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La revolución silenciosa del mercado: cómo la tokenización de activos redefine las finanzas argentinas

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Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostiene que la tokenización representa una de las convergencias más disruptivas de las últimas décadas entre el sistema financiero tradicional y las tecnologías de registro distribuido. El concepto es simple en su definición, pero profundo en sus implicancias: convertir derechos económicos sobre activos reales —como inmuebles, commodities, infraestructura o deuda corporativa— en tokens digitales negociables sobre redes blockchain.

La tokenización de activos reales en Argentina representa la convergencia más disruptiva en las últimas décadas entre el mercado de capitales y la tecnología.

Convertir derechos económicos sobre activos tangibles —inmuebles, commodities, infraestructura, deuda corporativa— en tokens digitales emitidos sobre redes blockchain, logra fraccionar inversiones que históricamente estuvieron reservadas a grandes patrimonios, reducir drásticamente los costos y tiempos de transacción, y dotar de liquidez a mercados estructuralmente ilíquidos. 

La trazabilidad inherente a la tecnología de registro distribuido garantiza la identificación del beneficiario final en tiempo real, fortaleciendo los estándares de transparencia. A ello se le suma la garantía para el inversor del acceso al arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, lo cual constituye una garantía de celeridad, especialización y ejecutoriedad que dotan del dinamismo necesario para esta modalidad de financiamiento.

La tokenización no es una moda tecnológica: es una reingeniería profunda de la infraestructura financiera global que democratiza el acceso al capital, amplía el universo de inversores y activos, y posiciona a quienes adopten este paradigma —emisores, mercados y reguladores—de las nuevas finanzas.

Comienzos

Hasta mediados de 2025, el mercado de capitales argentino carecía de un marco regulatorio específico para la representación digital de valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD). Por este motivo, la práctica de tokenización de activos inmobiliarios y financieros quedaba sujeta a una incertidumbre jurídica tanto para emisores como para inversores, limitando el potencial transformador de esta tecnología dentro de los canales regulados.

El punto de inflexión se produjo con la sanción de la Ley N° 27.739 en 2024, que otorgó a la CNV facultades de supervisión, regulación y sanción sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), consolidando la arquitectura institucional necesaria para avanzar en la integración entre el mercado tradicional de capitales y el ecosistema de activos digitales.

Sobre esa base, la CNV inició un proceso normativo escalonado que se desarrolló en cuatro etapas:

Etapa I — RG N° 1069/2025 (13/06/2025): incorporación del Título XXII al régimen de Normas N.T. 2013, habilitando la tokenización de valores representativos de deuda y certificados de participación de fideicomisos financieros con oferta pública, y cuotapartes de FCI cerrados, respaldados por activos del mundo real.

Etapa II — RG N° 1081/2025 (20/08/2025): ampliación del universo tokenizable a acciones, obligaciones negociables y CEDEARs; designación de los PSAV inscriptos en todas las categorías del registro CNV como depositarios elegibles.

Etapa III — RG N° 1087/2025 (22/10/2025): habilitación de tokenizaciones bajo regímenes de oferta pública automática de mediano impacto, emisores y emisiones frecuentes de fideicomisos financieros. Extensión del Sandbox Regulatorio hasta el 21/08/2026.

Etapa IV — RG N° 1137/2026 (30/04/2026): apertura de proceso de Elaboración Participativa de Normas donde se propone la posibilidad de tokenizar aquellos valores negociables que encuadren bajo los distintos Regímenes de Autorización Automática, con excepción de Fondos Comunes de Inversión Abierta. Esta norma tiene como objetivo ubicar a Argentina como hub regional de finanzas digitales.

¿Cómo se tokeniza un activo?

