Año: 2025

Milei redefine el Puerto de Buenos Aires: concesiones unificadas e inversión privada para terminal de cruceros

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 602/2025, mediante el cual se deroga la normativa previa que ordenaba el esquema portuario de Puerto Nuevo y se establece un nuevo marco orientado a la inversión privada, la modernización de infraestructura y la segmentación entre carga y turismo. La medida busca reposicionar al Puerto de Buenos Aires como hub regional competitivo frente a los puertos del Atlántico sudamericano.

La norma, publicada este 22 de agosto en el Boletín Oficial, otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) amplias facultades como autoridad concedente y habilita la convocatoria de Iniciativas Privadas para el desarrollo de una nueva terminal exclusiva de cruceros y un polo turístico-comercial en los espigones 4 y 5, mientras que los espigones 1, 2 y 3 quedarán destinados exclusivamente a la operatoria de contenedores.

El nuevo decreto deja sin efecto al Decreto 299/2023, que proyectaba un esquema basado en inversión pública y dos operadores portuarios, al considerar que ya no se ajusta a las necesidades de competitividad ni a la política económica vigente, que prioriza la iniciativa privada en infraestructura estratégica.

El Gobierno justificó la decisión en varios factores:

  • Limitaciones técnicas de Puerto Nuevo, con muelles de calado insuficiente frente a los 12 metros ya disponibles en puertos competidores.
  • La llegada prevista de buques de 366 metros de eslora y 14.000 TEUs de capacidad, que hoy no pueden operar plenamente en Buenos Aires.
  • El crecimiento sostenido de la industria de cruceros, que genera divisas y demanda instalaciones exclusivas para pasajeros.
  • La necesidad de ordenar la convivencia entre carga y turismo, que hasta ahora compartían espacios operativos.

En línea con la Ley de Bases 27.742 y el Decreto de desregulación 70/23, el Ejecutivo busca liberar al Estado de compromisos de inversión directa, delegando en operadores privados el financiamiento y la gestión de nuevas obras.

El Decreto 602/2025 establece:

  • Unificación contractual: se fusionan las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 en un único contrato con Terminales Río de la Plata S.A., para evitar conflictos operativos.
  • Ratificación de acuerdos vigentes: se mantienen las adecuaciones contractuales firmadas en 2023 con Terminales Río de la Plata y Terminal 4 S.A., vigentes hasta 2027.
  • Facultades a la ANPYN: pasa a ser autoridad concedente y encargada de las negociaciones, control ambiental y fiscalización.
  • Convocatoria a Iniciativas Privadas: la ANPYN deberá lanzar un llamado formal para proyectos vinculados a la nueva terminal de cruceros y el polo turístico-comercial en los espigones 4 y 5, bajo el régimen previsto en el Decreto 713/2024.
  • Escenario de expansión futura: se contempla la posibilidad de construir una terminal exterior, sujeta a estudios de factibilidad técnica, ambiental, social y financiera.

El anexo técnico (IF-2025-89141947-APN-ANPYN#MEC) firmado por el director ejecutivo de la Agencia, Iñaki Miguel Arreseygor, detalla la delimitación de áreas y el diseño funcional de las terminales.

La decisión del Ejecutivo impacta en varios frentes:

  1. Competencia portuaria regional: Buenos Aires busca recuperar terreno frente a Montevideo, Itajaí y Santos, puertos que ya operan con mayor calado y captan parte del comercio argentino.
  2. Inversión privada: se espera interés de grandes operadores internacionales del negocio de cruceros y terminales de contenedores, que podrán presentar proyectos bajo el régimen de iniciativa privada.
  3. Turismo y divisas: la creación de una terminal exclusiva para cruceros apunta a potenciar el flujo turístico en la Ciudad de Buenos Aires, integrando servicios gastronómicos, hoteleros y comerciales.
  4. Ordenamiento institucional: con la ANPYN como autoridad centralizada, el Gobierno busca dar previsibilidad a las concesiones y acelerar la toma de decisiones, reduciendo la discrecionalidad que caracterizó al esquema anterior.

El desafío central estará en atraer inversiones de gran escala en un contexto económico aún volátil, donde la confianza en la estabilidad regulatoria será clave para la llegada de capitales privados.

El Decreto 602/2025 abre un nuevo capítulo en la política portuaria nacional: un esquema concentrado en un solo operador de contenedores y una terminal especializada en cruceros, con horizonte de mediano plazo en 2027, cuando expiren las concesiones prorrogadas.

