ECONOMIA

El gasto en defensa y sus consecuencias macroeconómicas

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Escribe Evgenia Pugacheva / FMI – Las guerras dejan un pesado lastre económico y el aumento del gasto en defensa fuerza decisiones difíciles

Una vez más, el panorama mundial se ve determinado por la guerra. Después de varias décadas de calma relativa tras la Guerra Fría, el número de conflictos activos se ha disparado en los últimos años hasta niveles que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas en ascenso y las crecientes preocupaciones en materia de seguridad están llevando a muchos gobiernos a replantearse sus prioridades y aumentar el gasto en defensa.

Más allá de su devastador costo humano, las guerras se cobran una alta factura económica con efectos prolongados y obligan a tomar difíciles decisiones macroeconómicas, especialmente en los países en los que se libran los combates. Aun en ausencia de conflictos activos, el incremento del gasto en defensa puede aumentar las vulnerabilidades económicas a mediano plazo. Cuando termina la guerra, los gobiernos se enfrentan a la urgente tarea de asegurar una paz duradera y una recuperación sostenida.

En estos tiempos de proliferación de conflictos, nuestro estudio, plasmado en dos capítulos analíticos de la edición más reciente de Perspectivas de la economía mundial informe WEO, pone de relieve el profundo y prolongado costo económico de la guerra, que ha afectado especialmente a las regiones de África subsahariana, Europa y Oriente Medio. También mostramos que el aumento del gasto en defensa, si bien puede impulsar la demanda a corto plazo, conlleva difíciles decisiones presupuestarias que hacen que diseñar bien las políticas y lograr una paz duradera sean más importantes que nunca.

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Pérdidas económicas

En los países donde se libran las guerras, la actividad económica se desploma. En promedio, la producción en los países donde se producen los combates cae aproximadamente un 3% al inicio del conflicto y sigue contrayéndose durante años hasta acumular pérdidas en torno al 7% en un plazo de cinco años. En general, las pérdidas en la producción causadas por los conflictos superan las relacionadas con crisis financieras o desastres naturales graves. Además, las cicatrices económicas se siguen sintiendo incluso diez años después.

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También es frecuente que las guerras tengan importantes repercusiones. Los países implicados en conflictos que se libran en suelo extranjero quizás eviten pérdidas económicas cuantiosas, en parte porque no sufren destrucción física en su propio territorio. Sin embargo, las economías vecinas o los principales socios comerciales del país donde tiene lugar el conflicto acusarán sus efectos. En los primeros años de un conflicto, estos países suelen experimentar caídas moderadas en la producción.

Los conflictos de mayor envergadura —en los que se producen al menos 1.000 fallecimientos en combate— obligan a tomar decisiones difíciles en las economías donde tienen lugar. Los presupuestos públicos se deterioran: el gasto se desplaza hacia la defensa y la deuda crece, al tiempo que caen la producción y la recaudación de impuestos.

También puede ocurrir que estos países experimenten tensiones en su posición externa. Las importaciones se contraen con fuerza debido al descenso de la demanda, y las exportaciones se reducen incluso en mayor medida, lo que da lugar a un aumento temporal del déficit comercial. La creciente incertidumbre desencadena salidas de capitales, y tanto la inversión extranjera directa como los flujos de cartera se reducen. Esto obliga a los gobiernos de los países en guerra a recurrir en mayor medida a la ayuda y, en algunos casos, a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits comerciales.

A pesar de estas medidas, los conflictos contribuyen a una depreciación cambiaria sostenida, a la pérdida de reservas y al aumento de la inflación, lo que pone de manifiesto que el aumento de los desequilibrios externos acentúa las tensiones macroeconómicas en períodos bélicos. Los precios suelen aumentar a un ritmo superior al de las metas de inflación de la mayoría de los bancos centrales, lo que lleva a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés.

En conjunto, nuestro análisis demuestra que los grandes conflictos se cobran un costo económico considerable y conllevan disyuntivas difíciles en las economías que sufren los conflictos dentro de sus fronteras, además de perjudicar a otros países. Estos costos van mucho más allá de los trastornos a corto plazo: tienen consecuencias duraderas en el potencial económico y el bienestar humano.

