El Gobierno Como Institución Indeseable

Hace casi 2,500 años Platón consideraba que los poetas “con sus palabras y frases” eran demasiado peligrosos y no se les debería permitir vivir en una República bien organizada. Actualmente, una opinión similar se esgrime contra quienes consideramos que el Estado es una entelequia inmoral, y el gobierno debería ser una institución mínima, que exista sólo con la finalidad de asegurar el derecho a la libertad, la vida y la propiedad privada. 

El gobierno cuenta con la exclusividad del ejercicio del poder en un determinado territorio, y se vale para ello del uso legítimo de la fuerza. O sea, las decisiones y acciones del gobierno nos fuerzan a vivir de acuerdo con los valores de quienes gobiernan, es decir, restringen nuestra libertad. Aquí la primera violación de uno de los objetivos que lo fundan, daño al derecho a la libertad.

Como individuos, cuando actuamos mal o perseguimos nuestros egoístas intereses, las consecuencias de nuestros fracasos humanos se limitan a nuestra esfera privada. Esos mismos rasgos humanos indeseables no desaparecen cuando trabajamos en el gobierno.

Por el contrario, se potencian. La diferencia entre actuar en la esfera privada y la pública, es que en esta las restricciones que han limitado las acciones en la esfera privada desaparecen de pronto. 

Me baso en esto para sostener que el mal gobierno no es necesariamente resultado de tener personas inapropiadas en los cargos. El gobierno refleja nuestro carácter humano. Nuestras miserias humanas, que, combinadas con la fuerza coercitiva del gobierno, violan la libertad, saqueando la propiedad privada a través de los impuestos y demás gravámenes. He aquí la segunda violación de otro de los objetivos fundantes del gobierno. Robo de la propiedad privada.

Estas reglas impuestas coercitivamente, de manera general, lleva a implementar castigos para los incumplidores por medio de un sistema de justicia, el que indefectiblemente está administrado por personas con los mismos rasgos humanos indeseables, que no desaparecen por ser magistrados judiciales.

Esto lleva, en casos, a imponer la pena de muerte a los infractores. Con esto se viola el último objetivo fundamental de la existencia del gobierno, no respetar la vida. 

El Financiamiento del Gobierno

En nuestra concepción liberal, el gobierno existe para resguardar nuestros derechos, y a cambio de ello, entregamos al gobierno el poder de gravarnos para pagar los costos de protegerlos y mantener una sociedad ordenada.

Idealmente, su tamaño estaría restringido a lo necesario para cumplir ese objetivo.

Dado que las acciones de gobierno deben ser ejercidas por seres humanos, las mismas se ven penetradas por su ideología individual, sus ambiciones y sus mezquinos objetivos personales. Esto combinado con el sistema democrático que utiliza el sufragio universal como método de selección de quienes gobiernan, lleva a que el voto se convierta en una mercadería que los políticos buscan adquirir para seguir detentando el poder.

Así, se dejan de lado los objetivos fundacionales de defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, que justificaron la organización de un gobierno, para concentrarse en la aplicación de políticas que logren la mayor captación de voluntades a favor de los electores, dejando de lado la mejora del bien común, que inspiró su creación.

El cobro coercitivo de impuestos, que, originalmente, se acordó para cubrir los gastos requeridos para proteger los derechos de los individuos y mantener la sociedad ordenada, pasa a financiar objetivos no convalidados, alineados con los intereses individuales de los gobernantes.

El economista Thomas Sowell nos advertía: “El primer precepto en economía es escasez: nunca hay suficiente cantidad de algo para satisfacer plenamente a todos los que lo desean. El primer precepto en política es desechar el primer precepto en economía”.

El redistribucionismo, concepto que se ha impuesto con éxito en la mayoría de los países capitalistas, concibe la realidad a partir de una concepción social igualitarista, que sostiene que el capitalismo funciona bajo una forma de reproducción de condiciones materiales que plantean una oposición entre el capital y el trabajo. El juego es de suma cero, lo que gana el empresario, lo pierde el trabajador y lo importante es distribuir lo que hay, antes de acrecentarlo. 

