Día: 15 diciembre, 2025

Dos años de Milei: un país partido, economía en rojo y una batalla cultural en puerta

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A dos años del inicio del ciclo libertario, el balance social aparece atravesado por una grieta casi simétrica: 51% desaprueba la gestión nacional y 48,5% la aprueba. La economía cotidiana inclina el humor (49,7% dice estar peor), pero el “núcleo duro” se mantiene y el escenario 2027 ya se discute. En paralelo, el debate sobre vacunas expone un límite cultural: hay consenso abrumador a favor de la vacunación y de su obligatoriedad, aunque crece un rechazo minoritario con peso en la conversación política.

El experimento libertario cumple dos años y la Argentina llega a este cierre de 2025 con una certeza incómoda: el “cheque en blanco” se agotó. Según un estudio de la consultora Zuban Córdoba, la evaluación social de la gestión de Javier Milei muestra una división casi quirúrgica, con un dato políticamente relevante: la desaprobación supera a la aprobación. No se trata de una brecha amplia, pero sí simbólica, porque marca el primer quiebre claro en la expectativa inicial que acompañó al inicio del gobierno.

La fotografía del humor social no se explica solo por afinidades ideológicas. El factor decisivo es la economía doméstica. De acuerdo con el relevamiento de Zuban Córdoba, casi la mitad de la población considera que su situación económica empeoró desde la asunción de Milei, mientras que apenas uno de cada cinco afirma estar mejor. El resto se reparte entre quienes dicen seguir igual -bien o mal-. En términos políticos, el mensaje es nítido: el ajuste ya impactó en la vida cotidiana y condiciona el respaldo.

Desgaste sin derrumbe

Sin embargo, ese malestar no deriva automáticamente en un colapso político. Ante la hipótesis de una reelección presidencial, el estudio de Zuban Córdoba muestra que un 38,1% volvería a votar a Milei, mientras que el 54,5% no lo haría. La distancia es significativa, pero no terminal. El oficialismo conserva un núcleo duro intenso, con altos niveles de fidelidad entre quienes ya lo eligieron, mientras que el rechazo se concentra con igual fuerza en el campo opositor.

El mapa es el de una Argentina más identitaria que persuasiva: el Gobierno retiene a los propios, pero encuentra dificultades para ampliar su base si la situación económica no mejora. No hay corrimiento masivo, sino trincheras bien delimitadas.

El informe también ilumina un dato estructural: más de la mitad de la sociedad considera que el peronismo ya no representa el mapa social argentino. La medición de Zuban Córdoba refleja una crisis más profunda de intermediación política. Durante décadas, el peronismo funcionó como gran articulador de identidades, territorios y demandas sociales; hoy, una mayoría pone en duda esa capacidad.

El desacuerdo con esa idea se concentra en los votantes peronistas, pero el volumen general del dato confirma un cambio de época: el sistema político discute quién representa a quién y bajo qué lenguajes.

Otro indicador sensible emerge con claridad. Según el estudio de Zuban Córdoba, una mayoría percibe que hoy existe mayor predisposición social a “mirar para otro lado” frente a posibles hechos de corrupción en el gobierno. El dato no implica aval explícito, pero sí tolerancia relativa, un fenómeno que remite a una lógica peligrosa: la idea de que ciertos comportamientos pueden ser aceptados si el rumbo general coincide con las propias convicciones.

La lectura política es inquietante. El rechazo a la corrupción deja de ser un consenso transversal y pasa a filtrarse por la identidad partidaria. La vara moral ya no es común: depende de quién gobierna.

El capítulo sobre vacunación introduce un contraste fuerte. De acuerdo con Zuban Córdoba, más del 80% de la población se manifiesta a favor de la vacunación y cerca del 78% respalda su obligatoriedad en Argentina. El sistema de vacunación aparece como un acuerdo social profundo, arraigado y transversal.

No obstante, el estudio detecta matices relevantes. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el apoyo a la obligatoriedad cae de forma significativa y crece el rechazo. No se trata de una mayoría antivacunas, pero sí de un segmento permeable a discursos de desconfianza hacia el Estado y las políticas sanitarias.

En la práctica, dos tercios de la población afirma haber cumplido con todo el calendario nacional de vacunación. Entre quienes no lo hicieron, predominan las dudas sobre la conveniencia para la salud, la percepción de que no era necesario o la falta de indicación médica, más que problemas de acceso.

El impacto cultural de la pandemia también dejó huella: casi un 30% reconoce que su confianza en las vacunas disminuyó después del COVID-19. No es un rechazo frontal, pero sí un terreno fértil para la sospecha.A dos años de gestión, el balance no entrega un veredicto simple. Hay desgaste, malestar económico y una sociedad dividida, pero también un oficialismo que conserva identidad, lealtad y capacidad de sostenerse en un escenario adverso. La Argentina no solo discute resultados: discute límites.

