En la Argentina, como en la mayoría de los países, la pandemia del coronavirus está produciendo graves consecuencias en la dinámica de la actividad económica, con repercusiones directas en el empleo y los ingresos laborales. No obstante, en nuestro país, en los meses de mayo y junio, se advierten señales de una incipiente estabilización del trabajo asalariado registrado en empresas privadas. Este fenómeno responde a la rápida reacción del sistema productivo que incrementó las contrataciones de personal como resultado de la flexibilización de las medidas de aislamiento y restricción a la producción. 

Hasta el momento y con la información disponible, se observa que la contracción del empleo asalariado privado en la Argentina desde la irrupción de la pandemia es bastante menor al verificado en otros países del mundo. Este comportamiento del empleo, se vincula con el conjunto de políticas implementadas por el gobierno, que tuvieron un rol central en mitigar los efectos de la crisis sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores registrados. 

De acuerdo a la información que surge de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en mayo de 2020, el empleo asalariado registrado en empresas privadas se mantuvo prácticamente estable, mostrando una variación mensual de -0,1% (variación que representa 6 mil trabajadores menos). 

La dinámica laboral observada en mayo contrasta con las importantes contracciones verificadas en los meses de marzo y abril, cuando regía en casi todo el territorio nacional el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En efecto, en marzo el empleo asalariado privado cayó un 0,7% en términos mensuales (41 mil trabajadores menos); mientras que en abril, se verificó la reducción más importante, que fue de -1,7% (102 mil trabajadores menos). 

Este freno en la destrucción de empleo se explica por una disminución de la caída en todos los sectores de actividad. Incluso se identifica un conjunto de actividades que recuperan parte del empleo perdido en los últimos meses, como las actividades primarias, hoteles y restaurantes y el transporte y, en menor medida, la industria manufacturera y los servicios empresariales. Otros sectores gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia como la construcción, el comercio y la enseñanza, si bien continuaron con tasas de variación negativas, presentan menores caídas en relación a abril. 

A pesar de esta cierta estabilización en el empleo asalariado privado, el total de trabajadores registrados continúa en baja, debido al comportamiento descendente del resto de las modalidades ocupacionales, entre las que se destacan principalmente el trabajo monotributista y, en menor medida, el trabajo autónomo y el de casas particulares. 

No obstante, como esta información proviene de un registro administrativo, que se elabora a partir de la declaración de los contribuyentes al sistema de seguridad social, no permite distinguir en qué medida la reducción del trabajo independiente se debe a que las personas dejaron de realizar la actividad laboral o a la decisión de postergar el pago de las obligaciones de la seguridad social en un contexto de fuerte caída de los ingresos. 

De acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales, en el mes de junio de 2020, el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores del total de los aglomerados relevados, cayó un 0,1% en relación al mes anterior, atenuando sensiblemente los resultados negativos de los meses anteriores (-0,4% en mayo/20 y -0,6% en abril/20). Esta variación, se explica por el aumento de las contrataciones de personal, que estuvo muy cerca de compensar las desvinculaciones de personal registradas en el período. La tasa de entrada de personal a las empresas alcanzó al 0,7, duplicando la tasa observada en los dos meses anteriores (0,4 puntos porcentuales), pese a lo cual todavía permanece entre los registros históricos más bajos. Mientras tanto, la tasa de salida se mantuvo en el mismo nivel del mes pasado (0,8 puntos porcentuales), siendo también uno de los índices más bajos de la serie. 

Es decir, que el aumento de las contrataciones de trabajadoras y trabajadores, es el factor que explica el sostenimiento del nivel de empleo asalariado, luego de dos meses consecutivos de sensibles caídas. La recuperación del volumen de incorporaciones en las empresas repercutió en todos los sectores de actividad, como se desprende del aumento de las tasas de entrada verificadas en el último mes. En particular, el aumento de las contrataciones incidió con mayor intensidad en las ramas del comercio y los servicios financieros y a las empresas. 

