La mitad de las 16.800 mujeres en situación de violencia de género mayores de 14 años que atendió la oficina especializada de la Corte Suprema desde el 2018 soportó maltratos por 6 años, de acuerdo a un informe difundido hoy por el organismo.
El estudio de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que preside Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta del máximo tribunal, reveló que el tiempo promedio de maltrato “casi alcanzaba” los 6 años.
El dato surgió del análisis de la situación de las 16.800 mujeres afectadas que concurrieron en 2018, 2019 y el primer semestre de 2020 a la oficina.
Además, constató que la frecuencia de los episodios fue diaria/semanal en el 66% de los casos y que el 56 % de los denunciados tenía antecedentes de violencia con parejas anteriores.
También que 5.464 mujeres fueron amenazadas de muerte por el violento.
En relación a las edades, el relevamiento determinó que 6 de cada 10 afectadas tenían entre 22 y 39 años, y que las mujeres que denunciaron a su pareja o expareja tenían un vínculo promedio de casi 9 años con el agresor y la violencia se remontaba a alrededor de 6 años atrás.
La violencia deja “secuelas en la salud psicoemocional y física” de las mujeres y “a mayor tiempo de exposición a la violencia se agudizaría dicho padecimiento y, en consecuencia, la vulneración de sus derechos”, analizó el equipo de profesionales de la OVD.
“Asimismo, de la observación de los casos resulta que en ocasiones se verifica el entrampamiento vincular de las personas afectadas en lo que se denomina el ciclo y espiral de la violencia, que produce un deterioro sistemático y dificultades tanto para la efectivización de la denuncia así como para sostener las medidas de protección requeridas y/o la decisión de finalizar la relación”, concluyó el informe.
Indicó además que en los últimos dos años y medio ingresaron al refugio que depende del gobierno porteño 165 mujeres y la oficina gestionó la entrega de 1093 dispositivos antipánicos.
A pesar del contexto de aislamiento por la pandemia de coronavirus, la OVD funciona todos los días del año durante las 24 horas, en Lavalle 1250, en Ciudad de Buenos Aires.
Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.
Pride Connection Argentina (PCA), la red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la comunidad LGBTIQ+, celebró su segundo aniversario con un summit anual en donde se compartieron las mejores prácticas de diversidad e inclusión en el ámbito corporativo; los beneficios de ser inclusivos y los costos de la exclusión para las empresas. El evento está disponible para ver online en el siguiente link: https://bit.ly/3ibHPE0
El summit contó con la moderación de Maryanne Lettieri, activista, docente del bachillerato popular trans Mocha Celis y líder del proyecto Contratá Trans; y la participación de líderes en equipos de diversidad e inclusión en grandes compañías nacionales e internacionales.
Argentina es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en temas de diversidad e inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, queda mucho por aprender. Según un estudio de la consultora Nodos realizado en mayo de este año, un 74% del público entrevistado ha sufrido en el último año situaciones de acoso, violencia o discriminación en el ámbito laboral; siendo un 33% ejercidas por pares de su mismo equipo. El 86% declaró que no realizó la denuncia porque no le parecía relevante, por falta de confianza en los mecanismos de la propia organización y por miedo a las represalias o consecuencias negativas.
Sobre el costo de la exclusión y la deuda que aún tiene la sociedad con el colectivo LGBTIQ+, Pablo de Luca, presidente de la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR) precisó: “Si hay algo que nos define es nuestra individualidad, pero para algunas personas este factor es lo que termina exponiendolos a la discriminación. Ser excluido o excluida implica un impacto muy fuerte a nivel personal, pero también lo es para la sociedad en su conjunto. En Argentina, al menos 1 de cada 4 personas LGBTIQ+ denunció discriminación en su espacio de trabajo. Una investigación realizada en 39 países reflejó que el costo de la homofobia y la transfobia es inmenso: desde la reducción de mano de obra, pérdida de talento y pérdida de creatividad. Por ejemplo, la discriminación en un país como México tiene un costo estimado de 80 mil millones de dólares”.
“Hay que empezar a ver en qué espacios podemos ser mejores. Y creemos que el ámbito laboral es una herramienta que podemos utilizar cada uno de nosotros. Para las organizaciones, esto puede implicar adoptar nuevas medidas y evaluar sus prácticas empresariales a lo largo de toda la cadena de valor para encontrar mecanismos para luchar contra la discriminación. El resultado es un mundo más libre, más igualitario y, por qué no también, un poco más productivo. La reparación pasa por la verdadera inclusión. Hasta que no nos traten igual, es importante seguir construyendo estos espacios”, agregó Gustavo Noguera, secretario de CCGLAR.
La siguiente charla fue liderada por Isha Escribano, médica, música, periodista e instructora del Arte de Vivir; quien contó cómo fue su experiencia de vida y su camino de transición. El último panel estuvo enfocado a compartir mejores prácticas que vienen aplicando compañías multinacionales desde hace muchos años y que pueden ser replicadas en cualquier organización.
Antonietta Varlese, vicepresidenta de Comunicación, Relaciones Institucionales, Diversidad y Sustentabilidad de Accor habló sobre las desigualdades que hay en la región en materia de diversidad: “Hay una enorme diferencia entre Argentina, un país muy avanzado en políticas de género y diversidad, y el resto de los países de Latinoamérica. En este contexto, es un gran desafío para nosotros que nuestros más de 5.000 hoteles alrededor del mundo puedan replicar nuestros valores. Considerando la alta rotación de colaboradores en el sector turístico, es fundamental realizar entrenamientos constantemente. En Accor contamos con una universidad corporativa, donde compartimos materiales, guías online y videos interactivos para capacitar a todo nuestro personal.”