Disyuntivas de gasto

La mayor frecuencia con la que se producen conflictos y el aumento de las tensiones geopolíticas también han hecho que muchos países hayan vuelto a plantearse sus prioridades en materia de seguridad y aumenten el gasto en defensa. Otros países tienen previsto hacerlo. Esta situación coloca a las autoridades ante ciertas disyuntivas cruciales que acompañan a semejante incremento del gasto.

Hemos analizado varios episodios de escalada del gasto en defensa en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial. Constatamos que estas expansiones, que suelen durar casi tres años, se traducen en un aumento del gasto en defensa de 2,7 puntos porcentuales del producto interno bruto. A grandes rasgos, esta cifra es similar a lo que necesitan los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN para cumplir el objetivo de destinar un 5% del PIB al gasto en defensa de aquí a 2035. 

El incremento del gasto en defensa actúa principalmente como un shock positivo de demanda que impulsa el consumo privado y la inversión, especialmente en los sectores relacionados con la defensa. Esto puede generar un crecimiento de la producción y de los precios a corto plazo, que exige una estrecha coordinación con la política monetaria para moderar las presiones inflacionarias.

En general, los efectos agregados del aumento del gasto en defensa para la producción tienden a ser moderados: el aumento de la producción suele ser prácticamente equivalente al incremento del gasto en defensa, que no tiene un efecto multiplicador mayor sobre la actividad económica. Dicho esto, el efecto multiplicador o dominó de este gasto varía considerablemente en función de cómo se sostenga, financie y asigne ese gasto, y de la cantidad de equipamiento que se importe.

Por ejemplo, cuando el estímulo se destina en parte a importar bienes del exterior, como ocurre especialmente en el caso de los países importadores de armas, los incrementos de la producción son menores y se produce un deterioro de la posición externa. En cambio, si el aumento del gasto en defensa da prioridad a la inversión pública en equipo e infraestructura, junto con una contratación pública menos fragmentada y más estándares comunes, se ampliaría el tamaño del mercado, se favorecería las economías de escala, se reforzaría la capacidad industrial, se reducirían las fugas de gasto hacia las importaciones y se generaría crecimiento de la productividad a largo plazo.

Elegir la forma de financiar el gasto en defensa supone una decisión clave. A corto plazo, las escaladas del gasto en defensa suelen financiarse mediante déficit, mientras que, en fases más avanzadas y cuando parece que ese incremento del gasto va a ser permanente, cobra más importancia el aumento de los ingresos.

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La dependencia del financiamiento mediante déficit puede estimular la economía a corto plazo, pero, a mediano plazo, puede comprometer la sostenibilidad fiscal, especialmente en los países con poco margen de maniobra presupuestario. En los tres años siguientes al inicio de una escalada del gasto en defensa, los déficits se deterioran en torno a 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública aumenta alrededor de 7 puntos porcentuales 14 puntos porcentuales en períodos bélicos. El consiguiente aumento de la deuda pública puede desplazar la inversión privada y contrarrestar el efecto expansivo inicial del gasto en defensa.

La acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede mitigar mediante mecanismos de financiamiento duraderos, especialmente cuando el aumento del gasto en defensa es permanente. Sin embargo, incrementar los ingresos implica sacrificar consumo y moderar el estímulo de la demanda, mientras que el reajuste de las prioridades presupuestarias suele hacerse a costa del gasto público en protección social, salud y educación.

Políticas para la recuperación

Nuestro análisis también muestra que la recuperación económica después de una guerra suele ser lenta y con altibajos, y depende de manera determinante de que la paz sea duradera. Cuando la paz se sostiene, la producción se recupera, si bien suele mantenerse en niveles reducidos en relación con las pérdidas sufridas durante la guerra. En cambio, en economías frágiles en las que el conflicto se reactiva, la recuperación suele estancarse. Estas modestas recuperaciones se deben sobre todo a la mano de obra: mientras que el acervo de capital y la productividad son todavía reducidos los trabajadores abandonan las actividades militares por las civiles y se produce el regreso paulatino de los refugiados.

