En el súbito resurgimiento del oro verde, el debate cobró fuerza. La elección de los nuevos directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el martes pasado, modificó el mapa de la toma de decisiones y por primera vez desde el nacimiento del organismo, hace 18 años, los productores son más y están plenamente representados, desde la zona sur, al centro y norte. Esa representación incluye a zonas productivas y entidades que estuvieron relegadas y que ahora asumen protagonismo. Y los desafía, al mismo tiempo, a la responsabilidad de llevar a la práctica medidas que, entienden, serán mejores para la producción. El interrogante que se abre es ¿podrán equilibrar la balanza para que toda la cadena sea igualmente cuidada?

El nuevo directorio tiene dirigentes e ideas que germinaron en aquel tractorazo de 2001, que parió al INYM. También cobija una inédita mayoría misionera entre el sector productivo. Son dirigentes que lideraron protestas, siempre en reclamo de un aumento de precios de la materia prima, que hoy, paradoja, se paga 30 pesos, 50 por ciento por encima del valor oficial. 

Son dirigentes que siempre consideraron incompleto al INYM, un producto sin terminar, que había que pulir. Ahora, dicen, es el mejor momento, cuando la yerba vale mucho, para plantear debates de fondo. Coinciden los productores en que el nuevo presidente, Juan José Szychowski es el indicado para timonear la coyuntura, ya que nunca abandonó la mesa de los productores y goza de la confianza de la industria. 

¿Qué se proponen? Cambios estructurales en el modo de producción. Limitar plantaciones, cupificar cosechas -cuando haya peligro de sobreproducción-, bancarizar los eslabones de la cadena y que el INYM financie una obra social gratuita para pequeños productores.

Los más viejos conocedores del pulso yerbatero advierten que ningún cambio puede ser posible sin conocer en detalle el número de productores. El Censo Yerbatero se hace ineludible, sobre todo para transparentar cantidades y propiedades en las zonas de mayor expansión, como San Pedro, Bernardo de Irigoyen o Andresito.

Las iniciativas marcan también el tiempo político. La última vez que se intentó un cambio de fondo fue en la dirección opuesta, cuando el presidente Mauricio Macri pretendió imponer una desregulación en la actividad, que solo se evitó por la fuerte resistencia del Gobierno de Misiones y los productores que amenazaron con salir a las rutas con sus tractores. Ahora se va por más regulación, con facultades muy similares a la de la extinta Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que tuvo su pico regulador en 1966, durante una gravísima crisis sobrestock, que obligó a la drástica medida de prohibir la cosecha de ese año.

Aquella CRYM tenía funciones similares a las que se le dieron al INYM desde su génesis, aunque no todas fueron llevadas a la práctica. Muchas desaparecieron en la desregulación de los 90, como el Mercado Consignatario que regulaba acopio y precios.

Entre sus funciones estaban: 

– asegurar al plantador el precio de costo de su producción, mediante una prima o compensación que cubría la diferencia entre el precio de costo y el precio medio a que se vendía la yerba canchada argentina. 

Para eso, la Comisión recaudaba un impuesto a toda yerba molida y hacía de tesorero y liquidador de las diferencias. 

– Reglamentar las faenas de cosecha y elaboración. 

– Llevar un registro de productores, intermediarios y elaboradores de yerba. 

– Compilar estadísticas

– Conquistar nuevos mercados consumidores. 

En el bosquejo del nuevo poder no aparece nítidamente qué rol tendrá la industria, que hoy debe pagar más por la materia prima y sufre precios congelados a salida de molino.  Esa presión se refleja en el pedido elevado la semana pasada al ministro de Producción, Matías Kulfas para que se libere el precio en góndola. Malas noticias para la industria, el control de precios seguirá por lo menos hasta fines de junio, en medio de la pandemia. Mientras tanto, el sector acumula una deuda financiera que va creciendo, de 3.488.654.000 pesos, casi mil millones más que hace un año. 

