El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Cámara de Representantes varios pedidos de Acuerdo Legislativo para avanzar en designaciones en el Poder Judicial de Misiones, a raíz de recientes renuncias en cargos clave.
Entre las propuestas se destaca la nominación de la doctora Valeria Fiore Cáceres para ocupar el cargo de ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en reemplazo del doctor Jorge Antonio Rojas, quien presentó su renuncia aceptada y ratificada por los decretos 1511/25 y 1536/25. La postulación de Fiore Cáceres busca cubrir una de las vacantes más relevantes en la estructura judicial de la provincia.
Asimismo, el Ejecutivo aceptó la renuncia del doctor Marcelo Alejandro Cardozo al cargo de juez de Instrucción N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas, mediante el decreto 1449/25. Cardozo asumió como juez federal de Puerto Iguazú.
En paralelo, el gobernador envió el pedido de Acuerdo Legislativo para designar al actual fiscal, doctor Martín Alejandro Rau, como juez del Tribunal Penal N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, también en Posadas. Rau fue uno de los fiscales del caso más resonantes de los últimos años, protagonizado por el ex diputado puertista libertario Germán Kiczka, quien fue condenado a catorce años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
El fiscal Martín Rau fue propuesto como juez del Tribunal Penal 2.
Finalmente, se propuso la designación del doctor Héctor Mariano Viola como juez de Paz Titular Letrado de Segunda Categoría en la localidad de Santa Ana.
Las solicitudes forman parte del procedimiento constitucional que exige la intervención de la Legislatura provincial para dar acuerdo a las designaciones, antes de que los candidatos puedan asumir formalmente sus cargos.
La consultora Ecolatina analizó los números de julio del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) registró un superávit primario de $1,75 billones; al incorporar el pago de intereses, que sumaron $1,92 billones, se obtuvo el primer déficit financiero del año por $0,17 billones. Esto se explica principalmente por el pago de intereses de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- que pagaron renta y amortización el pasado 9 de julio.
En esta oportunidad, los ingresos crecieron impulsados por un buen desempeño de los ingresos vinculados a la actividad y al comercio exterior, mientras el gasto primario se contrajo levemente, concentrado principalmente en la reducción del gasto de capital y de los subsidios económicos. Con el último dato, el SPN acumula un resultado primario de 1,1% del PIB y un resultado financiero de 0,3% del PIB, teniendo en el horizonte la ambiciosa meta de cerrar 2025 con un superávit primario de 1,6% del PIB.
Tanto julio como diciembre suelen mostrar una fuerte estacionalidad por el pago de aguinaldos y subsidios. Si se descuenta este efecto, se observa que, a diferencia de los meses previos, caracterizados por una trayectoria descendente, en julioingresos y gastos retomaron un sendero de crecimiento mensual.
El crecimiento mensual de los ingresos totales (+4% i.m.) fue liderado principalmente por la buena performance de los ingresos tributarios, mientras los recursos provenientes del comercio exterior y de la seguridad social crecieron levemente respecto a junio. Por el lado de las erogaciones, el gasto primario revirtió la caída del mes pasado, creciendo casi 11%, con una fuerte suba mensual en los subsidios y en el gasto social en la serie sin estacionalidad. Con estos movimientos, los ingresos y gastos se mantienen con una tendencia constante desde enero 2024.
Un vistazo al interior de las cuentas públicas
Como ya nos había adelantado el dato de la recaudación (+4,3% i.a. en términos reales), los ingresos totales crecieron en julio 2,8% i.a. de la mano de la mejora en los ingresos tributarios. Recordemos que el año pasado se encontraba vigente el Impuesto PAIS que explicó casi el 9% de los recursos en julio 2024 mientras la recaudación total se desplomaba 8%i.a. real.
Desmenuzando, los ingresos provenientes de la Seguridad Social volvieron a crecer en julio (+9,7% i.a.) y acumulan once meses de crecimiento consecutivo. Más aún, ya se encuentra 1% por encima de lo recaudado en julio 2023 y es el mayor desde julio 2019. El resto de los tributos vinculados a la actividad como Ganancias (+13% i.a.), Débitos y Créditos (8,3% i.a.) e IVA (+0,9% i.a.), también le ganaron a la inflación.