La pronta estabilización macroeconómica, una reestructuración decisiva de la deuda y el apoyo internacional —que incluye ayuda y desarrollo de la capacidad— desempeñan un papel fundamental a la hora de restablecer la confianza y promover la recuperación. Las medidas de recuperación son más eficaces cuando se complementan con reformas internas para reconstruir las instituciones y la capacidad del Estado, promover la inclusión y la seguridad, y paliar los profundos costos humanos del conflicto, como son los atrasos educativos, el deterioro de la salud y las menores oportunidades económicas.

Cabe destacar que, para que la recuperación después de la guerra sea efectiva, es esencial contar con paquetes de medidas integrales y bien coordinados. Este planteamiento es mucho más eficaz que la aplicación de medidas dispersas. Las políticas que reducen la incertidumbre y, simultáneamente, reconstruyen el acervo de capital, pueden reforzar las expectativas, fomentar la afluencia de capitales y facilitar el regreso de las personas desplazadas. En último término, la recuperación con éxito después de una guerra sienta las bases para la estabilidad, una esperanza renovada y mejores medios de vida para las comunidades afectadas por el conflicto.

—Este blog se basa en los capítulos 2 y 3 de la edición de abril de 2026 de Perspectivas de la economía mundial, titulados “El gasto en defensa y sus consecuencias macroeconómicas” y “La macroeconomía de los conflictos y la recuperación”. Más información sobre los Estados frágiles y afectados por conflictos: How Fragile States Can Gain by Strengthening Institutions and Core Capacities.

Evgenia Pugacheva, es Asistente de Investigación en la División de Estudios Económicos Internacionales del FMI

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El Banco Mundial proyecta crecimiento del 3,6% para Argentina en 2026

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El Banco Mundial pronostica un crecimiento del 3,6% para el 2026 en la Argentina, evidenciando una moderación respecto a la mejora del 4,4% en la actividad del año pasado, pero destacando la economía del país en medio de un entorno regional de avance limitado.

La previsión surge del informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe de abril, en el cual la entidad calculó un avance del PBI del 3,6% para 2026 y un crecimiento del 3,7% para 2027

Al revelar que las perspectivas de crecimiento de la región para 2026 “siguen siendo limitadas”, el Banco Mundial remarcó que “Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”.

En ese sentido, sostuvo que “Argentina se destaca en este contexto” y puntualizó que el ajuste fiscal “ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano”, señalando que el diferencial del EMBI cayó desde alrededor de 2200 puntos básicos en 2022–2023 a menos de 600 en marzo de 2026.

Al mismo tiempo, el reporte hizo énfasis en que la administración de Javier Milei “ha avanzado en una agenda pro-crecimiento que incluye una reforma tributaria” y destacó la implementación del Régimen de Incentivos para Grande Inversiones (RIGI), el marco estratégico firmado con Estados Unidos “para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos”, y el Acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea.

Además, resaltó que “la aprobación de reformas en el mercado laboral por el Congreso y esfuerzos en curso para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio respaldan las perspectivas para la inversión”, sumando el efecto favorable de “una cosecha agrícola fuerte que está respaldando la actividad en el corto plazo”.

Al repasar el rumbo del gobierno, el Banco Mundial aseguró que “estas medidas han modificado las expectativas considerablemente: el crecimiento acumulado pasó del -0,4% entre 2011-24 a un 12,2% proyectado para el período 2024-27”.

Sin embargo, advirtió que “los riesgos a la baja son significativos, particularmente dada las considerables necesidades de financiamiento externo de Argentina en un contexto de reservas internacionales netas negativas y acceso limitado a los mercados internacionales de deuda”.

Asimismo, expuso que “el crédito al sector privado en Argentina sigue siendo excepcionalmente bajo, en torno al 15% del PBI, lo que refleja una prolongada inestabilidad macroeconómica y el desplazamiento del crédito hacia el sector público”.

