La visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, la Argentina y el Perú se extenderá por 12 días, entre el 6 y el 17 de noviembre.
El Santo Padre permanecerá en el país cuatro días con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El programa oficial del viaje, con el detalle de las actividades y celebraciones del Santo Padre, serán dadas a conocer oportunamente por el Vaticano.
Comunicado de la Nunciatura Apostólica en la Argentina “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paisandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.+
La relación entre Argentina y Brasil atraviesa su momento de mayor tensión diplomática en décadas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió retirar de Buenos Aires a su embajador, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática brasileña al nivel de encargado de negocios, una decisión de fuerte impacto político que refleja el deterioro del vínculo bilateral.
Según confirmaron altas fuentes del Itamaraty a distintos medios brasileños y argentinos, la medida responde a las “reiteradas agresiones” del presidente Javier Milei contra Lula y otras instituciones brasileñas.
Mientras persista esa situación, Bitelli no regresará a la Argentina y la embajada permanecerá sin un embajador de carrera, una señal diplomática de máxima desaprobación sin llegar a la ruptura de relaciones.
Una crisis sin antecedentes recientes
La decisión constituye uno de los gestos diplomáticos más severos entre ambos países desde el restablecimiento de la democracia y representa un fuerte deterioro en la relación entre los dos principales socios del Mercosur.
En paralelo, el gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir formalmente su protesta.
El origen del conflicto
La escalada comenzó tras la participación de Milei en un acto político en Brasil, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Durante esa visita, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien dirigió duras descalificaciones.
En Brasil, esas expresiones fueron interpretadas como una injerencia directa en asuntos internos, agravada por haber sido pronunciadas en territorio brasileño y dirigidas tanto contra el presidente como contra integrantes del Poder Judicial.
Lula respondió y endureció su postura
Días después, Lula respondió públicamente durante un acto político en Brasilia.
Sin mencionar directamente a Milei por su nombre, afirmó que no respondería en los mismos términos porque su relación “es de jefe de Estado a jefe de Estado” y remarcó que no permitirá interferencias externas en el proceso electoral brasileño.
Posteriormente, el canciller Mauro Vieira calificó el episodio como “una provocación sin precedentes” en más de dos siglos de relaciones bilaterales y sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino constituyen una ofensa a las instituciones democráticas brasileñas.
Milei mantuvo sus críticas
Lejos de moderar el tono, Milei volvió a cuestionar a Lula en entrevistas posteriores, reiterando acusaciones vinculadas a las causas judiciales que enfrentó el presidente brasileño y defendiendo sus declaraciones bajo el argumento de que actúa “en defensa de las ideas de la libertad”.
Esas nuevas manifestaciones terminaron de precipitar la decisión del gobierno brasileño de retirar a su embajador y rebajar el nivel de la representación diplomática.
Un conflicto con impacto económico
La crisis trasciende el plano político. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina y el mayor destino de numerosas exportaciones industriales, especialmente del sector automotor.
Aunque la reducción del rango diplomático no implica la interrupción del comercio ni de los acuerdos vigentes, sí dificulta el diálogo político de alto nivel y agrega incertidumbre en un momento de fuertes desafíos para la integración regional y el funcionamiento del Mercosur.
Por ahora, no existen señales de una pronta normalización. La continuidad de la representación brasileña mediante un encargado de negocios marca un enfriamiento inédito en la relación bilateral y deja abierto un escenario de creciente tensión entre los dos gobiernos.
La última encuesta de MRVT Consultora, realizada en la ciudad de Posadas sobre una muestra panel de 220 casos, refleja un escenario político fuertemente atravesado por la situación económica. Según el estudio, la preocupación por la economía doméstica continúa siendo el principal condicionante del humor social y redefine la evaluación que los ciudadanos hacen de los distintos niveles de gobierno.