1-    Arquitectura Regulatoria de la Tokenización

En primer lugar, debemos saber que el régimen de tokenización establecido por la CNV descansa sobre cuatro pilares jurídico-técnicos:

a)    Tecnología de Registro Distribuido (TRD): la representación digital del valor negociable debe garantizar la inmutabilidad del registro, la trazabilidad de las transacciones, la nominatividad del instrumento y la identificación indubitable del emisor. La blockchain —como especie del género TRD— es la tecnología de elección en los casos concretos bajo análisis.

b)    PSAV como operadores habilitados: únicamente los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos en el Registro CNV en todas las categorías pueden actuar como depositarios de los valores representados digitalmente y como responsables de su comercialización en plataformas digitales.

c)    Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN): los valores tokenizados deben depositarse en un ADCVN habilitado. Los titulares registrales pueden ser PSAV, Agentes de Custodia o ALyC actuando por cuenta de los inversores, asegurando la integridad del sistema de anotaciones en cuenta.


d)    Entidad especializada en TRD: responsable de generar la representación digital bajo estándares de seguridad, inmutabilidad, fungibilidad y trazabilidad, operando como eslabón técnico entre el emisor y el mercado.

2-    El Proceso Paso a Paso

Si se analiza el caso concreto de la tokenización inmobiliaria, ésta no implica la digitalización directa del bien registral, sino la representación digital de los derechos económicos emergentes de un vehículo jurídico que tiene al inmueble como activo subyacente. El proceso opera de la siguiente manera:

a)    Constitución del vehículo jurídico: el activo inmobiliario se transfiere a un fideicomiso financiero (en el caso de oferta pública) o a un fideicomiso privado inmobiliario (en el caso de mercado privado). El fiduciario administra el patrimonio de afectación, separándolo del patrimonio del fiduciante y del propio fiduciario.

b)    Emisión de valores negociables o derechos económicos: el fideicomiso emite Certificados de Participación (CP) o Valores Representativos de Deuda (VRD) que representan derechos proporcionales sobre los flujos de fondos generados por el activo (rentas de alquiler, plusvalía por venta, etc.)

c)    Tokenización del instrumento: una entidad especializada en TRD —articulada con el PSAV habilitado por CNV— genera un smart contract en la blockchain elegida (, emitiendo tokens que representan cada unidad del CP o del derecho económico. Cada token es único, fungible dentro de su clase y trazable desde su origen.

d)    Plataforma de distribución: el inversor accede a través de una plataforma digital (web o mobile) con validación de identidad por DNI y biometría. Selecciona la unidad o fracción a adquirir, firma electrónicamente el contrato y acredita el pago. El token se acredita en su wallet digital en minutos.

e)    Operatoria secundaria: para fideicomisos con oferta pública CNV, los CPs tokenizados pueden negociarse en mercados secundarios autorizados a través de ALyC habilitados, generando liquidez adicional. El fondo de liquidez del emisor complementa este mecanismo.

f)    Identificación del beneficiario final: la tecnología blockchain garantiza la trazabilidad integral desde la emisión hasta el beneficiario final, cumplimentando las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención del lavado de activos.

3-    Garantía Jurídica del Inversor: El Arbitraje.

Una de las ventajas competitivas del mercado de capitales argentino en materia de resolución de conflictos es la obligatoriedad del arbitraje para los fideicomisos financieros con oferta pública, consagrada en el artículo 46 de la Ley N° 26.831 (Ley de Mercado de Capitales). Esta norma establece que las entidades que participen en la oferta pública de valores negociables deben someterse a la jurisdicción arbitral, constituyendo una garantía estructural para el inversor.

El arbitraje ofrece ventajas decisivas frente a la jurisdicción ordinaria, especialmente relevantes en un universo de inversores masificado y fraccionado como el que genera la tokenización:

a)    Especialización técnica: los árbitros son expertos en Derecho del Mercado de Capitales, Derecho Financiero y análisis de instrumentos complejos, lo que garantiza decisiones técnicamente fundadas y precisas.

b)    Celeridad procesal: los procedimientos arbitrales se resuelven en plazos sustancialmente menores a los de la justicia ordinaria —típicamente entre 6 y 18 meses—, sin los retrasos estructurales del sistema judicial.

c)    Confidencialidad y ejecutoriedad: los laudos arbitrales son confidenciales y tienen eficacia equivalente a las sentencias judiciales, siendo ejecutables por la vía judicial ordinaria en caso de incumplimiento.

d)    Voluntad de las partes: el arbitraje preserva la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes diseñar el procedimiento, elegir el derecho aplicable y determinar el número de árbitros.

