Mes: octubre 2025

Récord histórico: el agro liquidó US$ 7.100 millones en septiembre

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La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan cerca del 48% de las exportaciones nacionales, informaron que en septiembre las empresas del sector liquidaron US$ 7.107 millones

La cifra marca un salto del 187% en comparación con el mismo mes de 2024 y un incremento del 291% respecto de agosto de este año, con un acumulado anual que ya supera en 35% al registrado entre enero y septiembre del año pasado.

Impacto del Decreto 682/2025

El fuerte ingreso de divisas estuvo impulsado por la aplicación del Decreto 682/2025, que suspendió de forma temporal los derechos de exportación al complejo cerealero-oleaginoso hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los US$ 7.000 millones en registros de contratos de exportación mediante las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVEs).

La normativa obligó a las empresas a ingresar el 90% del valor de cada contrato en un plazo máximo de 3 días hábiles, lo que generó un fuerte adelanto en la liquidación. De acuerdo con las entidades, esta dinámica permitió sostener la compra de granos a productores locales “al mejor precio posible”.

Cómo funciona el mecanismo de liquidación

En el esquema habitual, la liquidación de divisas se anticipa entre 30 días en el caso de exportación de granos y hasta 90 días en aceites y harinas proteicas, por lo que la operatoria de septiembre no implicó retrasos, sino un adelantamiento de ingresos.

CIARA-CEC destacó que las estadísticas de liquidación deben leerse con cautela, ya que dependen de factores externos como los precios internacionales, las condiciones climáticas, el volumen y calidad de las cosechas, las barreras arancelarias y fitosanitarias, así como de medidas sindicales o cambios regulatorios que puedan incidir en el comercio.

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Gobierno prorrogó por 10 años las concesiones de transporte de YPF

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El Gobierno prorrogó concesiones de transporte de YPF por 10 años con un plan de inversiones de USD 364 millones

El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 698/2025, la prórroga por diez años de las concesiones de transporte de oleoductos y poliductos operados por YPF S.A., que atraviesan seis provincias y totalizan unos 3.000 kilómetros de extensión. La medida, que regirá desde noviembre de 2027, está condicionada a un ambicioso plan de inversiones de USD 364,3 millones, orientado a ampliar la capacidad de transporte, optimizar la seguridad operativa y modernizar la infraestructura.

Concesiones estratégicas y alcance territorial

Las concesiones alcanzadas incluyen los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo, además de los poliductos que conectan Luján de Cuyo con Villa Mercedes, Montecristo, San Lorenzo, Junín, La Matanza, y los tramos La Plata-Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables-La Matanza. También se incorpora el JP Ducto La Matanza-Ezeiza.

En conjunto, estas instalaciones conforman un sistema de interconexión de ductos de aproximadamente 3.000 kilómetros, que atraviesa las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, clave para el transporte de petróleo crudo y derivados desde la Cuenca Neuquina y otros centros de producción hacia refinerías y terminales de abastecimiento.

La prórroga fue solicitada por YPF en virtud del artículo 41 de la Ley 17.319, ante el vencimiento de los 35 años originales de concesión otorgados por la Ley 24.145 de federalización y privatización de hidrocarburos.

Plan de inversiones y compromisos de YPF

El decreto aprueba un Plan de Trabajo e Inversiones por USD 364,3 millones para el período 2027-2037, con el siguiente desglose:

  • Ampliación de capacidad de transporte: USD 13,3 millones
  • Optimización de sistemas de transporte: USD 91,7 millones
  • Seguridad operativa: USD 162,4 millones
  • Actualización y automatismo de válvulas: USD 24,6 millones
  • Overhaul de motores y bombas: USD 24,9 millones
  • Ampliación del sistema de protección catódica: USD 30,2 millones
  • Tecnología de inspecciones en línea (ILI): USD 17,2 millones

Adicionalmente, hasta 2027 —plazo en que vencen las concesiones vigentes— la petrolera se comprometió a invertir USD 278,1 millones, cuyo cumplimiento será auditado semestralmente por la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Secretaría de Energía.

El incumplimiento “sustancial e injustificado” de estas inversiones será causal de caducidad de las concesiones, según lo establece el artículo 80 inciso c) de la Ley 17.319.