El informe sostiene que, en un contexto de alta presión sobre los ingresos familiares, los posadeños priorizan la capacidad de respuesta concreta frente a la crisis por encima de las disputas políticas. Esta lógica, según la consultora, impacta de manera dispar sobre las administraciones nacional y provincial.
La economía, principal preocupación
El sondeo muestra que la situación económica continúa escalando como la principal preocupación de los habitantes de Posadas. El indicador pasó del 57% en mayo al 59% en junio y alcanzó el 61% en julio, consolidándose como el eje dominante del humor social.
En paralelo, la atención sobre la política también creció. El interés por la denominada “rosca política” pasó del 3% en mayo al 14% en julio. Para la consultora, este incremento no refleja un mayor entusiasmo partidario, sino una ciudadanía que sigue con mayor atención las decisiones políticas por el impacto directo que tienen sobre su vida cotidiana.
Fuerte deterioro de la imagen de Milei
En ese contexto, la encuesta registra un marcado deterioro en la imagen del presidente Javier Milei dentro de la capital misionera.
La valoración positiva cayó hasta el 29%, perforando por primera vez el piso del 30% desde que comenzó la serie de mediciones. En sentido inverso, la imagen negativa alcanzó el 66%, mientras que el 5% restante corresponde a personas que no respondieron o no tienen una opinión formada.
Según MRVT Consultora, la serie evidencia un desgaste sostenido desde comienzos de año y atribuye esa caída a la percepción de que la agenda nacional aparece distante de las preocupaciones económicas y productivas de la región.
Passalacqua mejora su imagen
A diferencia de lo que ocurre con la administración nacional, el estudio muestra una mejora en la valoración del gobernador Hugo Passalacqua.
Su imagen positiva pasó del 62% en junio al 65% en julio, mientras que la negativa quedó en 31% y el 4% restante corresponde a respuestas indefinidas. De esta manera, la gestión provincial alcanza un diferencial positivo de 34 puntos.
La consultora vincula ese resultado con la percepción de cercanía territorial, la respuesta a las demandas económicas locales y decisiones políticas recientes, entre ellas la postura adoptada por el Gobierno provincial frente al debate nacional sobre la reforma de la Ley de Tierras.
Cercanía versus desconexión
Uno de los principales hallazgos del informe es que la ciudadanía distingue claramente entre la política cercana y la que percibe alejada de sus problemas cotidianos.
Entre los atributos mejor valorados aparecen la presencia territorial, la escucha activa, la capacidad de gestión y la defensa de los intereses provinciales. En cambio, los encuestados penalizan a los dirigentes que priorizan las disputas políticas por encima de las soluciones concretas o que muestran una agenda desconectada de la realidad económica.
Para MRVT Consultora, ese diferencial explica la evolución opuesta de las imágenes de Milei y Passalacqua en Posadas durante julio.
El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, realizó una firme defensa del modelo productivo y territorial de la provincia durante su exposición ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional.
Con un discurso centrado en las particularidades de Misiones, Herrera Ahuad sostuvo que la iniciativa puede resultar funcional para regiones de grandes extensiones rurales, pero advirtió que tendría consecuencias profundamente negativas en una provincia caracterizada por el minifundio, la alta ruralidad y su condición fronteriza.
“La compra de 100 hectáreas pone en jaque el sistema social de una provincia”, resumió, al explicar que en Misiones la tierra no representa únicamente un activo económico, sino el sustento de miles de familias productoras.
“La tormenta perfecta” para las chacras misioneras
El legislador describió un escenario especialmente delicado para debatir una flexibilización del régimen de tierras. Recordó que la provincia atraviesa una de las peores crisis de sus economías regionales, con especial impacto en la actividad yerbatera.
“Las chacras no valen nada, la producción yerbatera cayó, el sector productivo no puede levantar la cosecha y está la desesperación por vender la tierra”, afirmó.
En ese contexto, alertó que abrir el mercado de tierras podría acelerar un proceso de concentración y extranjerización en condiciones de extrema debilidad para los pequeños productores. “Estamos en el momento de la tormenta perfecta“, definió.
