Informe del Centro de Economía Política Argentina. Este 8 de marzo, como cada año, es una fecha clave para la agenda feminista, y hoy nos encuentra en un contexto de enorme complejidad por la extensión y duración de la pandemia de COVID-19 y de sus efectos regresivos, pero no por ello menos desafiante para los objetivos de ampliación de derechos que tenemos por delante. Si volvemos la mirada a un año atrás, la realidad de la agenda y reivindicaciones feministas se han ampliado y han cambiado, abriéndose una nueva etapa de avance en políticas públicas. En nuestro informe del 8 de marzo de 2020 (“El 8M en clave económica”) hicimos referencia a las primeras políticas en clave feminista (1). Hoy podemos realizar una revisión más exhaustiva de los avances y de los desafíos por venir.

En primer lugar, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación a cargo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, es un hito fundamental que debe ser reconocido como tal, ya que significa no sólo la institucionalización de las demandas del colectivo feminista sino también la cristalización de las mismas en políticas de Estado. Al interior del Ministerio se han creado la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, las cuales tienen como principal objetivo la reducción de brechas entre los géneros y la lucha contra todas las formas de violencia machista en Argentina.

La decisión política de trabajar por la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en diversas estructuras del Estado Nacional se materializó en la creación e incorporación de áreas de trabajo específicas y direcciones al interior de diversos organismos del Sector Público Nacional, como por ejemplo la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la Cancillería y la Coordinación de Género y Diversidad de Aerolíneas Argentinas, entre otros. Esta política pública de géneros también se hizo realidad a nivel provincial con la creación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Provincia de Buenos Aires a cargo de Estela Díaz.

En esta misma línea, durante el año que pasó también se llevó adelante la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de acuerdo a lo estipulado por la Ley Micaela (N° 27.499). A su vez, se adhirieron a la misma todas las provincias, aproximadamente 500 municipios, así como distintas empresas públicas o mixtas.

Otro de los sucesos que han tenido lugar durante este primer año de gestión en materia de conquistas feministas radica en que el 15 de diciembre de 2020, el Congreso de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190 de la OIT, mediante la Ley N° 27.580, que dicta la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. Su principal objetivo reside en hacer cumplir el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, entre ellos la violencia y el acoso por razón de género.

En noviembre de 2020, se aprobó la Ley de Presupuesto 2021, el primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Esto implica que es el primer año que el presupuesto nacional tiene entre sus objetivos centrales reducir las brechas de género a partir de las políticas públicas transversales estipuladas.

Estos avances e implementaciones en materia de política pública e incorporación de legislación en relación a los derechos para las mujeres y otros géneros que se fueron materializando a lo largo del 2020, culminaron en la aprobación de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una conquista fundamental e histórica en la lucha por los derechos de las mujeres y otras identidades. 

Es necesario resaltar que, durante un año atravesado por una pandemia global, pasó al centro de la escena la discusión sobre los cuidados, ya que los mismos tomaron, aún más, un rol protagónico en la vida cotidiana de las personas y, sobre todo, de las mujeres. Frente a la imposibilidad de acceder a los servicios de cuidados habituales, el ejercicio del teletrabajo y la virtualidad de la escolaridad impuestos por la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), quedó en evidencia de manera sumamente tangible la relevancia de los cuidados en la vida diaria. De la misma manera, se visibilizó la inequidad de género que existe históricamente en la distribución de dichas tareas.

En el presente informe, desde el Observatorio de Géneros de CEPA se propone abarcar tres grandes aspectos que evidencian las desigualdades que atraviesa nuestra vida económica y social, y los desafíos que impone la ampliación y conquista de nuevos derechos.

En primer lugar, abordamos el principal hito del último tiempo de la lucha feminista en nuestro país, que fue la aprobación y reglamentación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este sentido, retomamos el análisis de la valoración económica oportunamente publicado por CEPA (“La economía del aborto: el costo fiscal oculto del aborto clandestino y la importancia de su legalización”) que implica el ejercicio de la práctica del aborto, de forma clandestina e insegura (2).