Para los fideicomisos privados la tendencia internacional y local apunta también a la jurisdicción privada como mecanismo preferido, dado que la especificidad técnica de los conflictos emergentes de contratos de compraventa tokenizados excede la competencia habitual de los tribunales ordinarios.

En el ámbito local, el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario (TRIAR) – www.bcr.com.ar/es/servicios/tribunal-de-arbitraje – constituye un referente regional de primer orden, con árbitros especializados, reglamento propio y reconocida trayectoria en la resolución ágil de controversias comerciales y financieras. 

Impacto real

1)    Para el Inversor:

•    Democratización del acceso: tickets mínimos eliminan las barreras de entrada históricas del real estate, habilitando a inversores de clase media a participar en activos de alta calidad.

•    Liquidez potenciada: la negociabilidad en mercado secundario (BYMA) y el fondo de liquidez del fideicomiso ofrecen salidas que el ladrillo tradicional no contempla.

•    Trazabilidad y transparencia: el inversor puede verificar en tiempo real el estado de su posición, la trazabilidad de sus tokens y el desempeño del activo subyacente.

•    Renta en dólares: en el caso Espacio Añelo, la renta se cobra en moneda dura a partir del día 30, constituyendo un vehículo de dolarización de ahorro dentro de un entorno regulado.

2)    Para el Mercado de capitales en general

•    Ampliación del universo de activos: la RG N° 1087/2025 habilita la tokenización de acciones, ONs, CEDEARs y cuotapartes de FCI cerrados, abriendo el mecanismo a toda la cadena de valor del mercado de capitales.

•    Posicionamiento regional: Argentina avanza como referente latinoamericano en finanzas digitales, atrayendo inversión extranjera interesada en acceder a activos reales argentinos a través de instrumentos digitales regulados.

•    Extensión a otros sectores: el modelo es replicable a activos agropecuarios (certificados de depósito de granos tokenizados), mineros, de infraestructura energética y de deuda corporativa, configurando un ecosistema en expansión.

3)    Para el Mercado Inmobiliario

•    Financiamiento alternativo: la tokenización habilita a desarrolladores a captar capital de un universo ampliado de inversores, reduciendo la dependencia del crédito bancario y del financiamiento tradicional.

•    Revitalización urbana: la tokenización puede ser un catalizador de inversión en zonas urbanas con potencial subutilizado, como el microcentro rosarino.

•    Nuevos modelos de negocio: la gestión integral (construcción + administración + tokenización) emerge como modelo de negocio diferenciado y replicable a escala.

La tokenización de activos reales en Argentina ha superado la fase experimental para consolidarse como una innovación financiera y jurídica de impacto sistémico. Los casos ya activos y los que se están gestando, evidencian que los marcos regulatorio, tecnológico, jurídicos y de negocio están maduros para escalar esta práctica, con beneficios concretos para los inversores, emisores potenciando nuestro mercado de capitales de aquí en más. Ya no es posible hablar de tokenización como moda tecnológica, sino de una innovación tecnológica que está revolucionando de manera profunda el modo de mirar la infraestructura financiera global.

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El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes del fallo de la Corte

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La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Corte Suprema analiza la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada acelera negociaciones para alcanzar un acuerdo político y presupuestario que permita cerrar el conflicto antes de una eventual sentencia adversa.

La preocupación del Ejecutivo no es menor. En caso de que el máximo tribunal falle a favor de las universidades, el Estado nacional debería afrontar un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos, una cifra que impactaría de lleno sobre el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei considera el principal activo de su programa económico.

Por esa razón, la administración nacional evalúa convocar en los próximos días a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una negociación integral que abarque salarios docentes, becas estudiantiles, financiamiento operativo y recursos para hospitales universitarios.

La estrategia combina negociación política y defensa jurídica. Mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan las conversaciones con los rectores, la Procuración del Tesoro trabaja sobre un esquema legal que garantice que cualquier acuerdo implique la suspensión o retiro de las acciones judiciales actualmente en trámite.