Herrera Ahuad insistió en que Misiones no puede analizarse bajo los mismos parámetros que otras jurisdicciones.
Recordó que el 92% del territorio provincial limita con Brasil y Paraguay, dos países con fuerte dinámica económica, y que entre el 26% y el 30% de la población vive en áreas rurales, una de las proporciones más altas del país.
Se trata, explicó, de alrededor de 500.000 misioneros que residen en colonias y chacras, donde predominan explotaciones familiares de entre 2 y 22 hectáreas. “Vivir en la ruralidad no es algo negativo; significa vivir donde se produce”, remarcó.
Para el diputado, ese entramado de pequeños establecimientos constituye la base del Producto Bruto Geográfico provincial y sostiene actividades como la yerba mate, el té, la forestación y otras producciones regionales.
Una advertencia sobre el costo social
Durante su exposición, Herrera Ahuad cuestionó además el argumento económico utilizado para defender la reforma, según el cual la apertura del mercado podría generar ingresos por unos 15.000 millones de dólares.
A su juicio, ese eventual beneficio sería ampliamente superado por el costo social que implicaría el desplazamiento de familias rurales.
“Estoy seguro de que el daño social o el gasto social será superior a esos 15.000 millones de dólares”, sostuvo.
El exgobernador planteó que, en una provincia donde la propiedad rural está altamente atomizada, la adquisición de superficies relativamente pequeñas puede modificar por completo el equilibrio territorial y productivo.
Críticas al “silencio administrativo”
Otro de los puntos que objetó fue el mecanismo previsto en el proyecto para habilitar operaciones mediante el denominado silencio administrativo positivo.
Según explicó, la norma terminaría delegando en los gobernadores la responsabilidad política de impedir o permitir la venta de tierras.
“Va a depender de la voluntad de un gobernador si deja una hoja guardada durante seis meses y la tierra es vendida porque no hubo una respuesta”, advirtió.
Para Herrera Ahuad, esa herramienta genera un escenario de enorme incertidumbre institucional y debilita los mecanismos de control sobre operaciones que pueden afectar recursos estratégicos.
“No me permito estar del lado de quien le saque la tierra”
El cierre de su intervención estuvo cargado de contenido político y emocional. Recordó que uno de los momentos más importantes de su gestión como gobernador fue entregar títulos de propiedad a colonos misioneros.
“Si hubo uno de los momentos más felices de mi vida como político fue poder entregar un título de propiedad a un colono para que sea dueño de su propia tierra”, expresó.
Y concluyó con una frase que sintetizó su posición frente a la reforma: “Yo no me permito estar del lado de quien se la va a sacar”.
Las declaraciones de Herrera Ahuad se suman al amplio rechazo institucional que la iniciativa genera en Misiones. En las últimas semanas se pronunciaron en contra el gobernador Hugo Passalacqua, intendentes, legisladores, organizaciones rurales, representantes de la Iglesia y entidades empresarias, que consideran que la reforma pone en riesgo el modelo de colonización, la soberanía territorial y el desarrollo productivo de una de las provincias con mayor porcentaje de pequeños productores del país.
En la antesala de una de las sesiones más sensibles para las provincias de frontera, un amplio grupo de ex diputados de Misiones hizo pública una declaración conjunta en rechazo al proyecto que impulsa cambios en la Ley Nacional 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El pronunciamiento se conoce apenas horas antes del debate previsto en el Senado y suma una nueva señal de resistencia política desde la provincia frente a una iniciativa que el oficialismo nacional busca convertir en ley.
El documento firmado por el también los ex vicegobernadores Sandra Giménez y Pablo Tschirsch, además del radical Germán Bordón, sostiene que la normativa vigente constituye una herramienta central para la defensa de la soberanía nacional y la preservación del patrimonio territorial argentino. Los firmantes afirman que modificar ese régimen implicaría debilitar una política de Estado orientada a proteger recursos estratégicos como la tierra, el agua, los bosques y la biodiversidad.