En segundo lugar, se desarrolla un apartado sobre las desigualdades que viven las mujeres vinculadas a las brechas, tanto en el trabajo remunerado como no remunerado. Este último, vinculado principalmente a las tareas de cuidado, registra brechas que se profundizaron durante el ASPO. Estos datos surgen de un trabajo de campo realizado por el Observatorio de Géneros durante el ASPO, a partir de una encuesta online autoadministrada que se abocó a la medición de los principales impactos provocados por la pandemia en el trabajo no remunerado.

En tercer lugar, el informe plantea el principal desafío de cara al presente y al futuro, relativo a la política integral de cuidados. Resulta fundamental, por un lado, atribuir un valor económico al trabajo no remunerado y por otro, establecer un abordaje del trabajo de cuidado desde las políticas públicas que implique el reconocimiento de su carácter fundamental para la producción y reproducción de la vida económica y social.

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1- Aborto Legal Seguro y Gratuito: una conquista histórica del movimiento feminista

El 24 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley N° 27.610, Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual fue aprobada tras una jornada histórica para el movimiento y lucha feminista, el día 30 de diciembre de 2020.

Esta conquista constituye un avance histórico en materia de derechos para las personas gestantes, que no sólo contribuye a fortalecer la autonomía de las mujeres y diversidades sobre sus cuerpos, sino que viene a saldar una deuda histórica en materia de acceso a la salud pública y sanitarismo.

Desde el Centro de Economía Política Argentina, como contribución al debate y a los fines de aportar herramientas para discutir la dimensión económica del aborto clandestino, en un contexto en el cual desde usinas liberales se argumentaba en contra del proyecto por los costos fiscales que significaría su gratuidad y acceso universal, elaboramos un informe llamado “La Economía del Aborto: El costo fiscal oculto del aborto clandestino y la importancia de su legalización”, publicado el 8 de diciembre de 2020.

Las conclusiones fueron contundentes: el aborto clandestino es más caro para el Estado que su legalización. En los hechos, el aborto inseguro producto de la clandestinidad (que sobre todo afecta a mujeres de menores ingresos) tiene consecuencias sobre la salud de las mujeres y personas gestantes, y requiere atención médica ex post para atenuar las complicaciones e incluso salvar vidas. Esta realidad se suele negar, pero lo cierto es que es fundamentalmente la salud publica la que atiende estos casos, incurriendo en costos elevados que se evitarían con la legalización de la práctica.

Considerando el total de egresos hospitalarios por abortos incompletos anuales y la probabilidad de ocurrencia del tipo de complicación, el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586.000.000 al año. Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56.700 (valores en pesos corrientes a diciembre 2020).

Si comparamos el valor de una caja de Misoprostol, que es el método más accesible y uno de los más seguros para la realización de abortos, con los costos que le implica al sistema de salud pública atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, se concluye que el aborto clandestino puede costar para las arcas públicas hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

Si vinculamos el costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos con los costos de una caja de misoprostol, podemos concluir que a partir de la aprobación de la Ley, con lo que le costaba al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 personas gestantes. Ello sin mensurar – ya que no fue objeto del informe – el cambio de 180 grados que supone este abordaje público, gratuito y seguro para la salud de las personas gestantes.

Finalmente, es importante resaltar que el Presupuesto del Ministerio de Salud para el ejercicio 2021 por primera vez incluye en sus metas y objetivos destinar recursos para fortalecer el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y que uno de los grandes desafíos del 2021 es el hecho de garantizar el correcto cumplimiento de la Ley N° 27.610 a través de los diferentes dispositivos estatales.

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2- El agravamiento de las brechas de género en pandemia

2.1. Diferenciales en tasas de desocupación y empleo no registrado entre varones y mujeres.

Durante el 2020, la rápida extensión de la pandemia de COVID-19, provocó un escenario de creciente profundización de la crisis económica que incidió de forma directa sobre la dinámica habitual del mercado laboral.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (3), en el segundo trimestre de 2020, la tasa de desocupación alcanzó el 13,1% y mostró un aumento de 2,7 p.p. frente al primer trimestre y de 2,5 p.p. con relación al segundo trimestre del año anterior. Comparando los segundos trimestres entre 2015 y 2019 la tasa de desocupación se incrementó 6,6 p.p pasando de 6,5% a 13,1%. 