El equilibrio fiscal frente a la presión universitaria

Detrás de la discusión presupuestaria se esconde uno de los principales dilemas de la gestión Milei: cómo sostener el ajuste fiscal sin profundizar conflictos con sectores considerados estratégicos.

Desde la llegada del actual Gobierno, las universidades nacionales se transformaron en uno de los focos de mayor resistencia a la política de recorte del gasto público. Las multitudinarias movilizaciones universitarias realizadas durante el último año lograron instalar el tema en la agenda pública y forzaron sucesivas instancias de negociación.

El oficialismo intentó responder con un proyecto alternativo de financiamiento enviado al Congreso en febrero. La propuesta buscaba reconocer parcialmente la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque evitaba incorporar la fuerte caída de ingresos acumulada entre diciembre de 2023 y fines de 2024, uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

Esa diferencia continúa siendo el principal punto de conflicto.

La Corte Suprema como factor de presión

La posibilidad de una resolución judicial desfavorable modificó el escenario político.

En la Casa Rosada reconocen que una sentencia que obligue a cumplir plenamente la ley vigente podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y abrir un precedente para otros reclamos presupuestarios de organismos y sectores afectados por el ajuste.

Por eso, el Gobierno busca llegar a un entendimiento previo que neutralice la disputa judicial.

La tarea quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja en los aspectos técnicos de un eventual acuerdo. El objetivo es garantizar que cualquier transferencia extraordinaria de recursos tenga como contraparte la suspensión de la cautelar que actualmente espera resolución en el máximo tribunal.

Las universidades, sin embargo, mantienen cautela. Desde el CIN sostienen que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal y esperan definiciones concretas antes de pronunciarse sobre posibles alternativas.

Salarios, becas y hospitales universitarios

Las conversaciones no se limitan al presupuesto general.

La agenda de negociación incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, áreas particularmente afectadas por la aceleración inflacionaria registrada desde fines de 2023.

El reclamo salarial aparece como uno de los puntos más sensibles. Los sindicatos universitarios sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por debajo de la evolución de los precios y denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La situación también repercute en la capacidad operativa de las universidades, especialmente en aquellas ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, donde los costos de funcionamiento aumentaron por encima de los recursos disponibles.

Para provincias como Misiones, donde la universidad pública constituye un actor central en la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con sectores productivos, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias que trascienden el debate presupuestario nacional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las conversaciones, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó recientemente un paro nacional de 24 horas y ya anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza durante el inicio del segundo cuatrimestre si no existen avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

La Universidad de Buenos Aires también volvió a visibilizar el conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en una señal política dirigida tanto al Gobierno como a la Corte Suprema.

En ese contexto, la negociación que impulsa la Casa Rosada excede el plano educativo. Se trata de una pulseada que combina equilibrio fiscal, gobernabilidad y estrategia judicial. El desenlace determinará no solo el futuro inmediato del sistema universitario nacional, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico frente a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización institucional y social del país.

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Realizarán jornadas de prevención del suicidio en Posadas y Montecarlo

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La Dirección de Programas y Eventos Especiales del Gobierno de Misiones y la CAIS llevarán adelante jornadas intensivas de capacitación destinadas a equipos de salud de la provincia. La propuesta estará a cargo de la licenciada Alejandra Noemí Rossi, suicidóloga y especialista en intervención en crisis y prevención del suicidio. Los encuentros se realizarán el viernes 5 de junio en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Montecarlo y el sábado 6 de junio en el SUM de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones, en Posadas.

La capacitación se desarrollará en ambas localidades con el mismo contenido para facilitar la participación de profesionales de distintos municipios. En Montecarlo la actividad tendrá lugar de 9 a 12 y de 14 a 18 hs. El mismo esquema horario se replicará en Posadas.

La inscripción se encuentra abierta y puede realizarse a través del enlace https://docs.google.com/forms/d/18yYYbpjHjV5vmGaz55fv9F1uCDvNVYb8j7I2OyXlgAw/edit. La propuesta está dirigida a equipos que intervienen en el circuito de atención de la conducta suicida y busca aportar herramientas para la detección, el acompañamiento y la derivación de situaciones de riesgo.