Por el lado del Comercio Exterior, tanto los Derechos de Exportación como los Derechos de Importación crecieron en términos reales, con subas interanuales de 51% y 32%, respectivamente. Los primeros, que habían marcado un récord en junio por los incentivos a liquidar ante la expectativa de aumento de alícuota, se mantuvieron en un nivel elevado en julio producto de operaciones registradas en junio. De hecho, se liquidaron USD 4.102 millones, el mayor valor para un séptimo mes del año tomando la serie desde 2003. En paralelo, los derechos de importación también se mantuvieron en un ritmo elevado en línea con el mayor volumen importado.
Del otro lado de la cuenta, los Gastos Totales, se contrajeron 1,3% i.a. en julio y acumulan un crecimiento real de 4% i.a. Sin embargo, al comparar con el gasto acumulado en el mismo período de 2023, este se ubica 28% por debajo.
Al interior, el crecimiento de las Jubilaciones y Pensiones (+16,5% i.a.) y de la Asignación Universal Por Hijo (+9,5% i.a.) fue más que compensado principalmente por la reducción en: Subsidios Económicos (-27% i.a.), en Gasto de capital (-27,7% i.a.), en Salarios y otros gastos de funcionamiento (-5% i.a.) y en Transferencias a Universidades (-8% i.a.), Por el contrario, las Transferencias a Provincias se duplicaron respecto a julio 2024, fenómeno que responde principalmente a una medida cautelar de la Corte Suprema que falló a favor de CABA.
Perspectivas
El último tramo del año se presenta especialmente desafiante para el Gobierno, que busca sostener la meta de superávit primario de 1,6% del PIB.
Esto se debe a que, en el frente legislativo, el Congreso avanza con proyectos que tienen un impacto fiscal significativo: jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y mayores recursos destinados a provincias que podrían implicar un costo cercano al 0,7% del PIB en 2025 y hasta 1,5% en 2026 (algo que comprometería el superávit primario previsto de 1,6% del PIB). Aunque el Poder Ejecutivo anticipó su intención de vetar o judicializar cualquier iniciativa que comprometa las cuentas públicas, Milei es consciente de que un enfrentamiento abierto con los gobernadores podría poner en riesgo su gobernabilidad. Por ello, es probable que combine la confrontación con intentos de negociación para asegurar el respaldo político que necesitará a la hora de impulsar reformas estructurales.
En el haber del resultado primario, menores ingresos se prevén por derechos de exportación ya que en los últimos días de julio el Gobierno anunció la baja permanente de las retenciones. Recordemos que, esta es la principal fuente de recaudación en lo que va de 2025 y que se ha intensificado en los últimos meses producto de las liquidaciones récord.
En paralelo, la política fiscal se ve condicionada por un esquema financiero cada vez más delicado. El Tesoro enfrenta vencimientos de deuda en moneda local por $92 billones hasta diciembre, con más de la mitad concentrados antes de las elecciones legislativas de octubre. Las últimas licitaciones mostraron dificultades de renovación, obligando al Gobierno a acortar plazos y convalidar tasas más elevadas con el objetivo de “no dejar pesos en la calle” que puedan presionar el dólar en la previa electoral.
La situación se agravó tras el desarme de las LEFIs, trasladando tensiones al frente monetario y cambiario, y generando dudas sobre la sostenibilidad del programa financiero tras licitaciones fuera de calendario en la búsqueda de absorber la liquidez sobrante (complementado con otras medidas como la habilitación de la ventanilla de pases).
Las implicancias sobre las cuentas públicas son claras: mayores tasas encarecen el crédito, deprimen el consumo y la inversión, erosionan la recaudación y aumentan el costo de financiamiento del Tesoro. Incluso si los intereses de instrumentos capitalizables se registran por debajo de la línea, lo cierto es que engrosan el stock de deuda y condicionan el resultado financiero hacia adelante.
