La Argentina exhibe una radiografía social que desafía la premisa del ajuste permanente. Sin el aporte del Estado, no habrá mejoras para el porcentaje de argentinos que vive con carencias permanentes. El país combina mejoras modestas en la calidad de las viviendas con persistentes brechas en el acceso a servicios básicos, salud y hábitat. El último informe del INDEC, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, ofrece una imagen precisa del país urbano: más del 80 % de las familias habita viviendas adecuadas, pero la mitad carece de alguno de los tres servicios esenciales -agua, gas y cloacas- y un tercio depende exclusivamente del sistema público de salud.

El principal cuello de botella sigue siendo la infraestructura. Solo el 53,8 % de los hogares dispone simultáneamente de agua corriente, gas por red y cloacas. Los otros 4,7 millones deben recurrir a garrafas, pozos o conexiones precarias, con una brecha marcada por nivel de ingresos: mientras el 71 % de los no pobres accede al gas por red, apenas el 35 % de los indigentes lo consigue. Esa desigualdad material se traduce en sobrecostos, riesgos sanitarios y una mayor dependencia del Estado para compensar las deficiencias.

En saneamiento, la situación tampoco es homogénea. Casi tres de cada diez personas no cuentan con conexión cloacal, y en varios aglomerados del Norte la cobertura es inferior al promedio nacional. En un país que aspira a equilibrar sus cuentas fiscales, la deuda en infraestructura básica representa una traba directa al desarrollo.

La mayoría de los argentinos habita en casas de materiales sólidos y con bajo nivel de hacinamiento. Sin embargo, uno de cada veinte hogares vive a menos de tres cuadras de un basural y uno de cada diez en zonas inundables. Es la expresión de un urbanismo desordenado que creció al margen de la planificación y que hoy se combina con la falta de inversión municipal y ambiental.

Los indicadores muestran que el país ha resuelto parte de su déficit habitacional estructural, pero no las condiciones del entorno ni los servicios que garantizan calidad de vida. En ese sentido, la agenda urbana se cruza con los dilemas ambientales y sociales: contaminación, riesgos sanitarios, pérdida de suelo urbano y degradación del espacio público.

El informe del INDEC confirma que uno de cada tres argentinos depende exclusivamente del sistema público de salud. Entre los niños y adolescentes, esa proporción asciende al 44 %, mientras que entre los adultos mayores cae al 2,5 %. La fragmentación del sistema sanitario, junto con la caída del empleo formal y los aumentos de las prepagas, explica esta sobrecarga que hoy asumen hospitales y centros de atención primaria.

A pesar del discurso oficial de “eficiencia y ajuste”, el sector público se convierte nuevamente en la red de contención principal ante la pérdida de coberturas privadas. La presión sobre las provincias y los municipios -responsables de la atención de base- crece en paralelo con el deterioro del poder adquisitivo y la reducción de transferencias.

En materia educativa, el país mantiene un nivel de asistencia cercano a la universalidad en la edad obligatoria: 97,9 % entre 4 y 17 años. Sin embargo, el segmento de 15 a 17 años -últimos años de la secundaria- muestra una leve caída hasta el 94,9 %, reflejo de la deserción vinculada a la pobreza, la necesidad de trabajar o la falta de conectividad y recursos. La educación sigue siendo el principal amortiguador social, pero su sostenimiento requiere políticas activas que contradicen el discurso del ajuste fiscal.

Propiedad y alquiler: la presión del mercado urbano

El 61 % de los hogares es propietario de su vivienda, pero uno de cada cinco alquila y casi un 10 % ocupa inmuebles de manera irregular. Con la derogación de la Ley de Alquileres y la liberalización del mercado, las familias de menores ingresos enfrentan una vulnerabilidad creciente: contratos más cortos, pagos en dólares y una escasa oferta formal.

El informe del INDEC no mide la inflación ni el ingreso, pero los datos estructurales son un espejo de los límites del modelo en curso: el ajuste macroeconómico no corrige los déficits sociales acumulados. En un país donde la mitad de la población carece de servicios completos y un tercio depende de la salud pública, el éxito de la estabilización no puede medirse sólo en términos de superávit o tipo de cambio.La Argentina de Milei enfrenta así un dilema central: cómo sostener la disciplina fiscal sin desatender la infraestructura social mínima. El Estado se ha retirado de varias funciones, pero su ausencia se hace visible justamente en los indicadores más duros de la vida cotidiana.