Hace unos días la Ley Bases tuvo la media sanción del Senado. Solo falta que tenga la aprobación en Diputados con las últimas modificaciones. Como ya sabemos, la ley contiene una serie de novedades en lo relativo a lo fiscal, laboral y económico. En relación a esta última dimensión el principal capítulo del proyecto presentado por Javier Milei es el referente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el cual apunta a otorgar jugosos beneficios fiscales a los empresarios. No es la primera vez que se sancionan regímenes de este estilo. Podemos remontarnos al segundo gobierno de Perón y a Frondizi. Actualmente rigen en el país regímenes de promoción industrial y no industrial, para la actividad minera, el vigente en Tierra del Fuego, el de la Economía del Conocimiento, el de “fortalecimiento” de las pymes, el de apoyo al “capital emprendedor” y un largo etcétera. 

Por lo tanto, el RIGI no es algo totalmente nuevo sino que se suma a todo un entramado de beneficios fiscales a la burguesía. Solo basta recordar el affair Galperín. 

La versión del RIGI que circulaba días antes de la votación del Senado, indicaba que podía ingresar al régimen cualquier proyecto de inversión igual o superior a 200 millones de dólares y que no superen los 900 millones bajo la categoría de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Si bien en el papel no se establece un criterio de origen de las inversiones se sobreentiende por esos montos que apunta principalmente a la inversión extranjera y a la gran burguesía nacional. La modificación de última hora circunscribió el ingreso al régimen a los “sectores estratégicos” como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. El lobby de las autopartistas locales (entre las cuales está Mirgor de la familia Caputo) representadas por AFAC dio resultados y dejó fuera a la industria automotriz. Los dueños de las fábricas de autopartes estaban preocupados que la libre importación de componentes chinos arrasara con sus negocios. 

Entre las ventajas que ofrecerá el régimen para los VPU están una alícuota máxima del 25% en el impuesto a las ganancias (siendo del 35% el máximo para el resto de la economía). Se elimina por completo el cobro del IVA, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y cualquier tipo gravamen provincial o municipal. 

Respecto a los impuestos del comercio exterior, luego del tercer año de puesto en marcha el proyecto, los beneficiarios quedarían totalmente liberados del pago de retenciones y contando con libre disponibilidad del 100% de las divisas generadas, sin obligación de liquidar nada en el mercado de cambios local. 

En otras palabras, no habría un crecimiento de la recaudación ni de las reservas proporcional a la magnitud de las inversiones en marcha. La importación de insumos y componentes quedarán a tasa cero. En la versión original no se ponía restricción alguna al uso de insumos importados. 

Esto fue modificado para que al menos el 20% de la totalidad del monto de inversión sea destinado al pago de proveedores locales. En cada nueva apertura a las inversiones extranjeras el objetivo de la burguesía local fue ser socia menor de capital extranjero y el proyecto original la dejaba completamente fuera del negocio. El broche de oro de toda esta batería de beneficios es que los VPU contarán con estabilidad fiscal durante 30 años. Es decir, durante ese plazo no habría posibilidad de rediscutir las condiciones.  

En síntesis, el RIGI crearía las condiciones de lo que algunos teóricos llamaron “economía de enclave”, es decir, con un entramado de empresas totalmente desvinculadas del resto de la economía ya que los eventuales inversores casi no pagarían impuestos (aunque si disfrutarían de la obra pública y la mano de obra formada en las universidades nacionales), podrán repatriar todas sus ganancias, generarán un impacto mínimo sobre el empleo en la medida de que solo se le da el 20% de la provisión de insumos a la industria local pudiendo importarse el resto y en este mismo sentido la exportación de productos provenientes de los VPU estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación. 

Ni siquiera en países que aparecen como modelos para los libertarios se implementan estas políticas. En Australia el Estado tiene un rol activo en la vinculación entre inversores extranjeros y proveedores locales. Dentro del complejo minero del país oceánico la mayor parte del empleo es generada por la red de proveedores locales los cuales, además, alcanzaron, gracias a la intervención estatal  y el gasto público en educación, un importante desarrollo en I+D. 

El RIGI nos coloca más cerca de las economías africanas.

Por último, en el corto y mediano plazo podríamos asistir a un cuello de botella en la balanza comercial. Aquellos negocios cuyo mercado principal sea el interno (infraestructura, siderurgia) consumirán dólares sin generarlos. Por otro lado, aquellos que si exporten podrán sacar del país todas las divisas conseguidas. Este régimen no parece sostenible en el tiempo.

Que es importante un régimen de inversiones para el desarrollo de ciertas ramas para los cuales solo el capital extranjero tiene la escala para llevarlas adelante no hay dudas. La cuestión pasa por definir un esquema que apunte al desarrollo de la economía argentina en su conjunto y beneficie a los trabajadores de este país.

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