El oficialismo logró dar este miércoles el primer gran paso para aprobar la ley de sostenibilidad de la deuda. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para darle un respaldo institucional a las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría y la semana que viene será tratado en el Senado.

La iniciativa que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa recibió 224 a favor, dos en contra, del Frente de Izquierda. Hubo además una sola abstención, del socialista Enrique Estévez.

El proyecto abarca la deuda regida por ley extranjera, puntualmente los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, la mayoría bajo ley de Nueva York. El texto incluye la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, señaló que, si bien esta ley no es necesaria para llevar adelante la reestructuración, servirá para robustecer “la fuerza negociadora” de Guzmán frente a los acreedores, “para que defienda los intereses del país con la representación de todo el arco político”.

En ese sentido, cuando la sesión llevaba más de una hora, Elisa Carrió irrumpió en el debate. “Hay momentos de un país donde todos los argentinos debemos estar unidos. Debemos darle respaldo a nuestros negociadores que están en Estados Unidos”, enfatizó.

En el que podría ser su último discurso como diputada -su renuncia se hará efectiva en marzo-, “Lilita” advirtió que “los bonistas anotan cada palabra que se dice y eso después sale en la sentencia en contra de la Argentina”, por lo que pidió cautela en los discursos.

La titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, cargó las tintas contra la gestión de Cambiemos: “Entre 2015 y 2019, un problema estructural de nuestra economía, la restricción externa, fue llevado al límite. Se restauró un modelo que privilegió la valorización financiera del capital en detrimento de la producción, el trabajo y la economía real”.

“Los años 2018 y 2019 van a quedar en los anales de la historia argentina por haber sido récord de fugas de capitales. En ese bienio salieron 55.000 millones de dólares, es decir, 10.000 millones más que el total de los desembolsos que se realizaron a partir del acuerdo que la anterior administración firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, alertó.

El radical Gustavo Menna recogió el guante y recordó que los títulos involucrados en esta negociación fueron emitidos en 2005 y 2010. “No es cierto que estemos tratando deuda externa contraída en el gobierno de Cambiemos”, dijo, y agregó: “No se trata de una competencia de atribución de responsabilidades, sino de hablar de este tema en serio”.

De todos modos, se preguntó: “Si no era con endeudamiento, de qué otra manera hubiese sido posible sostener los compromisos del Estado nacional a partir de 2015?”.

El salteño Andrés Zottos, del Interbloque Federal, se refirió al tema de la deuda de las provincias – y pidió incorporarlo al texto de la ley. “La deuda es una sola, acá hay una sola Argentina, y la deuda que tienen las provincias forma parte de la deuda del país”, indicó.

En la misma sintonía, el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), exigió que en la mesa de trabajo donde se tratará la cuestión de las deudas provinciales participen representantes de los otros espacios de la oposición -no solo Juntos por el Cambio- y también enviados de las provincias.

“Sé que hoy estamos discutiendo la deuda externa y que hay que darle esta herramienta al Poder Ejecutivo, pero también es necesario que las provincias podamos participar de la mesa de diálogo para ver de qué manera se reestructura la deuda interna”, dijo.

Sin embargo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio mantuvieron el acuerdo al que llegaron a última hora de la noche, por el cual la discusión se dará entre representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de ambas fuerzas. Ese compromiso fue plasmado en un proyecto que presentó el radical Mario Negri horas antes de la sesión.

Al cierre del debate, el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, profundizó las críticas al gobierno anterior. “Se endeudó el país de una manera irresponsable. Se tomó deuda a razón de más de 30.000 millones de dólares todos los años, y coronaron con el FMI con 44.000 millones de dólares”, cuestionó.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá (Partido Obrero) denunció que “el pago de la deuda, su renegociación, nos lleva inexorablemente a una nueva quiebra nacional”, y añadió que “en el camino se van a intentar todo tipo de ajustes, y ese sacrificio nacional no nos va a evitar el quebranto, porque la deuda es impagable”.

El proyecto aprobado autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.

Todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.

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