El incremento de la tasa de desocupación se vio influenciado tanto por el aumento del número de personas que no accedieron a un trabajo, como por la reducción de la población económicamente activa total. Si bien la tasa de desocupación, en particular, se incrementa en todos los grupos de género y edad, se destaca la existencia de una heterogénea disparidad en el caso que comprende al universo de mujeres.

Por su parte, las mujeres, cuya inserción en el mercado laboral determina mayor desempleo estructural, llegaron a tener una tasa de dos dígitos (11,2%) en el segundo trimestre de 2019. Para el segundo trimestre de 2020, caracterizado por pleno contexto de ASPO, esta cifra se incrementó: las mujeres alcanzaron una tasa de desempleo de 13,5% (Gráfico N°1).

Las consecuencias del impacto de la pandemia sobre la dinámica del mercado laboral cristalizan la profundización de una desigualdad de género preexistente.

El impacto desigual es evidente: si se analiza el grupo etario de las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, éstas fueron las que experimentaron mayores tasas de desocupación. Durante el segundo trimestre, la tasa de desocupación de este grupo fue de 5,8 p.p más alta que la de los varones, alcanzando la brecha más importante de los últimos 5 años. Asimismo, es posible observar que, solo entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre del corriente año la tasa de desocupación crece en 4,6 p.p., al pasar del 23,4% al 28,5% (Gráfico N°2).

En términos de informalidad, las mujeres también son las más afectadas. La antesala de la crisis del COVID-19 ya era difícil desde lo económico y lo laboral: con la excepción de algunos años positivos, como 2010 o 2017, el mercado de trabajo argentino en la última década se caracterizó por el estancamiento y luego una pronunciada caída desde mediados de 2018. En este contexto, el segundo trimestre del 2020 se destacó por la pronunciada caída del trabajo no registrado, un patrón que presenta asociación directa con los efectos de la pandemia, por la caída en las tasas de actividad formal e informal. De este modo, el trabajo no registrado experimentado en la comparación interanual entre trimestres pasó de 34,5% en el segundo trimestre del 2019 a 23,8% en el segundo trimestre del 2020. En el caso particular de las mujeres, pasaron de 36,7% a 25,7% (Gráfico N° 3).

La feminización de ciertas actividades asociadas a las tareas de reproducción y cuidado, la falta de reparto equitativo al interior de los hogares y la creciente demanda para cimentar un sistema de cuidados que descomprima la responsabilidad en cabeza de las mujeres, son interpretadas como variables que inciden de forma directa en el acceso restringido de las mujeres al mercado laboral.

Actualmente, una de cada dos trabajadoras con empleo no registrado se inserta en el trabajo doméstico. Se trata de una actividad feminizada casi completamente, donde el 98% son mujeres. En este rubro, la diferencia entre formalidad e informalidad es determinante: entre las empleadas domésticas formalizadas, el 26% son pobres, mientras que entre las empleadas domésticas no registradas el porcentaje asciende al 48%.

En este marco de emergencia sanitaria y ante la imposibilidad de generar ingresos en una parte muy importante de la población producto de las medidas de aislamiento obligatorias, el Gobierno Nacional dispuso una serie de medidas económicas para acompañar a los sectores más perjudicados.

Una de las medidas con mayor alcance poblacional fue la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual consistió en una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional. A los fines de contener el incremento de la pobreza y la indigencia que trae aparejada la caída en la actividad económica, la medida estuvo destinada a hogares conformados por personas trabajadoras en condiciones de informalidad, personas desocupadas y monotributistas de las categorías más bajas, es decir, aquellos sectores de la población con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica. El monto del IFE asciende a $10.000, más de la mitad de un Salario mínimo vital y móvil, y durante el 2020 se realizaron 4 pagos que han alcanzado a más de 8,9 millones de personas.