Los datos estadísticos registrados indican que en abril de 2020 los molinos y fraccionadores de yerba mate despacharon 24,3 millones de kilos al mercado interno, constituyéndose en el mejor abril de la última década. Los productores y los secaderos están ganando dinero como “nunca”, define un conocedor del mercado. Los industriales, no. 

¿Cuál es el rumbo que tomará el INYM?

La mayoría en el directorio quiere discutir temprano medidas que equilibren el reparto de la torta y el peso específico de cada sector. A eso apuntan con la limitación de plantaciones.

El consenso es que se imponga un límite de plantaciones nuevas de diez hectáreas por persona física o jurídica. 

Los datos más recientes indican que en Misiones hay 144.118 hectáreas y en Corrientes 21.208 -en expansión. También hay 17.128 productores registrados. 

“Hoy la gran industria planta 500 hectáreas y el pequeño productor, dos. No queremos monopolios como le sucedió al té”, definió el diputado Julio Peterson, uno de los protagonistas de aquel tractorazo y hoy movilizador de los cambios. 

De este modo, los grandes jugadores no podrán seguir aumentando exponencialmente su producción propia y se incentivará el desarrollo del pequeño productor y las cooperativas. Por ejemplo, Las Marías, que posee la mayor extensión de yerbales, podrá plantar diez hectáreas, lo mismo que un minifundista misionero. 

Pero ese minifundista, asociado a una cooperativa con 100 socios, implicará una porción de nuevas mil hectáreas que producirán para la cooperativa. La pregunta que se hizo un sagaz analista del mercado yerbatero ¿se plegará Corrientes a una medida de este tipo? En la vecina provincia rige la ley 5.944 que establece incentivos para las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos yerbateros y en las ampliaciones de los yerbales existentes. ¿No colisiona esa ley con lo que fuera a decidir el INYM?

De todos modos, hay coincidencia en que es un buen momento para discutir cuestiones de fondo, ya que la economía está pasando por una de las mejores etapas, con una relación de 7 a 1 entre el precio que recibe el productor y lo que se paga en góndola. “Debemos ser sustentables en el tiempo. Ser inteligentes para mantener los precios estables”, definió Marcelo Hacklender, productor de Jardín América y uno de los flamantes directores. 

“Este es el momento ideal para discutir todo, a bajos precios, es difícil hablar de largo plazo. Hoy los precios que se están pagando ayudan a que el productor se entusiasme y siga viviendo en la chacra de manera digna”, agregó. 

Uno de los aspectos que preocupa es cómo lograr que este momento no sea efímero. Hay escasez de materia prima, pero al ritmo que se producen plantines, eso puede cambiar en poco tiempo. Hoy se generan 13,5 millones de plantines año, con un rinde de cinco kilos de hoja verde por planta, lo que equivale a unos 67,5 millones de kilos años. Los más optimistas calculan que en tres años puede haber un excedente de 40 millones de kilos, salvo que el consumo se dispare. 

Lo primero es la salud

Otro de los grandes objetivos será la creación de la obra social yerbatera. El nuevo directorio -y hay coincidencia con el presidente, Juan José Szychowski- quiere trabajar rápido en esa conquista. Aseguran que no hace falta modificar una sola coma de la ley del INYM y que el propio organismo puede ser el que financie la cobertura. Actualmente los productores están cubiertos por el monotributo -los tareferos están adheridos a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, que, aseguran varios, no brinda los cuidados necesarios. 

La idea que cobra fuerza es que el INYM financie la obra social para los más pequeños: 

• Hasta diez hectáreas (5.200 productores) gratis
• de 10 a 50 hectáreas (paga porcentaje)
• de 50 a 100 (porcentaje más alto)
• Más de 100 hectáreas, adhesión voluntaria, paga la totalidad

Hoy se negocia con la APTM mutual, pero puede ser otro prestador y se escuchan propuestas. 

Se necesitaría un aporte mensual de 41 millones de pesos por los primeros 5.200 productores, lo que equivale a 7888 pesos por grupo familiar de hasta cinco integrantes, lo mismo que una prepaga del mercado.¿Cómo financiar? La idea es que los recursos surjan de un aumento del valor de las estampillas. De 1 a 2,5% del valor de salida de molino.