En esa línea, la entidad indicó que “la reciente consolidación fiscal tras el cambio de administración podría contribuir a liberar recursos financieros para el sector privado, aunque una recuperación sostenida del crédito dependerá de la continuidad del proceso de estabilización macroeconómica”.

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La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte argentino

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La decisión de avanzar con la ola de despidos tiene que ver con duplicidad de tareas entre empleados de La Anónima y los provenientes del Grupo Libertad, a la cual la cadena de supermercados patagónica acaba de comprarle 12 hipermercados con vistas a su expansión hacia el norte del país.

Cómo era de esperar dicha operación ya había disparado alarmas en el ámbito gremial debido a que se sabía que la duplicidad de estructuras administrativas se traduciría en inminentes despidos.

Vale recordar que el movimiento abarca puntos de venta estratégicos en las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Salta, San Juan, Misiones y Santiago del Estero.

En términos numéricos, el traspaso de estos hipermercados implica que 1.600 trabajadores serán transferidos a la órbita de la compañía presidida por Federico Braun, manteniendo, en principio, sus condiciones laborales en cada sucursal. Pero el ‘lado oscuro’ de la operación está en las oficinas centrales y áreas de soporte.

Según los primeros reportes del sector, se anticipa una ola de 100 o más despidos que se concentrarán principalmente en las estructuras administrativas de Córdoba. La explicación empresarial es pragmática: La Anónima ya cuenta con una plataforma de gestión propia, lo que vuelve ‘redundantes’ a los equipos que hasta hoy operaban el día a día de la cadena Libertad.

Ya se nos anunció que quedaremos desvinculados. Nosotros no seremos transferidos como quienes trabajan en los híper“, manifestaron empleados de las áreas afectadas.

Despidos del Grupo Libertad

Los despidos son consecuencia del proceso de achique que el Grupo Libertad viene ejecutando en el último año y que concluyó en la venta a La Anónima de 12 de sus 14 locales, para enfocarse en el negocio de los alquileres en sus paseos comerciales.

Solo en la provincia de San Juan, la firma ya había despedido a 31 trabajadores entre 2025 y enero de 2026 y situaciones similares se repitieron en otras sucursales.

A esto se sumó el cierre definitivo de su Fresh Market, supermercado premium de productos frescos, en el shopping DOT de Buenos Aires, confirmando un repliegue estratégico hacia el negocio inmobiliario por sobre la comercialización minorista.

La Anónima se agranda pero es una “sobreviviente”

Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, aseguró que la expansión de la firma con la compra de los locales del Grupo Libertad no se contradice con una situación que describió como de supervivencia.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”, indicó el empresario.

Claro que los datos del sector no lo contradicen: el mercado interno languidece con caídas en las ventas que en algunos meses del periodo 2025-2026 promediaron retrocesos de entre el 20% y el 30%, y las empresas buscan refugio en otras unidades de negocio.

Así, por ejemplo, La Anónima encontró rentabilidad en el frente externo: sus exportaciones de carne mostraron un incremento superior al 57,7% en comparación con el ejercicio anterior, una cifra que -a la vez que explica los precios en las góndolas locales- contrasta con la realidad en las líneas de caja de los supermercados.

Supermercado mayorista, en concurso de acreedores

Otros solo resisten, como el supermercado mayorista de productos de limpieza y perfumería Caromar, controlada por la familia Manassero y dueña de marcas como El Coloso, que se presentó en concurso preventivo de acreedores atribuyendo su crisis a la caída del consumo, la presión de proveedores, la conflictividad sindical y juicios laborales millonarios.

La apertura fue dispuesta por el Juzgado Comercial N°1, que encuadró el proceso como “gran concurso”. En su presentación, la compañía afirmó encontrarse en “estado de cesación de pagos” y detalló que el deterioro se aceleró en los últimos meses por una combinación de factores que afectaron su operatoria: menor nivel de ventas, pérdida de capital de trabajo, dificultades para abastecerse y conflictos gremiales que impactaron en la actividad.