La apuesta del Gobierno es clara: convertir al Puerto de Buenos Aires en un hub competitivo y autosustentado con capital privado, en sintonía con la agenda de desregulación y atracción de inversiones que impulsa la administración Milei.

El éxito de este rediseño dependerá de la rapidez con que se concreten las convocatorias, el interés de los inversores internacionales y la capacidad de superar las resistencias de sectores sindicales y políticos que históricamente han condicionado la gestión portuaria.

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Emergencia pediátrica: el Congreso sancionó la ley que refuerza al Hospital Garrahan y residencias médicas

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El Congreso convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. La medida implica la asignación prioritaria de recursos, recomposición salarial para personal y residentes, y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes cumplen funciones críticas.

La sesión estuvo marcada por las protestas en inmediaciones del Congreso y por un fuerte debate político en el recinto. El Hospital Garrahan, considerado centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, enfrenta desde hace meses reclamos de médicos y trabajadores por la falta de insumos, bajos salarios y condiciones laborales deterioradas.

La ley surge como respuesta a esta crisis, en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de salud se intensificaron. La iniciativa fue aprobada en Diputados con amplio consenso semanas atrás, y en el Senado logró superar los dos tercios necesarios.

Los votos negativos provinieron en su mayoría del bloque de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto al formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacaron Alfredo De Angeli (PRO), Juan Carlos Romero (CF) y Claudia Abdala Ledesma (Frente Cívico por Santiago).

Contenido de la ley: asignación prioritaria de recursos y control legislativo

La norma establece que, por el plazo de un año, la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud serán consideradas en emergencia sanitaria. Esto implica:

  • Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y equipamiento.
  • Recomposición salarial para el personal de salud y residentes, tomando como piso los niveles reales de noviembre de 2023.
  • Exención del Impuesto a las Ganancias para profesionales y trabajadores que realicen tareas críticas.
  • Garantía del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan, con partidas presupuestarias adicionales reasignadas por el Poder Ejecutivo.
  • Creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, con la obligación de emitir informes públicos trimestrales sobre la implementación de la ley.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar y reasignar partidas del ejercicio vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida asciende a 65.000 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, y anualizado representaría unos 133.000 millones de pesos.

Fundamentos y posiciones políticas: apoyo transversal y críticas cruzadas

En el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP), miembro informante, defendió la ley como una respuesta a la “desatención presupuestaria” del Ejecutivo y al maltrato que sufren los trabajadores de la salud. “No hay senador que no pueda defender el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del Garrahan”, sostuvo.

Otros senadores, como Luis Juez (PRO), apelaron a un discurso emocional: “Lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que nos siguen generando esperanza”.

Desde la oposición, la radical Carolina Losada criticó al kirchnerismo por “haber dejado un agujero fiscal” pero aclaró que votaría a favor de la emergencia por ser “una medida acotada a un año y focalizada en un hospital clave”.

En contraste, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) ratificó su rechazo, aunque pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas sobre el hospital. Para ella, la norma refleja una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios que encarece la prestación de salud.

El senador Martín Lousteau (UCR) cuestionó duramente al oficialismo libertario por “revelar su visión real sobre el sistema de salud”, aludiendo a expresiones de voceros oficiales que deslegitimaron a residentes y médicos.

La aprobación de la emergencia sanitaria en el Garrahan tendrá efectos inmediatos sobre el sistema de salud pública:

  • Reforzará la atención pediátrica de alta complejidad, clave para derivaciones de todo el país: actualmente, unos 70.000 niños de distintas provincias se atienden en el hospital cada año.
  • Recomposición salarial para residentes, un sector que en los últimos meses protagonizó fuertes reclamos laborales por precarización.
  • Alivio fiscal para el personal de salud, al quedar exento del Impuesto a las Ganancias.
  • Mayor control legislativo y social sobre la gestión presupuestaria, gracias a la comisión de seguimiento y a la publicación de informes trimestrales.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad fiscal de la norma en el actual contexto de ajuste y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultad de veto, rechace su aplicación total o parcial.

La sanción de la ley representa un test político relevante: mientras la administración Milei promueve un severo ajuste del gasto, el Congreso avanzó en una medida que implica destinar más recursos a un sector crítico. El Gobierno podría optar por vetar total o parcialmente la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil.

La atención está puesta ahora en la reglamentación del Ministerio de Salud y en el primer informe trimestral de la comisión de seguimiento, que permitirá medir el cumplimiento efectivo de la emergencia.