Una mirada intersectorial para la prevención

En el marco de la capacitación, la psicóloga Alejandra Noemí Rossi, referente en en la problemática en la provincia de Córdoba, valoró positivamente y ampliamente que “Misiones haya creado un espacio institucional, como la CAIS, porque es la estrategia fundamental. Yo siempre digo, una provincia que no tiene una mesa intersectorial, como sería la comisión, y una línea telefónica para la escucha de la persona en crisis, le está faltando algo en materia de prevención. La prevención no es solamente ir a dar talleres, abordar los casos críticos, sino que también esto debe ser leído por una comisión que esté conformada por múltiples actores de la comunidad”.

Asimismo, explicó que la reducción de las tasas de suicidio requiere la participación conjunta de distintas áreas estatales y organizaciones comunitarias. “El área de Salud tiene mucho por hacer, pero no hay que dejarla sola. Todos los entes de gobierno deberían colaborar para que se reduzcan las tasas de suicidio en una comunidad. También Educación, también Desarrollo Social, también otro tipo de políticas que rijan para cada provincia en particular, porque esto excede a una situación pura de salud de la persona. Sabemos que los factores ambientales, sociales, hoy por hoy, tienen muchísimo peso, al igual que la familia”, aclaró.

La profesional también hizo referencia al aporte de las organizaciones de la sociedad civil y de los espacios comunitarios que mantienen contacto cotidiano con poblaciones vulnerables. En ese sentido mencionó merenderos, copas de leche, clubes de jubilados y otros ámbitos de encuentro donde pueden detectarse señales de alerta y situaciones que requieren acompañamiento.

Señales de alerta y primera escucha

Al respecto, Rossi señaló que “el principal desafío que enfrentan hoy las comunidades al momento de detectar y acompañar situaciones de riesgo suicida es que no tienen elementos para poder detectarla justamente. La conducta suicida todavía sigue estando en este lugar de tabú, de que de esto no se habla, todavía está en ese lugar de mito. En contravención podríamos decir con todos los lineamientos internacionales que dicen que hay que hablar y, por lo tanto, hay que sensibilizar a las comunidades para que tengan elementos justamente para detectar y acompañar situaciones de riesgo”.

La especialista también describió que “muchas veces, y respondiendo a esta realidad de que la conducta suicida no es impulsiva, sino que es parte de un proceso, primero se comienza a pensar en la idea de muerte. Luego hay una etapa necesaria, que es la de la ambivalencia, donde las personas dan muchísimas señales. Hay señales verbales, señales no verbales y también conductuales. Cuando de repente se ingresa a la tercera etapa del proceso, que es la decisión tomada, las personas suelen hacer un cambio que puede denotar una mejoría. Esta es una confusión porque la decisión tomada provoca que las personas se muestren de manera inusualmente bien después de que han pasado un momento crítico”.

En cuanto al trabajo de los equipos de salud, sostuvo que los espacios de primera escucha constituyen una herramienta central dentro de las estrategias de prevención. “La primera escucha es muy importante porque aquí es donde, veladamente o no, la persona va a dar algún indicio de que la vida le es insoportable, para qué seguir viviendo, que su vida no tiene sentido. Entonces, quien puede hacer esta primera escucha y dar contención o referir a espacios donde se lo pueda contener es fundamental”, comentó.

Recomendaciones para el abordaje comunicacional

En cuanto al tratamiento comunicacional del suicidio, indicó que los medios de comunicación tienen un papel específico dentro de las estrategias de prevención y remarcó la necesidad de conocer las pautas establecidas por la legislación vigente.

“Esto ha pasado por múltiples estadios. Primero era que de esto no se habla. Después se hablaba deliberadamente mencionando cuestiones que realmente no deberían estar. Lo más peligroso en la comunicación es atribuirle un por qué. Sabemos que la conducta suicida es multidimensional, pluridimensional, multicausal. Entonces reducir a una causa o decir ‘se mató por’ ya es el primer error”, enfatizó la psicóloga.