De acuerdo al último Boletín IFE publicado por ANSES (4) , al analizar cómo se distribuyen los beneficiarios en función del género, se observa que la mayoría son mujeres, representando el 55,7% y los hombres el 44,3%. Los principales fenómenos que explican esto son, por un lado, la desigualdad de género estructural, que se siente más en los estratos más vulnerables de la población; por otro, el programa prioriza a las mujeres en caso de haber más de un/a solicitante por hogar y, por último, alrededor del 27% de los beneficios de IFE se otorgaron a titulares de AUH donde la proporción de mujeres supera al 90%.

Por otro lado, y en relación con lo expuesto en el Gráfico 2, esta medida contribuyó a contener los efectos en la población más vulnerable en este contexto. Del total de mujeres que percibieron el IFE, más del 60% son menores de 34 años. En este sentido, es destacable lo necesario que es que el diseño y gestión de estas políticas tengan perspectiva de género, y que reconozca la interseccionalidad de los grupos familiares y que apoye el reparto equitativo de la carga de las tareas de cuidado.

2.2. Brecha salarial entre varones y mujeres

La relación entre los niveles de ingresos de las mujeres y de los varones es un indicador síntesis de la brecha salarial de género y expresa tanto el grado en que las mujeres acceden al mercado de trabajo como los niveles monetarios que obtienen en comparación a los varones. Los datos muestran que, incluso en el universo del empleo registrado, prevalecen elevadas brechas salariales de género. Se trata de un fenómeno persistente, como es posible observar en el Gráfico N° 4.

Al observar, la brecha de ingresos de la ocupación principal en términos de largo plazo es factible identificar una disminución de 11 puntos porcentuales, pasando del 33% al 22% en el periodo 2004-2015, reflejando una contundente disminución durante los primeros años y un relativo estancamiento en la caída de la segunda mitad. De este modo, esta evolución se explica por la mejora de los indicadores macroeconómicos y particularmente aquellos asociados al mercado de trabajo.

Para el segundo trimestre de 2019, al considerar los ingresos de la ocupación principal, es decir, aquellos compuestos por la principal actividad laboral, la brecha se encuentra en el 28%. Dicho de otro modo, la masa salarial de los varones en los 31 aglomerados urbanos de Argentina es 28% mayor en comparación con la masa salarial de las mujeres.

Sin embargo, aun cuando se consideran los ingresos personales, es decir, aquellos compuestos por la totalidad de los ingresos de una persona (ingresos laborales de la ocupación principal y secundaria e ingresos no laborales, como por ejemplo jubilaciones, pensiones, renta, cuota por alimentos, entre otros), la brecha entre varones y mujeres se ubica en el 28%. Es decir, que los varones perciben ingresos personales un 28% mayores que las mujeres.

La erradicación de la feminización de la pobreza y la construcción de la igualdad de género es un imperativo moral y político: requiere garantizar los derechos de las mujeres y construir las mismas oportunidades e incentivos para varones y mujeres. La autonomía femenina es asimismo fundamental para el desarrollo sustentable e inclusivo. La equidad de género es deseable tanto en términos de equidad como en términos económicos.

2.3. El reparto desigual de los cuidados en pandemia: resultados de la “Encuesta sobre el impacto de la pandemia en los hogares: un enfoque desde los cuidados” del Observatorio de Género de CEPA

La declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional por el Poder Ejecutivo Nacional, hace aproximadamente un año atrás, trajo aparejada nuevas dinámicas de reparto, sociabilidad y desarrollo de las tareas de trabajo no remunerado. Distintos análisis – como los que sostiene Dora Barrancos- postulan la existencia de un importante retroceso para las mujeres y femineidades, producto de un retorno forzado al hogar que reforzó una lógica de responsabilización del cuidado en cabeza de mujeres.

También se redujeron fuertemente las tasas de participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal. De acuerdo a la CEPAL, la pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región:

“la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente). Se calcula, además, que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo” (5).