Las expectativas empresarias para los próximos tres meses, permiten pensar en la consolidación de este proceso de estabilización del empleo asalariado privado. En efecto, si bien las expectativas netas de aumento de personal, reflejadas en la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirlas, continúan siendo negativas (-3,4%), resultan de menor intensidad que en los meses previos. 

La estabilización del nivel de empleo se vincula directamente con la flexibilización de las medidas de aislamiento social para gran parte del territorio nacional, que fuera formalizada a través del decreto que estableció el “Distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO)”. La información relevada por la EIL respecto al nivel de actividad en el que se encuentran operando las empresas, también aporta evidencia en este sentido. Mientras que, en junio el 8% del total de las empresas relevadas no operó, en abril ese valor era de 19%. Por el contrario, en junio del 36% dijo estar operando como siempre y en abril ese valor era de sólo el 25%. Las respuestas de las empresas respecto de su nivel de actividad muestran diferencias entre el GBA y el interior del país, siendo relativamente mejor la situación en el interior que en el GBA. 

En este sentido, cabe destacar la rápida reacción de determinado segmento de empresas para contratar nuevo personal como respuesta a la liberación de una parte de las restricciones para producir y comerciar. 

La situación del mercado de trabajo del resto de los países del continente ha mostrado contrastes muy notorios en relación con el desempeño de Argentina durante la pandemia. En estos países las instituciones del mercado laboral, la estructura productiva, el tamaño del mercado interno y el grado de formalidad de los ocupados es muy diferente, así como las políticas económicas y sociales implementadas durante la pandemia. Considerando estos  aspectos, se buscó comparar las variaciones mensuales experimentadas por el empleo asalariado registrado del sector privado, presentadas en forma desestacionalizada y para los mismos períodos. 

En el análisis, se incluyó a Brasil y Chile del hemisferio sur, y a Canadá y Estados Unidos del hemisferio norte (para estos dos últimos países se asume que la mayoría del empleo asalariado privado es formal) . 

A nivel global, el avance de la pandemia se fue dando por etapas, luego del brote en China durante enero, a partir de febrero afectó a los países de Europa, y recién en marzo llegó al continente americano. El efecto en el mercado de trabajo de estos países fue muy profundo. Entre febrero y mayo la caída del empleo asalariado registrado del sector privado fue del 19,2% en Canadá, de 13,8% en EE.UU., de 12,2% en Chile y de 7,5% en Brasil. En este marco, la Argentina es el país de los seleccionados donde el empleo asalariado del sector privado presenta la menor caída. 

Los resultados alcanzados hasta el momento en materia de sostenimiento del empleo asalariado registrado, se relaciona con las características del modelo de relaciones laborales argentino y con el conjunto de políticas implementadas en los últimos meses para enfrentar la crisis causada por la pandemia. 

Desde la perspectiva de los flujos laborales, las acciones desplegadas se orientaron a preservar el nivel de empleo apelando a la contención de las desvinculaciones de personal. La estrategia consistió en restringir la capacidad de las empresas de realizar despidos a cambio de un sensible recorte del costo laboral para los sectores en crisis, con escasa o moderada afectación en el salario de bolsillo de las y los trabajadores, teniendo en cuenta el contexto adverso. De este modo, se preservaron puestos de trabajo, evitando desvinculaciones que se producirían en un contexto de caída abrupta del nivel de actividad y apuntalando la sustentabilidad económica de las empresas. 

En este sentido, la medida inédita de prohibir los despidos sin justa causa y por las causas de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor (establecido en el decreto 397/2020) forma parte de un esquema articulado de políticas, integrado por el salario complementario que brinda el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y las suspensiones colectivas, en el marco del acuerdo firmado entre la UIA y la CGT, a través del cual se sostiene como mínimo el 75% del salario neto. 

En mayo de 2020, el programa ATP contribuyó a pagar los salarios de casi 2 millones de trabajadores dependientes de 230 mil empresas, número que representa el 43% del total de las empresas empleadoras privadas. Asimismo, en mayo, alrededor de 740 mil asalariados se encontraban suspendidos (un 12% del total del empleo asalariado privado). 