Lo cierto es que el ingreso a concurso formaliza un proceso previo de ajuste. A fines del año pasado, la empresa cerró cuatro sucursales, ubicadas en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos. Hoy mantiene cinco locales operativos en Laferrere, Moreno y José C. Paz (provincia de Buenos Aires), además de Rosario y Neuquén

Caromar es una compañía que combina el negocio mayorista, abastece a comercios de cercanía con productos de limpieza, perfumería, pañales y cosmética, con el desarrollo de marcas propias, entre ellas El Coloso, GoodMax, Queen y Simpli.

Según el expediente, la firma expone el impacto de la caída del consumo: ventas de mercaderías que se redujeron cerca de un 42% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, y una baja que se dio tanto en términos nominales como reales. A la vez, describe un cambio en el comportamiento del mercado: menor demanda y una competencia cada vez más agresiva en precios.

Según la empresa, los competidores comenzaron a vender incluso por debajo de sus costos para sostener participación, lo que terminó de erosionar los márgenes del sector. Esa dinámica afectó especialmente a su unidad industrial.

También detalla que había invertido durante años en el desarrollo de su planta de jabón en polvo, con producción destinada tanto a marcas propias como a terceros. Pero en 2024 decidió cerrarla porque no pudo sostener la operación frente a precios que en el mercado se ubicaban por debajo de sus costos de fabricación, en particular frente a grandes fabricantes. La salida de esa unidad implicó no sólo la pérdida de una línea de negocio, sino también un golpe a su integración productiva.

“En el primer semestre de 2024 se cerraron la fábrica de jabón en polvo y la sucursal San Justo. Fue realmente una decisión dolorosa porque se habían empleado cinco años en armar la fábrica de jabón en polvo. Pero no se pudo afrontar el dumping de Unilever, quien vendía a un precio inferior al costo de fabricación. Ello a pesar de que se proveía de jabón en polvo a clientes de primera línea Carrefour y a Supermercados Día. Pero la cantidad de camiones mensuales despachados disminuyó de diecisiete a dos. Finalmente se cerró la fábrica”, cuenta la empresa en su escrito.

Ajuste y conflictos

La caída de la actividad se tradujo en un ajuste directo sobre la estructura de la empresa. Según surge de la presentación, Caromar llegó a contar con hasta 500 empleados en su pico de operación, un nivel que dejó de ser sostenible con el nuevo volumen de ventas.

Así, la firma avanzó con un recorte que incluyó unos 120 despidos y el cierre de sucursales. De acuerdo con su planteo, había intentado implementar una reducción gradual del personal, pero aseguró que no pudo llevarla adelante. En ese punto, la compañía vincula esa dificultad con el frente sindical, y habla de una “alta conflictividad del Sindicato de Empleados de Comercio”, con asambleas y medidas que, según su versión, afectaron la operatoria diaria y profundizaron la caída de ingresos.

A ese escenario se suman dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que la empresa considera relevantes en su cuadro financiero. En uno de esos casos, además, indicó que se trabaron embargos sobre cuentas bancarias, lo que impactó en el funcionamiento habitual.

Tras ese proceso, la dotación quedó reducida a poco más de 200 empleados activos, entre las sucursales que siguen en operación y la estructura central.

Finalmente, el cuadro se volvió más complejo hacia el último trimestre del año pasado cuando a partir de octubre comenzó a agotarse el capital de trabajo, lo que modificó la relación con proveedores, que pasaron a exigir pagos anticipados, lo que derivó en faltantes de mercadería en las sucursales y una nueva caída en las ventas. Ese quiebre generó un circuito difícil de revertir: menor stock, menor facturación y mayores dificultades para cumplir con compromisos.

A la vez, la compañía acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, lo que refleja el nivel de tensión en su cadena de pagos. En contraste, su deuda bancaria, unos $55 millones, se mantiene sin atrasos, lo que indica que el problema se concentra en proveedores y pasivos comerciales.

