En el Presupuesto 2025 el Gobierno nacional detalló en el artículo 59 que destinará $254.421 millones para las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas al Estado nacional. Especialistas advierten que los fondos no serán suficientes y que una cuestión de cálculo habilitaría a que haya imposibilidades de cobro por parte de las provincias que no transfirieron.

El artículo 59 establece como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales $254.421 millones para los gastos corrientes. En este universo de cajas no transferidas a Nación se incluye a 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La Ley de Leyes establece también que se concretarán mensualmente anticipos a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de cada jurisdicción una doceava parte del total, al igual que estaba fijado en presupuestos anteriores. Agrega además que solo podrán requerir “pagos de los anticipos a cuenta las provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior”.

La norma que tratará el Congreso parte de la base del incumplimiento de las transferencias fijadas en el Presupuesto vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en 2024 no se ejecutaron transferencias a cajas previsionales de las provincias, que tienen asignaciones por $0,08 billones a agosto 2023, es decir, sin considerar las actualizaciones por inflación ni por fórmula.

El monto fijado por el Gobierno con este destino no alcanza a cubrir las deudas reclamadas por las cuatro provincias de la región centro. En el caso de Santa Fe, la deuda reclamada a Nación asciende a $800 mil millones, mientras que para Buenos Aires escala a $975.500 millones. Para Córdoba se estima que supera los $400 mil millones y en Entre Ríos los $100 mil millones.

Desde la consultora Politikon advirtieron que los fondo asignados no serán suficientes para cubrir los reclamos de deuda de las jurisdicciones,  “abriendo la puerta así a la continuidad de reclamos por vía administrativa o incluso judicial a tal efecto“.  

El Presupuesto ratifica lo dictado en el DNU 280/2024 que elimina la cláusula que estaba fijada en el presupuesto 2023 (prorrogado para 2024) y que en su artículo 93 establecía que los anticipos mensuales a las cajas previsionales se enviarían con una actualización según el índice de movilidad jubilatoria.

Si bien no se encuentra vigente aquel índice de movilidad y se cambio por la actualización mensual por inflación, la cláusula de actualización no fue incluida.