Impacto en el sector energético y regulaciones

El decreto establece que YPF deberá permitir el acceso abierto a la capacidad de transporte no contratada o no utilizada, bajo un régimen de tarifas reguladas por la Secretaría de Energía. Asimismo, mantiene la obligación de cumplir con estudios ambientales, planes de contingencia y monitoreos periódicos, además de informar mensualmente los volúmenes transportados.

El refuerzo de la infraestructura es considerado estratégico en un contexto donde el desarrollo no convencional de Vaca Muerta requiere capacidad de evacuación adicional para evitar cuellos de botella en la producción y garantizar la provisión al mercado interno, con potencial de generar excedentes exportables.

La decisión también refleja un equilibrio entre la necesidad de inversión privada y el control estatal, que mantendrá supervisión sobre seguridad, tarifas y cumplimiento ambiental, en línea con los compromisos normativos de la Ley 17.319 y la Ley 27.742 de Bases.

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Más Dutys: Economía autorizó Zonas Francas para Posadas y Bernardo de Irigoyen

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Nadie lo esperaba en el Gobierno ni entre los empresarios. El tema había salido de la agenda hasta que hoy el Boletín Oficial trajo la novedad: en lugar de la Zona Aduanera Especial que se gestionó durante años y la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó la expansión de la Zona Franca, que ya funciona en Iguazú, a Posadas y Bernardo de Irigoyen, dos ciudades de frontera, con Paraguay y Brasil. 

La diferencia no es sólo semántica, aunque la Provincia hizo gestiones por las dos opciones. Una zona franca, como la autorizada, tiene un único concesionario -en el caso de Iguazú es el Duty Free Shop-, mientras que lo que buscaba -y sigue reclamando- la Provincia es una zona aduanera especial, con libre ingreso de mercaderías e impuestos diferenciales para exportación, con el objetivo de mejorar competitividad y que todas las ciudades puedan competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil. Incluso, cuando el ex presidente Mauricio Macri propuso un esquema similar, en el marco de las negociaciones por el artículo 10 de la ley Pymes, la Provincia insistió con el esquema general.

El gobernador Hugo Passalacqua había reactivado las gestiones el año pasado, con un documento enviado a Caputo, que terminó siendo aprobado por el ministro de Economía.

En el sector comercial recibieron la noticia con sorpresa. Un integrante de la Cámara de Comercio de Posadas reconoció que el tema ya había sido prácticamente olvidado y expresó su preocupación por la “nueva competencia” libre de impuestos que se generará para los negocios que no estén en dentro del esquema. 

La nueva norma publicada en el Boletín Oficial amplía la zona franca ya existente en Puerto Iguazú. Esa zona funciona desde 2002 bajo un concesionario y ahora, con esta disposición, se autoriza su extensión para habilitar locales también en Posadas y en Bernardo de Irigoyen

Aunque la norma busca mejorar competitividad en las ciudades de frontera -Encarnación goza una política fiscal laxa y Bernardo de Irigoyen convive con Lojas Free-, es una solución parcial a los problemas de frontera económica que sufre Misiones. Para los comercios que no entren y para las demás ciudades fronterizas, no habrá ningún beneficio directo y sumarán un nuevo competidor a las asimetrías, inflación y Shein. Es que Brasil tiene lojas free en casi todas las ciudades de frontera con Misiones, mientras que Paraguay ofrece un IVA a la mitad que en Argentina.

En contraste, se espera que en los nuevos duty se generen puestos de trabajo -en Iguazú hay 600 empleos y llegó a haber mil cuando el tipo de cambio resultó conveniente-, aumento del flujo de turistas, y productos de primera marca que estarán al acceso de todos, con un cupo de 300 dólares por persona.

La resolución del ministerio de Economía amplía la zona franca para las actividades de almacenaje, comerciales al por menor, de servicio e industriales de exportación, en las mismas condiciones que se encuentra actualmente en Puerto Iguazú. Si bien la norma no define con precisión la ubicación geográfica dentro de ambos municipios, es de esperar que la zona esté ubicada cerca de los puestos de frontera.

El concesionario actual de Puerto Iguazú (Duty Free) recibe la extensión de su concesión pero está previsto que puedan existir locales comerciales o actividades industriales dentro de la zona, a través de la figura del “Usuario”, que  son las personas de existencia ideal o visible, nacionales o extranjeras, que adquieren derecho a desarrollar actividades dentro de la Zona Franca mediante convenio con el Concesionario. 