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Casi 100 mil personas disfrutaron de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Leandro N. Alem

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Leandro N. Alem vivió un fin de semana histórico en la segunda semana de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, que convocó a casi 100 mil personas a lo largo de sus tres jornadas. Desde la apertura del predio, cada día a las 16 horas, hasta pasadas las 3 de la madrugada, más de 50 mil personas recorrieron el espacio durante las noches, marcando un récord absoluto de asistencia desde el inicio de la celebración.

Durante el viernes, sábado y domingo, vecinos y visitantes disfrutaron de una propuesta integral que combinó espectáculos musicales, actividades culturales, espacios infantiles, ferias, gastronomía regional y el tradicional desfile de carrozas, uno de los momentos más esperados por las familias.

El viernes marcó el inicio de la segunda semana de la Fiesta con una gran convocatoria desde temprano, con un constante ingreso de público al predio y una noche que anticipó el éxito del fin de semana.

El sábado fue una de las jornadas de mayor concurrencia. El público disfrutó de la presentación de Pamela Ayala, y el cierre estuvo a cargo de Los Nocheros, que convocaron a miles de personas y extendieron la celebración hasta la madrugada.

El domingo volvió a reunir a familias de toda la región con una agenda pensada para todos los públicos. La jornada contó con la presentación de La Feria, banda cristiana, y un nuevo desfile de carrozas que llenó de color y emoción el cierre del fin de semana.

Fuerte impacto turístico y gastronómico
La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral generó un importante movimiento turístico y gastronómico en Leandro N. Alem. La ciudad recibió visitantes de distintos puntos del país y de países vecinos, con altos niveles de ocupación hotelera y un notable movimiento en restaurantes, patios gastronómicos, ferias y comercios locales.

Este impacto consolidó a la Fiesta como un motor clave para la economía local y como uno de los eventos más relevantes del calendario turístico del Litoral.

Declaraciones
El Intendente de Leandro N. Alem, Dr. Matías Sebely, destacó la magnitud de la convocatoria:
“Este fin de semana histórico confirma que la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral es un evento que genera turismo, trabajo y movimiento económico. Alem se consolida como un punto de encuentro para miles de familias”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora, Marcelo Dacher, subrayó el trabajo colectivo que hizo posible el récord de asistencia:
“Cada edición es el resultado de un enorme esfuerzo organizativo. Este año logramos una convocatoria récord y eso nos motiva a seguir fortaleciendo la Fiesta”.

Agenda del próximo fin de semana
La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral continuará el próximo fin de semana, con entrada libre y una agenda cargada de propuestas culturales, recreativas y musicales.
Sábado 20 de diciembre
16:00 hs: Apertura del predio
16:00 hs: IV Exposición de autos antiguos
16:30 hs: II Master Class de Zumba
17:00 hs: Talleres infantiles
19:00 hs: Espectáculo infantil Canción Infinita
21:00 hs: Show de Lorena Larrea Catterino
22:00 hs: Presentación de Los Mitá
23:00 hs: Cierre musical con Tupá
Domingo 21 de diciembre
07:30 hs: VI Torneo de ajedrez
16:00 hs: Apertura del predio
16:30 hs: X Desfile de mascotas
17:00 hs: Talleres infantiles
19:00 hs: Cantata Navideña “Jesús, la Navidad que nos salvó”
20:00 hs: Presentación del Coro Universitario de Oberá
21:00 hs: Cierre con Bandas de Rock & Pop Cristianas

Con una convocatoria récord, un fuerte impacto turístico y una programación que continúa, Leandro N. Alem reafirma su lugar como sede de una de las celebraciones navideñas más importantes del país.

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Ganancias a sociedades: una baja que beneficia a 144 empresas y recorta $1,7 billones a las provincias

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Baja del Impuesto a las Ganancias a sociedades, el 56% del beneficio quedará en manos de 144 grandes empresas

La ley de Modernización Laboral incorpora una reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades que tendrá un fuerte impacto fiscal y distributivo. Según un informe legislativo, la medida implicará un costo anual de $3,1 billones —equivalente a 0,3 puntos del PBI— y beneficiará de manera concentrada a solo 144 grandes empresas, mientras recortará $1,7 billones de recursos coparticipables a las provincias.

