El juez federal Julián Ercolini procesó y ordenó la prisión preventiva del empresario Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa. Ambos están siendo investigados por la presunta evasión de $ 8.000 del impuesto a los combustibles. Por otra parte, el magistrado también procesó pero sin prisión preventiva al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. En su fallo, Ercolini les trabó sendos embargos por $ 17.000 millones.
El Ministerio de Gobierno firmó convenio con la Unidad de Información Financiera para detectar operaciones inmobiliarias irregulares. El acuerdo consiste en brindar información a la Agencia Litoral Regional de la UIF, a través de la Dirección General de la Propiedad Inmueble, sobre anormalidades o irregularidades vinculadas a maniobras de lavado de activos y financiación del terrorismo, detectadas en el análisis de la información sobre operaciones inmobiliarias. Así también, compartir conclusiones de sumarios por violaciones a las normas anti blanqueo.
La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala de Situación del Ministerio de Gobierno y contó con la presencia del titular de la cartera, Marcelo Gabriel Pérez, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Wellbach, y el delegado de la Regional UIF, Gustavo Abrazian.
“El gobernador Passalacqua asumió el compromiso de tomar las riendas en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue por eso que propusimos que se instale la UIF Regional en Misiones”, destacó el ministro Pérez.
Además agregó: “Este nuevo paso tiene que ver con ese compromiso, avanzar para transparentar las operaciones que se realizan en la provincia”.
En el mismo sentido, el delegado de la UIF, Gustavo Abrazian, expresó que “este es un acuerdo con el Registro de la Propiedad Inmueble para acceder a una serie de datos que nos permita inmiscuirnos y analizar la información en ese ámbito financiero. A través del análisis buscamos colaborar y trabajar en esta lucha contra el lavado de activos para transparentar la economía”.
También explicó: “Buscamos en diferentes sectores, pero creemos que el de las transacciones inmobiliarias puede ser uno, y también buscamos en otros sectores con otros acuerdos. Quiero destacar y agradecer la actitud del Gobierno provincial porque de esta manera está transparentando un montón de información que para nosotros es relevante, y esto es importante para que trabajemos en conjunto Nación y Provincia”, remarcó Abrazian.
Por otra parte, el subsecretario Ricardo Wellbach se refirió al respecto manifestando que “la UIF necesita la información de aquellas personas o entidades sobre las que se observan irregularidades. Lo que hoy firmamos es proveerle información rápida y ágil para que la investigación llegue a su fin”.
“Nos queda por delante un trabajo muy grande, que es lograr el cumplimiento del precio oficial, y estamos ante una tarea que involucra a todos: desde el productor hasta el molinero ”, sostuvo el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ingeniero Alberto Re, al hacer referencia al laudo de Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, que fijó en 6.012 pesos la tonelada de hoja verde puesto en secadero, y en 22.202 pesos la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero para el período de cosecha del presente mes de abril.
“Esto es una cadena, donde cada uno tiene que poner su parte para lograr el cumplimiento del precio”, sostuvo Re. “El INYM saldrá a fiscalizar con las herramientas que tiene, que son pocas y que para mejorar salimos a buscar las herramientas de la Dirección General de Rentas (DGR) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), algo que está en proceso”, agregó.
El presidente del INYM ponderó que “en una transacción comercial es tan responsable el que vende como el que compra; acá tenemos que tomar conciencia que si vendemos la materia prima por debajo del precio oficial y en los papeles hacemos figurar lo contrario, eso nos limita la fiscalización”, y señaló que “sólo así, si cada eslabón de la cadena pone su parte, podremos lograr avances; el Gobierno nacional se comprometió con fondos y la Provincia anunció gestiones ante el Banco Macro para créditos para el pago de la cosecha; nuestra Institución saldrá a financiar los intereses; los productores tienen que exigir el precio oficial y mostrarlo en papeles, y la industria debe cumplir con lo establecido por Ley”.
Valores
Los nuevos valores están contemplados en la Resolución 81-E / 2017 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, publicados hoy (6 de abril de 2017) en el Boletín Oficial, dando cumplimiento a la Ley 25.564, que indica que los mismos deben ser establecidos por unanimidad por el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y señala que en caso de no lograrse este consenso, serán fijados por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.
La historia reciente del INYM revela que desde su creación, en el 2012, en 11 oportunidades el precio de la materia prima (definida como tal en el Decreto Reglamentario a la hoja verde y a la yerba mate canchada) fue determinado por unanimidad del Directorio de la Institución, y en 19 oportunidades, por laudo de la Secretaria de Agricultura del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Como datos relevantes, cabe consignar que la primera fijación de valores fue en agosto de 2002 ( cuando por consenso, el Directorio del INYM estableció en 0,135 el kilo de hoja verde puesto en secadero y en 0,500 pesos el kilo de yerba mate canchada), y que hubo un período donde no se fijó el precio oficial (año 2013, sometido a arbitraje, en manos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).
Cabe consignar además que los precios de la materia prima se fijan por períodos semestrales, de abril a septiembre, y de octubre a marzo.