En Argentina los datos de la EPH también dan cuenta de una caída en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo: en el segundo trimestre del 2019 la tasa de actividad de mujeres de 30 a 64 era de 69,2%, mientras que al segundo trimestre de 2020 el indicador muestra una caída de 11,3 p.p. (de 69,2% al 57,9%).

Desde el Observatorio de Géneros del CEPA se llevó adelante en la primera semana de julio de 2020 la “Encuesta sobre el impacto de la pandemia en los hogares: un enfoque desde los cuidados” para conocer el impacto económico de la pandemia y aislamiento social en los hogares argentinos. Uno de los objetivos de la encuesta fue relevar, detectar y analizar el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), sobre el trabajo no remunerado, también llamado trabajo reproductivo, en el que se incluyen tareas domésticas, cuidados de personas y apoyo escolar (debido a la realización de clases de manera virtual). Además, se prestó especial atención al impacto del ASPO en la distribución de horas dedicadas a los trabajos de cuidados y su vinculación con el trabajo a distancia o “teletrabajo” como modalidad que se ha instalado y generalizado para llevar adelante las tareas laborales vinculadas al trabajo remunerado.

Ante una agenda feminista de cara al 2021 con el foco principal puesto en las brechas existentes en la distribución de las tareas con carga de cuidados entre hombres y mujeres, consideramos necesario compartir algunas de las conclusiones que arroja el relevamiento realizado, a los fines de contribuir a la visibilización de las inequidades existentes y de cómo estas se acentúan en un contexto de crisis y aislamiento.

Los resultados de la Encuesta se basan en el análisis de 1.477 casos de personas habitantes del AMBA, y dicha muestra responde a las categorías binarias hombre/mujer. El 52% de las personas que respondieron la misma, se identifican como mujeres y el restante 48% como hombres.

De los encuestados/as el 82,6% respondió haber aumentado el tiempo dedicado al trabajo no remunerado (TNR) en al menos una de las actividades incluidas en la encuesta. De este porcentaje un 70% son mujeres, mientras un 30% son hombres. Sin embargo, cuando se observa en particular el promedio de horas dedicadas al trabajo no remunerado, la brecha crece.

Las mujeres que respondieron la Encuesta manifestaron que antes del ASPO destinaban, en promedio, 6,9 horas diarias al total de trabajo no remunerado, mientras que los hombres respondieron que dedicaban 5,0 horas diarias a estas actividades. Durante el ASPO, la cantidad de horas que dedicaron las mujeres, en promedio, aumentó un 70,7%, a 11,8 horas diarias. Análogamente los hombres contestaron que dedicaron 7,9 horas promedio por día, representando así un incremento de 60,4%.

De esta manera, durante el ASPO se profundizó la brecha que ya se registraba entre la cantidad de horas que dedican los hombres y las mujeres al trabajo no remunerado. Esta brecha creció a 3,9 horas diarias promedio entre hombres y mujeres, lo cual implica un incremento del 97%.

Un factor que requiere atención para el análisis del impacto del ASPO en la distribución de horas dedicadas a los trabajos de cuidados, es el trabajo a distancia o “teletrabajo”. Del total de personas que respondieron la encuesta, el 86% afirmó que durante el ASPO se encuentra realizando teletrabajo. De ese porcentaje el 71% son mujeres y el 29% son hombres.

Estos resultados muestran, además, que en el universo de las personas que se encuentran trabajando bajo la modalidad a distancia, la brecha entre hombres y mujeres respecto del tiempo que le dedican a las tareas domésticas, de cuidados y de apoyo escolar, se incrementa respecto del total de la muestra. En este universo, dicha brecha durante el ASPO se incrementó en 122%, pasando de una diferencia de 2,07 horas a una de 4,58. Esto se explica también porque el incremento de horas que destinan las mujeres a estas tareas se monta sobre un piso más alto de tareas que el de los hombres.

Sin embargo, aunque el incremento fue contundente tanto para hombres como para mujeres, la carga sigue siendo mayor para las mujeres, ya que en los hogares donde hay menores a cargo, las mujeres dedican 7,26 horas más que los hombres en este tipo de tareas y esta brecha se ha incrementado un 100% durante el ASPO. Con anterioridad al aislamiento, esta diferencia era de 3,63 horas.

