El último informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) sobre el sector forestal uruguayo es mucho más que un diagnóstico técnico: es una radiografía de cómo una política de Estado sostenida puede transformar radicalmente la matriz productiva de un país. Y al mismo tiempo, deja al desnudo la histórica incapacidad argentina para consolidar su propio sector, pese a décadas de políticas de fomento y subsidios.

De la política de fomento al liderazgo exportador

Uruguay apostó por la forestación a mediados de los años 80, tras el retorno de la democracia. Con la Ley de Forestación de 1987, definió incentivos iniciales claros: exoneraciones fiscales, estabilidad jurídica y zonas de prioridad forestal bien delimitadas. Pero la clave no fue el subsidio, sino la visión estratégica. Las ayudas estatales fueron limitadas en el tiempo y retiradas gradualmente a medida que el sector alcanzaba escala y competitividad.

El resultado es contundente: Uruguay pasó de 50.000 hectáreas forestadas a más de 1,1 millones, y de exportar apenas USD 20 per cápita en productos forestales a superar los USD 725 per cápita en 2022. Hoy, la industria forestal genera cerca del 20% de las exportaciones totales y con la puesta en marcha de la segunda planta de celulosa de UPM, proyecta convertirse en el principal rubro exportador de bienes del país en 2024. Todo, sin incentivos fiscales extraordinarios en la actualidad.

El modelo uruguayo logró algo que pocas actividades primarias alcanzan: integrar cadenas de valor, desarrollar industrias aguas abajo —madera sólida, papel, tableros, biomasa para energía— y, además, generar efectos positivos en otras actividades como la ganadería. La forestación dejó de ser un cultivo aislado y se convirtió en un engranaje central de la economía.

Argentina: subsidios sin transformación

El contraste con Argentina es tan evidente como frustrante. Desde 1948, con la creación del IFONA, la Argentina implementó sucesivos planes de estímulo: desgravaciones fiscales, créditos promocionales, subsidios directos y más recientemente, la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y la eliminación de retenciones para exportaciones regionales.

Sin embargo, el sector forestal argentino nunca dejó de ser marginal. Las exportaciones permanecen planchadas desde hace décadas y la balanza comercial forestal es sistemáticamente deficitaria. No solo no genera divisas relevantes, sino que depende, en buena parte, de la obra pública para sostener su demanda interna.

Mientras Uruguay dejó atrás la tutela del Estado y se insertó en el mercado global, Argentina sigue atrapada en una dinámica de permanente asistencia estatal sin resultados estructurales.

Sin cultura forestal, no hay sector

Detrás de las cifras, el problema de fondo es cultural. Uruguay logró desarrollar una cultura forestal: empresas, Estado y sociedad reconocen el valor estratégico del sector. No se trata solo de sembrar árboles, sino de construir industria, exportaciones, tecnología y empleo de calidad.

En Argentina, por el contrario, el sector forestal sigue reducido a una oportunidad de negocios aislada, sin una visión sistémica. Las empresas forestales demandan asistencia, pero no son capaces de sostener cadenas de valor dinámicas ni insertarse plenamente en el mercado internacional. Sin competencia externa, sin agregado de valor ni eficiencia, la actividad quedó subordinada al ciclo de la inversión pública y a políticas de emergencia.

El caso uruguayo es más que un ejemplo regional: es una advertencia. No basta con crear incentivos. Sin cultura sectorial, sin instituciones sólidas y sin continuidad en las reglas del juego, los subsidios se diluyen y las oportunidades se pierden. Con Estado, pero sin estrategia, el sector forestal argentino seguirá siendo lo que es hoy: una promesa incumplida.

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