Además, señaló que existen datos que no deben difundirse al momento de informar estos hechos. “Los medios deberían saber cuáles son las normativas vigentes, qué lugar tienen en la ley nacional de prevención del suicidio y saber que hay cosas que no se pueden decir. Ya dijimos el atribuirle una causa, ponerle el nombre a la persona, la dirección, la fotografía o atribuirles características como que era un héroe o un cobarde. Todas estas adjetivaciones no deberían estar presentes”, detalló.

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La tierra en juego: el Senado define el volumen de extranjerización

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Esta semana el Senado de la Nación podría dejar sin efecto la única ley que hoy limita la venta de tierras rurales argentinas a capitales extranjeros. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, presentado bajo el eufemístico nombre “De inviolabilidad de la propiedad privada”, tiene como objetivo central derogar la Ley 26.737, que desde 2011 regula cuánta tierra puede adquirir un extranjero en el país. Para Misiones, las consecuencias podrían ser devastadoras.

Qué dice la ley que quieren eliminar

La Ley de Tierras 26.737 establece límites claros: ningún extranjero puede poseer más del 15% de la superficie rural a nivel nacional, provincial o subprovincial. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese total, y el tope personal es de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, o su equivalencia en otras regiones. La ley también prohíbe expresamente la adquisición de tierras que limiten o contengan cuerpos de agua permanentes y de envergadura.

Un caso emblemático ilustra por qué esta protección importa: el ciudadano británico Joseph Lewis adquirió los dos lotes que rodean al Lago Escondido, en Río Negro. El resultado fue la extranjerización efectiva del cuerpo de agua y la privatización de facto del lago: el camino de acceso histórico está vedado a los propios argentinos.

La ley fue sancionada en 2011 por razones geopolíticas, en un contexto de crecimiento demográfico global y señales tempranas de escasez alimentaria. En 2026, esas razones se potencian: el estrés hídrico, las sequías, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad provocados por el cambio climático convierten a la tierra y el agua en recursos estratégicos de primer orden. La ley tampoco afecta derechos adquiridos ni se dirigió contra extranjeros radicados en el país con sus familias.

Misiones: la provincia más vulnerable

Los números para Misiones son alarmantes. Según datos del Observatorio de Tierras —un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA basado en publicaciones oficiales— más de 325.000 hectáreas de la provincia están en manos extranjeras: el 11,20% de su superficie total. A nivel nacional, el porcentaje ronda el 5%, con más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas.

Cuatro departamentos misioneros ya superan el límite legal del 15%: Montecarlo, El Dorado, Concepción y Libertador General San Martín. El caso más crítico es Iguazú, que roza el 40% de extranjerización. La principal nacionalidad propietaria es la chilena, vinculada en gran parte a los capitales que controlan la empresa foresto-industrial Arauco.

El escenario se agrava con la crisis del sector yerbatero: la apertura de importaciones y la destrucción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —cuyo rol como regulador de precios protegía a tareferos, pequeños productores y campesinos— golpearon de lleno a la economía provincial. A esto se suma una amenaza concreta: la presión de capitales sirios para adquirir fincas yerbateras, que dejaría a los misioneros sin herramientas legales para resistir si la Ley de Tierras cae.

El antecedente: cuando la Justicia frenó a Milei

No es la primera vez que el gobierno nacional intenta eliminar esta ley. El DNU 70/2023 —el mismo decreto ómnibus que destruyó el INYM— incluía la derogación de la Ley de Tierras. Fue el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata quien presentó un recurso judicial que frenó esa medida: la Justicia declaró inconstitucional ese artículo del decreto. Ahora, el Ejecutivo busca el mismo resultado por vía legislativa.

Tres senadores misioneros bajo la lupa

El voto de Misiones en el Senado estará a cargo de tres legisladores: Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, por Encuentro Misionero, y Enrique Goerling Lara, de Juntos por el Cambio. Su decisión determinará si la provincia mantiene o pierde el escudo legal que hoy limita la extranjerización de su territorio.