Mediante el Decreto Nº 881/16 del Poder Ejecutivo Provincial se promulgaba la Ley Nacional Nº 27.260, denominada como “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en la que se encuentra inmerso en el Libro II el “Régimen de Sinceramiento Fiscal” denominado en la jerga como Blanqueo de Capitales, donde las personas físicas y jurídicas podían “sincerar” su tenencia en moneda nacional o extranjera, inmuebles, muebles, entre otros hasta un determinado período dependiendo del bien y que culminaba el 31 de Marzo de 2017. El resultado fue el “blanqueo” récord de 116 mil millones de dólares, cerca de la mitad de lo que los argentinos tienen en el exterior sin declarar.
Entre los objetivos principales de la norma era que todos los bienes que se encuentran inmersos en la economía informal, ingresen al circuito formal por el beneficio fiscal de la eximición del impuesto a las Ganancias, impuestos internos, Impuesto al Valor Agregado, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales hasta determinados periodos fiscales, según el gravamen, constituyendo como contrapartida un impuesto especial que se determinó sobre el valor de los bienes en moneda nacional de acuerdo a la metodología de valuación prevista para cada caso en la ley Nº 27.260 que oscila entre el 5 % y el 15 % dependiendo del monto y la fecha de pago.
Las personas no tributarían el impuesto si adquirían títulos públicos que emitía el Estado nacional o invertían en fondos comunes de inversión destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, entre otros en el marco de lo estipulado en el Articulo Nº 42 de la citada Ley.
A su vez, Misiones mediante la Ley Nº XXII Nº 39, se adhirió a dicha norma eximiendo y condonando las multas y sanciones previstas en el Código Fiscal Provincial, como también, el impuesto a los Ingresos Brutos, de Sellos, etc.
Resultado del Sinceramiento en números:
Al culminar todos los plazos previstos para el régimen de exteriorización, Nicolás Dujovne, actual ministro de Hacienda de la Nación considero que el blanqueo representó un record histórico para el país con respecto a los demás regímenes de exteriorización implementados con un total de U$s 116.800 millones.
Asimismo, el funcionario nacional expresó que del total exteriorizado un 20% estaba en el país (correspondiente a u$s 23.500 millones) y un 80%, en el exterior, por u$s 93.300 millones. La deuda regularizada alcanzó los $ 117.000 millones de pesos, con un total de 568.000 planes, donde los contribuyentes que se “sinceraron” alcanzaron a 475.000 personas.
A su vez, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos consideró que del total, u$s 55.900 millones corresponden a inversiones, u$s 33.600 millones a cuentas, u$s 20.500 millones a inmuebles y u$s 6800 millones a otros activos, estando tan solo un 2 % de las inversiones situadas en el país.
Situación similar ocurrió con los fondos en las cuentas, donde US$ 25.900 millones sincerados estaban fuera del país que representaron el 77 % del total que ascendió a los u$s 33.600 millones, estando el 45% en Estados Unidos, el 32% en Suiza y el 9% en Uruguay.
En términos de lo que genera toda la economía nacional, las regularizaciones tributarias no asignadas, dentro de la cual se encuentra inmersa el Blanqueo, representaron un monto equivalente al 1,41 % en términos del PBI del periodo 2016, monto que supera holgadamente a los programas de exteriorización anteriormente impuestos, representando un importe total en 2016 de 110.721 millones de pesos.
¿Mejoró la situación Fiscal de la Nación?
A pesar de la mejora en la recaudación nacional producto del impuesto especial por el régimen de sinceramiento y de la reducción de determinadas erogaciones, el déficit fiscal se incrementó 56,4 % en el primer bimestre del 2017 con respecto a 2016, por ende, el punto tendiente a alcanzar la convergencia fiscal en el 2019, suena de difícil cumplimiento por parte del Estado nacional.
Cabe resaltar que los recursos adicionales obtenidos por el impuesto especial del sinceramiento que ascienden a los $ 148.600 millones de pesos son destinados exclusivamente al ANSES para ser afectados a atender el Programa Nacional de Reparación Histórica de los Jubilados y Pensionados, de los cuales se ejecutaran este año $ 75.000 millones.
¿Qué efectos generó el Blanqueo en Misiones?
En términos fiscales, los recursos provenientes del Blanqueo de Capitales al no ser coparticipables y ser destinados exclusivamente para el ANSES para el pago de la reparación histórica, no se distribuyen a las Jurisdicciones, y por lo tanto, no tienen un impacto positivo en las finanzas locales. En el supuesto de que las personas hubieran exteriorizado sus bienes sin estar vigente este régimen, a las Provincias sí les hubiera correspondido recursos ya que Ganancias, IVA y Bienes Personales que se eximieron y condonaron, son coparticipables.
Así también, agravó la falta de competitividad local, dado que el ingreso de dólares (aumento de la oferta) en el país, combinado con el fuerte endeudamiento del Gobierno Nacional y de las Provincias (excepto Misiones) presionó claramente a la baja del tipo de cambio.
La apreciación cambiaria, dada la situación asimétrica de Misiones con Paraguay y Brasil por la diferencia en los precios relativos de los bienes y servicios que se comercializan, termina acrecentando la fuga de divisas hacia dichos países por el actual atraso cambiario.
