El Senado de la Nación comenzará esta semana a estudiar el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

El primer paso será el plenario que las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales organizarán el martes 4 de agosto con la presencia de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo.

Los senadores fueron convocados a sumarse a la videoconferencia que se iniciará desde las 16 y en la que la funcionaria nacional saldará las dudas que surjan desde los senadores.

Fuentes del oficialismo adelantaron que la audiencia de Losardo no será la única y que se abrirá la discusión a más invitados, por lo que el tema continuará siendo debatido en algunas otras reuniones.

El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva “justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica”.

Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.

Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, indicó, cuando presentó la iniciativa de manera pública, que “la nueva estructura en nada afecta el criterio del juez natural” en las causas que ya se estén sustanciando.

El proyecto también prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales.

Por otro lado, los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en los nuevos juzgados deberán realizarse por prueba de oposición oral y pública.

Asimismo, se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales que se cometan en su territorio.

El proyecto traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales que se cometan en su territorio.
El proyecto unifica plenamente la materia Civil y Comercial Federal con la del Contencioso Administrativo.

Con la iniciativa se buscará el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

En otro aspecto, el proyecto repondrá las reglas de actuación que deberán seguir los jueces federales como: “mantener un trato equivalente con las partes, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o prejuicio, garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario y comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”.

También se pretende “evitar que el clamor público y el miedo a las críticas incidan en sus decisiones judiciales”, así como desalentar que los magistrados se valgan de su cargo para promover intereses privados.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la gestión del gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa “Justicia 2020”.

Ese expediente, que perdió estado parlamentario porque fue enviado en 2018 y nunca se debatió en el recinto ni obtuvo dictamen de comisión, había sido presentado por los senadores de Juntos por el Cambio Humberto Schiavoni, Ernesto Martínez, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez; y por los ex legisladores Federico Pinedo, del mismo bloque; y por el peronista Rodolfo Urtubey.

Durante la presentación del proyecto, el Presidente también anunció la creación de un Consejo Consultivo, conformado por especialistas en derecho que deberán elevar a consideración del Poder Ejecutivo propuestas concretas sobre una mejora en el sistema de justicia, el mejor funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Los miembros de este cuerpo tendrán plena autonomía para recomendar al Presidente de la Nación lo que crean conveniente y, de esas recomendaciones, saldrán futuros proyectos de ley que serán elevados al Congreso de la Nación.

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