La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por Julia Strada, convocó este martes a una reunión informativa en la que trabajadores despedidos, empresarios y representantes de diferentes sectores de la economía productiva dieron su testimonio sobre la situación actual. La jornada puso en evidencia que la apertura importadora y el abandono del Estado. Son vidas de personas y familias de carne y hueso que están al límite.
Strada abrió la reunión remarcando la urgencia del debate: “El gobierno de Milei quiere cerrar el Congreso. Niegan la realidad. Nosotros hacemos lo opuesto, queremos legislar para que esta crisis no se lleve puesta a la gente”.
El primero en tomar la palabra fue Ezequiel Centurión, trabajador despedido de Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento, que describió una situación de urgencia extrema: “No se cobró ninguna quincena del mes de julio, ninguna del mes de agosto ni de septiembre. La gente ya no está comiendo”.
José Barbara, también de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, trazó una comparación que sintetiza el estado de ánimo de muchos: “Hemos pasado la crisis de 2001 y nunca hubo problemas y ahora, el señor presidente entró y en dos años y medio yo quedé sin trabajo”.
Víctor Ávalos, trabajador despedido WADE (Buenos Aires) completó el cuadro con una imagen que se repite en cada rincón del país: “Todos están haciendo Didi, Uber. Salís a la calle, prendés la aplicación y hay 70 autos alrededor. Mi hermano está haciendo un viaje por $3.000”.
Joel Mujica, despedido de Granja Tres Arroyos WADE de San Miguel del Monte, puso el foco en la deuda que se acumula cuando el trabajo desaparece: “Me estoy atrasando en todas las deudas. No sé cómo seguir sosteniendo el pago del colegio de mi hijo. Pero la deuda se va acrecentando y no creo que sea mi único caso”.
Sergio Talenti, empresario de Jorsa Argentina en San Martín, identificó las consecuencias de la apertura importadora: “El amortiguador del Gol, a nosotros, la materia prima nos cuesta $38.000, mientras que lo recibimos final desde China por $17.000. Es imposible que podamos competir”.
Gabriela Diaz, trabajadora despedida de Expreso Brío de Rosario, rechazó el relato de que la crisis es consecuencia de malas decisiones individuales: “Estoy endeudada no por comprarme un televisor para el mundial. Estoy endeudada porque me dejaron de pagar. Estoy en la crisis de este país, que yo no la provoqué”.
Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Sarandí, llegó con pruebas concretas de competencia desleal: “Tenemos una medida antidumping contra China que vence a fin de año. Hemos presentado todas las pruebas donde se demuestra que un calzado chino llega a la Argentina en situación de dumping y no parece haber voluntad de renovarlo. Quieren destruir la industria, es imposible competir en esas condiciones”.
Raúl Javier Amil, empresario del sector autopartista de San Martín, midió las consecuencias comparando con lo que sucede del otro lado de la frontera: “Las terminales que operan en Brasil anunciaron inversiones por USD 20.000 millones mientras que en Argentina solamente por mil y pico millones de dólares”.
Germán Pucheta, trabajador despedido de la textil Emilio Alal de Goya, Corrientes, llevó el testimonio más duro de la jornada: “A la gente le duele la panza porque tiene hambre. La gente tiene hambre, no tiene para comer. Un compañero mío, 64 años, poquito faltó para jubilarse y se terminó quitándose la vida por esto”.
Ezequiel Agüero, dueño de la parrilla Los Agüero en Berazategui que recientemente publicó para 14 puestos de trabajo y se presentaron 1.500 personas, graficó la situación con una escena que resume todo: “Cuando viene un tornero y le preguntas ¿por qué puesto venís a postularte? y te dice por el que sea, te das cuenta qué mal que estuvo nuestro país”.
Federico Soromello, trabajador despedido de la fábrica de caucho de Pampa Energía (Puerto Gral. San Martín, Santa Fe), describió la transformación de una zona que supo ser sinónimo de producción: “Venimos del cordón industrial, pero de industrial está quedando poco. Están cerrando y cerrando empresas. Lo único que queremos es que la empresa no se desmantele. Se está haciendo insostenible”.
Marcelo Barrionuevo, trabajador despedido de Ilva de Pilar, resumió en una frase lo que muchos en la sala querían decir: “Llevamos 387 días de conflicto. Con este modelo están destruyendo industrias, están destruyendo familias. Vengo en representación de 300 familias que no damos más”.
Gabriel Corigliano, empresario textil de Mom Sports de San Martín, señaló que el problema no es de competitividad sino de reglas del juego: “El consumo está hecho un desastre y la competencia desleal con las importaciones. Entra todo muy barato con reglas diferentes a las nuestras. Porque vienen todos los productos subvencionados de China”.
Claudio Gómez, ex trabajador de UnionBat de Gualeguaychú, puso en números lo que significa perder el empleo en una ciudad pequeña: “Los trabajadores están sin su plata de indemnización, sin su sueldo del mes de julio y tenemos 100 personas en Gualeguaychú andando de Uber que se están chocando entre ellos”.
Gustavo Melgarejo, trabajador despedido de Dass calzado en Eldorado, Misiones interpeló directamente a los legisladores del oficialismo “Los invito a que vengan a Misiones y me digan a dónde están los puestos de trabajo. De los 14 millones que sacaron de la pobreza, aparte de Adorni, a dónde está el resto”.
La reunión se desarrolló en un escenario de profunda crisis del sector industrial. Desde la asunción de Milei, el país perdió 249.220 puestos de trabajo privados, de los cuales 105.136 corresponden al empleo industrial. En el mismo período cerraron 4.158 empresas industriales -una caída del 8,4%- y la capacidad instalada se ubica en 58,2%, operando 7,5 puntos por debajo del promedio registrado antes de la gestión actual. A eso se suma un aluvión importador de bienes de consumo que acumuló USD 11.376 millones en los últimos doce meses, compitiendo de manera desleal con la producción local, mientras los salarios registrados se ubican 8,2% por debajo de noviembre de 2023.
Para finalizar, diputados de Unión por la Patria expusieron los proyectos que impulsan para lograr tratamiento legislativo, a pesar de que estén cerradas las Comisiones permanentes de Legislación del Trabajo, Industria y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por LLA y aliados.
Desde UxP se impulsa la emergencia del sector agro industrial avícola por el caso de Tres Arroyos y que los trabajadores despedidos puedan cobrar REPRO por seis meses, prorrogable por otros seis meses más. También el Bloque de Unión por la Patria busca aprobar la emergencia Pyme y limitar la indiscriminada apertura importadora, reponiendo medidas antidumping y protegiendo la industria mano de obra intensiva.