En la reciente Reunión Conjunta de las Comisiones de Economía y Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, la voz de los trabajadores rurales fue contundente. Ana Cubilla, del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, lo dijo sin rodeos: “Este DNU nos desreguló la vida. Nos tenemos que ir a otro país a trabajar. Queremos estar con nuestras familias y queremos seguir viviendo en Misiones, los chicos dejaron la secundaria para salir a tarefear”.

Lo que se vota el miércoles no es una abstracción jurídica: es el futuro de la tierra misionera. Derogar la Ley 26.737 significaría habilitar un proceso sistemático de despojo de productores locales en favor de capitales extranjeros, en una provincia donde la extranjerización ya está al límite.

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Verra aprobó el programa de carbono de Misiones: un hito global y financiamiento para conservar la selva

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Misiones acaba de alcanzar uno de los hitos ambientales más importantes de su historia. La organización internacional Verra, responsable del principal estándar mundial de certificación de créditos de carbono, aprobó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, convirtiéndolo en el primer programa forestal de carbono liderado por un gobierno y registrado a escala jurisdiccional bajo el marco JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) del sistema Verified Carbon Standard (VCS).

La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.

Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.

La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó que “celebramos haber alcanzado un hito tan importante en materia de conservación. Misiones siempre ha considerado la protección de la selva como una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios nos permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración continua y su disposición para trabajar con nosotros”.

Se espera que esta aprobación impulse el desarrollo de programas adicionales bajo el Marco JNR del VCS en toda Argentina y en países de América Latina, África y Asia que están explorando enfoques jurisdiccionales a gran escala para la financiación climática y la protección de los bosques. El programa ofrece un modelo replicable para otros gobiernos nacionales y subnacionales que buscan alinear los objetivos de las políticas climáticas, las prioridades de conservación forestal y el acceso a los mercados internacionales de carbono.

La aprobación llega en un momento particularmente oportuno. Misiones se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar la primera venta privada de créditos de carbono de su historia. La potencial compradora sería LATAM Airlines Group, interesada en adquirir entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de carbono para el mercado internacional CORSIA, el sistema global de compensación de emisiones para la aviación. La operación podría rondar los 65 millones de dólares.

La estrategia provincial comenzó formalmente en 2021, cuando Misiones inició el desarrollo de su programa jurisdiccional REDD+ junto a socios internacionales especializados en mercados ambientales. Desde entonces se desarrollaron auditorías, mediciones, validaciones independientes, consultas con comunidades, propietarios privados y organizaciones ambientales, además de la construcción de un sistema institucional capaz de sostener la trazabilidad exigida por los mercados internacionales.

El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.

La aprobación de Verra también fortalece la posición de Misiones frente a potenciales compradores internacionales. Los créditos certificados bajo estándares reconocidos globalmente tienen mayor liquidez, transparencia y aceptación en los mercados voluntarios y regulados de carbono. Precisamente, la organización certificadora acaba de incorporarse formalmente a la Mesa Argentina de Carbono, reforzando su presencia en el país y acompañando el desarrollo de proyectos de calidad internacional.

El avance se suma a otros hitos recientes del sector ambiental misionero. En las últimas semanas también fue certificado el primer proyecto argentino privado de carbono de bosque nativo bajo estándares Verra, desarrollado en la Selva Paranaense y validado por 138.000 créditos de carbono.

La validación del programa jurisdiccional de Misiones tiene además un valor simbólico. Durante décadas la provincia sostuvo políticas de conservación que limitaron actividades productivas sobre grandes extensiones de bosque nativo. Ahora, por primera vez, esa preservación comienza a transformarse en un activo económico reconocido por los mercados internacionales.

En un contexto de creciente demanda global por créditos ambientales de alta integridad, Misiones no solo aparece como la principal referencia argentina en mercados de carbono. Con la aprobación de Verra, la provincia se posiciona como uno de los casos más avanzados del mundo en la monetización de servicios ecosistémicos a escala gubernamental, abriendo una nueva etapa en la relación entre conservación, financiamiento climático y desarrollo económico.

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