El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Ecuador, la máxima
instancia de la justicia ordinaria del país, rechazó hoy el recurso
presentado por el expresidente Rafael Correa y dejó firme su sentencia por
corrupción a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que hace legalmente imposible que se presente como candidato en las elecciones generales de febrero próximo.
A fines de agosto, el Gobierno de Ecuador había aclarado que la palabra
final sobre la candidatura de Correa la tenía la Justicia. Poco después, la
situación electoral del exmandatario quedó abiertamente en un limbo legal
cuando las autoridades electorales no permitieron que aceptara de manera
virtual, desde Bélgica, donde vive desde 2017, su postulación a la
Vicepresidencia.
Hoy, sin embargo, la vía legal para las elecciones del próximo 7 de
febrero, en las que la fuerza del exmandatario se perfilaba como la primera minoría, quedó cerrada para Correa.
“Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia ‘definitiva’ para
inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es
aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a
perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”,
aseguró el exmandatario en su Twitter.
Mientras en la calle cientos de simpatizantes del exmandatario pedían su
absolución con banderas nacionales y otras con su cara, dentro de la sede
de la Corte Nacional, dos de los tres jueces del tribunal, Lauro de la
Cadena y José Layedra, rechazaron todos los recursos presentados por Correa y otros 15 condenados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, según el diario El Comercio.
Dejaron firme la condena, que ahora solo puede ser recusada ante la Corte
Constitucional de Ecuador o ante tribunales internacionales, como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, ambas estrategias judiciales tomarán varios meses, como
mínimo, y mientras tanto la condena ratificada hoy en tercera instancia se
mantiene vigente.
Por eso, Correa no puede continuar legalmente con las candidaturas a
vicepresidente o a legislador por el exterior, ambas votadas e impulsadas
por el Frente Unión por la Esperanza (UNES) el mes pasado.
El período legal para aceptar y, de esa manera, oficializar las
candidaturas ante la Justicia electoral ecuatoriana venció la semana
pasada.
Mientras la decisión judicial sepultó las esperanzas de Correa y sus
exfuncionarios, una sola de los condenados en el juicio, conocido como
Sobornos, se vio beneficiada hoy por el Tribunal de Casación,
Pamela Martínez, la mujer que la Fiscalía presentó como exasesora de
extrema confianza de Correa y que el expresidente dijo apenas conocer, y la principal testigo de la Fiscalía, recibió una reducción de su pena de 32
meses a nueve meses y 22 días.
El año pasado, Martínez contó a la prensa que en 2018 decidió escribir
detalladamente en un cuaderno el esquema de corrupción que, sostuvo,
funcionó entre 2012 y 2016.
Menos de una semana después, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial y presentado la acusación contra 11 exfuncionarios y 10 empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.
Según la denuncia que presentó la Fiscalía, entre 2012 y 2016, un grupo de
funcionarios de la Presidencia, por entonces dirigida por Correa, tenían un
sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de
empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las
arcas del partido oficialista, por ejemplo para garantizar la última
reelección del mandatario en 2013.
La Fiscalía no pudo demostrar un vínculo directo entre Correa y las
abultadas cifras de dinero -solo lo acusó por un depósito de 6.000
dólares-, pero estableció que había gobernado como “un autócrata” con una
influencia directa sobre el resto de los exfuncionarios involucrados, a los
que “instigó” a cometer el delito de cohecho.
Hoy la máxima corte de la justicia ordinaria de Ecuador ratificó esa
condena y sus argumentos.