El Gobierno nacional designó este martes a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia para regresar al sector privado. El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia a partir del jueves 18, para completar un período legal.

Vázquez cuenta con más de 35 años de trayectoria en el organismo recaudador, anteriormente conocido como AFIP, y fue titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Sin embargo, su llegada a la máxima conducción de ARCA se produce en un contexto sensible: el funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, a raíz de la tenencia de propiedades y cuentas en el exterior que no habrían sido declaradas ante los organismos de control argentinos.

A lo largo de su carrera en la ex-AFIP, Vázquez protagonizó enfrentamientos con al menos cuatro superiores jerárquicos, ninguno de los cuales logró desplazarlo del organismo. En ese trayecto, afrontó múltiples sumarios administrativos y al menos dos causas penales, de las que resultó sobreseído. Posteriormente, fue designado por el presidente Javier Milei al frente de la DGI.

Contador público y figura central de la Dirección de Inteligencia Fiscal, área que integró durante casi un cuarto de siglo, Vázquez construyó vínculos de peso dentro del entramado de poder estatal, en particular durante la gestión de Carlos García Lorea, con nexos que alcanzaron a los servicios de inteligencia conducidos entonces por Francisco Larcher y Jaime Stiuso.

En diciembre de 2024, dos meses después de su designación en la DGI, el diario LA NACION publicó una investigación que documentó que Vázquez habría adquirido, a través de sociedades radicadas en el exterior, tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares, los cuales no fueron consignados en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

La operatoria incluyó una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas, controlante de otras dos compañías en Panamá, que funcionaron como vehículos para la compra de los condominios ubicados en Miami. Tras la publicación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación formal.

No se trató del primer antecedente. En 2011, Vázquez fue denunciado por la presunta titularidad, junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez, de una cuenta en el ING Bank NV de Curazao por 442.113 dólares, fondos que habrían sido transferidos en 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. La causa concluyó en 2022, cuando el juez federal Ariel Lijo dispuso el sobreseimiento al no recibir cooperación internacional que permitiera verificar la existencia de esas cuentas.

Tensiones políticas y movimientos judiciales

Tras la investigación periodística de diciembre, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo públicamente que Vázquez ya había sido sobreseído por Lijo y calificó el episodio como “un tema del pasado”. No obstante, su designación al frente de la DGI generó tensiones internas en el Gobierno. El decreto fue firmado por el presidente Milei junto a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni del ministro de Economía, Luis Caputo, y tampoco contó con la firma de la titular de la AFIP de ese momento, Florencia Misrahi, quien fue desplazada semanas después.

En septiembre, en el marco de la causa por los inmuebles en Miami, Vázquez logró que se apartara al fiscal interviniente. A pedido suyo, el juez Daniel Rafecas remitió el expediente a Marcelo Martínez de Giorgi, quedando la investigación en manos de este magistrado y del fiscal Guillermo Marijuán, pese a la oposición del fiscal Carlos Rívolo, quien alegó tener la pesquisa más avanzada.

Luego, en noviembre, una nueva investigación periodística reveló que Vázquez pagó con cheques a su nombre impuestos correspondientes a tres condominios en Miami, entre 2014 y 2018, cuando ya ocupaba un cargo jerárquico en la AFIP. Esos pagos, documentados en registros oficiales del condado de Miami-Dade, tampoco habrían sido informados ante la Oficina Anticorrupción.

La llegada de Vázquez a la conducción de ARCA combina, así, una extensa experiencia técnica dentro del organismo recaudador con un prontuario de controversias judiciales y administrativas que vuelve a colocarlo en el centro del debate político e institucional.