Una reforma tributaria de alto impacto incluida en la ley laboral

El artículo 191 de la ley de Modernización Laboral introduce una modificación sustancial en el esquema del Impuesto a las Ganancias para sociedades, al reducir las alícuotas de los tramos más altos del tributo. En concreto, la reforma establece que las empresas con ganancias netas imponibles entre $101,7 millones y $1.016,8 millones pasarán de tributar del 30% al 27%, mientras que aquellas con utilidades superiores a $1.016,8 millones verán reducida su carga del 35% al 31,5%.

De acuerdo con el informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la decisión tendrá un impacto fiscal estimado en 0,3 puntos del Producto Bruto Interno, lo que equivale a una merma anual de $3,1 billones en la recaudación nacional. El análisis se basa en datos oficiales del organismo recaudador, tomados del cuadro 2.3.3.3.1 de “Impuesto a las Ganancias Sociedades”, publicado por ARCA (ex AFIP).

La inclusión de esta rebaja impositiva dentro de una norma orientada a la modernización del régimen laboral generó cuestionamientos políticos e institucionales, al tratarse de una modificación estructural del sistema tributario que excede el ámbito de las relaciones de trabajo.

Concentración del beneficio y pérdida de recursos fiscales

El informe expone una alta concentración del beneficio fiscal. De las 163.587 sociedades que presentaron declaración jurada con impuesto determinado en 2024, apenas 144 empresas —el 0,1% del total— concentran el 56,4% de la recaudación del tributo y, en consecuencia, serán las principales beneficiarias de la rebaja de alícuotas.

En contraste, 146.257 sociedades, que representan el 89,4% del total de contribuyentes, explican solo el 7,9% del impuesto determinado, mientras que 1.856 empresas —el 1,1%— concentran el 76,3% de la recaudación. “Solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal”, advierte el documento legislativo.

Según proyecciones oficiales citadas por Agencia Noticias Argentinas, el Presupuesto 2026 prevé recaudar $48,4 billones por Impuesto a las Ganancias, equivalente a 4,48 puntos del PBI, de los cuales el 71% corresponde a sociedades, es decir, $34,3 billones. Con la reforma, ese monto se reduciría a $31,7 billones, consolidando una caída de $3,1 billones.

Impacto en provincias y críticas al esquema fiscal

Uno de los efectos más relevantes de la medida se registra en el esquema de Coparticipación Federal. Del total de la pérdida recaudatoria, $1,7 billones dejarán de transferirse a las provincias, lo que implica un recorte promedio de $144.000 millones mensuales durante 2026.

Las jurisdicciones más afectadas serán la provincia de Buenos Aires, con una pérdida anual estimada en $366.557 millones; Santa Fe, con $148.698 millones; y Córdoba, con $145.240 millones. También se proyectan recortes significativos para Chaco y Entre Ríos, con $81.265 millones cada una, y para Tucumán, con $79.536 millones. Incluso provincias de menor tamaño, como Tierra del Fuego, registrarían una merma de $22.478 millones anuales.

Michel planteó una serie de interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de la iniciativa:
¿El Gobierno cómo piensa compensar la caída de 0,3 puntos del PBI? ¿Cómo se achica el gasto en el presupuesto para mantener el superávit de 1,5 puntos del PBI? ¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?”.

El legislador cuestionó además que se trate de “una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades”, un universo que, según el informe, coincide con los contribuyentes que ya se beneficiaron del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y de la baja extraordinaria a 0% de los derechos de exportación aplicada en septiembre, también con un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI.

Debate abierto en el Congreso

La incorporación de esta rebaja impositiva dentro del proyecto de Modernización Laboral, que actualmente se debate en el Congreso Nacional, abrió un frente de discusión sobre la pertinencia de introducir cambios fiscales de esta magnitud en una ley con otro objeto principal. “Esta baja intempestiva de la alícuota del impuesto a las ganancias incluida en una reforma laboral genera varios interrogantes”, advirtió Michel, quien reclamó un análisis específico y separado de la medida.

El debate legislativo se encamina así a poner en tensión los objetivos de alivio tributario para grandes empresas con la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y el impacto directo sobre las finanzas provinciales.

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YPF baja 2% las naftas de manera gradual y diferenciada para moderar la inflación

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YPF anunció que reducirá en promedio un 2% el precio de las naftas en todo el país a lo largo de esta semana. La baja se implementará de manera paulatina y con diferencias regionales, bajo un esquema de micro pricing, con el objetivo explícito de incidir sobre la inflación de diciembre y reflejar de forma más precisa los costos reales del negocio.

Una baja progresiva y diferenciada por regiones

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la petrolera estatal comenzará a aplicar desde esta semana una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas, que no se realizará de manera uniforme ni simultánea en todo el territorio nacional. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, explicó el directivo al detallar la modalidad de implementación.

