Día: 5 diciembre, 2025

El promedio de aumentos mensuales se ubicó en torno al 1,7% en noviembre

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Según la consultora Ecolatina, por quinto mes consecutivo, el ritmo de aumentos osciló entre el 1,6% y el 1,9%, confirmando que las paritarias se han estabilizado tras el salto inflacionario de marzo y abril. No obstante, el saldo es negativo: esta estabilización se consolidó por debajo del IPC, lo que implica que la mayoría de los gremios acumula una pérdida de poder adquisitivo en 2025. Para noviembre, los salarios promediaron un alza del 1,7%. Al contrastar esta cifra con una inflación proyectada por privados de entre el 2% y el 2,7%, se ratifica un nuevo retroceso de los ingresos en su carrera contra los precios.

En lo que respecta a los grandes gremios, actores clave como SMATA, Camioneros, Alimentación, UOCRA y Comercio ya cerraron sus paritarias y volverán a sentarse a negociar recién en 2026. El esquema muestra dispersión: el mejor ubicado es SMATA, con una recomposición del 32,6%, mientras que el resto se ubicó en torno al 22% (la UOCRA más retrasada, en el 19%). Por su parte, aquellos sectores que aún deben definir los últimos tramos seguirán la pauta general de Comercio y Camioneros, lejos de la excepción mecánica: la proyección indica que finalizarán el 2025 con aumentos promediando el 24%.

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Licitación de la Hidrovía: el Gobierno publica pliegos y comienza el proceso participativo

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) habilitó un procedimiento clave para la definición del futuro concesionario de la Vía Navegable Troncal, el corredor por donde circula cerca del 80% de las exportaciones del país. Durante diez días, sectores públicos y privados podrán presentar observaciones a los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y Bases y Condiciones Particulares, en un paso que busca otorgar mayor transparencia, solvencia técnica y participación federal al proceso licitatorio de la hidrovía.

Un procedimiento estratégico para la principal infraestructura logística del país

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) declaró abierto el Procedimiento de Observaciones Previas para los proyectos de pliegos que regirán la licitación pública nacional e internacional destinada a seleccionar al futuro concesionario responsable de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT).

La medida fue formalizada mediante la Resolución 61/2025, firmada el 4 de diciembre, y publicada en el Boletín Oficial.

La apertura del proceso se fundamenta en el artículo 9° del Anexo II del Decreto 713/2024, reglamentario del Título III de la Ley 27.742, que permite incorporar una instancia previa de observaciones para fortalecer la calidad normativa y técnica del procedimiento.

El proceso licitatorio abarca el tramo estratégico que va desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, en el punto Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata, a la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio, incluyendo los accesos por los ríos Paraná de las Palmas, Bravo, Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

El decreto destaca que la VNT aglomera cerca de 60 terminales portuarias y mueve aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas, razón por la cual el procedimiento reviste un interés estratégico para el desarrollo económico, el comercio exterior y la logística nacional.

Un nuevo proceso tras la anulación de la licitación 1/2024 y con insumos de organismos internacionales

La decisión se inscribe en un camino institucional iniciado con los Decretos 709/2024 y 3/2025, que reorganizaron las competencias del sistema portuario y fluvial. El segundo de ellos eliminó la antigua Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y dispuso la disolución de la Administración General de Puertos SAU, creando la ANPYN como su continuadora jurídica.

A partir de esa reconfiguración, la Agencia recibió la instrucción de reencauzar el proceso licitatorio que había sido anulado mediante la Resolución 7/2025, con el argumento de que debía asegurarse “una mayor concurrencia de ofertas”.

Entre febrero y abril de 2025, la ANPYN convocó una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria —aprobada por Resolución 18/2025— que reunió a usuarios, cámaras empresariales, provincias, sindicatos, universidades, organismos internacionales y puertos. El objetivo fue recopilar aportes técnicos para la elaboración de un nuevo pliego.

En ese marco, el 28 de mayo de 2025 la Agencia firmó un Memorando de Entendimiento con la UNCTAD, organismo que participó del proceso y entregó un informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas (IF-2025-134138782-APN-GCLYA#ANPYN), incorporado ahora a la etapa de observaciones.

Según la resolución, la AGP SAU en liquidación colaboró con la redacción de los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares, consolidando una propuesta con “mayor solidez jurídica, técnica y ambiental”.

Plazos, mecanismos y requisitos para participar del proceso

La Resolución 61/2025 establece: 10 días corridos para presentar observaciones desde la publicación en el Boletín Oficial. Las observaciones deberán enviarse por escrito al correo institucional: licitacionvnt@anpyn.gob.ar. Deberán ajustarse al Formulario del Anexo I (IF-2025-134278888-APN-GCLYA#ANPYN), disponible en el sitio oficial. La documentación acompañada deberá presentarse en formato PDF/DOC/DOCX, con un máximo de 20 MB y hasta 5.000 caracteres por archivo.

Las observaciones no serán vinculantes, pero la ANPYN receptará aquellas que resulten “convenientes y conducentes”, según evaluación de sus áreas técnicas.