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Crisis en la Agencia de Discapacidad: el Ejecutivo nombra interventor y promete transparencia en la gestión

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 601/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por 180 días corridos, prorrogables por igual período. La medida implica un cambio profundo en la conducción del organismo encargado de la política pública en materia de discapacidad, tras la salida de sus máximas autoridades y en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión y las prestaciones.

La intervención será encabezada por el doctor Alejandro Alberto Vilches (DNI 12.890.282), quien tendrá a su cargo la totalidad de las facultades de gobierno y administración previstas en el Decreto 698/2017, que dio origen a la ANDIS como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud【Decreto 601/2025】.

La decisión del Ejecutivo se inscribe en una serie de medidas destinadas a ordenar las cuentas públicas y transparentar la gestión estatal, en línea con la política de control del gasto y eficiencia administrativa que impulsa Milei desde su asunción.

El decreto recuerda que la ANDIS fue creada en 2017 con el objetivo de coordinar el Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad (Ley 22.431) y el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral (Ley 24.901), que garantizan derechos en materia de salud, educación, inclusión laboral y cobertura social.

Sin embargo, el Gobierno argumentó que la coyuntura actual exige una reorganización funcional de la agencia. La medida se vincula directamente con el Decreto 599/2025, que días atrás limitó la designación del entonces director ejecutivo Diego Orlando Spagnuolo por “razones de público conocimiento” y con el propósito de habilitar al Poder Judicial a avanzar en investigaciones pendientes.

En este marco, el Ejecutivo también decidió limitar la designación de la subdirectora ejecutiva, Romina Gisele Núñez, nombrada en 2024 por el Decreto 836, lo que deja a la nueva conducción bajo el mando exclusivo del interventor.

Facultades del interventor y lineamientos de gestión

El decreto otorga a Vilches todas las atribuciones del director ejecutivo, incluyendo la potestad de:

  • Administrar el presupuesto de la ANDIS.
  • Reorganizar su estructura funcional.
  • Supervisar el otorgamiento de pensiones por invalidez y otras prestaciones.
  • Auditar el sistema de compras y contrataciones del organismo.
  • Informar al Poder Ejecutivo sobre posibles irregularidades detectadas, cuantificando su impacto económico y recomendando medidas correctivas.

Además, se establece que el interventor deberá elaborar un informe integral al cierre de su gestión, detallando el estado general del organismo y proponiendo acciones para asegurar mecanismos de mayor transparencia y eficiencia.

El Ministerio de Salud fue facultado para dictar las normas complementarias necesarias a fin de garantizar la implementación del decreto y dar continuidad a las prestaciones esenciales mientras dure la intervención.

Repercusiones institucionales y políticas

La intervención de la ANDIS tiene alto impacto político e institucional por varias razones:

  1. Sector sensible: La discapacidad es un área de política pública con fuerte sensibilidad social. El sistema involucra a más de 1,3 millones de personas beneficiarias de pensiones no contributivas y miles de prestadores de servicios de salud y educación.
  2. Confianza y transparencia: El Ejecutivo busca reforzar la credibilidad de la gestión en un organismo que maneja un volumen significativo de recursos y contrataciones.
  3. Reordenamiento interno: La salida simultánea del director y la subdirectora refleja un cambio profundo en la conducción, orientado a concentrar la toma de decisiones en la figura del interventor.
  4. Agenda de Milei: La medida se enmarca en la estrategia de “austeridad y control del gasto”, con énfasis en la eliminación de lo que el oficialismo considera estructuras burocráticas ineficientes o permeables a la discrecionalidad.

Si bien la intervención es por 180 días, prorrogables, en la práctica abre la puerta a una revisión integral del rol y la estructura de la ANDIS, lo que podría derivar en modificaciones normativas más amplias

En los próximos meses, el desafío del interventor será asegurar la continuidad de las prestaciones básicas mientras se lleva adelante el proceso de auditoría. El punto crítico estará en el sistema de compras y contrataciones, señalado en el decreto como foco de posibles irregularidades.

La reorganización de la ANDIS podría derivar en:

  • Reestructuración institucional, con cambios en el organigrama o incluso una eventual disolución y absorción de funciones en otras áreas.
  • Judicialización, en caso de que las auditorías detecten irregularidades graves que impliquen responsabilidades administrativas o penales.
  • Tensión con organizaciones del sector, que ya han manifestado preocupación por los ajustes presupuestarios en discapacidad y podrían reaccionar con críticas o movilizaciones.

El Gobierno apuesta a que la intervención permita recuperar la legitimidad de la ANDIS y garantizar un esquema de prestaciones más ordenado y eficiente, en sintonía con la política general de “reconstrucción del Estado” que promueve Milei.

