Caso Kiczka: los fiscales anticipan un juicio inédito en Misiones

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El próximo 31 de marzo comenzará en Misiones el juicio contra el exdiputado provincial Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de delitos vinculados al abuso sexual infantil. La magnitud del caso ha llevado a la designación de dos fiscales, Martín Rau y Vladimir Glinka, una decisión inédita en la provincia, pero prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ambos funcionarios fueron entrevistados en el programa El Periodista, que se emite por Canal 12. La fiscalía sostiene que Germán Kiczka está imputado por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que Sebastián enfrenta una acusación adicional por abuso sexual simple contra una niña de Misiones

En total, la causa involucra 67 testigos y un volumen considerable de evidencia digital, lo que explica la duración del juicio, estimada en al menos dos semanas y media, un período que supera la media en procesos similares.

Dos fiscales, un caso disruptivo

“Esta es la primera vez que se designan dos fiscales en Misiones para un juicio, pero no es una medida excepcional ni improvisada para esta causa”, explicó el fiscal Glinka. “Es una facultad del Procurador General, que ha impulsado un Ministerio Público técnico y sólido, que trabaje en equipo”.

El caso presenta un volumen inédito de evidencia digital, lo que justifica la intervención de dos fiscales. “No estamos ante un expediente tradicional en papel. La cantidad de material incautado en dispositivos electrónicos es muy grande y requiere un análisis minucioso”, detalló el fiscal Rau. “Secuestrar una computadora es muy diferente a secuestrar un arma. Hay protocolos estrictos para garantizar la legalidad de la prueba”.

Las pruebas y la estrategia del juicio

La fiscalía enfrentará un desafío técnico y jurídico complejo. “No se trata solo de demostrar la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, sino también de analizar cómo operaba esta red, de dónde provenían los archivos y si se puede identificar a las víctimas”, señalaron los fiscales.

En el caso de Sebastián Kiczka, se suma la acusación de abuso sexual simple, que involucra “tocamientos a una niña en Misiones”, según la carátula de la causa. “No solo estamos frente a un delito digital, sino que también hay un hecho de abuso presencial”, subrayaron.

El tribunal deberá evaluar testimonios, pericias digitales y pruebas forenses. “Nuestro trabajo es demostrar, con la mayor claridad posible, que hubo un accionar delictivo y persuadir al tribunal con pruebas sólidas”, explicó Rau.

El impacto social y la mirada de la justicia

El caso Kiczka ha generado un fuerte impacto en la sociedad, no solo por la gravedad de los delitos, sino porque el principal acusado fue un representante electo por la ciudadanía. “La gente confió en él con su voto, y encontrarse con estas pruebas fue un shock”, admitió Glinka.

Sin embargo, los fiscales insisten en que el foco debe estar en la justicia y no en el cargo político del acusado. “Lo importante es que la justicia actúe con rapidez y eficacia. No se trata de quién era Kiczka, sino de que cualquier persona que cometa este tipo de delitos enfrente las consecuencias”, afirmó Rau.

Además, remarcaron que este caso es solo la punta del iceberg de una problemática en crecimiento. “Después de la pandemia, los delitos de abuso infantil en entornos digitales se dispararon”, advirtió Glinka. “La sociedad debe entender que la pedofilia está mucho más cerca de lo que imaginamos”.

Expectativas para el juicio

El debate oral se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Aún no está definido si será de acceso público o si se permitirá la presencia de la prensa. “La decisión final la tomará el tribunal”, explicaron.

El juicio comenzará con la lectura de la acusación fiscal y continuará con la declaración de testigos y la exposición de pruebas digitales. “Nada está escrito, todo se resuelve en el momento. Puede haber sorpresas, nuevos testimonios y elementos que cambien la dinámica del juicio”, anticipó Rau.

Para los fiscales, la sentencia que se dicte marcará un precedente clave en la lucha contra los delitos de abuso sexual infantil en Misiones. “Este caso nos ha abierto los ojos como sociedad. Ahora nos toca demostrar que la justicia está a la altura del desafío”.

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Ricardo Barrios Arrechea sobre el gobierno de Milei: ‘En el cuarto año se termina’

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Mientras que el radicalismo misionero se esmera en hacer buena letra para ser admitido en una alianza con la Libertad Avanza, el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea fue lapidario con Javier Milei y le puso fecha de caducidad a su gestión. “A los cuatro años se termina”, advirtió. 

