En las computadoras del diputado Germán Kiczka, hallaron indicios de que el presidente del partido Activar, que fundó su amigo personal Pedro Puerta, diputado e hijo del ex gobernador de Misiones en los años 90, habría descargado y compartido material pornográfico con menores de edad, además de otros actos aberrantes.

La causa se inicia en febrero de este año cuando la justicia federal con orden desde Buenos Aires allanó el domicilio de su hermano y su padre, en la ciudad de Apóstoles, también por tenencia de pornografía infantil. De hecho, el legislador intentó ayer desligarse de la causa, que, admitió, “involucra a familiares míos“.

En ese allanamiento se secuestró una computadora personal del diputado misionero. Luego de realizar los registros en esa computadora se detectaron indicios de que podría haber compartido y descargado material pornográfico de menores de edad.

Esa sospecha disparó una investigación de la Policía, Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos. Luego de reunir pruebas se elevó al juez Penal N° 4, Miguel Farías, quien dictó la orden de allanamiento.

El operativo se realizó este martes a primera hora, secuestrándose en el domicilio del diputado dos celulares y una computadora personal (diferente a la secuestrada por la federal en febrero). En esta nueva computadora otra vez encontraron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto. 

Además de archivos, se encontraron revistas, juguetes o elementos sexuales y otros elementos secuestrados.

Al ser diputado provincial, el dirigente tiene fueros que impiden su detención, pero de acuerdo a los resultados de la causa, pueden activarse otros mecanismos para “desaforarlo” y someterlo a la justicia como civil. El juez podría solicitar a la Legislatura que le quiten los fueros para citarlo a declarar, procesarlo y ponerlo a disposición de la justicia. 

Programas encriptados

El tráfico de pornografía infantil es un delito que crece en todo el mundo y muy difícil de detectar debido a que los involucrados comparten material mediante programas encriptados que requieren de claves para acceder. 

El área de Cibercrimen de la Policía usa programas de intercambio de archivos peer-to-peer (P2P) que permiten compartir archivos directamente entre sí sin necesidad de un servidor central. Los usuarios pueden buscar, descargar y compartir archivos dentro de la red. 

Usando un software autorizado por convenios internacionales, especial para este tipo de crimen, se logró monitorear las redes P2P. Al descargar o compartir archivos, los usuarios revelan sus direcciones IP. Las fuerzas de seguridad registran estas direcciones IP y las asocian con la actividad ilegal detectada.

Luego se recopilan datos sobre las actividades de las direcciones IP sospechosas, incluyendo fechas, horas, y detalles del contenido compartido. Este proceso puede durar semanas o meses para reunir pruebas suficientes.

Recién después de esto se procede al allanamiento con orden judicial y las pruebas recabadas, ingresando a la propiedad del sospechoso para buscar y confiscar evidencia. Se confiscan computadoras, discos duros, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. 

Los dispositivos confiscados son analizados por expertos en informática forense para buscar archivos almacenados, borrados y el historial de navegación. 

El Código Penal (Ley 27436) establece prisión de tres a seis años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales; y con 4 meses a 1 año aquel que “a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior”.

Su hermano y su papá

En el marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, en el mes de febrero efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron en el barrio Illia de Apóstoles el domicilio del padre y el hermano del diputado Kiczka, donde hallaron material.

Este operativo se dio en el marco de una investigación que encabeza la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy para desbaratar a una banda que se dedica a la distribución y comercialización de material sexual infantil.

La investigación surge a raíz de la denuncia efectuada por el Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos y la “Coalición De Rescate Infantil” del mismo país.

Estos organismos detectaron a través del monitoreo de redes P2P, la existencia de varios usuarios en Argentina que habían distribuido material de abuso sexual infantil con otros usuarios de varios países.

Fue así que todo derivó en el allanamiento en Apóstoles, como así también otros dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la Provincia de Buenos Aires y uno más en Tucumán. 

En los operativos, se detuvo a dos hombres mayores de edad, se secuestraron 357 archivos multimedia entre fotos y videos con contenido sexual explícito de menores de entre 6 y 17 años.