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El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Milei confirmó que la vetará otra vez

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El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.

El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.

Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.

Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC

La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Entre los principales puntos se destacan:

  • Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
  • Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
  • Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
  • Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
  • Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.

La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.

Fundamentos y debate político

Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.

La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.

El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.

El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.

La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.

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Cruce en vivo: Sturzenegger pidió a la CAC bajar una cautelar contra la desregulación y Grinman respondió “estamos en democracia”

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El ministro de Desregulación cuestionó públicamente al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, y lo acusó de defender “privilegios ilegales”. El cruce expuso la tensión entre el Gobierno y el empresariado en torno al decreto que eliminó los aportes obligatorios a entidades sectoriales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizó este jueves un fuerte cruce con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, durante su exposición en el Council of the Americas, realizado en el Hotel Alvear Palace.

En medio de su discurso, Sturzenegger le reclamó públicamente a Grinman que retire una medida cautelar presentada por la CAC contra el Decreto 149/2025, que eliminó los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras empresariales, incluso cuando no eran afiliadas.

“Mario, te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar”, dijo el funcionario. La respuesta de Grinman fue breve pero contundente: “Estamos en democracia”, lo que generó un aplauso cerrado del auditorio, integrado por ejecutivos y diplomáticos.

La desregulación de los aportes obligatorios

El eje de la disputa es el Decreto 149/2025, publicado en marzo, que prohibió a las cámaras empresariales imponer “aportaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica” a compañías no afiliadas. La norma impide que estos aportes se incluyan en convenios colectivos y establece que, en adelante, deberán ser estrictamente voluntarios.

Uno de los casos más relevantes fue el del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), que desde 2008 cobraba un 0,5 % del salario inicial de los trabajadores mercantiles a todas las empresas alcanzadas por el convenio, incluso si no eran socias de la CAC.

En marzo, ese monto equivalía a unos $4.725 por empleado, lo que generaba una recaudación estimada en $5.600 millones por mes o casi $70.000 millones al año. Con la nueva normativa, ese flujo de recursos se redujo drásticamente al depender de la adhesión voluntaria de cada empresa.

El Gobierno justificó la medida en principios de libertad de asociación y en la falta de sustento normativo de estos cobros: “No corresponde que convenios colectivos obliguen a empresas a financiar entidades de las cuales no son parte”, señaló Sturzenegger.

Fundamentos oficiales y acusaciones de “casta”

Durante su discurso, el ministro vinculó la resistencia empresarial con la defensa de privilegios: “Inacap, del que la Cámara de Comercio es parte, hizo una presentación en la Justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal. La casta se defiende con uñas y dientes”.

El funcionario destacó que otros sectores como la construcción, los bancos (Adeba) y la Sociedad Rural funcionan con aportes voluntarios, y cuestionó que el comercio recurra a la Justicia para mantener un esquema que “nadie quiere pagar”.

La réplica de Grinman fue seca y políticamente significativa. Al remarcar que “estamos en democracia”, el dirigente empresario buscó marcar límites frente al pedido del ministro en un foro internacional de alto perfil.

Tensiones con el empresariado y proyección futura

El episodio evidenció la creciente fricción entre el Gobierno y sectores del empresariado en torno al proceso de desregulación. Mientras la administración de Javier Milei busca avanzar con la eliminación de lo que denomina “impuestos privados”, las cámaras empresariales alertan por el desfinanciamiento de entidades clave en capacitación y servicios.

La CAC sostiene que la cautelar busca resguardar la continuidad de programas de formación financiados históricamente por Inacap. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que esos fondos deben provenir de aportes voluntarios y no de cargas impuestas por convenio.

En el plano político, el cruce también refuerza la narrativa oficial contra la “casta”, trasladada esta vez a las organizaciones empresariales. La decisión de Sturzenegger de exponer públicamente a Grinman marca un giro en la estrategia de presión para que las entidades no recurran a la vía judicial frente a las reformas desregulatorias.

Escenarios posibles

  • Judicialización: La continuidad de la cautelar presentada por la CAC definirá si el esquema de aportes obligatorios puede prolongarse hasta una resolución de fondo.
  • Efecto en otras cámaras: El antecedente podría impactar en sectores que aún mantienen aportes por convenio, pese al decreto.
  • Relación Gobierno–empresarios: El cruce público podría tensar los vínculos en un momento en que el Ejecutivo busca apoyo para acelerar la agenda de reformas estructurales.
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