Un informe del centro de estudios Fundar advirtió que la desregulación comercial implementada por el Gobierno nacional pone en riesgo 431.452 puestos de trabajo, el 1,9% del empleo total del país. Si bien el epicentro de la crisis se concentra en las grandes provincias industriales como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el impacto también alcanzaría de forma significativa a economías regionales como la de Misiones, especialmente en sectores como la forestoindustria, el textil y el comercio.

Según el estudio, la eliminación de barreras comerciales, la baja de aranceles y la flexibilización de importaciones generan un efecto inmediato de alivio para los consumidores, al reducir los precios de bienes finales. Pero esa misma estrategia expone a las pequeñas y medianas empresas a una competencia asimétrica con productos importados de menor costo, afectando la producción nacional y el empleo formal.

Industria local en riesgo: el caso Misiones

Misiones, con una estructura productiva asentada en industrias regionales como la madera, el calzado, la textil e incluso la metalmecánica, enfrenta una amenaza directa. El riesgo no es sólo la pérdida de empleos, sino también una potencial desarticulación del entramado productivo local. En rubros como la fabricación de muebles, el aserrado y la manufactura de indumentaria, el ingreso masivo de productos importados puede dejar sin competitividad a centenares de firmas locales.

De los más de 431.000 empleos bajo amenaza, el 65% corresponde al sector industrial, especialmente manufactura textil, productos de metal, electrodomésticos, calzado y madera: actividades con fuerte presencia en la provincia.

El informe señala que los más perjudicados serían varones jóvenes de entre 25 y 44 años, por su alta participación en los sectores vulnerables. En Misiones, donde esta franja etaria constituye un núcleo importante del empleo industrial, la afectación podría generar un aumento en el desempleo juvenil, la informalidad laboral y la migración forzada hacia actividades precarias.

Desde Fundar advierten que los efectos de la apertura comercial podrían amortiguarse con políticas públicas integrales: tipo de cambio competitivo, menor presión tributaria, financiamiento accesible y estrategias de reconversión sectorial. También resaltan el rol clave de los gobiernos provinciales y municipales: “El éxito de las estrategias de transición productiva dependerá en buena medida del protagonismo que asuman estas provincias y municipios”.

En ese sentido, Misiones aparece como una de las jurisdicciones que deberá reforzar sus capacidades institucionales para implementar programas de asistencia técnica, reentrenamiento laboral y estímulos a la inversión productiva.

La reforma incluye una batería de medidas que ya comenzaron a aplicarse: eliminación del sistema de licencias no automáticas, baja de aranceles en productos como ropa, electrodomésticos y maquinaria, supresión de controles de etiquetado, reducción de impuestos en envíos vía courier y la flexibilización de reglamentos técnicos.

Entre los rubros más afectados por esta apertura, además de la industria (282.094 empleos en riesgo), se cuentan el comercio (62.355), transporte y comunicaciones (33.710), agro (13.968) y servicios profesionales (19.880).