En ese contexto, la empresa reconoció que no pudo sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, y que el concurso era la herramienta necesaria para ordenar su pasivo y evitar una quiebra

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UOCRA firma paritarias con aumentos leves

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En un contexto de fuerte control sobre las negociaciones salariales, el sector de la construcción cerró una paritaria que se alinea con la pauta oficial del Gobierno. El acuerdo, firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) junto a las cámaras empresarias, establece un incremento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo de 2026.

Así, se consolida una tendencia de aumentos moderados en el mercado laboral formal.

El esquema salarial se estructura en subas escalonadas mes a mes: 2% en marzo, 1,9% en abril y 1,8% en mayo, todas aplicadas sobre los salarios básicos del mes anterior. Este formato acumulativo permite que el ajuste total alcance el 7,7% en el período, en línea con la estrategia del Ministerio de Economía de evitar subas que superen la inflación proyectada.

A estos incrementos se suman pagos no remunerativos mensuales, diferenciados por categoría y zona, que funcionan como un complemento del ingreso en el corto plazo. Sin embargo, una de las particularidades del acuerdo es que parte de esos bonos —especialmente el correspondiente a mayo— comenzará a incorporarse al salario básico, transformándose parcialmente en remunerativo.

La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de mayo, con una cláusula de revisión prevista para el 20 de abril, cuando las partes volverán a reunirse para definir ajustes a partir de junio. Este esquema de revisiones cortas refleja la cautela que predomina en las negociaciones salariales, en un contexto económico aún inestable.

Paritarias que no compensan la tasa de inflación

Desde una perspectiva macroeconómica, el acuerdo de la construcción no es un caso aislado, sino parte de una política más amplia del Gobierno orientada a anclar salarios. En las últimas semanas, otros sectores clave como comercio, camioneros y sanidad también cerraron paritarias con incrementos contenidos, en muchos casos por debajo incluso de la inflación pasada.

Esta estrategia apunta a evitar una inercia inflacionaria impulsada por la puja distributiva, aunque plantea interrogantes sobre la evolución del poder adquisitivo. Si bien la inflación muestra signos de desaceleración, los aumentos salariales moderados podrían implicar una recuperación más lenta de los ingresos reales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.

Aporte extra en UOCRA

En paralelo, el acuerdo incluye otros elementos relevantes para la estructura del sector. Se estableció un aporte extraordinario del 2% a cargo de los trabajadores y una contribución empresarial de $6.000 por empleado, destinada a financiar actividades sindicales y asistenciales.

Además, se creó una comisión especial que revisará estos mecanismos en el corto plazo, lo que sugiere posibles ajustes en la estructura de costos laborales.

El trasfondo de estas negociaciones está marcado por un sector que aún enfrenta señales de debilidad. La construcción, históricamente sensible al ciclo económico, viene de meses de contracción en la actividad, lo que limita el margen de las empresas para convalidar aumentos más elevados.

En este escenario, la paritaria de la UOCRA se convierte en un termómetro de la nueva dinámica salarial en la Argentina. Acuerdos más cortos, incrementos moderados y una creciente intervención indirecta del Estado definen los ingresos actuales.

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Estabilizar la deuda en las economías avanzadas

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Escriben Zsolt Darvas y Jeromin Zettelmeyer / F&D FMI – Muchas economías avanzadas muy endeudadas se enfrentan a un sombrío panorama fiscal. Con las políticas actuales, los coeficientes de deuda pública de países como Bélgica, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido se deteriorarán en las próximas dos décadas. Aún tienen margen para endeudarse, pero con límites.

Hasta ahora, los mercados financieros han sido piadosos, pero las sacudidas recientes hacen pensar que podrían tornarse más susceptibles a noticias negativas acerca de las perspectivas fiscales o económicas. Es posible que impongan tasas de interés más altas incluso a países con mercados de bonos públicos muy líquidos, haciendo mucho más difícil la tarea de reducir la deuda.