La única posibilidad de lograrlo, es que la tarea la lleven a cabo los gobiernos, quienes deben “redistribuir la riqueza”, es decir sacarle a los que la producen para darle a los que no la producen, para lograr una igualdad entre las personas. En términos económicos es una redistribución de bienes de los ciudadanos más productivos a los menos productivos.

Esto viola la formulación ética kantiana de que los humanos nunca deben ser tratados como un medio para lograr un fin, sino siempre como un fin en sí mismos. Cuando los ciudadanos no violan las leyes, pero el Estado les quita, simplemente, por haber conseguido más que otros, el poder del Estado se utiliza inmoralmente.

El presupuesto del Estado comienza a requerir mayor financiamiento, que se obtiene con aumento de la exacción de recursos a los individuos y empresas, lo que los gobernantes consideran legitimado por la mayor cantidad de votos obtenidos. Como dijo George Bernard Shaw: “Quien roba a Peter para pagar a Paul contará siempre con el apoyo de Paul”.

El Ejercicio de la Función Pública – Fiscalización

La moral es un conjunto de normas y valores que guían las acciones de las personas y grupos, y que se relacionan con el bien y el mal. La moral tiene un carácter social, ya que regula las relaciones y actos que tienen consecuencias para otros, implica pensar en cómo nuestras acciones afectan a los demás. Cada día, cuando elegimos qué hacer estamos eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto, porque lo que hacemos puede tener consecuencias positivas o negativas para otras personas.

Las personas que aceptan desempeñar un trabajo en el gobierno deberían ser consientes de la carga moral que conlleva, ya que sus ingresos provienen de violar la propiedad privada por medio del cobro coercitivo de gravámenes de diferentes tipos.

Esta recaudación e imposición de normas se lleva a cabo por medio de la utilización de la fuerza. Esta tarea también es desempeñada por personas que se prestan para ello a cambio de una remuneración. Los integrantes de los órganos de contralor.

No se conoce ningún caso, de alguien que haya rechazado desempeñar dichas funciones por la carga inmoral implícita, todos la desempeñan alegremente aparándose en el muy cuestionable principio de obediencia debida. 

La obediencia debida es un concepto jurídico que se relaciona con la ética de la obediencia, que es una virtud moral, que diferencia a los seres humanos de los seres naturales inferiores.

La obediencia se realiza por medio de la razón, debe ser voluntaria, no forzada, ni compulsada. Se debe obedecer porque se sabe que es justa, porque se desea hacerlo y porque se complace en ello.

Existen innumerables casos de individuos que rechazan o desaprueban las acciones de los gobernantes, máxime en regímenes autoritarios y dictatoriales, sin embargo, mantienen el desempeño de las tareas que ayudan a la aplicación de normas que mantienen el régimen detestado, y a financiarlo. 

Afirmaba el conocido psiquiatra y superviviente del holocausto nazi Viktor Frankl: “Al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino”.

El dilema moral debería emerger entre quienes llevan adelante las acciones para imponer normas, condiciones, o extraer recursos a los individuos de una sociedad que serán aplicados a fines nefastos, incluso para ellos mismos. La balanza debería tambalear entre cumplir una orden legal amparándose en el discutido principio de la “obediencia debida”, o, por el contrario, rebelarse, objetar y no cumplirla. Y es que, a pesar de la obligatoriedad de las órdenes jerárquicas, las personas, en base a su libertad, pueden tener diferentes vías de acción.

Así, los posibles caminos se bifurcan en acatar la orden, bien por miedo a las represalias o bien por situar la ley por encima de la propia conciencia; o, por el contrario, en rebelarse y desobedecer ante la imposibilidad de vivir con la culpa de haber cometido un acto causante de un daño irreparable, y, por lo tanto, defender que la libertad y la conciencia están por encima de la ley.

Poner en riesgo la estabilidad actual, de cara a un futuro incierto, hace que se opte por poner el transitorio, y frecuentemente miserable, bienestar personal, por encima de la propia conciencia.