Una de las más graves consecuencias de la pandemia es el aumento de la desigualdad entre los trabajadores. Los formales gozan desde 2020 del beneficio de la prohibición de los despidos y de negociaciones paritarias semestrales. Como resultado, sufrieron una relativamente baja pérdida de puestos de trabajo y en 2021, por primera vez en tres años, su salario real dejó de caer. En tanto, más de un tercio de la fuerza laboral no accede a ese paraguas protector de las regulaciones por no estar registrado y allí la situación sigue empeorando. En los primeros seis meses del año los salarios informales cayeron 9,2% en términos reales. Una suerte de “grieta”, un mercado dual, se abre cada vez más en el mundo del trabajo argentino.

Uno de los mayores desafíos pospandemia radica en cómo generar trabajo en los sectores informales escasamente calificados. El retorno a los niveles de empleo previos a la pandemia requería que en el segundo trimestre de 2021 se recuperaran 365.000 puestos de trabajo, un 62% de los cuales corresponden a aquellos trabajadores no registrados. Dado que la actividad económica de junio confirmó nuestra proyección acerca de una contracción trimestral del 1,6% respecto de enero-marzo, resulta difícil creer que el empleo total haya regresado a los niveles de principios de 2020. En particular, porque los sectores con mayor dinámica laboral, como la construcción y servicios sociales, registraron contracciones superiores al 10% en el segundo trimestre. Por su parte, los asalariados registrados del sector privado mantuvieron el empleo constante en el promedio mayo-abril respecto del primer trimestre del año.

Cinco actividades son clave, dadas sus elasticidades empleo-producto (puestos de trabajo creados por cada punto de crecimiento), para la recuperación laboral en esta segunda mitad del año: 1) transporte, almacenamiento y comunicaciones; 2) servicio doméstico; 3) construcción; 4) actividades inmobiliarias y empresariales; y 5) servicios sociales. Como reflejan los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en todas ellos la informalidad laboral es elevada, destacándose el servicio doméstico, con 75% de trabajadores no registrados y donde el salario es menos de la cuarta parte del promedio del resto de los sectores.

Para evitar la profundización de la grieta entre los trabajadores registrados y los informales, el gobierno está obligado a incentivar que la recuperación en el mercado laboral en los próximos meses incremente los porcentajes de registración. En un planteo serio de recomposición de ingresos, debe tenerse en cuenta el panorama del empleo registrado por sector, a fin de contar con una mayor amplitud de la cobertura de las instituciones laborales (salario mínimo, paritarias, indemnizaciones por despido, etc.) para reducir el gasto público. Principalmente del sistema de seguridad social, que tiene en nuestro país una cobertura universal pero cuya recaudación no proviene del total de la fuerza laboral. Para dimensionar el impacto, las jubilaciones y pensiones contributivas representan aproximadamente el 40% del gasto público primario.

Es evidente que la informalidad también le fija un límite a la recuperación de la actividad económica vía consumo. A menor empleo registrado, menores salarios. Desde 2016 la caída del poder adquisitivo, como vemos en el gráfico de la página siguiente, fue más marcada en sectores fuertemente informales como el servicio doméstico, los servicios sociales y el comercio. Más allá de la heterogeneidad, excepto en la pesca y en el sector energético, en las otras 14 actividades económicas los trabajadores perdieron poder de compra. Como resultado, el consumo privado cerró 2020 un 19% por debajo del nivel de 2016, en una tendencia que aún no parece revertirse en virtud de los últimos datos disponibles (primer trimestre, caída de 1%).

Un punto para destacar es que la “grieta salarial” entre formales e informales se vincula directamente con su actividad. En el sector servicios, la tasa de formalidad supera al 50% y el salario medio es un 25% más alto que el de la producción de bienes, donde menos del 40% de los trabajadores están registrados.

Por su parte, la pérdida del poder de compra tiene un obvio efecto directo sobre la participación de los salarios dentro del valor agregado de producción. Sin considerar al sector público, en el primer trimestre esa participación fue de apenas 37,2% frente al 45,3% en 2016. Las mayores caídas se verifican en enseñanza privada (-21,5 p.p.), industria manufacturera (-16,3 p.p.) y comercio (-11,4 p.p.), más de un tercio del total de la fuerza laboral de la Argentina.
La menor participación de los salarios sobre el valor agregado, a su vez, se traduce en márgenes de ganancia superiores por unidad producida. El excedente bruto de explotación del sector privado aumentó 4,1 puntos porcentuales entre 2016 y 2021. Cabe, a modo de hipótesis, pensar que, si se lograsen estabilizar las variables macro con un programa consistente, estarían dadas las condiciones para reiniciar un ciclo de crecimiento, básicamente porque la caída del costo laboral y un tipo de cambio aún en niveles competitivos hacen que la inversión encuentre incentivos tanto desde la oferta como desde una potencial demanda para crecer en los próximos años.

En la recuperación pospandemia, alentar el desarrollo de los servicios puede ser una vía inteligente para reducir paulatinamente el peso de la informalidad y, a su vez, sostener una estrategia plausible de desinflación. Cualquier proceso de este tipo requiere siempre de cierta apreciación cambiaria. Los servicios, muchos de ellos no transables, pueden apalancarse en un tipo de cambio más apreciado para su normal desarrollo que los sectores transables, en especial los menos competitivos.

Al mismo tiempo, los servicios generan más puestos de trabajo por cada punto de crecimiento. La elasticidad empleo-producto, con una ratio de 2, duplica a la de los productores de bienes.

Es verdad, sin embargo, que la producción de bienes es más intensiva en mano de obra no calificada y, por lo tanto, permitiría incorporar al mercado a buena parte de quienes hoy están por debajo de la línea de pobreza. En el Censo de los Trabajadores de la Economía Popular que realizó el Ministerio de Desarrollo Social entre julio de 2020 y abril de 2021, el 75% de los encuestados declaró desarrollarse en el sector servicios. Por lo tanto, que esos trabajadores se incorporen a la formalidad permitiría empezar a resolver otro de los problemas de agenda: el gasto público en planes sociales. Sólo dos programas, Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, insumirán este año $205.000 millones, 0,5% puntos del PBI.

Recomponer el mercado de trabajo en los próximos años no será sencillo. La informalidad y la baja creación de empleo son el resultado de profundos desequilibrios y crisis recurrentes que hundieron a la economía en un estancamiento secular. Aun cuando pueda proyectarse una mejor perspectiva de corto plazo para el mercado laboral, sin cambios profundos la “grieta” entre los trabajadores será una constante.

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