El aumento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial quizá frene un poco el avance de los coeficientes de deuda y reduzca la escala del ajuste necesario. Pero no se sabe a ciencia cierta cuál sería la magnitud de este efecto ni el momento en que se produciría. El envejecimiento de la población y las mermas del crecimiento debidas a la fragmentación del comercio y la incertidumbre política son factores que tiran en sentido opuesto.

¿Qué se necesita para estabilizar los coeficientes de deuda? En un estudio reciente con Gonzalo Huertas y Lennard Welslau, evaluamos el ajuste fiscal necesario en las economías de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido. Recurrimos a pronósticos de crecimiento oficiales y proyecciones de mercado de tasas de interés, tipos de cambio e inflación, y combinándolos con shocks simulados generamos distribuciones de probabilidad para futuros coeficientes de deuda en distintos escenarios del saldo primario, que excluye los pagos de intereses por la deuda.

Consideramos un horizonte de 20 años a partir de 2024 y lo dividimos en dos períodos. En el primero, de siete años, los gobiernos elevan el saldo primario hasta un nivel que garantiza la sostenibilidad de la deuda. En el siguiente período, de 13 años, los gobiernos mantienen el saldo primario constante, excluyendo las variaciones del gasto provocadas por el envejecimiento de la población. El objetivo era garantizar una probabilidad del 70% de que la magnitud del ajuste fiscal en el primer período fuera suficiente para estabilizar el coeficiente de deuda en los últimos cinco años del horizonte de 20 años.

Hallazgos dispares

Por el lado positivo, el saldo primario a largo plazo necesario no es exageradamente elevado en muchos de los casos. Por ejemplo, es del 1,3% del PIB en los casos de Estados Unidos y Francia, del 1,8% en los casos de Bélgica y el Reino Unido, y del 2,5% en el caso de Italia. Pero por el lado negativo, los cuantiosos déficits registrados en 2024 acarrean la probabilidad de que se precisen ajustes importantes. Alrededor de una docena de países necesitan ajustes de más del 3% del PIB; cinco de ellos —Estados Unidos, Francia, Polonia, la República Eslovaca y Rumanía— necesitan ajustes del 5% con respecto a 2024.

En teoría, casi todos los países de la UE tienen previsto realizar ajustes para estabilizar el coeficiente de deuda. Pero varios de ellos emplean supuestos macroeconómicos más optimistas que los de la metodología común de la UE. El plan de Alemania, por ejemplo, contempla una inflación y un crecimiento mayores que los de los pronósticos de los expertos. Si el crecimiento y la inflación efectivos resultan ser menores, el déficit y la deuda de Alemania se situarán muy por encima de lo que proyecta el país.

Además, los pronósticos de la Comisión Europea y el FMI hacen pensar que los países con las mayores necesidades de ajuste probablemente no adopten las medidas requeridas para estabilizar sus niveles de endeudamiento. Esto acrecienta las dudas acerca de la probabilidad de que se realicen estos ajustes.

Antecedentes históricos

Es poco probable que Estados Unidos y varias otras economías avanzadas realicen los ajustes fiscales necesarios para estabilizar la deuda en el mediano plazo, pero quizá lo hagan más adelante. Para determinar cuán probable es que esto suceda, analizamos antecedentes históricos: con qué frecuencia alcanzaron los países el saldo primario necesario, cuál fue el período más largo en que se mantuvo ese saldo, y con qué frecuencia efectuaron el ajuste necesario dentro de un período de siete años.

Observamos que los saldos primarios en los niveles necesarios para estabilizar la deuda en varias economías avanzadas fuertemente endeudadas son poco frecuentes, como también lo son los considerables ajustes que se necesitan para alcanzar esos niveles desde las posiciones fiscales corrientes. Francia, por ejemplo, necesitaría un superávit primario del 1,3% del PIB para estabilizar su deuda, algo que ha sucedido apenas seis veces en cinco decenios. Eso no quiere decir que los ajustes sean imposibles, pero sí hace pensar que serán difíciles y que probablemente lleven más tiempo que los siete años que contemplan las reglas fiscales de la UE.