Finalizado el plazo, la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa y la Gerencia de Coordinación Técnica deberán elaborar un Informe Final de firma conjunta, que se publicará por diez días en la web institucional.

Un proceso que anticipa definiciones clave para 2026

El lanzamiento del procedimiento marca el inicio formal de una instancia crítica en la transición hacia un nuevo esquema de concesión de la principal red fluvial del país. Sectores portuarios, agroexportadores, industriales y transportistas siguen de cerca la evolución del proceso. Que definirá: El nuevo modelo de operación del corredor. Los estándares de dragado y señalización. La estructura tarifaria por peaje. Las condiciones ambientales y tecnológicas exigidas al concesionario. La articulación con las provincias y los organismos de control.

La etapa de observaciones permitirá que actores privados y públicos influencien el texto final del pliego, un elemento central para garantizar transparencia, competencia y previsibilidad.

La publicación simultánea del informe de UNCTAD introduce además una referencia internacional que podría orientar la evaluación técnica y normativa del diseño final.

Con este paso, la ANPYN avanza hacia el lanzamiento formal de la licitación, en un procedimiento que definirá uno de los contratos públicos más relevantes para la economía argentina en los próximos años.

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Peajes fluviales: la AGP unifica los procedimientos de intimación y cobro en dólares

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La Administración General de Puertos (AGP), en proceso de disolución según el DNU 3/2025, aprobó un nuevo procedimiento de intimación y gestión de cobranzas para los peajes de la Vía Navegable Troncal, extendiendo a 35 días corridos el plazo de vencimiento de las facturas emitidas en dólares. La medida, oficializada el 5 de diciembre de 2025 mediante la Resolución 132/2025, busca “una gestión más eficiente de las cobranzas”, en línea con las dificultades operativas planteadas por las agencias marítimas.

Reordenamiento institucional y necesidad de unificar criterios

La resolución se inscribe en el marco de la profunda reestructuración del sistema portuario nacional, iniciada con el DNU 3/2025, que dispuso tanto la disolución y liquidación de la AGP, como la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo autárquico que asumirá la continuidad jurídica y operativa.

Mientras avanza ese proceso, las Resoluciones 21/2025 y 1548/2025 del Ministerio de Economía encargaron al Interventor de la AGP el despacho de los asuntos indispensables para asegurar la continuidad administrativa, incluyendo la gestión de los contratos vinculados a la Vía Navegable Troncal (VNT).

En este contexto, la AGP tenía vigentes —y superpuestas— dos normativas internas que regulaban el procedimiento de intimaciones por cobros impagos de peajes: RESOL-2024-34-APN-AGP#JGM y RESOL-2025-17-APN-AGP#MEC

Ambas fueron abrogadas por el Artículo 1 de la nueva resolución para evitar duplicaciones “sobre una misma materia” y reemplazadas por un único procedimiento actualizado.

Principales modificaciones: extensión del plazo de vencimiento y nuevo mecanismo de cobranza

El cambio más significativo es la extensión del vencimiento de las facturas a 35 días corridos desde su emisión, un punto impulsado por la Dirección de Administración y Finanzas y solicitado por agencias marítimas que “manifestaron dificultades para cumplir con los plazos de pago actualmente vigentes”.

Según el Anexo I – Procedimiento de Intimación y Gestión para Cobranzas, se establecen los siguientes parámetros:

Nueva operatoria de facturación e intimación

  • Tipo de cambio: dólar billete vendedor del Banco Nación al cierre del día hábil anterior.
  • Vencimiento: 35 días corridos desde la emisión.
  • Intereses: tasa SOFR a 360 días + 1.000 puntos básicos.
  • Notificación: mediante Nota de Intimación, enviada al domicilio electrónico constituido por la agencia marítima.

El Anexo indica que la intimación deberá detallar: número de factura vencida, importe adeudado, monto del capital al día de la intimación.

Si el deudor no regulariza la situación dentro de los 15 días corridos, la AGP podrá abrir un expediente electrónico caratulado “Nombre o Razón Social del Deudor s/ Intimación de Pago”, con copia de la factura, constancia de notificación y antecedentes.

Procedimiento judicial

El expediente pasa a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que deberá decidir el inicio de la acción judicial e informar a la Gerencia General en un plazo de 15 días.

Si corresponde accionar, el abogado apoderado deberá iniciar el proceso judicial y remitir constancias dentro de los 10 días posteriores.

Planes de pago y acuerdos

El nuevo régimen prevé que, en caso de propuestas de allanamiento, transacción o plan de pagos, la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborará un informe técnico y un Proyecto de Convenio de Reconocimiento de Deuda en Juicio y Pago, a evaluar por la autoridad que inició el trámite.

Registro y seguimiento

Se ordena mantener un registro actualizado de acreencias y presentar informes semestrales ante el órgano de gobierno societario.

Alivio para agencias marítimas y continuidad en el cobro de peajes

La extensión del plazo de vencimiento era un reclamo sostenido por agencias marítimas, que advirtieron demoras en la cadena de pagos debido a que deben trasladar los importes de peaje a sus clientes antes de cancelar las facturas ante AGP.

