Con información del diario El País. Un millón de tests de coronavirus en las 37 áreas con más incidencia de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Restricción de la movilidad en los seis distritos y ocho municipios por las que estas se distribuyen, en las que se suspenderá la actividad en parques y jardines, las reuniones se reducirán de 10 a 6 personas como máximo, y los aforos se aminoran al 50% . Y acciones para asegurar el cumplimiento de las cuarentenas de los contagiados y evitar “por todos los medios” la declaración del estado de alarma. Esas son las principales novedades en las restricciones que ha anunciado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que entrarán en vigor el lunes, cuando la líder del PP también se citará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dos señales de que la pandemia amenaza con desbocarse en Madrid, irradiándose por toda España como motor de una segunda ola del virus.

“Hemos detectado 37 áreas donde la incidencia es muy superior, con 1.000 contagios por 100.000 habitantes, una cifra gravísima”, ha dicho Díaz Ayuso, que ha apuntado que los vecinos de las zonas afectadas podrán seguir desplazándose a trabajar, estudiar o llevar a los niños a los colegios. “De no tomar medidas, corremos el riesgo de que se traspase a todo Madrid, y estamos a tiempo de evitarlo”, ha seguido. “Nos vamos a centrar en detectar quiénes son los contagiados, para protegerles a ellos y a todo su entorno”, ha añadido. “Tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que se cumplan las cuarentanas”, ha seguido. “Hay que evitar por todos los medios el estado de alarma. Vienen semanas difíciles, de momentos complicados. Si remamos todos en la misma dirección, será más fácil”, ha continuado. Y ha advertido: “El presidente no viene a tutelar [en la reunión que mantendrán el lunes], si no a colaborar”.

Hasta llegar al anuncio, el Gobierno regional ha vivido una mañana tan frenética como inusitada. La rueda de prensa en la que se debían detallar las nuevas restricciones fue programada para las 11.30, luego retrasada hasta las 13.00, y finalmente se dejó para una hora desconocida de la tarde. La “complejidad jurídica” de la orden no fue solo la excusa con la que se cubrió la tensión interna en el gobierno, donde hay voces que abogan por al menos recapacitar sobre la posibilidad de solicitar el estado de alarma. También reflejó el vértigo que se ha vivido en el Ejecutivo ante la necesidad de tomar medidas que afectan a cientos de miles de personas, y el temor a que fueran tumbadas en los tribunales.

Así, Enrique López, exmagistrado del Constitucional y consejero de Díaz Ayuso, se ha desplazado hasta la puerta del Sol, donde está la sede del gobierno regional, para estudiar el contenido del texto elaborado por la abogacía autonómica con la intervención de los secretarios técnicos afectados. Una muestra más de la falta de herramientas jurídicas con las que tienen que combatir la pandemia las Comunidades. ¿Cómo tomar decisiones sobre derechos fundamentales sin solicitar la declaración del estado de Alarma? Esa es la pregunta a la que llevan largas semanas intentando responder los equipos jurídicos de distintas regiones, incluida Madrid.

La evolución de la epidemia, sin embargo, hacía obligatorio actuar. Madrid notificó el jueves 1.301 positivos e incorporó 4.902 a la serie histórica y sus unidades de críticos están ya al 64% de ocupación. Los nuevos casos de la autonomía suponen casi un tercio del total nacional, 4.541 el jueves. Mientras que en el resto de España el porcentaje de plazas ocupadas por enfermos de covid es el 8,6% de media, en la Comunidad es el 21%: 3.323 en las plantas de agudos y 409 en las UCI. En la última semana han muerto 138 personas por el virus.

El anuncio de las nuevas retricciones llegará tras dos días de marejada interna que comenzaron el miércoles, cuando Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, anunció “confinamientos selectivos” y dijo que había avisado a Ayuso por WhatsApp de esa “medida drástica” que creía que había que tomar. Aquello derivó en una sucesión de desmentidos, enmiendas y matizaciones entre Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el propio Zapatero, con la reprobación en bloque a las formas de toda la oposición, también de Vox.

Las nuevas medidas, en cualquier caso, son el reflejo de una gestión que está en el ojo del huracán. Todo indica que entre finales de junio y mediados de julio, el Gobierno de Díaz Ayuso, agotado por el combate de la primera ola, dejó pasar las semanas sin tomar decisiones clave para impedir el inicio de los rebrotes, y contener la segunda.

Así, Madrid terminó la desescalada el 21 de junio, sin pasar por fase 3 entró a la llamada nueva normalidad. Tampoco había cumplido nunca con los requisitos básicos que el Gobierno central impuso para que las autonomías avanzaran en la desescalada: refuerzo de la atención primaria y salud pública. Todavía, seis meses después de la llegada de la pandemia a la región y tres desde la entrada a la nueva normalidad, sigue sin hacerlo: lo confirman tanto el relato de los propios profesionales de esas dos áreas como las cifras, a posteriori, que ha ido desvelando la propia Consejería de Sanidad a medida que tomaba decisiones, por ejemplo, en el número de rastreadores con los que contaba la región.

Madrid arrancó agosto con unos 400 investigadores encargados de romper las cadenas de transmisiones provocadas por los nuevos contagiados. Tras pedir ayuda al Ejército y acudir al sector privado, a mediados de octubre la región espera llegar a superar los 1.000. Un reflejo de que los recursos para frenar al virus han ido por detrás del ritmo de expansión de la pandemia.