Barrios Arrechea realizó un análisis crítico del modelo económico implementado por Milei y su impacto en las economías regionales, particularmente en el sector yerbatero. En una extensa conversación, destacó que las medidas de desregulación impuestas desde el Gobierno nacional han generado una situación de incertidumbre y crisis entre los productores, y vaticinó que la administración libertaria no podrá sostenerse más allá del mandato constitucional.

“Este gobierno tiene cuatro años, pero creo que en el cuarto año se terminó”, afirmó con contundencia Barrios Arrechea, dejando entrever que el modelo motosierra enfrenta una resistencia creciente y podría no lograr continuidad. “Es un Gobierno que está haciendo algunas cosas buenas, que hay que reconocerle, pero en general está dañando mucho al sector productivo. Sobre todo, a las economías regionales que no tienen nada que ver con la Pampa Húmeda”, agregó.

En el contexto de la crisis yerbatera, el exmandatario misionero señaló que la política de desregulación aplicada por el Ejecutivo nacional ha sido un golpe letal para los pequeños productores. “Lo que está ocurriendo no es un problema meramente económico, sino también social. Estamos hablando de 25.000 familias que dependen directamente de la yerba mate. No se puede pretender reconvertir la actividad como si se tratara de cualquier otro negocio. ¿Qué va a hacer un yerbatero? ¿Topar el yerbal y plantar soja?”.

Barrios Arrechea también cuestionó la actitud del Gobierno frente a la protesta yerbatera, afirmando que la postura intransigente de la administración Milei profundiza el conflicto en lugar de resolverlo. “Hay una terquedad de no querer escuchar, de no querer atender la demanda de la zona productiva. Este es un mercado absolutamente desigual, una competencia imperfecta, y lo que está ocurriendo con los precios es un abuso de posición dominante de los molinos”, señaló.

Sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), despojado de sus facultades regulatorias por un decreto de Milei, Barrios Arrechea sostuvo que su recuperación no se logrará a corto plazo, dada la postura del Gobierno nacional. “El INYM no se va a recuperar en lo inmediato. Este Gobierno tiene cuatro años, pero ya está hipotecando su futuro con medidas que golpean a los sectores más vulnerables de la producción”, afirmó.

Además, el exgobernador radical comparó la situación actual con la década de los 90 y sostuvo que el panorama actual es incluso peor. “En los 90, por lo menos existía cierta conciencia de que no se podía llevar todo por delante. Ahora hay una voluntad manifiesta de eliminar al pequeño productor. Como estos son teóricos de la economía y no tienen la menor idea de lo que es una planta de yerba mate, van en contra de los sectores que sostienen el empleo en el interior”.

Finalmente, Barrios Arrechea advirtió que el sector yerbatero necesita unirse y tomar medidas por cuenta propia para enfrentar la crisis, ya que no pueden esperar soluciones desde el Gobierno nacional. “El poder está en la chacra”, recordó, citando una de las consignas que ha tomado fuerza en el ámbito productivo. En este sentido, insistió en la necesidad de aplicar una “cosecha por goteo”, limitando la oferta de hoja verde para forzar un aumento en los precios.

Las declaraciones de Barrios Arrechea reflejan un malestar creciente dentro del sector productivo de Misiones ante la falta de respuestas del gobierno de Milei. Con una protesta que sigue firme y una crisis que se profundiza, la pulseada entre productores y molinos está lejos de resolverse, mientras la incertidumbre sobre el futuro de la actividad yerbatera persiste.

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La Industria faltó a la cita y se extienden las negociaciones por el precio de la yerba

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Misiones convocó a la Mesa Yerbatera Permanente con el objetivo de consensuar un precio y respaldar la posición histórica de que la hoja verde debe valer 50 centavos de dólar. Este apoyo reafirma el compromiso de la Provincia por equilibrar la cadena productiva y asegurar condiciones más justas para los pequeños productores.

El Gobierno trabaja en una nueva iniciativa que busca implementar un sistema de trazabilidad para transparentar la cadena productiva y garantizar un precio de 50 centavos de dólar para los productores. Este mecanismo, desarrollado en conjunto con organismos estatales, busca proteger a los pequeños productores frente a la desregulación impuesta por la Nación. Se sumará a otras herramientas para estimular la compra de materia prima a un valor mayor que el que hoy ofrece la industria. 

La producción pide un precio de 462 pesos, mientras que hoy la industria ofrece 260. En Corrientes, únicamente Playadito está pagando 380 a sus socios, pero cien pesos menos a los no socios. En Misiones el promedio es 260 y a plazos. 