Algo que puede alentar a las autoridades de estas economías es la transformación que han experimentado los que otrora se consideraban los eslabones débiles de la zona del euro. En 2024, Grecia registró un saldo primario del 4,0%, teniendo en cuenta los altibajos del ciclo económico, es decir, muy por encima de lo necesario para estabilizar la deuda. Portugal necesita un ajuste leve de tan solo el 0,5% del PIB. El ajuste del 1,9% del PIB que precisa Irlanda es moderado, y el coeficiente de endeudamiento del país, del 39% del PIB, es excepcionalmente bajo, y se sitúa muy por debajo del 122% de Estados Unidos y el 101% del Reino Unido.

¿Cómo es que países que atravesaron graves crisis fiscales hace 15 años hoy han pasado a ser ejemplos de disciplina? Después de la crisis financiera mundial de 2008, los mercados financieros llevaron a esos países al borde del colapso, obligándolos a aceptar programas de préstamo de la UE y el FMI. Pese a las fallas en su diseño, el ajuste fiscal y las reformas estructurales esenciales de estos programas ponen a las economías en la senda hacia el crecimiento sostenible una vez más. El ajuste fue duro y, en el caso de Grecia, muy prolongado, pero terminó por surtir efecto.

Los resultados hablan por sí mismos. Con un crecimiento medio anual de entre el 3,1% y el 4,2% en 2022–25, los tres países superaron el ritmo del 2,6% de Estados Unidos.

La moraleja es que la disciplina fiscal y las reformas estructurales —junto con la reestructuración de la deuda pública y privada cuando sea insostenible— a la larga rinden fruto. No debe llamar la atención entonces que estas reformas y reestructuraciones no hayan sido impelidas por fuerzas políticas internas sino que más bien hayan sido impuestas por la presión del mercado.

Reconocer los riesgos

La pregunta es cómo realizarán el ajuste los países esta vez. Hay varias posibilidades.

Lo óptimo sería combinar la reforma a favor del crecimiento —lo que incluye poner en marcha el programa de mercado único en la UE descrito en el informe Draghi— con profundas reformas de la seguridad social y el sistema de pensiones. Por añadidura, se podrían reorganizar los sistemas tributarios a fin de captar ingresos sin desincentivar el crecimiento. Esto último es especialmente pertinente para Estados Unidos, el único país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que no tiene un impuesto al valor agregado.

Desafortunadamente, esta opción es la más complicada desde el punto de vista político. Una ruta más realista hacia la consolidación fiscal consiste en lograr un nuevo liderazgo político que ponga por delante la disciplina fiscal pero no necesariamente una reforma de gran calado. Italia es un ejemplo. Aleccionados por el desastre que se logró esquivar a comienzos de la década de 2010, los gobiernos italianos de diferentes vertientes políticas han mantenido los presupuestos en general bajo control. El coeficiente de endeudamiento de Italia, de alrededor del 135% del PIB, no deja de ser elevado, pero el saldo primario ajustado en función del ciclo es del 0,3% del PIB, es decir, mucho más saludable que los de Bélgica, Francia o el Reino Unido.

Una escalada repentina de los costos de endeudamiento que provoque tensiones por sobreendeudamiento podría desembocar en un aterrizaje brusco. Al aumentar la deuda, las tasas de interés también podrían subir, y los mercados podrían tornarse más susceptibles a noticias que pongan en entredicho la sostenibilidad fiscal. Los gobiernos podrían recurrir a estrategias de represión financiera —por ejemplo, alentar a los bancos o instituciones nacionales a absorber más deuda pública—, pero tales medidas tienen límites. Una inflación sorpresiva podría aliviar temporalmente las presiones fiscales, pero una inflación persistentemente más alta podría a la larga elevar las tasas de interés nominales.

Esperemos que las autoridades reconozcan estos riesgos y reaccionen a tiempo para evitar tal situación.

ZSOLT DARVAS, es investigador principal en el centro de estudios económicos Bruegel.

JEROMIN ZETTELMEYER, dirige el centro de estudios económicos Bruegel.

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