YPF y Repsol alcanzaron un acuerdo para poner fin a la demanda por contaminación ambiental

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Ambas firmas pagarían más de U$S500 millones para cerrar un millonario litigio por contaminación ambiental que provocó la petrolera estadounidense Maxus, antes de que la firma fuera adquirida por la empresa argentina en la década del 90.

YPF y Repsol se comprometieron a abonar al Fideicomiso de Liquidación de Maxus una cifra de US$ 575 millones; US$ 287,5 millones cada uno, lo que corresponde al 2% de lo que se debería pagar en primera instancia, sin que ninguna de las dos empresas “admita responsabilidad alguna” sobre el litigio. Este acuerdo, permite a la petrolera controlada por el Estado resolver el conflicto que recurrentemente complicaba su agenda internacional, generando recepciones positivas en la industria de Oil&Gas.

Miguel Galuccio, ex presidente y CEO de YPF, señaló que “este paso permitirá a la compañía enfocarse íntegramente en el crecimiento de la producción y en el desarrollo de sus activos estratégicos”.

“Este hecho fundamental para la resolución de este litigio que llevó muchos años es una noticia relevante y muy trascendente para YPF y por ende, para el país”, agregó el directivo, fundador y CEO de Vista, uno de los players más activos en la puesta en valor de Vaca Muerta.

“Este entendimiento conlleva tranquilidad para los accionistas, empleados e inversores de YPF, quienes deben seguir apostando por el crecimiento de nuestra empresa de bandera que repercute de manera positiva y determinante en el resto de la industria energética del país”, concluyó Galuccio.

El origen del litigio:

YPF adquirió Maxus en 1995, durante la gestión de José Estenssoro, con la intención de expandirse en Estados Unidos, aunque finalmente no lo hizo. Al poco tiempo se supo que la empresa tenía demandas por contaminación ambiental desde hacía varias décadas.

La causa se había originado cuando Chemicals, una subsidiaria de la empresa estadounidense Maxus, fue acusada de contaminar con dioxin, el “agente naranja” usado en la guerra de Vietnam, el río Passaic y la bahía de Newark, en el estado de Nueva Jersey, durante las décadas de 1950 y 1960.

En 1986 Maxus vendió Chemicals a una subsidiaria de Occidental Petroleum, asumiendo indemnizar a esta última por los pasivos ambientales eventuales que Chemicals hubiera provocado. En 1995 YPF compró Maxus sin el debido proceso de cotejar si la compañía estaba en orden, si tenía juicios o deudas pendientes, y en 2005 el estado de Nueva Jersey demandó a Maxus, Occidental, Repsol e YPF por presunta contaminación.

En 2011 un tribunal de Nueva Jersey declaró que Occidental y Maxus debían remediar los daños ambientales. Occidental trasladó legalmente toda la responsabilidad a Maxus y, como “alter ego”, a YPF y a Repsol, entonces controlante de la petrolera argentina. Este riesgo no fue evaluado cuando se decidió la estatización de la firma en 2012.

En 2016, bajo la gestión de Miguel Gutiérrez, YPF presentó a Maxus en concurso preventivo de quiebra y propuso crear un fideicomiso con US$ 130 millones para cualquier contingencia que pudiera ocurrir con los acreedores, pero la propuesta fue rechazada.

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