Pero representantes del sector industrial advierten que el sector no está en condiciones de asumir mayores costos si no se libera el precio de salida de molino, congelado en cuarentena, pero con escasas expectativas de aumento.

El nuevo directorio tiene dirigentes e ideas que germinaron en aquel tractorazo de 2001, que parió al INYM. También cobija una inédita mayoría misionera entre el sector productivo. Son dirigentes que lideraron protestas, siempre en reclamo de un aumento de precios de la materia prima, que hoy, paradoja, se paga 30 pesos, 50 por ciento por encima del valor oficial. 

Son dirigentes que siempre consideraron incompleto al INYM, un producto sin terminar, que había que pulir. Ahora, dicen, es el mejor momento, cuando la yerba vale mucho, para plantear debates de fondo. Coinciden los productores en que el nuevo presidente, Juan José Szychowski es el indicado para timonear la coyuntura, ya que nunca abandonó la mesa de los productores y goza de la confianza de la industria. 

¿Qué se proponen? Cambios estructurales en el modo de producción. Limitar plantaciones, cupificar cosechas -cuando haya peligro de sobreproducción-, bancarizar los eslabones de la cadena –algo que está regulado, pero que no siempre se cumple- y que el INYM financie una obra social gratuita para pequeños productores.

Los más viejos conocedores del pulso yerbatero advierten que ningún cambio puede ser posible sin conocer en detalle el número de productores. El Censo Yerbatero se hace ineludible, sobre todo para transparentar cantidades y propiedades en las zonas de mayor expansión, como San Pedro, Bernardo de Irigoyen o Andresito.

Las iniciativas marcan también el tiempo político. La última vez que se intentó un cambio de fondo fue en la dirección opuesta, cuando el presidente Mauricio Macri pretendió imponer una desregulación en la actividad, que solo se evitó por la fuerte resistencia del Gobierno de Misiones y los productores que amenazaron con salir a las rutas con sus tractores. Ahora se va por más regulación, con facultades muy similares a la de la extinta Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que tuvo su pico regulador en 1966, durante una gravísima crisis sobrestock, que obligó a la drástica medida de prohibir la cosecha de ese año.

Aquella CRYM tenía funciones similares a las que se le dieron al INYM desde su génesis, aunque no todas fueron llevadas a la práctica. Muchas desaparecieron en la desregulación de los 90, como el Mercado Consignatario que regulaba acopio y precios.

Entre sus funciones estaban: 

– asegurar al plantador el precio de costo de su producción, mediante una prima o compensación que cubría la diferencia entre el precio de costo y el precio medio a que se vendía la yerba canchada argentina. 

Para eso, la Comisión recaudaba un impuesto a toda yerba molida y hacía de tesorero y liquidador de las diferencias. 

– Reglamentar las faenas de cosecha y elaboración. 

– Llevar un registro de productores, intermediarios y elaboradores de yerba. 

– Compilar estadísticas

– Conquistar nuevos mercados consumidores. 

En el bosquejo del nuevo poder no aparece nítidamente qué rol tendrá la industria, que hoy debe pagar más por la materia prima y sufre precios congelados a salida de molino.  Esa presión se refleja en el pedido elevado la semana pasada al ministro de Producción, Matías Kulfas para que se libere el precio en góndola. Malas noticias para la industria, el control de precios seguirá por lo menos hasta fines de junio, en medio de la pandemia. Mientras tanto, el sector acumula una deuda financiera que va creciendo, de 3.488.654.000 pesos, casi mil millones más que hace un año. 

Los datos estadísticos registrados indican que en abril de 2020 los molinos y fraccionadores de yerba mate despacharon 24,3 millones de kilos al mercado interno, constituyéndose en el mejor abril de la última década. Los productores y los secaderos están ganando dinero como “nunca”, define un conocedor del mercado. Los industriales, no. 

¿Cuál es el rumbo que tomará el INYM?

