Analytica Consultora. El Presidente presentó el presupuesto para el próximo año en el Congreso, enfatizando al déficit fiscal como raíz de los problemas del país y proponiendo una nueva regla fiscal que garantice el equilibrio financiero en los próximos años. Una propuesta sobre la que surgen interrogantes respecto a su implementación y sostenibilidad. Entre otras cosas, por las diferencias en torno al gasto en jubilaciones que derivaron en un veto presidencial a la ley votada por gran parte de la oposición. El presupuesto define los gastos y recursos con los que el gobierno ejercerá su política pública durante el próximo año calendario. A su vez, también establece el escenario macroeconómico que proyecta y sobre el cual se basan los cálculos para los ingresos proyectados. En este caso, como suele suceder, se plantea un horizonte optimista y con algunas inconsistencias.

Un escenario macro muy optimista

El gobierno estima un crecimiento del PIB del 5% para el año que viene, donde la mayor recuperación estaría en la inversión (+9,9%), seguida por las exportaciones (+7,7%), el consumo privado (+4,5%) y finalmente el consumo público (+4,0%). Al mismo tiempo, espera una fuerte reducción de la inflación, al 18,3% anual, lo que equivale a una tasa mensual del 1,4% promedio. ¿Es un escenario factible? La clave está en si hay suficientes dólares. Las exportaciones crecerian 9% en volumen hasta un total de U$S104.030 millones. Donde las cantidades crecerian 7,7% y los precios 1,2%. En las condiciones actuales, es un escenario optimista: los precios futuros de la soja para mayo-julio del próximo año promedian 10% menos respecto a igual periodo de este año. Por su parte, el aumento en cantidad de las importaciones, +14,2%, está en línea con su elasticidad ingreso histórica, por cada incremento del 1% en el producto, tienden a crecer 3%. 

Finalmente, el presupuesto estima un saldo comercial de U$S20.748 millones, menor en un 5,6% al que finalizaría en 2023. Optimista dado que se proyecta que el tipo de cambio real si bien no se apreciaría tampoco mejoraría respecto a este año. El dólar oficial subiría a la par de la inflación (+18,3%). Así el tipo de cambio real promedio sería tan solo un 4,1% superior al de noviembre de 2023. 

A su vez, el gobierno efectuará una apreciación fiscal con la eliminación del Impuesto País,hoy en 7,5% para bienes. Una medida que igualmente es improbable que permita una desaceleración de la inflación en casi 100 puntos entre diciembre de este año y el próximo. En la historia cuando eso sucedió, como en las experiencias del 85’ al 86’ y del 90’ al 91’, entre otras medidas, el tipo de cambio sirvió como ancla nominal y se apreció entre un 16% y un 36%, respectivamente. 

Tasas de interés reales (muy) positivas 

En el presupuesto el gobierno redactó que el período de tasas negativas llegó a su fin. Sin embargo, la regla fiscal de equilibrio financiero necesita que los pagos por intereses no crezcan excesivamente o, de lo contrario, deberá acelerar fuertemente el ajuste del gasto. Sin bien se señala que no se va a tomar nueva deuda para refinanciar gastos corrientes, el gobierno seguirá accediendo a los mercados para refinanciar deudas anteriores. En este contexto, cualquiera sea el motivo que lleve al mercado a solicitar una tasa de interés mayor puede poner en jaque el programa fiscal. 

En paralelo, el gobierno estima que para el 2025 el stock de LEFI (Letra Fiscal de Liquidez), aquel instrumento que se utilizó para mudar los pases pasivos del BCRA en poder de los bancos al Tesoro, se mantendrá en $29,8 billones. La emisión de este instrumento fue de $20 billones y tienen una capitalización diaria a la tasa de política monetaria que se acumula hasta su vencimiento en julio de 2025. 

El número presente en el presupuesto surge de sumar capital e intereses a una TEA del 49,15%, tal como se encuentra en este momento la tasa de política monetaria. Implícitamente, esto asume que la tasa de política monetaria se mantendrá constante hasta ese entonces, lo que en la práctica, con la inflación proyectada del 18,3%, implica una tasa real positiva del 26,1% para el 2025. Este registro es muy alto y en los últimos tiempos solo fue visto en el 2019. No es una tasa real consistente con un crecimiento del 5% y con el programa fiscal del gobierno. 

NUEVOS GANADORES Y PERDEDORES 

El presupuesto estima para el Sistema Público Nacional un superávit primario de 1,3% del PIB, menor al proyectado para este año (1,5%), y equilibrio financiero. Los recursos totales del Sector Público Nacional se incrementarían un 33%, cayendo 0,2 puntos porcentuales en su participación en el PIB (16,5%), aunque en lo referido a la recaudación tributaria, la misma aumenta su participación en 0,1 p.p. 

Por su parte, los gastos totales crecerían 32,8%, también cayendo 0,2 puntos porcentuales de su participación en el PIB (16,5%). El incremento en la recaudación es superior a la inflación y al crecimiento proyectados, por lo que no se explica únicamente por la recuperación del nivel de actividad. Inconsistencias en los ingresos fiscales Entre los ingresos, destaca la anunciada eliminación del Impuesto País, así como la reducción de la recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales -22,7%. Por otro lado, se prevé un aumento en el Impuesto a las Ganancias, que crecerá un 41,1% debido a la reincorporación de la cuarta categoría; el impuesto a los combustibles, aumentará un 155,4% por actualizaciones pendientes; y el monotributo, se elevará un 196,9%. Es, sin embargo, en los impuestos vinculados al comercio exterior donde quedan dudas. 