El teletrabajo reforzó aún más la concentración de la responsabilidad del cuidado en las mujeres. Esta brecha aumenta si al escenario se le suma la variable de trabajo a distancia, ya que la misma asciende al 121%. Las mujeres que se encuentran trabajando bajo la modalidad de teletrabajo y que manifiestan tener menores a cargo, durante el ASPO, dedicaron en promedio, 8,87 horas más que los hombres en las tareas domésticas, de cuidado y de apoyo escolar (antes del ASPO esta brecha era de 4 horas).

De manera similar, un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en conmemoración del 110° Día Internacional de la Mujer, reflejó la desigual división de trabajo de cuidado, agravada por la pandemia del último año. De acuerdo al informe, 3 de cada 4 hogares en el Gran Buenos Aires declararon que la dedicación principal de las tareas de apoyo escolar estuvo a cargo de las mujeres. Del mismo modo, 2 de cada 3 hogares del Gran Buenos Aires respondieron que la dedicación principal de las tareas domésticas estuvo a cargo de las mujeres y en las tareas de cuidado, la relación fue de 7 de cada 10 hogares (6).

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3- Hacia una Ley para un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género

La información antes expuesta da cuenta de la necesidad de reconocer la relevancia de los cuidados como una dimensión económica y del bienestar social. Esta relevancia se hizo aún más evidente en el contexto actual, caracterizada por la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

Hoy las mujeres comparten con los hombres el tiempo de trabajo remunerado, pero no se ha generado un proceso de cambio similar en la redistribución de la carga de las tareas domésticas: las mujeres tendemos a ser las responsables de esas labores (ya sea como “amas de casa” o como trabajadoras fuera de la casa de forma remunerada). A su vez, tampoco se ha producido un aumento significativo en la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas, que permita reorganizar la vida cotidiana incluyendo esta dimensión económica y social.

Es de saber que la desigual distribución de los trabajos de cuidado influye negativamente y de manera directa sobre la incorporación de las mujeres en el mercado laboral formal y en la cantidad de horas que le destinan, condicionando el acceso, permanencia y ascenso a los puestos de trabajo en diferentes ámbitos. Esta realidad es uno de los problemas fundamentales que hacen a la desigualdad de género. Análogamente, la feminización y precarización de los trabajos de cuidados refuerzan la generación de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Uno de los datos salientes de la distribución desigual del ingreso según género se manifiesta, como cristalización, en la brecha patrimonial entre varones y mujeres. En un reciente informe de CEPA (“Economía con perspectiva de género: de la brecha salarial a la patrimonial. Un abordaje en base a la información de Bienes Personales y Seguridad Social”) se publicó un dato altamente relevante y novedoso: a cantidad de mujeres alcanzadas por el impuesto a los Bienes Personales en Argentina (el más progresivo de la estructura tributaria y que se aplica sobre el patrimonio) para el año 2018 sumó 237 mil casos aproximadamente. Del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34% corresponde a las mujeres y el 66% a los varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la distribución de la titularidad de los patrimonios según género. No solamente las mujeres son un tercio de los titulares del impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad. La feminización de la pobreza tiene su contrapartida en la masculinización de la riqueza (7).

En este sentido, uno de los grandes desafíos que nos interpela este 2021 es la institucionalización del aporte que implican los trabajos de cuidados dentro del sistema productivo y reproductivo en la estructura económica y social. El anuncio del presidente Alberto Fernández, durante la última apertura de sesiones ordinarias, de enviar el proyecto de ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género, es un paso fundamental hacia una resignificación del concepto de trabajo de cuidado.

Fundamentalmente, porque de los últimos estudios publicados por el Ministerio de Economía (8), surge que el aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado (TDCNR), al PIB es de 15,9%. Es decir, que es mayor que el aporte que hacen sectores como Industria y Comercio, que son los sectores más importantes. En total, se estima un aporte de $4.001.047 millones de pesos, visibilizando así la escala a la que se reproducen las tareas domésticas no remuneradas en los hogares.