La decisión responde al criterio de micro pricing que utiliza la compañía, un esquema que ajusta los precios en función de las particularidades de cada región, contemplando diferencias estructurales vinculadas a logística, demanda y costos operativos. En ese marco, Marín subrayó que la baja no será homogénea, sino que reflejará las condiciones específicas de cada mercado local.

Según explicó, esta política busca trasladar de forma más precisa los cambios en las variables económicas que inciden sobre el negocio de combustibles, evitando distorsiones entre regiones y procurando una mayor coherencia entre costos y precios finales.

Impacto inflacionario y política de precios

Uno de los objetivos centrales de la medida es impactar sobre la inflación de diciembre, en un contexto donde los precios de los combustibles tienen un efecto directo e indirecto sobre la estructura de costos de la economía. Desde YPF señalaron que la reducción forma parte de una política de precios que Marín definió como un “acuerdo de honestidad con los consumidores”.

En esa línea, el titular de la compañía remarcó que YPF continuará monitoreando de manera permanente los principales factores que inciden en la formación de precios: el valor internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos. La evolución de estas variables será determinante para definir futuros ajustes, tanto a la baja como al alza.

El enfoque gradual apunta también a evitar movimientos bruscos que generen desalineamientos en el mercado, en un sector altamente regulado y sensible desde el punto de vista económico y político.

Gasoil: un escenario distinto y ajustes selectivos

En contraste con la decisión sobre las naftas, Marín aclaró que la situación del gasoil presenta particularidades diferentes. En ese segmento, anticipó que habrá aumentos en algunos tipos de productos, aunque sin detallar porcentajes ni plazos específicos.

Esta diferenciación refuerza la lógica del micro pricing, que no solo distingue por regiones, sino también por tipo de combustible y estructura de costos asociada. De este modo, la política comercial de YPF busca combinar señales de alivio en un segmento clave para el consumo masivo, como las naftas, con ajustes puntuales donde los costos así lo requieren.

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La CGT rechaza la reforma laboral y advierte un fuerte retroceso en libertad sindical

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La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un documento técnico en el que detalla los efectos negativos que, a su entender, tendrá el proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Congreso. Según el análisis de la central obrera, la iniciativa modifica de manera estructural el régimen de contratos de trabajo, las convenciones colectivas y el sistema sindical, ampliando el poder de los empleadores y del Estado en detrimento de los derechos laborales. En rechazo a estos cambios, la CGT convocó a una movilización el 18 de diciembre a Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei.

Contratos de trabajo y Fondo de Asistencia Laboral: menos protección y más discrecionalidad

El documento elaborado por los especialistas de la CGT sostiene que el proyecto de ley introduce cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo, con impacto directo sobre la estabilidad, la indemnización por despido y la responsabilidad de los empleadores.

Entre los puntos señalados, el artículo 2 excluye del régimen general a las contrataciones de transporte y flete, así como a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas, conforme a su regulación específica. Para la central obrera, esta exclusión amplía zonas de informalidad y reduce la cobertura legal de amplios sectores de trabajadores.

En la misma línea, los artículos 29, 29 bis y 30 limitan la responsabilidad solidaria del empleador principal en la cadena de subcontratación. Según la CGT, esta modificación favorece el fraude laboral y desprotege los créditos laborales, al restringir la posibilidad de reclamar frente a incumplimientos.

Respecto a la indemnización por despido, el artículo 245 excluye al aguinaldo y otros rubros de la base de cálculo. El documento aclara que el Gobierno sostiene que la legislación vigente ya no incluye esos conceptos, aunque la CGT remarca que el nuevo texto elimina además el derecho del trabajador a reclamar indemnización ante la falta de registración o una registración deficiente.

Otros cambios destacados incluyen la habilitación para fraccionar las vacaciones en períodos de siete días (artículo 154), la eliminación de la obligación de preavisar el despido durante el período de prueba (artículo 48) y la limitación de la responsabilidad solidaria en casos de transferencia de establecimientos (artículo 228).

Un capítulo central del análisis se concentra en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El proyecto establece que cada empleador deberá conformar una cuenta individual, financiada con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones, porcentaje que actualmente se destina a la ANSES para el sistema jubilatorio y de pensiones. Según la CGT, esto implica un desfinanciamiento del sistema previsional.

El FAL estará destinado exclusivamente al pago de indemnizaciones, pero el empleador podrá decidir si utiliza o no esos recursos. Además, los fondos serán inembargables y los trabajadores no podrán ejecutarlos. Solo alcanzará a trabajadores registrados con más de 12 meses de antigüedad y no cubrirá a trabajadores no registrados. El fondo, además, no responderá por extinciones laborales hasta haber recibido aportes durante al menos seis períodos mensuales, lo que, según el documento, deja amplios márgenes de desprotección.