Por último, en su staff report de finales de julio, el FMI subrayó la urgencia de reducir los derechos de exportación y avanzar en reformas impositivas de fondo previstas para 2026, en el marco del proyecto de presupuesto a presentarse a mediados de septiembre. El organismo internacional sugiere, además, una postura fiscal más ambiciosa para apoyar el proceso de reducción de la inflación aliviando la presión sobre la política monetaria y la consecuente vuelta a los mercados.
INCAA actualiza criterios para subsidios audiovisuales: se amplían formas de acreditar audiencias y se derogan normas previas
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó, a través de la Resolución 543/2025 publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial, una actualización clave en el régimen de subsidios por “otras formas de exhibición”. La medida redefine cómo los productores podrán acreditar audiencias mínimas para acceder a apoyos económicos, introduce nuevas modalidades vinculadas al streaming y deroga un conjunto de normas anteriores, con el objetivo de dotar de mayor transparencia, coherencia y modernización al sistema de fomento.
La Ley de Cine N° 17.741 asigna al INCAA la función de fomentar y regular la cinematografía nacional, en salas y en nuevas plataformas. Desde 2024, con el Decreto 984, se estableció que los subsidios por “otras formas de exhibición” —incluyendo medios electrónicos— se otorguen únicamente contra la acreditación efectiva de audiencias, prohibiendo anticipos y fijando mayores exigencias de transparencia.
La irrupción de las plataformas de video bajo demanda (VOD) y la diversificación en las prácticas de consumo audiovisual obligaron a replantear la forma de medir la circulación de los contenidos. Con la nueva resolución, el INCAA busca evitar ambigüedades y ofrecer mecanismos verificables para productores y exhibidores.
Nuevas exigencias y modalidades de acreditación
La Resolución 543/2025 introduce cambios específicos en la Resolución INCAA 545/2024:
Películas de ficción o animación:
Deberán acreditar una audiencia mínima de 10.000 espectadores o visualizaciones.
Películas documentales:
El umbral se establece en 5.000 espectadores o visualizaciones.
Para ambas categorías, los productores podrán acreditar la audiencia a través de tres vías:
Certificación oficial de la plataforma con el número total de visualizaciones (views).
Certificación por horas vistas, calculando las visualizaciones como el cociente entre horas totales vistas y la duración de la película.
Contrato con la plataforma de exhibición, donde el monto total percibido se divide por el valor de la entrada promedio publicado por el INCAA.
Además, la norma deroga resoluciones anteriores (656/2009, 2177/2009, 65/2017, 84/2017, 1102/2018, 1140/2018, 1506/2021 y 1507/2021), aunque mantiene parcialmente la validez de ciertos artículos para proyectos ya declarados de interés y en curso.
El presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, sostuvo en la resolución que la medida responde a la necesidad de “ampliar las modalidades de acreditación de audiencia a fin de garantizar criterios objetivos, verificables y acordes con la dinámica actual del sector”.
La coexistencia de múltiples resoluciones generaba superposiciones normativas y un marco poco claro para los productores. Con esta actualización, el organismo busca simplificar reglas, ajustarlas al consumo digital y reforzar la transparencia en el uso de fondos públicos.
Impacto en la industria audiovisual
La medida tiene implicancias directas para productores independientes y empresas distribuidoras, que ahora deberán documentar de manera más precisa el alcance de sus contenidos en plataformas.
Para las productoras pequeñas, el desafío será cumplir con los umbrales de visualizaciones exigidos, lo que podría incentivar la búsqueda de acuerdos con plataformas con mayor alcance.
Para los exhibidores digitales, la norma implica una mayor responsabilidad en la emisión de certificaciones, lo que formaliza su vínculo con el INCAA.
A nivel institucional, el cambio puede contribuir a ordenar el sistema de subsidios, un punto de tensión histórica en la política cultural nacional.