Sumado a esto, el 75,7% del aporte del TDCNR al PBI, proviene de tareas realizadas por mujeres. Esto significa que, las mujeres aportan 3 veces más al PIB en el sector con mayor relevancia y más invisibilizado de toda la economía nacional, y de manera gratuita. Aquí se destaca, y se demuestra una vez más, la desigual distribución social de las tareas domésticas y de cuidados.

Avanzar hacia un Sistema Integral de Cuidados, nos brinda la oportunidad de materializar políticas públicas, con una correspondiente y contundente inversión presupuestaria, que se encuentren atravesadas por una perspectiva de género que respete la interseccionalidad de las mujeres y otras identidades y, de repensar de forma transversal una política económica más inclusiva y transformadora.

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Conclusiones

• Este 8M del 2021 es una fecha clave para recuperar los avances en materia de conquista de nuevos derechos, con el hito de la aprobación del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y para delinear los desafíos en la agenda feminista del presente, donde se torna indispensable el avance en una política integral de cuidados.
• La conquista histórica que significó la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no sólo implica beneficios sustanciales en términos de salud y autonomía sobre las personas gestantes, sino que, contrastando con los argumentos liberales que se opusieron al proyecto, genera un ahorro fiscal para el Estado. Con lo que le costaba a la salud pública el aborto clandestino por las consecuencias y derivaciones médicas de 45.600 personas gestantes (que padecían abortos inseguros que incluso ponían en riesgo su vida), se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 personas gestantes, que equivale al 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año.
• Las consecuencias del impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la dinámica del mercado laboral cristalizan la profundización de una desigualdad de género preexistente. El impacto desigual es evidente: si se analiza el grupo etario de las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, éstas fueron las que experimentaron mayores tasas de desocupación. Durante el segundo trimestre de 2020, la tasa de desocupación de este grupo fue de 5,8 p.p más alta que la de los hombres, alcanzando la brecha más importante de los últimos 5 años. Asimismo, es posible observar que, solo entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre del mismo año la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes crece en 4,6 p.p., al pasar del 23,4% al 28,5%.
• Desde el Observatorio de Géneros del CEPA se llevó adelante en la primera semana de julio de 2020 la “Encuesta sobre el impacto de la pandemia en los hogares: un enfoque desde los cuidados” para conocer el impacto económico de la pandemia y aislamiento social en los hogares argentinos. La encuesta arrojó que durante el ASPO, la cantidad de horas que dedicaron las mujeres en promedio al trabajo no remunerado (TNR) aumentó un 70,7%, pasando de 6,9 horas diarias antes del ASPO a 11,8 horas diarias durante el ASPO. Análogamente los hombres contestaron que dedicaron 7,9 horas promedio por día durante el ASPO, mientras que anteriormente dedicaban 5 horas diarias; representando así un incremento de 60,4%. Esta brecha en el tiempo dedicado al TNR entre hombre y mujeres creció a 3,9 horas diarias promedio, lo cual implica un incremento del 97%.
• A su vez, la relación entre los niveles de ingresos de las mujeres y de los varones es un indicador síntesis de la brecha salarial de género y expresa tanto el grado en que las mujeres acceden al mercado de trabajo como los niveles monetarios que obtienen en comparación a los varones. Los datos muestran que, incluso en el universo del empleo registrado, prevalecen elevadas brechas salariales de género. El principal dato que se debe resaltar es el hecho de que los varones perciben en promedio ingresos personales un 27% mayores que las mujeres.
• Frente al contexto de crisis generada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional garantizó un ingreso básico a 8.9 millones de personas, a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De este total, el 55,7% fueron mujeres y más del 60% de esas mujeres son menores de 34 años, correspondiendo al grupo más vulnerable.
• El desafío de los feminismos en este 2021 debe ser avanzar en cuantificar el trabajo reproductivo para ponerlo en valor y reconocerlo de manera efectiva, en el marco de un nuevo sistema integral de cuidados. Las derechas se resisten a hacerlo porque implica la modificación progresiva desigualdades históricas, que son constitutivas de un sistema económico que repartió el cuidado de forma desigual desde su origen como condición para su desarrollo. El debate sobre el reparto y la remuneración de los cuidados conduce a una reflexión colectiva sobre el tipo de sociedad que queremos. Por eso, nosotras movemos el mundo, porque somos motor de la economía y realizamos un aporte que debe cuantificarse y reconocerse simbólica y materialmente para consolidar el camino de la igualdad y la justicia social.

