Eutanasia en Uruguay: Diputados dan luz verde y esperan definición del Senado
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este miércoles, tras un extenso debate, un proyecto de ley que establece un marco legal para la eutanasia y el suicidio asistido en casos de enfermedades terminales o padecimientos insoportables. Con 64 votos a favor y 29 en contra, la iniciativa quedó lista para su tratamiento en el Senado, que podría convertir a Uruguay en el tercer país de América Latina en habilitar el procedimiento, después de Colombia y Ecuador.
La discusión sobre la eutanasia en Uruguay no es nueva. Formalmente se inició en 2019, pero la primera propuesta con posibilidades reales de avanzar surgió en 2022, cuando el Senado la rechazó. La aprobación en la cámara baja representa un cambio de escenario político y social: hoy existe un respaldo parlamentario transversal y un fuerte consenso ciudadano.
Según una encuesta de Factum de 2022, el 77% de los uruguayos apoya la legalización en circunstancias específicas, lo que refuerza la viabilidad del proyecto en la etapa final de debate legislativo.
El texto aprobado reconoce el “derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir” y establece que la eutanasia deberá garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa”.
Podrán solicitarla:
- Personas mayores de edad con plena capacidad psíquica.
- Pacientes en etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible.
- Quienes padezcan dolores físicos o psíquicos considerados insoportables.
El procedimiento requerirá la aprobación de al menos dos médicos y solo estará disponible para ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada. La ley también mantiene excluidas las solicitudes que no cumplan con los criterios médicos y éticos establecidos.
Posición de los legisladores: autonomía y garantías
“El debate sobre la muerte asistida no es nuevo, pero esta vez la sociedad y el Parlamento han avanzado en reconocerlo como un derecho”, afirmó en la sesión el diputado Luis Enrique Gallo (Frente Amplio), uno de los impulsores. “Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida”, remarcó.
La iniciativa recibió el respaldo del Frente Amplio y de sectores de la oposición, y su articulado fue consensuado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en julio de 2025. El oficialismo anunció que intentará someterla a votación en el Senado antes de fin de año.
Desde 2013, Uruguay reconoce el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal. La aprobación de esta ley implicaría una reforma sustancial en la política sanitaria y penal.
En América Latina, Colombia reguló la eutanasia en 1997, consolidándola a través de fallos judiciales y protocolos médicos. Ecuador la despenalizó en 2023 mediante un fallo de la Corte Constitucional, aunque su aplicación efectiva aún no comenzó. A nivel global, países como Bélgica, Países Bajos, España, Canadá y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos cuentan con marcos legales para la eutanasia o el suicidio asistido.
De ser aprobada en el Senado, Uruguay se posicionaría como referente regional en derechos individuales y bioética, generando un precedente que podría influir en el debate legislativo de otros países. La alta aceptación social anticipa un impacto político positivo para el oficialismo y sectores progresistas, aunque también abre un frente de discusión con grupos religiosos y organizaciones que rechazan el procedimiento por razones éticas.
El desafío para su implementación radicará en definir protocolos médicos claros, capacitaciones específicas y mecanismos de control, para garantizar que la ley se aplique con transparencia y sin abusos.