El resultado de la estrategia adoptada para amortiguar la crisis incidió en la drástica contracción de las desvinculaciones de personal hasta alcanzar un nivel mínimo histórico. Este fenómeno dio lugar a que el empleo registrado moderara la caída durante el período en el que se aplicaron las medidas de aislamiento más restrictivas y las contrataciones se encontraban virtualmente paralizadas, y, luego, a la estabilización del número de asalariados formales cuando se empezó a liberar parte de condicionamientos preventivos establecidos por el aislamiento social y se incrementaron moderadamente las incorporaciones de personal. 

Los problemas generados por la coyuntura en las estadísticas sobre trabajo registrado 

El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado para mitigar la exposición al contagio producto de la pandemia del COVID-19, impactó en todas las actividades económicas y sociales, e impuso una serie de problemas a la producción habituales de las estadísticas laborales elaboradas por el MTEySS. 

En relación a la información estadística que surge de los registros administrativos del SIPA, debido al contexto actual, las declaraciones mensuales que realizan los empleadores al sistema tienen más rezago de lo habitual, lo que genera cambios en las estimaciones más recientes. A medida que continúan llegando declaraciones de meses anteriores y son incorporadas a las estadísticas, se producen cambios en las estimaciones de los últimos meses de la serie. Así, la estimación publicada para el mes de abril, luego de incorporadas las declaraciones con rezago, pasó de -2,2% a -1,7%. Es probable que, en los próximos meses, continúen incorporándose al registro declaraciones tardías, por lo que estas estimaciones permanecen en revisión. 

El rezago en la presentación de las declaraciones juradas por parte de las empresas profundiza las diferencias entre la información aquí publicada y la que elabora la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) en el Boletín de la Seguridad Social. Cabe destacar que estas diferencias se originan en los distintos criterios metodológicos aplicados por las dos publicaciones, teniendo en cuenta sus diferentes objetivos. 

El Boletín de la Seguridad Social tiene el propósito de cuantificar el número de aportantes y cotizantes a la seguridad social, considerando las declaraciones juradas presentadas por trabajadores y empleadores durante un plazo de tiempo determinado: 30 días del mes de referencia de los datos. En cambio, el reporte del Ministerio de Trabajo pretende medir la evolución del trabajo registrado en el mes de referencia, con independencia del período en que las empresas presentan las declaraciones juradas al organismo tributario (entre otras diferencias). 

En este sentido, el informe de trabajo registrado del MTEySS considera un período de tiempo más extenso para contabilizar las dotaciones de personal incluidas en las declaraciones juradas (45 días), lo cual reduce el efecto de la demora en el indicador de puestos de trabajo. A la vez que incorpora en los períodos subsiguientes las declaraciones juradas realizadas con mayor rezago, corrigiendo las estimaciones de los meses anteriores. 

En el caso de la EIL, si bien el trabajo de campo se realiza de forma on-line desde hace muchos años, hay una serie de operaciones y tareas que habitualmente se realizan de manera presencial que se han visto dificultadas en este contexto, especialmente en lo que atañe a la incorporación de nuevas empresas para la renovación del porcentaje de la muestra que se realiza mensualmente. Adicionalmente, dado el contexto, muchas empresas estuvieron cerradas o continúan en esta situación lo que también obstaculiza el relevamiento. Esto generó un aumento de la no respuesta que alcanzó su pico en el mes de abril, a partir de ese momento y en consonancia con la flexibilización de las medidas de aislamiento, el nivel de respuesta se ha ido recuperando, aunque aún no se encuentra en sus niveles habituales. Esta situación podría estar produciendo algún sesgo en las estimaciones, sin embargo, al momento y dados los análisis realizados, la información relevada cumple con los parámetros de calidad requeridos, para ello ha resultado fundamental, la rápida capacidad de adaptación y el compromiso de las y los trabajadores. 

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