La mayoría en el directorio quiere discutir temprano medidas que equilibren el reparto de la torta y el peso específico de cada sector. A eso apuntan con la limitación de plantaciones.

El consenso es que se imponga un límite de plantaciones nuevas de diez hectáreas por persona física o jurídica. 

Los datos más recientes indican que en Misiones hay 144.118 hectáreas y en Corrientes 21.208 -en expansión. También hay 17.128 productores registrados. 

“Hoy la gran industria planta 500 hectáreas y el pequeño productor, dos. No queremos monopolios como le sucedió al té”, definió el diputado Julio Peterson, uno de los protagonistas de aquel tractorazo y hoy movilizador de los cambios. 

De este modo, los grandes jugadores no podrán seguir aumentando exponencialmente su producción propia y se incentivará el desarrollo del pequeño productor y las cooperativas. Por ejemplo, Las Marías, que posee la mayor extensión de yerbales, podrá plantar diez hectáreas, lo mismo que un minifundista misionero. 

Pero ese minifundista, asociado a una cooperativa con 100 socios, implicará una porción de nuevas mil hectáreas que producirán para la cooperativa. La pregunta que se hizo un sagaz analista del mercado yerbatero ¿se plegará Corrientes a una medida de este tipo?

En la vecina provincia rige la ley 5.944 que establece incentivos para las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos yerbateros y en las ampliaciones de los yerbales existentes. ¿No colisiona esa ley con lo que fuera a decidir el INYM? En Corrientes prefirieron no emitir comentarios.

De todos modos, hay coincidencia en que es un buen momento para discutir cuestiones de fondo, ya que la economía está pasando por una de las mejores etapas, con una relación de 7 a 1 entre el precio que recibe el productor y lo que se paga en góndola. “Debemos ser sustentables en el tiempo. Ser inteligentes para mantener los precios estables”, definió Marcelo Hacklender, productor de Jardín América y uno de los flamantes directores. 

“Este es el momento ideal para discutir todo, a bajos precios, es difícil hablar de largo plazo. Hoy los precios que se están pagando ayudan a que el productor se entusiasme y siga viviendo en la chacra de manera digna”, agregó. 

Uno de los aspectos que preocupa es cómo lograr que este momento no sea efímero. Hay escasez de materia prima, pero al ritmo que se producen plantines, eso puede cambiar en poco tiempo. Hoy se generan 13,5 millones de plantines año, con un rinde de cinco kilos de hoja verde por planta, lo que equivale a unos 67,5 millones de kilos años. Los más optimistas calculan que en tres años puede haber un excedente de 40 millones de kilos, salvo que el consumo se dispare. 

Lo primero es la salud

Otro de los grandes objetivos será la creación de la obra social yerbatera. El nuevo directorio -y hay coincidencia con el presidente, Juan José Szychowski- quiere trabajar rápido en esa conquista. Aseguran que no hace falta modificar una sola coma de la ley del INYM y que el propio organismo puede ser el que financie la cobertura. Actualmente los productores están cubiertos por el monotributo o la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina, que, aseguran varios, no brinda los cuidados necesarios. 

La idea que cobra fuerza es que el INYM financie la obra social para los más pequeños: 

• Hasta diez hectáreas (5.200 productores) gratis
• de 10 a 50 hectáreas (paga porcentaje)
• de 50 a 100 (porcentaje más alto)
• Más de 100 hectáreas, adhesión voluntaria, paga la totalidad

Hoy se negocia con la APTM mutual, pero puede ser otro prestador y se escuchan propuestas. 

Se necesitaría un aporte mensual de 41 millones de pesos por los primeros 5.200 productores, lo que equivale a 7888 pesos por cabeza, lo mismo que una prepaga del mercado.¿Cómo financiar? La idea es que los recursos surjan de un aumento del valor de las estampillas. De 1 a 2,5% del valor de salida de molino.

Pero representantes del sector industrial advierten que el sector no está en condiciones de asumir mayores costos si no se libera el precio de salida de molino, congelado en cuarentena, pero con escasas expectativas de aumento.

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