Misiones cuenta actualmente con 854 efectivos de seguridad por cada cien mil. La Organización de las Naciones Unidas considera que el óptimo es 300 policías por cada cien mil, por lo que Misiones supera largamente esa marca, con más de diez mil policías y 4.500 efectivos penitenciarios en ocho unidades penales. Además, es la única provincia en la que para ser policía, hoy hay que pasar por las aulas: diplomado en seguridad o licenciado en seguridad, con un título de validez nacional que incluso le permitirá trabajar en otra parte del país. 

El presupuesto para el 2025 crecerá 147 por ciento, con 284.186.811.000 pesos, de los que el 84 por ciento va destinado a la función seguridad. En total, el ministerio de Gobierno recibe el 8 por ciento del presupuesto general de la Provincia, detalló el ministro Marcelo Pérez en su presentación ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados. 

“El presupuesto restante se distribuirá en otras áreas clave relacionadas con lo registral, como el Registro de las Personas, Personas Jurídicas, el Registro Público de Comercio, Catastro, y las áreas de violencia dependientes del Ministerio”, precisó. “También se asignarán recursos para el funcionamiento de las subsecretarías y al área de tierras”, agregó.

La presentación de Pérez fue breve, pero no exenta de un intercambio picante con los diputados de la oposición que realizaron llamativas preguntas particulares sobre algo tan complejo como la seguridad. El del PRO, Horacio Loreiro rompió el hielo y se quejó amargamente de la cantidad de llamadas recibidas por parte de un productor de Eldorado. “No quiero que me llame más a mi”, dijo entre risas sobre Ricardo Ranger, el productor cítrico que ya es famoso porque todos los años se queja de tirar naranjas por no poder encontrar mano de obra para la cosecha. Resulta que además de esa queja reiterada, también realizó 71 denuncias en lo que va del año -una cada cinco días- sobre el robo a su chacra. Pérez se reunió con el propio Ranger para analizar la situación. “ Podemos ayudar con logística o inteligencia para saber quien es el responsable de los robos. Pero el productor debe cuidar su propiedad. Su propiedad es muy vulnerable. No se puede cuidar a alguien en particular. Si no, seríamos una seguridad privada”, respondió.

Después, el radical Francisco Fonseca, inquirió sobre eventuales sanciones que hayan sufrido los policías que estuvieron en las protestas de mayo. La respuesta fue tajante: “¿Quien nos preserva de los delincuentes con uniforme? No se puede tener un funcionario con cuentas pendientes con la Justicia penal. Los pases a disponibilidad obedecen a notificaciones de la Justicia por delitos de usurpación, daño, incitación a la violencia, robo de armas, móviles policiales. El delito de sedición”, remarcó Pérez.  

El ministro misionero contó que dialogó con Pätricia Bullrich sobre la situación de los policías díscolos y la ministra de Seguridad de la Nación respaldó la posición de Misiones. “No se violó ningún acuerdo. Nadie viola la ley”, apuntó Pérez.

Finalmente, Miguel Núñez, también del PRO, se quejó por la detención de uno de los cabecillas de la protesta policial. Nuevamente, Pérez fue terminante: “La Policía no detiene a nadie porque sí. Se lo detuvo por orden de un juez. Y el juez ordenó que se le secuestre el teléfono para determinar eventuales contactos” para la concreción de los delitos, detalló. 

Pérez destacó que la seguridad se presenta como una prioridad fundamental dentro de los ejes del Estado provincial, junto con la educación y la salud. En este sentido, “se continuará trabajando para incorporar tecnología y logística, y fundamentalmente para la formación de nuevos cuadros, que tengan título universitario”, expresó.

Sobre este último aspecto, el ministro destacó que Misiones es la única provincia en el país “en la que los oficiales de Policía o del Servicio Penitenciario Provincial para poder vestir el uniforme deben haber pasado por el aula y tener una validez nacional, algo que aspiran también otras provincias”.

En cuanto a la incorporación de más tecnología, se refirió a “cámaras de videovigilancia, la utilización de la inteligencia artificial para que haga predictibles algunos delitos y el mapa del delito en función de esa predictibilidad”.