El actual gobierno sancionó a principios del 2016 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de un beneficio vitalicio para las personas que llegan a los 65 años de edad y no tienen suficientes aportes para jubilarse. Su monto es del 80% de la jubilación mínima y, como el resto de las prestaciones previsionales, la persona puede seguir trabajando formalmente como asalariado o cuentapropista para sumar aportes y, eventualmente, acceder a una jubilación contributiva. El diseño de esta política es apropiado y claramente superador a la rusticidad de las moratorias previsionales.
En el Presupuesto 2019 se establece, además, que la ANSES realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales para asegurar que los beneficiarios de la PUAM estén en situación de vulnerabilidad social. Pero, también cambia el criterio y pasa a establecer que la PUAM es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Es decir, un beneficiario de la PUAM no podrá trabajar.
Para evaluar la pertinencia de este cambio sirve analizar cómo se conforman los jubilados y pensionados cubiertos por la ANSES. Según información publicada en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, en el sistema previsional nacional se observa que hay:

• 4,5 millones de jubilados y pensionados que reciben un sólo beneficio y su haber medio es de $12 mil mensuales.
• 1,2 millones de personas que tienen jubilación y pensión a la vez con un haber medio total (sumando ambos beneficios) de $21 mil mensuales.
• 78 mil personas que reciben la PUAM con un haber promedio de $6 mil por mes.

Estos datos muestran situaciones muy heterogéneas. Quienes reciben la PUAM son un grupo pequeño, con los haberes más bajos y que más sufren vulnerabilidad. Sobre ellos ahora se agrega la prohibición de complementar este magro ingreso trabajando en la formalidad. En paralelo, no se regula nada para el 20% de los jubilados con doble cobertura que cobran jubilación y pensión, reciben haberes equivalentes a más de 3 veces la PUAM y no tienen vedada la posibilidad de trabajar. El cambio agrega severas inequidades, especialmente si se tiene en cuenta que dos tercios de los que tienen doble cobertura consiguieron el segundo beneficio con las moratorias sin hacer aportes.
El principal factor desencadenante de la crisis que sufre el país es no haber avanzado en el ordenamiento del sistema previsional. No hay manera de sanear las cuentas públicas eludiendo este tema. El gasto previsional representa casi la mitad del gasto público con tendencia al crecimiento debido al envejecimiento poblacional. Pretender llegar al equilibrio fiscal sin ordenar el sistema previsional explica que el Presupuesto 2019 apele a medidas de emergencia que dañan la posibilidad de progreso, como la reducción en la inversión pública y la aplicación de impuestos altamente distorsivos.
Más llamativo aún es que las escasas referencias a temas previsionales en el Presupuesto 2019 sean para prohibir a los beneficiarios de la PUAM (es decir, los más vulnerables) a seguir trabajando en la legalidad a fin de obtener ingresos adicionales. ¿No hubiese sido más justo ser más restrictivos con quienes reciben dos beneficios –por ejemplo, con una movilidad menos beneficiosa que la general para quienes accedieron a un segundo beneficio a través de las moratorias– y revisar las reglas para evitar esta duplicación de beneficios a futuro? ¿No aportaría más a la sustentabilidad y equidad del sistema revisar los regímenes especiales (o de privilegio) que jubilan personas con menos edad, menos aportes y mayores haberes que el régimen general? Llama la atención que el Fondo Monetario Internacional, con todo su despliegue de expertos profesionales, no haya advertido esta grosera inconsistencia.
El anterior gobierno dejó al sistema previsional quebrado y difícil de corregir porque repartió indiscriminadamente beneficios que resultan judicialmente muy riesgosos de alterar. Pero con un poco de imaginación y profesionalismo se puede comenzar a reducir daños, revertir tendencias y darle sustentabilidad y equidad al sistema previsional.