Vengo de una familia humilde. Si no fuera por la universidad pública, jamás hubiera podido alcanzar el título que hoy me permite dar clases de Literatura. Mis padres, trabajadores rurales, me enseñaron el valor del esfuerzo, pero fue la universidad la que me brindó la herramienta para trascender ese entorno. Sin embargo, hoy ese puente que me conectó con el conocimiento y la oportunidad se tambalea.

Las universidades públicas en Argentina enfrentan una situación crítica. A pesar de ser uno de los sistemas más accesibles de América Latina, con casi dos millones de estudiantes en las universidades nacionales, el contexto económico actual las ha puesto en jaque. El presupuesto para el año 2024 es el más bajo desde que se tiene registro, según estudios recientes. El gobierno ha prorrogado el presupuesto del 2023, lo que implica una caída del 72% en los fondos destinados a la educación superior. Sin una ampliación, estas instituciones están destinadas a la precariedad.

Este recorte no solo afecta las condiciones materiales. También atenta contra el principio básico de la educación pública: la equidad. Argentina es un país donde seis de cada diez jóvenes no pueden cubrir sus necesidades básicas. La universidad pública ha sido, históricamente, una herramienta para contrarrestar esa desigualdad, permitiendo que aquellos como yo, provenientes de sectores populares, accedan a una formación superior sin costos prohibitivos. Hoy, ese derecho está en riesgo.

El panorama es desolador. Las universidades, encargadas de formar a la próxima generación de profesionales, científicos y pensadores, enfrentan una disyuntiva entre la sobrevivencia o la excelencia. Los edificios se deterioran, los salarios docentes pierden valor frente a la inflación, y los recursos para investigación son casi nulos. ¿Cómo puede un país aspirar a un desarrollo inclusivo si el corazón de su sistema educativo está asfixiado financieramente?

Para quienes creemos en la universidad como motor de cambio social, esta realidad nos convoca a la reflexión y a la acción. No podemos permitir que la crisis económica desmantele uno de los pocos espacios donde la meritocracia, aunque imperfecta, sigue siendo posible. Las universidades públicas, a pesar de sus carencias, siguen siendo el espacio donde un hijo de trabajadores puede transformarse en profesor de letras. Defenderlas es defender nuestra posibilidad de soñar con un país más justo y equitativo.