En una casa del interior, una vecina muestra con orgullo un pequeño mono tití que “rescató” después de que su madre fuera atropellada. Lo alimenta con una mamadera, frutas, le tejió un abrigo, le pone pañales y hasta le dio un nombre. La señora asegura, con mucho amor, que lo está cuidando y que lo salvó. Y aunque sus intenciones parecen nobles y sinceras, la realidad es otra: ese monito, como tantos otros animales silvestres que viven en hogares humanos, está siendo alejado de su verdadero mundo, de los de su especie, de su naturaleza.
La tenencia de animales silvestres como mascotas es un fenómeno extendido en todo el mundo, muchas veces impulsado por la desinformación o la empatía mal dirigida. Desde pichones de aves, como los loros, hasta pequeños felinos, coatíes, tortugas o monos, la lista de animales nativos que terminan en jaulas o peceras en casas particulares es extensa. Sin embargo, detrás de cada caso hay una historia de desequilibrio ecológico, sufrimiento animal y, a veces, riesgo para las personas.
Lo que para algunas personas puede parecer un gesto de cuidado, muchas veces representa un daño que luego es difícil de reparar. Un animal silvestre criado en cautiverio pierde habilidades fundamentales para sobrevivir en su ambiente natural: para encontrar alimento, para evitar a sus depredadores naturales, para interactuar con los de su especie, cambios radicales en su dieta natural, entre muchos otros. En otras palabras, se vuelve prisionero en un entorno que no le pertenece, que no les es natural.
A su vez, muchos de los animales silvestres pueden transmitir enfermedades, volverse agresivos al crecer o simplemente vivir en un estado constante de estrés. No están hechos para convivir con humanos en sus casas. Su bienestar depende de un entorno específico: el monte, la selva, el río, el cielo abierto.
Es verdad que ciertas veces los animales silvestres pueden necesitar ayuda de las personas: pueden estar lastimados, desorientados, sin su madre. Pero el paso correcto o indicado no es llevarlos a casa. Existen centros de rescate, profesionales especializados y protocolos que permiten evaluar si pueden ser o no reinsertados en la naturaleza. En cambio, cuando los adoptamos como mascota, le negamos esa posibilidad.
El problema se agrava cuando no logramos distinguir entre una mascota —un animal domesticado como un perro o un gato— y un animal silvestre. Esta confusión lleva a justificar la tenencia con argumentos como “pero lo trato bien”, “está mejor acá que en el monte” o “lo salvé”. Sin embargo, y pese a que los argumentos muchas veces nacen de personas bienintencionadas, los animales silvestres no necesitan ese tipo de cariño humano: necesitan la selva, su libertad y a otros de su especie. Si esto último no fuera posible, se le deben brindar condiciones apropiadas para su conservación fuera de la naturaleza, conocida como conservación “ex situ” y pueden ser parte de programas de educación ambiental o de aportes de material genético para programas de reintroducción, en caso de ser necesarios.
La buena noticia es que cada vez más personas y comunidades están reflexionando sobre esta problemática y es positivo que así sea. Se preocupan y reaccionan al toparse o escuchar sobre casos de tenencia de animales nativos como mascotas. Por ello, hay una necesidad seguir impulsando acciones para que esto no siga ocurriendo.
La educación es, con seguridad, una de las claves para que cada vez más personas puedan diferenciar claramente a los animales domésticos de los silvestres, y promover una relación basada en la observación respetuosa y la coexistencia, y no en la tenencia. Entender que no todo animal necesita ser rescatado —al menos no por cualquier persona— es un paso importante hacia una cultura de mayor respeto y responsabilidad ambiental.
El desafío actual es cambiar la forma en que miramos a los animales silvestre. No como objetos de ternura ni como trofeos exóticos, sino como parte esencial de un ecosistema que también nos sostiene a nosotros. Y reconocer que, a veces, la mejor forma de cuidar es no intervenir.
El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas. A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.
La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales”, afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables. No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
“Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.
En pocos días la ciudadanía argentina vuelve a las urnas para las elecciones legislativas de medio término, en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Estaremos también en la antesala de la definición final, en el paso previo de una decisión de gran importancia: nuestros próximos representantes en el Congreso de la Nación Argentina.