El esquema será similar al Duty Free Shop de Iguazú: espacios donde se pueden comercializar productos importados libres de ciertos impuestos, siempre que estén ubicados dentro o en las cercanías de las zonas primarias de control aduanero, como los puentes internacionales, explicó el especialista Carlos Nunes Velloso. 

Además, la norma incluye un reglamento para empresas usuarias que quieran participar en esta expansión. Allí se detallan los requisitos, condiciones y procedimientos que deberán cumplir para operar dentro de estas unidades de zona franca.

La norma publicada en el Boletín Oficial autoriza la expansión de la Zona Franca de Puerto Iguazú hacia Posadas y Bernardo de Irigoyen. Esto significa que, bajo el mismo concesionario y reglamento, podrán instalarse recintos en esos pasos fronterizos, replicando el esquema de duty free shops y actividades autorizadas.El objetivo es equilibrar la competencia con los regímenes de las ciudades vecinas de Paraguay y Brasil, que cuentan con beneficios fiscales (como las lojas francas), y fortalecer la economía regional con base en turismo, comercio y servicios.

El Ministerio de Economía autorizó la expansión de la Zona Franca de Puerto Iguazú a los municipios de Posadas y Bernardo de Irigoyen, con el objetivo de mitigar las desventajas competitivas que enfrentan las ciudades misioneras respecto a los regímenes aduaneros vigentes en Brasil y Paraguay. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1449/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se complementa con la aprobación de un nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación para toda la zona franca provincial.

Expansión estratégica en frontera

La decisión se fundamenta en el artículo 39 de la Ley 24.331, que habilita a ampliar el espacio físico de las zonas francas cuando las circunstancias lo ameriten. En este caso, Misiones argumentó que su extensa frontera con Encarnación (Paraguay) y Dionisio Cerqueira (Brasil) la expone a regímenes comerciales más favorables en países vecinos, como las “Lojas Francas” brasileñas, donde se permite la venta minorista de productos importados sin gravámenes.

El Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Puerto Iguazú avaló la solicitud provincial, destacando que desde su inauguración el régimen mostró un impacto positivo en la economía local y en la atracción de turistas. “La medida propiciada mitigaría las consecuencias negativas derivadas de la existencia de regímenes aduaneros en países fronterizos, caracterizados por bajos aranceles de importación y exenciones tributarias”, señala el dictamen incorporado al expediente oficial.

Nuevo reglamento para la operatoria

El Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de Misiones (IF-2025-97858023-APN-SCP#MEC) establece un marco integral de reglas para las operaciones en los tres municipios. Entre los puntos centrales se dispone que:

  • Las mercaderías ingresadas estarán exentas de tributos de importación, salvo tasas por servicios efectivamente prestados.
  • Se habilitan actividades de almacenaje, servicios, comercialización e industriales, siempre que las industriales tengan destino exportador y no generen contaminación ambiental.
  • Se permitirá la venta minorista bajo control aduanero en tiendas libres destinadas a turistas que ingresen o egresen del país, respetando límites de equipaje y evitando finalidades comerciales.
  • Los usuarios de la zona franca podrán ser nacionales o extranjeros, y deberán firmar convenios con el concesionario que administre el área.
  • El Comité de Vigilancia controlará las operaciones, el cumplimiento normativo, el impacto ambiental y la transparencia en las tarifas y servicios.

Resolución 1449/2025 Ministerio de Economia by CristianMilciades

La Procuración del Tesoro de la Nación aclaró que la normativa no limita la zona franca a un espacio físico único ni exige contigüidad territorial, sino que la define como una “unidad jurídica” aplicable a distintas localizaciones dentro de una provincia. De este modo, la extensión a Posadas y Bernardo de Irigoyen respeta la letra de la ley y responde a criterios de equidad regional.

El Ministerio de Economía subrayó que la expansión busca “complementar la economía regional y potenciar el turismo”, uno de los principales motores de Misiones, al tiempo que se equilibra la competencia con los regímenes fronterizos. Para los sectores comerciales y turísticos locales, la medida representa una oportunidad de captar mayor flujo de consumidores, incrementar la oferta de bienes y diversificar actividades exportadoras.

Anexo Resolución 1449/2025 Ministerio de Economia by CristianMilciades

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Oficializan bono extraordinario previsional de $70.000

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Gobierno oficializó un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en octubre

El Poder Ejecutivo dispuso mediante el Decreto 700/2025 la entrega de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que se abonará en octubre a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas. La medida busca compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante la vigencia de la Ley de Movilidad 27.609, vigente hasta mediados de 2024.

