presentará resultados desastrosos e irreversibles y sin embargo eligen desoír dichas opiniones. No solo nos arriesgamos a tener condenas internacionales en contra de Argentina (como ya hemos tenido) sino que incrementaremos el nivel de violencia al encarcelar chicos más jóvenes, produciendo al mediano plazo más delito intra y extra institucional”, advirtió Gonzalo De Llano de la asociación de Pensamiento Penal.