Según las proyecciones del presupuesto, los derechos de importación y la tasa estadística crecerían 50,2% y 53,2%, respectivamente, lo cual no se condice con las proyecciones de incremento de las importaciones del 13,4% y de devaluación del tipo de cambio del 18,3%. Al mismo tiempo, los derechos de exportación se duplicarían, lo cual es dificil de conciliar con un incremento proyectado del 9% en el volumen de las exportaciones. Sin embargo, las autoridades difundieron que este incremento viene explicado, en parte, por la baja base de comparación que implica el presente año: en 2023, por tasas de interés muy negativas y una elevada expectativa de devaluación, hubo un incentivo a pagar los derechos de exportación en el menor plazo posible, algo que no suele ser habitual. Con la normalización macroeconómica, el año que viene los niveles de recaudación por retenciones se normalizarían. 

Los gastos en línea con el plan de gobierno 

• El gasto en remuneraciones del Sector Público Nacional se incrementaría un 38,5%, 20 puntos por encima de la inflación proyectada, lo que implicaría una recuperación de los salarios públicos de 0,1 puntos del PIB para el 2025, muy lejos de la caída de 0,5 puntos estimada para el 2024, según las proyecciones del presupuesto.

• Habría un fuerte recorte en las empresas públicas que se refleja en la caída de su déficit operativo en 42,7%. Esta es la partida con la caída porcentual más considerable dentro del gasto, equivalente a 0,2 puntos porcentuales del PIB. Desagregando lo presupuestado en transferencias del Tesoro Nacional a las distintas empresas estatales, se destaca la situación de Correo Argentino. El crédito vigente del presente año con financiamiento del Tesoro fue de $219.000 millones, mientras que en el proyecto de presupuesto, las transferencias corrientes del Tesoro se ubican en $34.300 millones, una caída del 84,3%. 
• Las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones y pensiones) se incrementarían 39,3%, 11 puntos por encima de la inflación proyectada. De esta manera, con la nueva fórmula de movilidad, recuperarían 0,2 puntos porcentuales del PIB y pasarían a representar un 6,3% del mismo, aunque quedando por debajo del 6,7% de 2023 y aún más del 9,1% promedio entre 2016 y 2020. 
• El gasto en servicios económicos asociado a energía, combustibles y minería disminuiría en 31,6% si se considera el crédito vigente para 2024 al 18 de septiembre, pasando de ser $7,4 billones en 2024 a ser $5 billones en 2025 2 . La partida más relevante de este concepto es el programa “Formulación y ejecución de la política de energía eléctrica”, que actualmente representa el 52% del gasto en servicios económicos asociado a energía, combustibles y minería, y esta conformada mayormente por las transferencias presupuestadas a CAMMESA (99,6%). En base al proyecto presupuestario, dicho programa tendría una caída nominal del 44,5%, pasando de $3,8 billones de crédito vigente a tener una asignación de $2,1 billones en 2025. Estos números estan en línea con el mensaje del presupuesto que indica que para 2025 se prevé que el costo de las tarifas sea cubierto por los usuarios en un 84,8% (20 p.p. más que en 2024, según el proyecto).
• En cuanto a las universidades nacionales, el presupuesto 2025 asignado en el proyecto es de $3,8 billones para el financiamiento de gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales. En la actualidad, el crédito vigente para los gastos especificados en universidades nacionales es de $3 billones, por lo que el presupuesto incrementaría un 26%. 
• Entre los presupuestos asignados a las distintas jurisdicciones de la Administración Central, los aumentos por encima del promedio del 33,6% están en Obligaciones a Cargo del Tesoro (159,7%), Presidencia de la Nación (43,5%), Poder Judicial (36,9%), Ministerio de Capital Humano (36,5%) y el Ministerio de Salud (34,7%); mientras que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia sufren recortes nominales del 12,5% y 13,2%, respectivamente. 
• Al desagregar por subjurisdicciones, se observa que los mayores aumentos se dan en la Secretaría de la Presidencia de la Nación (+44,4%), Secretaría de Inteligencia del Estado (+44,2%), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (+44%) y la Secretaría de Educación (+39%). Las últimas dos reciben el mayor incremento en términos monetarios: $1,6 billones y $1,2 billones, respectivamente segundo organismo con mayor presupuesto es la Agencia Nacional de Discapacidad, que tendría una caída presupuestaria del 5,6% pasando de un presupuesto de $3,4 billones en en 2024 a $3,1 billones en 2025. En esta línea, también se destaca la disminución del 14,4% en el presupuesto del INTI, pasando de un presupuesto de $0,85 billones en 2024 a $0,73 billones en 2025. Por otro lado, se destaca el incremento del 197% en el presupuesto del Instituto Nacional de Promoción Turística con una asignación de $43.500 millones, más de $28.863 millones que en 2024. A su vez, los aumentos por encima del promedio en algunas partidas asociadas al gasto de capital podría ser un indicio de una reactivación en ciertos sectores de la obra pública, como por ejemplo la Dirección Nacional de Vialidad que tendría un incremento del 68,8%, con un monto asignado de $1 billón (+$414.207 millones que en 2024).

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