Sebastián La Rosa

La necesaria (y polémica) reforma laboral que impulsa el Gobierno

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El proyecto de ley de reforma (modernización para ser estrictos con la letra) laboral, busca una actualización de las leyes que tratan sobre los contratos de trabajo; la organización y procedimiento de la justicia nacional del trabajo; las convenciones colectivas; las asociaciones sindicales y otras normas, por ejemplo, de carácter tributario. Una reforma sumamente ambiciosa para un oficialismo.

Para entender a grandes rasgos los puntos destacables de la norma, observamos:

Banco de horas: más horas de trabajo a cambio de más tiempo libre a acordarse entre trabajador y empleador. Aquí, tiene que entenderse la heterogeneidad de los trabajos, destacan algunos analistas. 

Indemnización por despido: clarifica nuevas condiciones.

Fondo de Asistencia Laboral: una especie de seguro de desempleo que no se define quién lo administra.

Aumentos salariales dinámicos: premia el mejor rendimiento del trabajador.

Fraccionamiento de las vacaciones.

Regulación de trabajadores de plataformas: ordena este sector de aplicaciones digitales cada vez más amplio.

Modificación del ius variandi: permite al empleador reacomodar tareas del trabajador acorde al convenio que lo rige.

Modificación de la ultraactividad: límites cuando el convenio vence y hay que regirse después de esto hasta uno nuevo. 

Prelación de convenios por empresa sobre convenios por actividad: acuerdos internos con los gremios de empresas por encima del acuerdo sindical general del sector.

Restricciones del derecho sindical y de huelga: se amplía el listado de actividades consideradas esenciales, limita las asambleas de manera amplia, entre otras disposiciones.

Digitalización: tramites más ágiles que buscan desburocratizar los mecanismos de regularización y reducir así costos en contadores o abogados.

Deroga la ley de teletrabajo: quita obligaciones al empleador

Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo: prevé que dicho fuero mantendrá su funcionamiento hasta tanto se instrumente la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo luego su progresiva disolución.

Modificaciones tributarias: sobre todo en el impuesto a las ganancias.

Hay más desde ya, pero esto es quizás lo mas destacable que en muchos casos ya generó polémicas y rechazos. La crítica central (hay de todo tipo), se reduce a que afecta derechos fundamentales constitucionales y de pactos internacionales adheridos, respecto a la protección laboral, derechos adquiridos y el principio de progresividad. 

Siempre se habla de actualizar la legislación laboral. Estamos acostumbrados a parches regulativos. La Argentina tiene problemas de fondo, como un empleo en negro con números prolongados en el tiempo por encima del 40%, una limitada competitividad y esquemas de contratación que facilitan la litigiosidad y la desinversión con la correspondiente escasa creación de puestos de trabajo.

Se debe enfrentar una modernidad que ya queda vieja, adecuarse a los avances de la tecnología y el conocimiento. Lo vigente se basa en una vieja coyuntura de empleados industriales asalariados formales y en la actualidad ya no hay una sola realidad laboral por persona, explicaba Martín Tetaz en Infobae.

Las voces de alerta y rechazo de diferentes actores se levantaron. Las centrales de trabajadores, asociaciones y consejos profesionales, laboralistas, gobernadores y el arco político opositor como dialoguista rechazan o critican en mayor o menor medida. Se presume, que el Gobierno fue con todo para soltar en el camino artículos como moneda de cambio. Van aprendiendo, nunca es a todo o nada.

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