El Banco Central se acercó al Ministerio de Seguridad para trazar nuevas estrategias frente a los que eluden la normativa del mercado de cambios

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron este lunes (31/08) un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones al Régimen Penal Cambiario, así como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevención.

El convenio tendrá una extensión de un año y comprende la creación de una Unidad de Coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitará la provisión de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.

“Éste es el resultado del trabajo que hemos desarrollado con las autoridades bancarias, con el objeto de definir estrategias para incrementar los niveles de seguridad en los bancos y afrontar el conjunto de delitos referidos en esta normativa”, aseguró Frederic en un comunicado.

Por su parte, Pesce sostuvo que el convenio permitirá “un contacto fluido con las distintas fuerzas de seguridad y trabajar rápidamente en la desclasificación de información y en la identificación de personas que, cuando realizan una operación cambiaria ilegal, pueden cometer, además, otros tipos de delitos con divisas”.

Según establece el convenio, los miembros de las fuerzas también realizarán las medidas probatorias, incluyendo la comparecencia de testigos e imputados, y las medidas de investigación que le solicite el BCRA.

El Banco Central elaborará y remitirá periódicamente la información vinculada con actividades de operaciones cambiarias presuntamente sin autorización, además de requerir, en caso que sea necesario, los pedidos de tramitación preferente y urgente de las pericias en las que se solicite la colaboración de Seguridad, informó el Ministerio en un comunicado.

De la firma del convenio participaron también la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio, Gabriel Fuks, y el Superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Claudio Golonbek.

A mediados de agosto el Banco Central lanzó una nueva y sorpresiva medida contra los “coleros digitales“: en total, suspendió a alrededor de 4.600 personas, que no podrán comprar dólares.

El bloqueo se realiza en medio de investigaciones para identificar a “coleros virtuales”, personas que transfieren o venden su cupo de u$s200 dólares mensuales a otros para obtener una ganancia.

El BCRA publicó la lista de inhabilitados, con sus correspondientes número de CUIT y de DNI, a través de su Comunicación C87906.

Así, los bancos o las casas de cambio no podrán volver a venderles dólares sin una autorización previa del Banco Central, lo que en los hechos los inhabilita para operar en cambios por tiempo indeterminado.

A continuación, el listado difundido este martes por el Banco Central, que se divide en dos documentos:

Esta no es la primera vez que el BCRA “escracha” a personas físicas que supuestamente rompen las reglas establecidas con respecto la compra-venta de dólares. En julio publicó una lista de 450 personas que habrían operado de manera irregular en el mercado cambiario.

Las sanciones que recibirán los coleros virtuales
Recientemente, la autoridad monetaria conducida por Miguel Pesce detalló cuáles son las penas -algunas de ellas, severísimas- que deberán afrontar quienes realicen operatorias prohibidas con el dólar:

• El BCRA investigará las denuncias efectuadas por las entidades y las operaciones que puedan vincularse con operaciones marginales o de coleros virtuales, realizando un análisis de consistencia de la información recibida y producida por la Institución.

• Verificados los hechos el BCRA dispondrá la apertura de las investigaciones, citará a los involucrados y dictará las medidas cautelares que le autoriza el artículo 17 de la Ley 19.359, es decir, desde la suspensión para operar en cambios, hasta la prohibición de salida del país para quienes no se presenten ante el requerimiento de la autoridad.

• Las personas involucradas enfrentarán un proceso penal cambiario que dista de ser una formalidad, pudiendo recibir penas de multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción cometida y, en casos de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.

• Las personas involucradas podrán solicitar el levantamiento de las medidas cautelares impuesta previa devolución de la moneda extranjera adquirida en forma irregular.