Los procesos democráticos siempre son procesos que se celebran. Son procesos en los que la importancia de la participación ciudadana y el compromiso por el futuro adquieren una responsabilidad tangible. Hoy más que nunca ese compromiso individual tiene que traducirse en sociedades que trabajen en conjunto, que exijan políticas gubernamentales a la altura de las circunstancias que la crisis ambiental y climática demanda. Como votantes tenemos la responsabilidad de involucrarnos, conocer a los candidatos y candidatas, analizar sus posturas, y elegir a conciencia. Como aspirantes a las bancas legislativas, tienen el deber crucial -ante los desafíos sociales, económicos y ambientales del contexto- de generar propuestas que incluyan la variable ambiental en sus políticas públicas y en sus plataformas, pensando en el presente y en el futuro de nuestro país.
En Argentina, y de acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación Vida Silvestre, el 89% de la población asegura que el estado de salud del ambiente afecta a las personas y a los modos de vida. Es decir que existe una ciudadanía preocupada por los problemas ambientales, que exige que la falsa dicotomía desarrollo/ambiente llegue a su fin y sea reemplazada por modelos que achiquen las brechas entre producción y conservación. Muchas problemáticas sociales y económicas derivan de las malas decisiones en cuestiones ambientales, que responden a la visión de un supuesto progreso que nunca llega, y que nos alejan de un verdadero desarrollo.
Es claro que estamos en deuda con los recursos naturales que utilizamos, y debemos hacer frente a numerosos desafíos para alcanzar un desarrollo sostenible. Las políticas y prácticas ambientales deben asegurar la equidad en el acceso a los recursos naturales, el respeto por los derechos humanos y la protección de la biodiversidad, que es la base del sistema productivo, para garantizar su eficiencia. La vara es alta: los futuros representantes que finalmente ocupen su banca en el Congreso de la Nación tienen que dar el primer paso y poner sobre el escaño propuestas concretas, que activen normativas pendientes para que nuestro país puede hacer frente a los desafíos climáticos y de pérdida de biodiversidad de manera planificada, contemplando aspectos económicos, sociales y ambientales. En los próximos años la agenda del Congreso de la Nación debe avanzar en políticas ambiciosas, trabajar para alcanzar acuerdos políticos, extremadamente necesarios, y llevar adelante acciones creíbles, que permitan un desarrollo basado en el uso responsable de nuestros bienes y servicios naturales, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones.
El Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo; precisamos entonces compromisos de alto nivel político, que estén a la altura de los retos de estos tiempos. Conocemos los problemas y las soluciones, llegó el momento de convertir esta nueva conciencia en acción: impulsar un cambio transformador hacia una sociedad más equitativa que camine hacia la sostenibilidad real y con representantes que puedan cumplir con estas expectativas.
En 1972 la Organización de las Naciones Unidas instauró el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre las temáticas ambientales y la necesidad de proteger los ecosistemas naturales. Si bien la palabra “medio” hace referencia al ámbito en el cual se expresa el ambiente, luego de casi 45 años la población humana prácticamente se ha duplicado, lo que incrementa e intensifica las presiones sobre la naturaleza y nos permite decir que, en promedio, hoy disponemos de medio ambiente menos, en relación a 1972.
Hasta 1970, nuestra huella ecológica global era menor que el ritmo de regeneración de la Tierra, pero los excesos actuales están deteriorando gravemente la salud del ambiente y, con ella, las propias perspectivas de la humanidad. Los modelos productivos y las formas de consumo actuales profundizan severamente las desigualdades sociales y medioambientales preexistentes, porque tanto la demanda de consumo como los recursos naturales, están repartidos de forma muy desigual en todo el mundo. El patrón de consumo humano difiere de la disponibilidad de dichos recursos, es decir que no son aprovechados en su origen sino desde otros puntos del planeta. La huella ecológica por persona en los diversos países ofrece una visión de estas desigualdades, de los riesgos y también de las oportunidades de cada país.
La evolución tecnológica, la producción a escala y el aumento de la actividad económica, han incrementado enormemente nuestro nivel de consumo. A tal punto que la cantidad de recursos y servicios de los ecosistemas requeridos para abastecer nuestras necesidades anualmente equivalen a 1,6 planetas Tierra: esto significa que estamos usando un 60% más de recursos de lo que nuestro planeta puede regenerar en un año, generando una fuerte sobreexplotación y degradación de los ecosistemas.