Convenios colectivos y ultraactividad: avance del control estatal y negociación atomizada

La CGT también cuestiona con dureza las modificaciones al régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo, particularmente los cambios a la Ley 14.250. El proyecto modifica el artículo 4°, estableciendo que las convenciones solo podrán ser homologadas si no violan normas de orden público o el “interés general”.

Para la central obrera, este criterio refuerza el control estatal sobre el contenido de los convenios e introduce un parámetro amplio y ambiguo que habilita una mayor intervención administrativa. Además, se abre la puerta a la negociación por empresa como alternativa plena frente a los convenios de actividad.

En materia de ultraactividad, el proyecto modifica el artículo 6°, disponiendo que, al vencerse una convención colectiva, solo subsisten sus cláusulas normativas, mientras que las obligacionales cesan automáticamente, salvo acuerdo entre las partes. De este modo, se elimina la ultraactividad plena y se obliga a renegociaciones más frecuentes.

El artículo 7° suprime un párrafo que legitimaba expresamente las cláusulas destinadas a fortalecer la acción sindical dentro de las empresas, como horas gremiales ampliadas, licencias sindicales especiales y aportes solidarios obligatorios.

A su vez, la sustitución de los artículos 18° y 19° redefine la relación entre convenios de distinto ámbito. Los convenios de empresa pasan a prevalecer dentro de su ámbito personal y territorial, sin exigencia de otorgar condiciones superiores ni aplicar el principio de norma más favorable. Según la CGT, los artículos 130 y 131 desarticulan el modelo argentino basado en convenios de actividad, instaurando una negociación atomizada que debilita la posición de los sindicatos nacionales y elimina pisos sectoriales homogéneos.

El artículo 132, de carácter transitorio, establece que la Secretaría de Trabajo deberá convocar a renegociar convenios vencidos dentro de un año y habilita a la autoridad administrativa a suspender la homologación de convenios ultraactivos ante “distorsiones económicas graves”.

Asociaciones sindicales y cuotas: restricciones a la acción gremial y al financiamiento

El documento de la CGT advierte que la reforma introduce “cambios sustanciales” en el Régimen de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551), alterando el modelo de unicidad promocionada, la representación colectiva por actividad y la tutela reforzada de delegados y dirigentes.

Entre los objetivos implícitos del proyecto, la central enumera la reducción de la libertad sindical, la restricción de la acción gremial en los lugares de trabajo, la limitación de la tutela sindical y la ampliación del poder disciplinario del empleador.

El nuevo artículo 20 bis establece que las asociaciones sindicales solo podrán realizar asambleas si no afectan el normal desarrollo de la actividad, requiriendo autorización previa del empleador sobre lugar, horario y duración. Además, el tiempo de asamblea no será remunerado. Para la CGT, esto subordina el ejercicio de un derecho fundamental a la autorización empresarial, en contradicción con estándares internacionales.

El artículo 20 ter amplía la potestad sancionatoria estatal, con un catálogo amplio que permite interpretaciones extensivas sobre actividades gremiales legítimas. A su vez, la modificación del artículo 23 elimina la restricción que impedía la coexistencia de múltiples sindicatos con personería en una misma actividad o establecimiento, habilitando la competencia sindical y debilitando la representación centralizada.

Los artículos 29 y 30 permiten que sindicatos de empresa obtengan personería gremial si cuentan con más afiliados que el sindicato de actividad, y habilitan sindicatos de oficio o categoría ante “intereses diferenciados”, consolidando un esquema de pluralismo competitivo.

En cuanto a las cuotas sindicales, el artículo 38 exige consentimiento expreso del trabajador, acuerdo empleador–sindicato y autorización administrativa previa, dificultando la retención automática, clave para el financiamiento sindical. Esta lógica se refuerza con la modificación del artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo, que articula un sistema basado en consentimiento individual y control estatal.

Finalmente, la reforma redefine el régimen de tutela sindical, limitando la estabilidad absoluta a delegados y representantes titulares, ampliando las causales de suspensión cautelar y habilitando la figura de “liberación de tareas” sin orden judicial previa, con comunicación posterior a la autoridad y acción judicial dentro de plazos acotados. Además, los artículos 53 bis, 54 y 55 introducen un régimen agravado de sanciones por prácticas desleales, con multas de hasta el 20% de los ingresos por cuota sindical, posibilidad de quíntuple multa y, en casos graves, pérdida de personería gremial.

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