La declaración adquiere especial peso político por la diversidad de dirigentes que la suscriben. Se trata de ex legisladores de distintas etapas institucionales, procedencias partidarias y regiones de la provincia, que coinciden en advertir que la flexibilización de los límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales podría acelerar procesos de concentración, afectar a las economías regionales y comprometer la planificación territorial.
Ley de Tierras Rurales
65 ex diputados misioneros rechazaron la reforma
El documento fue presentado en la antesala del debate en el Senado
y reclama mantener vigente la Ley 26.737 para preservar la soberanía
sobre la tierra, los recursos naturales y el patrimonio territorial
argentino.
65
Ex legisladores firmantes
Blanca Estela Acosta
Noelia Leyria
Mónica Alustiza
Mario Lindemann
Juan Carlos Agulla
Miguel López
Soledad Balán
Timoteo Llera
Ramón Antonio Balguenet
Ricardo Maciel
María Cristina Bandera
Griselda Elizabeth Martínez
Lidia Angélica Batista
Horacio Alberto Mielniczuk
Julio César Barreto
Ángel Miguel Molina
Antonio Barrios
Sandra Montiel
Horacio Humberto Blodek
Ignacio Ricardo Nemeth
Aníbal Bogel
Néstor Joaquín Ortega
Germán Bordón
María Graciela Pereyra Pigerl
Miriam Irene Bosch
Elsa Fabiana Perié
Daniel Orlando Briñocoli
Miriam Mabel Pezoa
Mabel Cáceres
Ana María Puerta
María Elva Chaparro
María Inés Rebollo
María Gloria Delgado
Ricardo Daniel Roa
Mariano Díaz
Celia Saraceni
Daniel Domínguez
Jorge Eduardo Sartori
Ricardo Donicelli Barto
José Bautista Schiro
Myriam Duarte
Edmundo Ramón Soria Vieta
Raúl Andrés Flach
Pablo Tschirsch
Mirta Ofelia Foley
María Elsa Urbina
Virgilio Fontana
Suzel Vaider
Jorge Daniel Franco
Irma Vázquez
Rossana Marlí Franco
Mario Ramón Vialey
Elsa Irene Garayo
Gustavo Alfredo Weirich
Orlando Gil Navarro
Sandra Giménez
Silvana Andrea Giménez
Ana Lucía Gryceniuk
Teresa Eloina Gunther
Celia Guiliani
Pablo Hulet
María del Carmen Liliana Irrazábal
José Exequiel Jenssen
Emilio Kakubur
Luis Kornuta
El documento pone el foco particularmente en Misiones. Sostiene que, por tratarse de una provincia fronteriza, con una de las mayores reservas de biodiversidad del país y una importante disponibilidad de recursos hídricos, cualquier debilitamiento del régimen vigente tendría consecuencias especialmente sensibles. Para los ex diputados, mantener los límites establecidos por la ley vigente constituye una garantía para evitar que decisiones sobre áreas estratégicas queden condicionadas por intereses ajenos al desarrollo provincial y nacional.
El posicionamiento se suma a una cadena de rechazos institucionales que en las últimas semanas incluyó al gobernador Hugo Passalacqua, a los senadores nacionales por Misiones, intendentes, entidades empresarias, organizaciones rurales y sectores sociales que alertaron sobre el impacto que tendría la reforma en una provincia donde cerca del 90% del territorio limita con Brasil y Paraguay.
La discusión en la Cámara Alta aparece así atravesada no solo por diferencias jurídicas, sino también por una fuerte disputa política sobre el concepto de soberanía territorial. En Misiones, donde la propiedad de la tierra siempre ocupó un lugar central en la agenda pública, el debate volvió a reunir a referentes de distintas generaciones en una posición común.