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Anexo Metodológico

EPH y la medición en pandemia – al segundo trimestre 2020

El modo de relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) ha sido históricamente presencial, pero debido a la pandemia de la COVID-19, el operativo de campo de la encuesta durante el segundo trimestre de 2020 se realizó en el contexto del decreto N° 297/2020, que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Durante el segundo trimestre del 2020 se optó por reemplazar la habitual modalidad presencial a la encuesta telefónica para contactar y realizar la entrevista a los hogares, entendiendo la relevancia que esto conlleva frente a las circunstancias excepcionales. La decisión de no realizar las entrevistas presenciales tuvo un doble propósito. Por un lado, preservar la homogeneidad metodológica y operativa de todo el período, y minimizar así las distorsiones que puedan derivarse de la coexistencia de dos estrategias de relevamiento. Por otro lado, y no menos importante, mantener el distanciamiento social evitando el contacto cercano entre personas entrevistadas y encuestadores, para proteger la salud de ambos. Como resultado de estas adecuaciones en el operativo de campo, de las 26.940 viviendas seleccionadas para el segundo trimestre de 2020 se consiguió información de contacto para 21.950 y, de ellas, en 11.841 sus habitantes respondieron la encuesta.

De acuerdo con el esquema de rotación, en la muestra correspondiente al segundo trimestre del 2020 hubo un grupo que participaba por primera vez (grupo 1) y tres grupos que ya habían participado en períodos anteriores. De este modo, en el 75% de la muestra se esperaba contar con el número de teléfono de los hogares que ya habían sido encuestados, mientras que, en el 25% correspondiente al grupo 1, no se tenía ningún contacto previo con las viviendas.

Se observa que el 71,7% de las viviendas para las que se disponía de un número de teléfono por una participación anterior respondieron la encuesta. Por su parte, el 75,2% de las viviendas para las cuales no se contaba con esa información de trimestres anteriores, no respondieron.

Es importante advertir que el cambio en el modo de recolección de la información en las encuestas puede traer consigo sesgos en las estimaciones, principalmente relacionados con dos fenómenos: el aumento en los niveles de no respuesta debido a las dificultades para obtener el teléfono; y por motivos asociados con el cambio de modalidad. Con el objetivo de morigerar el sesgo al procedimiento de estimación habitual en este trimestre se le aplicaron tres ajustes adicionales.

• Debido al cambio de modalidad en el relevamiento de la encuesta, en algunos aglomerados fue insuficiente la cobertura del panel que entraba por primera vez, el cual constituye alrededor de un 25% de la muestra dentro de cada aglomerado. De esta manera, se realizó una corrección sobre ese grupo de rotación para los aglomerados más afectados, expandiendo el resto de la muestra relevada telefónicamente, ya que en las participaciones anteriores fue posible relevar la información que permitió el acceso al hogar de forma directa.
• En segundo lugar, una vez obtenido el factor de expansión de diseño, se le aplicó un ajuste a través del método de propensity score, que realiza estimaciones en un modelo la probabilidad o propensión que cada hogar tiene a responder la encuesta, a partir de una serie de variables independientes de acuerdo a la información obtenida en los cuestionarios de aquellos hogares relevados en un período anterior. Contar con un conjunto de covariables relevadas en paneles anteriores permitió estimar un patrón de ausencia de respuesta para los hogares que efectivamente respondieron la encuesta telefónica.
• Finalmente, a la hora de realizar el ajuste final por calibración a las proyecciones poblacionales de cada aglomerado se tuvieron en cuenta los totales por sexo y edad.

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