La medida: descomprime la presión financiera inmediata, reduce la litigiosidad por vencimientos acelerados, facilita la gestión operativa de facturación internacional, y uniforma el proceso de cobro en la transición institucional hacia ANPYN.

Al mismo tiempo, fortalece los mecanismos de control fiscal, al establecer un circuito administrativo y judicial más claro, con trazabilidad digital y plazos estrictos.

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Javier Milei centraliza el sistema de inteligencia

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El Gobierno aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional y redefine el sistema de seguridad estratégica del Estado

El Gobierno nacional oficializó este 4 de diciembre la aprobación de la Política de Inteligencia Nacional, un documento rector que fija por primera vez en más de veinte años los lineamientos estratégicos para la producción de inteligencia en la Argentina. La medida —establecida mediante el Decreto 864/2025, firmado por el Presidente Milei— redefine la arquitectura institucional del sistema, otorga poder orgánico a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y marca un giro hacia un modelo de gestión centralizado, tecnificado y con proyección internacional.

El texto justifica la decisión en la “degradación paulatina del Sistema de Inteligencia Nacional”, resultado —según la fundamentación oficial— de la falta de lineamientos estratégicos durante “más de dos décadas”, pese a estar previstos en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Reconfiguración institucional: disolución de la AFI y creación de nuevos organismos

La aprobación de la Política de Inteligencia Nacional está directamente vinculada con la reestructuración ejecutada meses atrás mediante el Decreto 614/2024, que rediseñó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional.

Ese decreto dispuso la disolución de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y su reemplazo por un esquema verticalizado bajo la órbita de la SIDE, que pasó a ser el organismo superior del sistema.

Dentro de esa estructura se crearon cuatro organismos desconcentrados:

  • Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
  • Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
  • Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
  • División de Asuntos Internos (DAI)

Según el Decreto 864/2025, esta reconfiguración busca “lograr eficiencia y efectividad”, garantizar “autonomía técnica y funcional” y “jerarquizar las funciones del sistema” frente a un contexto internacional que el Ejecutivo describe como “difuso, fragmentado y complejo”.

La nueva Política de Inteligencia establece lineamientos para la producción de inteligencia y contrainteligencia orientados a: identificar anticipadamente riesgos y amenazas, sistematizar y analizar información estratégica, coordinar acciones entre organismos estatales, y profundizar la cooperación internacional en materia de inteligencia.

Qué implica la nueva Política de Inteligencia y qué pasos vienen

Con la aprobación del documento estratégico, la SIDE queda instruida a elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional, que definirá los “cursos de acción” para adecuar el funcionamiento del sistema al escenario geopolítico vigente.

De acuerdo con el texto del decreto: “La Estrategia de Inteligencia Nacional determinará los cursos de acción para adecuar las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional al contexto estratégico al cual se enfrente la República Argentina”.

Esa estrategia deberá contemplar: los objetivos y metas del Estado nacional, el desarrollo del capital humano especializado, la incorporación de tecnología de punta, la definición de prioridades de riesgo, la coordinación con organismos de inteligencia extranjeros “en función de intereses comunes”.

El Ejecutivo sostiene que esta actualización normativa es condición necesaria para “convertir a la República Argentina en una potencia moderna, soberana y fundada en los valores de la libertad”.

La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según establece el artículo 3 del decreto.

Fortalecimiento del poder presidencial y nuevo mapa de inteligencia

La aprobación de la Política de Inteligencia implica un reordenamiento significativo del sector público nacional. Analistas del sistema coinciden en que la SIDE —dependiente directamente del Presidente— emerge como un actor reforzado, con más atribuciones de supervisión y coordinación sobre todas las agencias.

Esta centralización puede generar reacciones en tres planos:

Poder Ejecutivo y conducción política del sistema

El Presidente concentra la fijación de objetivos estratégicos y la conducción del sistema conforme al artículo 12 de la Ley 25.520, reforzando su rol como autoridad superior en materia de inteligencia.

Organismos descentralizados y fuerzas de seguridad

La nueva arquitectura exige adaptar procedimientos, sistemas de información y estructuras jerárquicas para compatibilizar funciones, especialmente en áreas sensibles como ciberseguridad y contrainteligencia.

Sistema político y Congreso

Aunque el decreto no modifica los mecanismos de control parlamentario establecidos en la Ley 25.520, sí redefine el mapa institucional sobre el cual dicho control deberá actuar. Se espera debate político sobre: la centralización en la SIDE, la eliminación de la AFI, el rol de la AFC en un contexto global de amenazas cibernéticas, y la articulación con organismos de defensa y seguridad.

Cooperación internacional y seguridad estratégica

El Gobierno enfatiza que la inteligencia es un pilar para anticipar amenazas en un contexto geopolítico volátil. La Política de Inteligencia busca potenciar: el intercambio de información con agencias extranjeras, la capacidad de análisis estratégico, la detección de ciberamenazas, la protección de los “intereses estratégicos de la Nación”.

La creación de la AFC como organismo especializado refleja la prioridad otorgada a la ciberseguridad, una de las áreas más dinámicas y críticas del escenario internacional actual.

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