Un refuerzo clave frente a la inflación

El decreto, firmado el 30 de septiembre de 2025, establece que el beneficio alcanzará a todas las prestaciones contributivas a cargo de ANSES, incluidas las derivadas de regímenes especiales ya derogados y de cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación. También se incluye a los beneficiarios de la PUAM y a quienes perciben pensiones por invalidez, por vejez, para madres de siete hijos o más y otras no contributivas.

El monto máximo será de $70.000, aunque variará según el nivel de ingresos de cada beneficiario:

  • Para quienes cobren el haber mínimo previsional (artículo 125 de la Ley 24.241), se otorgará el bono completo.
  • Para quienes superen ese umbral, el refuerzo cubrirá hasta alcanzar la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.
  • En el caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se reconocerá como si se tratara de un único titular.

El decreto aclara que el bono será no remunerativo, no sujeto a descuentos ni computable para ningún otro concepto.

Contexto y motivaciones de la medida

El Gobierno fundamentó la decisión en los efectos negativos de la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria, que comenzó a regir en 2021 y que, según el texto oficial, “no resguardaba el riesgo inflacionario” y generó un desfasaje entre la evolución de los precios y los haberes. Esto impactó principalmente en los jubilados y pensionados de menores ingresos.

En 2024, mediante el Decreto 274/24, se modificó la fórmula y se dispuso la actualización mensual de los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. No obstante, el Gobierno admitió que fue necesario instrumentar bonos extraordinarios desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025, que funcionaron como amortiguadores frente a la inflación.

El nuevo refuerzo se presenta como una compensación puntual, en un contexto donde el Ejecutivo insiste en la necesidad de garantizar que los adultos mayores no continúen perdiendo capacidad de compra.

La ANSES será la encargada de dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas para implementar el bono, administrar su pago y supervisar recuperos en caso de percepciones indebidas. Por su parte, la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

El bono previsional tiene un doble efecto: aliviar los ingresos de un sector vulnerable y, al mismo tiempo, implicar un esfuerzo fiscal significativo en un contexto de fuerte ajuste del gasto público. La medida podría generar expectativas positivas en los beneficiarios, pero también presiona sobre el debate político y legislativo en torno a la sostenibilidad del sistema previsional.

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El Gobierno difiere hasta noviembre la actualización de impuestos a los combustibles

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El Gobierno vuelve a postergar la suba de impuestos a los combustibles hasta noviembre

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, que posterga nuevamente la entrada en vigencia de los incrementos remanentes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, previstos en la Ley 23.966. La medida difiere los aumentos, que estaban programados para el 1° de octubre, hasta el 1° de noviembre de 2025, con el objetivo de sostener la actividad económica en un contexto de transición fiscal.

Impuestos alcanzados

El decreto modifica los plazos establecidos en el Decreto 617/2025, extendiendo hasta el 31 de octubre el período en el cual no se aplicarán los incrementos pendientes en los montos fijos de los tributos sobre nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.

Estos gravámenes surgen del Título III de la Ley 23.966 (texto ordenado 1998 y modificatorias), que regula tanto el impuesto a los combustibles líquidos como el impuesto al dióxido de carbono. Los montos, fijados en pesos por unidad de medida, se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Desde 2018, el artículo 7° del Decreto 501/2018 faculta a la entonces AFIP —hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— a disponer las actualizaciones en enero, abril, julio y octubre de cada año, pero sucesivas normas han venido difiriendo los efectos de esas subas para amortiguar su impacto inflacionario.

Impacto económico y razones de la prórroga

La decisión responde, según los fundamentos oficiales, a la necesidad de “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, evitando trasladar en el corto plazo mayores costos a los precios de los combustibles, insumo clave para la logística, el transporte y la producción.

El esquema vigente implica que las actualizaciones correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025, que debían entrar en vigor gradualmente este año, quedarán diferidas hasta noviembre. Esto supone un alivio transitorio para los consumidores y sectores productivos, pero también posterga la recomposición de la recaudación fiscal atada a estos tributos.

El Gobierno mantiene así una política de diferimiento escalonado que busca equilibrar el impacto inflacionario de los aumentos en los surtidores con la necesidad de cumplir las reglas de actualización automática previstas en la ley.

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