El Gobierno nacional oficializó una actualización salarial para dos de las actividades más sensibles del nordeste productivo argentino. A través de las resoluciones 37/2026 y 38/2026, publicadas el 13 de marzo en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) estableció nuevas remuneraciones mínimas para trabajadores citrícolas y yerbateros en la provincia de Misiones y en los departamentos correntinos de Ituzaingó y Santo Tomé.

La medida fija valores escalonados desde el 1 de febrero de 2026 hasta mediados de año y permanecerá vigente —según la normativa— hasta que una nueva resolución reemplace las escalas. En términos políticos y productivos, la decisión toca una fibra sensible: regula ingresos en dos economías regionales que concentran miles de trabajadores rurales y que históricamente han sido escenario de tensiones entre productores, gremios y Estado.

La actualización salarial introduce además nuevos adicionales vinculados a educación, productividad y asistencia, junto con la aplicación de una cuota de solidaridad gremial del 2% destinada a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El movimiento del Gobierno abre así un frente donde convergen regulación laboral, equilibrio sectorial y representación sindical.

Un marco institucional que combina regulación laboral y negociación sectorial

Las resoluciones fueron dictadas en el marco del régimen de trabajo agrario establecido por la Ley 26.727, que otorga a la CNTA la facultad de fijar remuneraciones mínimas para distintas actividades rurales.

En el caso de la actividad citrícola, la Resolución 37/2026 establece salarios para diversas categorías laborales, desde peones generales hasta personal jerarquizado. El jornal mínimo garantizado comienza en $26.193,79 en febrero y se actualiza de manera mensual hasta alcanzar $27.257,37 en junio de 2026.

La norma también incorpora un adicional por inserción y terminalidad educativa, destinado a trabajadores que hayan completado estudios formales. Los montos varían entre $14.661,72 y $20.980,70 mensuales, dependiendo del nivel alcanzado.

Para el sector yerbatero, la Resolución 38/2026 define un esquema salarial basado principalmente en rendimiento productivo. En febrero de 2026, el corte de yerba en plantaciones normales se fija en $31.352,56 por tonelada, mientras que la tarea de corte y quiebra asciende a $77.997,95.

La normativa contempla además varios mecanismos de incentivo. Entre ellos, un suplemento del 6% para tareferos que superen determinados volúmenes de cosecha semanal y un premio estímulo del 8% para trabajadores de secaderos o depósitos con asistencia perfecta.

Ambas resoluciones establecen también un aporte solidario del 2% sobre las remuneraciones, que los empleadores deberán retener y depositar a favor de UATRE. La normativa aclara que los afiliados al sindicato quedan exentos de ese descuento.

Impacto en la economía regional y en el equilibrio sindical

El alcance de la medida excede lo estrictamente salarial. La actualización se inscribe en un sector donde la regulación estatal suele funcionar como un mecanismo de equilibrio entre productividad, ingresos laborales y competitividad regional.

La yerba mate y la citricultura constituyen pilares de la economía misionera. La fijación de precios laborales mínimos tiene efectos directos sobre los costos de producción y sobre la estructura de ingresos de miles de trabajadores rurales que participan en la cosecha, el transporte y el procesamiento.

El esquema aprobado también refuerza el rol institucional de la CNTA como instancia de mediación entre intereses sectoriales. La decisión de establecer incentivos por productividad y educación refleja un intento de introducir variables que combinen remuneración y eficiencia laboral.

Al mismo tiempo, la incorporación de la cuota solidaria del 2% consolida la participación gremial en el sistema de regulación salarial rural, un punto que históricamente ha sido objeto de debate dentro del sector agropecuario.

Un tablero abierto hacia la próxima revisión salarial

Las resoluciones incluyen una cláusula que anticipa nuevas discusiones. Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario acordaron volver a reunirse en mayo de 2026 para evaluar si las condiciones económicas requieren ajustes adicionales en las escalas.

Ese compromiso deja abierta la evolución del esquema salarial en un contexto donde las variables macroeconómicas pueden alterar rápidamente los acuerdos sectoriales. También coloca a la economía regional en una instancia de seguimiento permanente, en la que productores, trabajadores y autoridades deberán medir el impacto real de las nuevas remuneraciones.

En ese escenario, la actualización salarial funciona tanto como una regulación concreta para el presente como un punto de partida para futuras negociaciones dentro del complejo agroindustrial del noreste argentino.