En la cadena, el productor se queda con menos del quince por ciento del valor en góndola. A un promedio de 5.000 pesos, pagarles a los productores 450 pesos por kilo no representaría una dificultad significativa, pero todos los eslabones deberían resignar partes: a salida de molino la yerba está en unos 2000 pesos, de acuerdo a la marca.

Las ganancias principales se quedan por lo tanto, en los últimos escalones, entre la industria y los supermercadistas, que compiten con una guerra de ofertas que perjudica a la producción. 

Hace alrededor de siete meses, se viralizó la imagen de Milei tomando mate en la Sociedad Rural. Para ese entonces, ya había entrado en vigencia el DNU 70/2023, una medida nacional que despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de sus facultades y desreguló el sector.

Desde la implementación de este decreto, los productores yerbateros han enfrentado enormes dificultades. La falta de regulación no ha hecho más que profundizar las penurias en el sector, donde el esfuerzo de los que trabajan la tierra vale cada vez menos frente a un sistema que favorece a ciertos grupos de la cadena.

Los colonos manifiestan su arrepentimiento por haber optado por un sistema de libre mercado, reconociendo las consecuencias negativas que ha traído para el sector.

El gobernador Hugo Passalacqua reafirmó la dedicación de la provincia con los productores. “Siempre estaremos al lado de los que producen, de los 13.000 productores agropecuarios yerbateros que hay en la provincia. Siempre nos van a tener a su lado, aunque hoy estemos con escasísimas herramientas”, declaró. 

Esto se suma a una política que Misiones ha mantenido durante más de una década: la Provincia exime del pago de Ingresos Brutos a la producción primaria, mientras que el sector industrial, que incluye secaderos y molinos, abona una alícuota del 1,5% en concepto de este impuesto. 

Sin lugar a dudas, esta medida respalda a los pequeños productores y evidencia que los bajos precios no son consecuencia de los impuestos provinciales, sino del modelo de “libre mercado” implementado por el Gobierno Nacional.

La provincia también ha impulsado la convocatoria de legisladores nacionales por Misiones a una reunión en Buenos Aires en abril. El objetivo es exponer la urgencia de medidas de apoyo a nivel nacional y presentar un proyecto que garantice condiciones justas para la producción de yerba mate en el contexto actual de desregulación.

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ARCA informó la cantidad máxima de dólares que puede depositar un monotributista

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ARCA estableció normativas para los depósitos en dólares de los monotributistas. Conocé los montos permitidos y cómo evitar inconvenientes con el fisco.

ARCA no impone un techo máximo para los depósitos en dólares, pero sí monitorea que los montos ingresados sean coherentes con los ingresos declarados por el contribuyente. Cualquier operación que supere significativamente los haberes registrados podría derivar en una revisión por parte del fisco.

Los bancos también llevan adelante controles sobre el comportamiento financiero de sus clientes. Por ejemplo, si un monotributista adquiere regularmente unos 2.000 dólares al mes, es probable que pueda depositar hasta 10.000 dólares sin levantar alertas. En cambio, quienes realizan compras menores, como 100 dólares por mes podrían enfrentar requisitos adicionales si intentan depositar sumas significativamente mayores sin una explicación válida.

Cómo calcular el límite de depósito de dólares

Para los depósitos en moneda local, ARCA establece que los contribuyentes pueden ingresar hasta $200.000 mensuales sin necesidad de justificar el origen de los fondos. En el caso de los dólares, el límite equivalente se calcula según la cotización oficial del día de la operación.

Cuando se requiera justificar el origen de los fondos, los monotributistas deberán presentar documentación respaldatoria, como facturas emitidas, comprobantes de compra en mercados regulados, escrituras de venta de bienes, testamento o certificados de donación.

Opciones para realizar los depósitos

Los dólares pueden ingresarse a través de dos vías principales: los cajeros automáticos o las sucursales bancarias. En el primer caso, el usuario debe seleccionar la opción “depósito”, elegir la cuenta en dólares e ingresar los billetes. En el segundo, se recomienda acudir a la sucursal asignada para evitar costos adicionales, llevando el DNI y el dinero a depositar.