La resolución, que entra en vigencia desde su publicación, marca un paso en la transición hacia un sistema de subsidios adaptado a la era digital. A futuro, se espera que el INCAA complemente esta normativa con criterios de calidad y diversidad cultural, que equilibren el peso de las plataformas globales con la necesidad de promover el cine argentino en circuitos locales e internacionales.
El desafío será garantizar que las nuevas reglas no solo refuercen la transparencia, sino que también sostengan a las productoras nacionales en un mercado crecientemente competitivo y concentrado.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó este 20 de agosto de 2025 la Resolución General 1080/2025, que introduce cambios de gran alcance en la regulación del mercado de capitales argentino. La medida actualiza los montos de patrimonio neto mínimo exigidos a agentes, mercados, cámaras compensadoras y fiduciarios financieros, además de ampliar el listado de activos elegibles para integrar fondos de garantía y contrapartidas líquidas. El objetivo central es robustecer la infraestructura financiera, reducir riesgos sistémicos y alinear al país con los estándares internacionales de la IOSCO y el CPMI.
La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 designa a la CNV como autoridad de aplicación y contralor. En los últimos años, el organismo ha emitido diversas resoluciones que incrementaron las exigencias de solvencia y liquidez, como las RG 792, 817 y 1046. Ahora, con la RG 1080/2025, se avanza un paso más en la línea de reforzar garantías para mitigar incumplimientos en operaciones financieras y ordenar la actividad de agentes múltiples bajo un esquema patrimonial homogéneo.
Según el texto oficial, la reforma responde a la necesidad de “actualizar los activos elegibles susceptibles de conformar el Fondo de Garantía III y las contrapartidas líquidas”, además de “establecer nuevos criterios de recomposición patrimonial para agentes inscriptos en más de una categoría”.
Nuevos patrimonios mínimos y activos elegibles
Entre las principales disposiciones de la RG 1080/2025 se destacan:
Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión: deberán acreditar un Patrimonio Neto Mínimo de 150.000 UVA, incrementado en 20.000 UVA adicionales por cada fondo extra administrado. El 50% de ese monto deberá estar invertido en activos elegibles.
Agentes de Colocación y Distribución: se fija un patrimonio mínimo de 16.350 UVA, mientras que para los Agentes de Colocación y Distribución Integral el piso asciende a 163.500 UVA, también con exigencias de contrapartida líquida del 50%.
Fiduciarios Financieros: se eleva el patrimonio neto mínimo a 950.000 UVA, con la mitad obligatoriamente colocada en activos elegibles.
Mercados y Cámaras Compensadoras: deberán contar con un patrimonio de al menos 2,7 millones de UVA, que sube a 20 millones de UVA cuando ejercen funciones de cámara compensadora. Además, se establece un incremento del 25% por cada actividad complementaria desarrollada, salvo aquellas supervisadas directamente por el Banco Central (BCRA).
En todos los casos, los patrimonios deberán cumplirse en forma permanente y acreditarse en estados contables trimestrales y anuales, con dictámenes de auditoría y control de fiscalización interna.
Asimismo, la resolución amplía el listado de activos elegibles para fondos de garantía y contrapartidas líquidas, lo que permitirá una gestión más flexible y diversificada de carteras.
El cambio normativo se apoya en la experiencia acumulada por la CNV y busca dar respuesta a las debilidades identificadas en los últimos años, en un contexto de volatilidad macroeconómica y crisis de confianza. Según la propia Comisión, la finalidad es “fortalecer los mecanismos de protección, robustecer las infraestructuras del mercado y mejorar la gestión de riesgos”.
La medida se alinea con las recomendaciones de la IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) y del CPMI (Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado), organismos internacionales que establecen estándares para infraestructuras críticas como mercados, cámaras compensadoras y agentes depositarios.
El endurecimiento de los requisitos patrimoniales puede implicar mayores costos de cumplimiento para agentes y fiduciarios, en especial para entidades de menor escala. Sin embargo, analistas coinciden en que la medida apunta a profesionalizar la industria y reducir riesgos sistémicos, lo que a mediano plazo favorecería la atracción de inversores institucionales y externos.