Argentina no escapa a esa realidad: la desertificación y deforestación, la continua transformación de ecosistemas naturales, la sobrepesca, las malas prácticas productivas y la falta de controles adecuados han contribuido a la pérdida y degradación del ambiente con sus graves impactos en el bienestar humano.
Hoy contamos con “medio” ambiente y niveles de pobreza que alcanzan a más del 40 % de la población argentina. Es hora de orientar los esfuerzos para recuperar y restaurar la mitad del ambiente que perdimos, para la naturaleza y la biodiversidad, pero también para recuperar la capacidad productiva de nuestro país, bajo prácticas compatibles con la conservación del ambiente que contribuyan al desarrollo y la equidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el período 2020-2030, cómo la Década de la Restauración de los Ecosistemas. Por eso este año el Día Mundial del Medio Ambiente pone el foco en la restauración, con el objetivo de detener y revertir los daños y migrar hacia un nuevo paradigma que fomente acciones transformativas para alcanzar una relación positiva entre las personas y la naturaleza. .
Tenemos un enorme desafío por delante y contamos con la mejor ciencia disponible para encararlo. Aún estamos a tiempo de aprovechar la que quizás sea nuestra última oportunidad.
Según el Artículo 41 de la Constitución Nacional “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Así como la sociedad reclama enérgicamente a las Autoridades de aplicación de las diferentes Jurisdicciones la defensa de este derecho, es necesario comprender la necesidad de hacer cumplir también el deber que este artículo establece.
Aunque muchos esperaríamos una sociedad en la que las penas y sanciones no fueran necesarias para asegurar el cumplimiento de nuestros deberes, nos encontramos muy lejos de alcanzar esta utopía. Nuestro país tiene innumerables ejemplos de la degradación de los bienes comunes, como el agua, el aire o el suelo. Estos bienes que solemos denominar “recursos naturales” son la base de nuestra existencia como humanidad y resultan esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestro país.
Como ocurre con otras faltas al cumplimiento de nuestros deberes como sujetos sociales, las faltas sobre el ambiente son rara vez sancionadas y cuando lo son, en general no sucede de manera ejemplar o disuasoria. De hecho, algunas personas y corporaciones incluyen en el presupuesto de sus actividades productivas o inmobiliarias un potencial pago de multas o sanciones administrativas en caso que una irregularidad sea denunciada y finalmente sancionada. En los casos de faltas a las normas ambientales, se puede decir que actualmente “el crimen paga”, porque no existe la figura de delito penal ambiental. No hay multa o sanción económica o administrativa que alcance. ¿Cuál sería un monto que pueda equiparar el daño contra el ambiente, sobre la base que sostiene nuestra vida y el desarrollo de nuestro país?
Es urgente que el Código Penal de la Nación Argentina tipifique los delitos contra el ambiente y la naturaleza, a la vez que el Poder Ejecutivo Nacional dote de las herramientas y recursos necesarios para que las fiscalías ambientales investiguen los potenciales delitos, recaben las pruebas necesarias y promuevan el proceso judicial correspondiente. Independientemente de la obligación de recomponer el daño ambiental —cuestión que aunque enunciada es frecuentemente incumplida — es sumamente necesario que los ciudadanos y entidades que no cumplan con el deber marcado por el artículo 41 de la Constitución Nacional respondan por sus actos ante toda la sociedad.
En base a ello, la Fundación Vida Silvestre Argentina se suma al reclamo social para que el Congreso Nacional aborde el debate informado y plural para la correcta tipificación del delito ambiental, y la definición de los elementos necesarios para que el Poder Ejecutivo haga cumplir y respetar la Constitución Nacional.
En nuestro derecho penal existen conductas tipificadas que protegen bienes jurídicos tales como la salud pública, la seguridad, la propiedad pero no se encuentran tipificadas las conductas que agreden al ambiente. Resulta urgente la implementación de marcos, herramientas y políticas que protejan a nuestro entorno y las personas que vivimos en él. Por todo esto y mucho más exigimos delitos ambientales penales.
