Las provincias recuperaron 15.000 millones del Pacto Fiscal
Los gobernadores recibieron en lo que va del año 15.000 millones de pesos como efecto del Consenso Fiscal. El Gobierno nacional repartió ese monto a través de dos vías: la compensación por eliminación del Fondo del Conurbano y el fondo sojero, del que quedan “excluidos” las gobernaciones que no firmaron, que son San Luis y La Pampa.
Las cinco provincias que más fondos percibieron desde la implementación del nuevo esquema de reparto fueron Salta ($1.120 millones), Chaco ($1.041 millones), Tucumán ($1.012 millones), Misiones ($846 millones) y Corrientes ($820 millones). Estas cinco gobernaciones son las que tienen mayores montos de compensación por la derogación del artículo 104 de la ley de Ganancias que financiaba el Fondo del Conurbano, y que alimentó las arcas provinciales (en mayor medida que hacia la propia Buenos Aires) durante los últimos años y hasta la firma del Consenso Fiscal. La compensación está presupuestada en torno de los 16.000 millones de pesos.
Los 15.000 millones de pesos girados al conjunto de las provincias se explica en dos partidas distintas: la compensación mencionada por $6.446 millones y el Fondo Federal de la soja, por $8.769 millones. Hay dos gobernadores que no reciben fondos adicionales post firma del pacto fiscal. En La Pampa, que en principio había afirmado que se sumaría al consenso, Carlos Verna finalmente decidió bajarse al reclamar que el Gobierno nacional “incumplió” una promesa de cubrir su déficit de caja jubilatoria provincial. San Luis fue la única provincia que nunca tuvo intenciones de suscribir el acuerdo: todavía mantiene reclamos de deudas desde la Nación por unos 15.000 millones de pesos y el gobierno puntano no quiere resignar sus juicios iniciados en la Corte Suprema, una condición necesaria para la firma del pacto.
Santa Fe es la otra provincia que busca todavía negociar el pago completo de los retroactivos, tal como fue habilitado para esa gobernación por el tribunal supremo. El pago buscado por Miguel Lifschitz se acerca a los 30.000 millones y la primera oferta nacional fue rechazada. De todas formas, Santa Fe recibió 10.300 millones en tenencia del bono emitido en abril por el Ministerio de Finanzas (que compensa el levantamiento de juicios provinciales), que serán tomados a cuenta del acuerdo de pago final.
Los cambios al modelo de envíos modificó la balanza a favor de los gobiernos provinciales, según un informe de Iaraf. Actualmente el 55,7% de los impuestos recaudados se dirigen hacia las gobernaciones, mientras a esta altura del año anterior ese porcentaje era de 51,8%. Ese cambio se dio por tres factores: por las sumas que el Anses presta a las provincias por la eliminación del 15% que se detraía de la coparticipación para el sistema previsional, el Consenso Fiscal y las compensaciones.
El Gobierno nacional ya inició en la Comisión Federal de Impuestos, órgano autorizado por el pacto firmado con gobernadores en noviembre del año pasado, a rediscutir la ley completa de coparticipación federal. De acuerdo a fuentes oficiales, la Casa Rosada piensa en presentar la propuesta en el Congreso en algún momento del año próximo.
Las cinco provincias que más fondos percibieron desde la implementación del nuevo esquema de reparto fueron Salta ($1.120 millones), Chaco ($1.041 millones), Tucumán ($1.012 millones), Misiones ($846 millones) y Corrientes ($820 millones). Estas cinco gobernaciones son las que tienen mayores montos de compensación por la derogación del artículo 104 de la ley de Ganancias que financiaba el Fondo del Conurbano, y que alimentó las arcas provinciales (en mayor medida que hacia la propia Buenos Aires) durante los últimos años y hasta la firma del Consenso Fiscal. La compensación está presupuestada en torno de los 16.000 millones de pesos.
Los 15.000 millones de pesos girados al conjunto de las provincias se explica en dos partidas distintas: la compensación mencionada por $6.446 millones y el Fondo Federal de la soja, por $8.769 millones. Hay dos gobernadores que no reciben fondos adicionales post firma del pacto fiscal. En La Pampa, que en principio había afirmado que se sumaría al consenso, Carlos Verna finalmente decidió bajarse al reclamar que el Gobierno nacional “incumplió” una promesa de cubrir su déficit de caja jubilatoria provincial. San Luis fue la única provincia que nunca tuvo intenciones de suscribir el acuerdo: todavía mantiene reclamos de deudas desde la Nación por unos 15.000 millones de pesos y el gobierno puntano no quiere resignar sus juicios iniciados en la Corte Suprema, una condición necesaria para la firma del pacto.
Santa Fe es la otra provincia que busca todavía negociar el pago completo de los retroactivos, tal como fue habilitado para esa gobernación por el tribunal supremo. El pago buscado por Miguel Lifschitz se acerca a los 30.000 millones y la primera oferta nacional fue rechazada. De todas formas, Santa Fe recibió 10.300 millones en tenencia del bono emitido en abril por el Ministerio de Finanzas (que compensa el levantamiento de juicios provinciales), que serán tomados a cuenta del acuerdo de pago final.
Los cambios al modelo de envíos modificó la balanza a favor de los gobiernos provinciales, según un informe de Iaraf. Actualmente el 55,7% de los impuestos recaudados se dirigen hacia las gobernaciones, mientras a esta altura del año anterior ese porcentaje era de 51,8%. Ese cambio se dio por tres factores: por las sumas que el Anses presta a las provincias por la eliminación del 15% que se detraía de la coparticipación para el sistema previsional, el Consenso Fiscal y las compensaciones.
El Gobierno nacional ya inició en la Comisión Federal de Impuestos, órgano autorizado por el pacto firmado con gobernadores en noviembre del año pasado, a rediscutir la ley completa de coparticipación federal. De acuerdo a fuentes oficiales, la Casa Rosada piensa en presentar la propuesta en el Congreso en algún momento del año próximo.
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