El sector financiero espera precisiones sobre la implementación del cronograma de adecuación transitoria, clave para que los agentes puedan capitalizarse y ajustarse sin afectar la operatoria diaria.
De cumplirse los objetivos planteados, la resolución fortalecerá la credibilidad del mercado de capitales argentino y consolidará un marco regulatorio más previsible en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.
La CNV prevé fiscalizar de manera intensiva el cumplimiento de estas nuevas exigencias y reforzar los procesos de supervisión sobre los agentes que actúan en múltiples categorías. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de nuevas modificaciones normativas en función de la evolución de la coyuntura y del diálogo con el BCRA y organismos internacionales.
El Presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Mariano Plencovich y nombró en su reemplazo a José Manuel Urdíroz, contador público con trayectoria en el sector. La subsecretaría es clave en la definición de subsidios al transporte, tarifas y relación con provincias y municipios.
El Poder Ejecutivo oficializó, mediante el Decreto 598/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la designación de José Manuel Urdíroz como nuevo Subsecretario de Transporte Automotor, en reemplazo de Mariano Ignacio Plencovich, quien presentó su renuncia con fecha 15 de agosto de 2025.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que Urdíroz asumirá el cargo a partir del 16 de agosto. El texto agradece expresamente los servicios prestados por Plencovich durante su gestión.
La Subsecretaría de Transporte Automotor depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y constituye un área estratégica para la administración de uno de los sectores más sensibles del gasto público: los subsidios al transporte público de pasajeros, así como la definición de políticas tarifarias y de compensaciones a provincias y municipios.
El recambio se produce en medio de un clima de tensión por la política de subsidios al transporte. Durante 2025, el Gobierno nacional avanzó en un esquema de recorte progresivo de aportes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la intención de equiparar el trato con las provincias, que desde hace años reclaman mayor equidad en la distribución de fondos.
En paralelo, se negocian con gobernadores y empresas transportistas los mecanismos de financiamiento del sistema, en un contexto de aumento de tarifas, inflación y presión de los sindicatos del sector.
En este marco, la subsecretaría tiene un rol decisivo no solo en la gestión administrativa de subsidios y compensaciones, sino también en la coordinación con organismos reguladores, cámaras empresarias y gobiernos locales.
Perfil del nuevo funcionario y repercusiones
El flamante subsecretario José Manuel Urdíroz es contador público (DNI 23.538.868) y cuenta con experiencia en el análisis de costos del sector automotor y en la gestión financiera de organismos estatales. Su designación es interpretada como un gesto del Ministerio de Economía para reforzar el perfil técnico del área, en línea con el objetivo de reordenar el esquema de subsidios y transparentar las cuentas públicas.
Desde el entorno del ministro Caputo destacan que la llegada de Urdíroz responde a la necesidad de imprimir mayor control sobre la ejecución presupuestaria y acelerar las reformas pendientes en el transporte de pasajeros. Por su parte, fuentes del sector empresario y sindical anticipan que la relación con el nuevo funcionario será evaluada en función de la rapidez con que atienda los reclamos de actualización de costos.
La gestión de Urdíroz se enfrentará a tres desafíos inmediatos:
Definir el esquema de subsidios para lo que resta de 2025, garantizando previsibilidad financiera a las empresas sin disparar los costos para los usuarios.
Coordinar con provincias y municipios un mecanismo de financiamiento federal que contemple las asimetrías entre el AMBA y el interior.
Encauzar el diálogo con gremios del transporte, en un contexto de paritarias tensas y amenazas de medidas de fuerza.
La subsecretaría, además, deberá trabajar en paralelo con la Secretaría de Transporte en la implementación de sistemas de control digital de flotas y en la modernización del esquema SUBE, que busca ampliarse a más ciudades del interior.
El recambio en la conducción del área muestra la intención del Gobierno de reforzar el control político y técnico sobre el transporte automotor, en un momento en el que las decisiones en materia de subsidios, tarifas y financiamiento impactan directamente sobre la inflación, la competitividad regional y la gobernabilidad.
