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Confirmaron las condenas a cuatro aduaneros por facilitar el contrabando en el puente entre Misiones y Paraguay

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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para los agentes que cobraban coimas a paseros en el paso fronterizo Posadas-Encarnación.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra cuatro agentes de la Dirección General de Aduanas por integrar una organización delictiva dedicada al contrabando en el puente internacional que une Misiones con Paraguay. La resolución, firmada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, ratificó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La investigación judicial acreditó que la banda funcionó de manera estable entre abril de 2016 y octubre de 2017. Durante ese período, los funcionarios omitieron controles aduaneros a cambio de sobornos pagados por contrabandistas locales conocidos como “paseros”, permitiendo el ingreso irregular de mercadería extranjera al país.

Las penas aplicadas a cada involucrado

Las condenas confirmadas por el tribunal de alzada se distribuyeron según la jerarquía y el grado de participación de cada imputado en la maniobra:

  • Bernardino Castor Esquivel: recibió seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado miembro de la asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo. Los magistrados valoraron su rol de jefe de turno y el deber de supervisión que incumplió.
  • Francisco Antonio Llorente: también jefe de turno, fue condenado a cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua bajo los mismos cargos.
  • Orlando Ariel Alfonso: recibió una pena única de cinco años de prisión por asociación ilícita, cohecho y coautoría de contrabando de importación agravado por su condición de funcionario aduanero.
  • Lorenzo René Juárez: quien se desempeñaba como guarda en los carriles de control, fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua, una medida que Casación ratificó como consecuencia obligatoria del delito de cohecho según el Código Penal.

Claves futbolísticas y grupos de WhatsApp para el contrabando

El expediente probó la operatoria mediante intervenciones telefónicas y peritajes sobre teléfonos secuestrados. En las comunicaciones, los implicados utilizaban códigos futbolísticos para encubrir la actividad ilegal: los guardas y contrabandistas eran llamados “jugadores”, mientras que los jefes de turno recibían el apodo de “directores técnicos”.

Para concretar cada cruce ilícito, debían coincidir en el mismo turno un guarda dispuesto a liberar el paso y un jefe que omitiera la fiscalización. Además, los aduaneros indicaban a los contrabandistas qué carril estaba liberado y les advertían que no formaran caravanas para evitar sospechas. La coordinación incluía un grupo de WhatsApp llamado “paseritas jijiji”, donde se informaba en tiempo real el estado de los controles en el puente.

El operativo que expuso a la red delictiva

Uno de los hechos clave del caso ocurrió el 13 de agosto de 2017 en el carril tres del viaducto internacional. Cámaras de seguridad registraron cuando el guarda Orlando Ariel Alfonso permitió el paso sin inspección de un automóvil Fiat Palio Adventure tras conversar brevemente con el conductor.

Minutos después, una patrulla de la Gendarmería Nacional interceptó el vehículo en un control sobre la avenida Costanera de Posadas. En su interior hallaron 390 luces led extranjeras sin aval aduanero. El conductor, Miguel Ángel Jara, fue detenido y posteriormente aceptó una pena de tres años de prisión condicional mediante un juicio abreviado.

Rechazo a los planteos de nulidad de las defensas

Durante el proceso, las defensas intentaron anular la causa cuestionando la legalidad de las escuchas telefónicas, la cadena de custodia de las grabaciones y la imparcialidad del presidente del tribunal de Posadas, Enrique Bosch.

Casación desestimó todos los recursos al considerar que las intervenciones de octubre de 2016 estuvieron respaldadas por una denuncia fundada del entonces administrador de la Aduana y que las defensas tuvieron pleno acceso a los soportes originales. Asimismo, descartaron falta de imparcialidad del juez Bosch frente al señalamiento de que su hijo trabaja como abogado en la Aduana, al comprobar que no tuvo ninguna participación ni influencia en el expediente.

Con el fallo firme, la Justicia federal ratificó el desmantelamiento de la estructura corrupta y ordenó determinar por vía incidental el monto económico que los condenados deberán abonar en concepto de reparación del daño ocasionado al Estado.

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