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Súper IVA: cómo es la propuesta que analizan Milei y Caputo para unificar impuestos de Nación y provincias

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Fue un proyecto de la Fundación Mediterránea, que implica un tributo único para las ventas que haga converger en una sola tasa al IVA nacional, Ingresos Brutos y tasas municipales. El Gobierno aún trabaja en una reforma tributaria para enviar al Congreso

En paralelo a la idea de reforma tributaria que el Gobierno anunció que elabora para eliminar la mayor parte de los impuestos que tienen un peso marginal en la recaudación, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo recibieron una propuesta de un influyente centro de estudios económicos para implementar un único impuesto a las ventas que unifique IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales pero que requerirá un amplio consenso con gobernadores.

Es un esquema que fue bautizado informalmente como un “Súper IVA”, con una alícuota a determinar, pero que tiene que contemplar que una parte de ese ingreso debería ser coparticipado a provincias y, a su vez, desde ellas hacia los municipios. Se trata de una propuesta inspirada en un ejemplo reciente en Brasil y en un ensayo con pequeños contribuyentes en Córdoba, y que fue presentado por el presidente de la Fundación Mediterránea -y ex director de Anses durante este gobierno- Osvaldo Giordano. El intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela también empuja su discusión en público.

A grandes rasgos, la idea es comprimir el IVA, los Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales en un único impuesto que impacte en las ventas. La recaudación de ese “Súper IVA” seguiría estando a cargo del fisco nacional, que luego debería distribuir los fondos correspondientes a cada provincia. Los creadores de esa iniciativa aseguran que el objetivo es reducir la carga administrativa para los contribuyentes y mejorar la eficiencia en la recaudación. “El principal socio comercial, ante similares problemas, lo está haciendo, de lo contrario, se sumará otro factor que conspira contra la competitividad”, asegura uno de los economistas que trabajó en la propuesta.

La idea ya fue conversada por los impulsores en persona con el ministro de Economía Luis Caputo y con el presidente Javier Milei en las últimas semanas. El jefe de Estado, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo pasado, hizo referencia a esa iniciativa, a la que mencionó como la puerta de entrada a un sistema de “competencia fiscal” entre provincias, que busquen ofrecer alícuotas reducidas para conseguir la concreción de inversiones privadas.

Eso se explica en que una modificación de esa naturaleza al sistema tributario no podría provenir de una reforma en la que solo operen cambios en los impuestos nacionales, sino que tendría que estar contemplada en una discusión integral sobre la ley de coparticipación.

“El presidente está de acuerdo con devolver a las provincias potestades tributarias y que se debata qué servicios tiene que brindar cada nivel de Estado”, resumió un interlocutor habitual del mandatario. Una tesis que sostienen Giordano y Valenzuela, al interpretar la letra del artículo 75 de la Constitución nacional, es que para un cambio de estas características no se necesita el aval unánime de las provincias sino de la mayoría.

En paralelo, el Gobierno sigue trabajando en una reforma impositiva, aunque los tiempos políticos podrían retrasar su tratamiento en el Congreso al menos hasta después de las elecciones legislativas. El Ministerio de Economía aún define los aspectos técnicos de la reforma, a cargo de un grupo de funcionarios del Palacio de Hacienda, con consultas a especialistas en tributación de estudios privados. En el ámbito oficial sostienen que la decisión sobre el momento de presentación ante el Congreso no corresponde a Economía, sino a la Casa Rosada.

No es la primera vez que el equipo económico plantea una medida de este tipo. A comienzos de año, el Poder Ejecutivo había considerado enviar un proyecto en esta línea al Congreso en 2024, pero decidió postergarlo para este año. El proyecto de Presupuesto 2025, luego descartado, mencionaba la “revisión de esquemas tributarios y la eliminación de imposiciones que distorsionan el mercado, fomentando así la competitividad y facilitando la inversión privada”.

Durante la discusión del Presupuesto 2025, el Gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen para las empresas que ingresen al RIGI. Una de las ideas en evaluación es reducir la cantidad de impuestos sin afectar significativamente la recaudación, priorizando la eliminación de tributos de bajo impacto fiscal. También se mencionó la posibilidad de reducir en 90% la cantidad de impuestos que conforman el sistema tributario.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal analizó el nivel de concentración que hay en el sistema tributario argentino entre la Nación, provincias y municipios. “La recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos”, mencionaron en un informe publicado este año tras analizar todo el entramado tributario en los tres niveles.

“Considerando la recaudación de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina”, continuó.

“Si a los 6 tributos mencionados se le agregan el impuesto PAIS, los Derechos de Importación, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH) e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 92% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal”, indicó el centro de estudios que preside Nadin Argañaraz.

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