Para la comunidad trans, el trabajo sigue siendo el mayor ámbito de discriminación: el 90% no tiene empleo y jamás tuvo una entrevista formal. Ezequiel Massa, Head of Diversity & Inclusion for Latin America & Caribbean contó la experiencia de SAP: “Tenemos una guía global con los distintos pasos para acompañar a todos aquellos empleados que estén transicionando y también para sus managers y equipo. En base a todo este aprendizaje interno y que vamos incorporando de organizaciones como la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural o Impacto Digital, nos sumamos a otras compañías de PCA para trabajar en la incorporación de personas trans. Lo logramos y seguimos fijando nuevas metas para continuar avanzando en el tema.”
Como recomendación para otras empresas interesadas en atraer y retener talento LGBTIQ+, Delfina Daglio, Líder de Diversidad e Inclusión en IBM, sostuvo que el primer paso es empezar a hablar de estos temas. “Hay que visibilizar aquello de lo que no se habla. Una buena herramienta es formar un ERG o grupo de afinidad, apoyándose en organizaciones externas que puedan dar soporte y recomendar cómo encarar este tema, como es el caso de Pride Connection Argentina. Hay costumbres naturalizadas en nuestra cultura que pueden ser un chiste sin intención de herir a nadie, pero que sí lo hacen. Queremos que nuestros empleados se sientan contenidos. Por eso insistimos en la importancia de trabajar en capacitaciones y sensibilizar a managers y líderes de equipo, porque son quienes marcan el clima de la comunicación.”
A modo de cierre, Moizes Palma, Chief Risk Officer & ExCo member en HSBC, compartió la experiencia de la compañía. “En Argentina tenemos un grupo muy grande de miembros llamado Orgullo Pride, que cuenta con fuerte apoyo de Recursos Humanos y 450 aliados. En una organización tan grande como la nuestra, es necesario brindar acompañamiento y tener una política de tolerancia cero a la discriminación. Tenemos un comité de conducta donde medimos todo tipo de casos y sanciones que son aplicadas. Es de un gran valor que una persona te diga que ahora es feliz, que se siente acogida y que incluso impacta al interior de sus familias. Somos conscientes de que todo lo que hablamos o hacemos afecta mucho a las personas.”
Pride Connection Argentina inició sus actividades el 27 de agosto de 2018 y es la única red en el país conformada por más de 30 empresas que trabajan exclusivamente para compartir, fortalecer y fomentar una cultura que reconozca a empleados LGBTIQ+ como una parte importante de un lugar de trabajo efectivo y diverso. Algunas de las compañías que forman parte son: Accenture, Accor, ADP, American Airlines, Bayer, Catalent Argentina, Dell, Discovery Networks, Dow, DuPont, ExxonMobil, EY, HSBC, IBM, John Deere, J.P. Morgan & Chase, Johnson & Johnson de Argentina, ManpowerGroup, MSD, Oracle Argentina, P&G, S&P Global, SAP, Salesforce, Sodexo, Starbucks Coffee, TakoLab, Trans-TI, ViacomCBS y Whirlpool.
Al igual que todo el sistema educativo, las medidas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) impactaron en la Educación Intercultural Bilingüe(EIB) de Misiones. Las escuelas se cerraron y el dictado de clases pasó a modalidad virtual. Desde el CONICET, realizaron un informe sobre cómo afectó esta medida en las comunidades mbya guaraní. Una de las investigadoras, Ana Padawer, docente de la UNaM y de la UBA, brinda detalles y reflexiona acerca de esta problemática.
Padawer investiga en Misiones desde 2008, es docente del Posgrado de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Social de la UNaM y de la UBA e investigadora de un proyecto dirigido con sede en la UNaM que aborda la producción de conocimiento y técnicas agrícolas en la provincia. El ingreso a la carrera de investigadora en CONICET le permitió mantener viajes periódicos a Misiones e indagar en las comunidades indígenas. A lo largo de los años fue ampliando el trabajo en las escuelas y pudo focalizar su investigación en los departamentos del sudoeste de la provincia. Así conoció a técnicos y funcionarios del área de EIB provincial, y a referentes de la temática en la UNaM como Ana Gorosito y Marilyn Cebolla; también estableció un vínculo de trabajo y amistad con referentes mbya y docentes de EIB que ha perdurado en el tiempo.
Resultados del informe El trabajo de relevamiento comenzó a partir de una convocatoria de la unidad especial sobre COVID-19 de CONICET, que convocó a investigadoras/es de todo el país a relevar las consecuencias sociales y alcance del ASPO. En ese momento, quienes trabajan con poblaciones indígenas en universidades y unidades ejecutoras de CONICET, comenzaron a intensificar los contactos para realizar un relevamiento, ya que habitualmente se dispone de poca información actualizada sobre esta población. La segunda etapa de relevamiento fue conducido por más de 100 investigadoras/es de todo el país, y en el caso de Padawer, colaboró para producir un informe focalizado en la EIB en Chaco y Misiones frente a la pandemia. En la primera quincena de mayo, contactaron mediante comunicaciones telefónicas e intercambios vía redes sociales a referentes de las comunidades ubicadas en distintas zonas, lo que permite dar cuenta en pocos casos de la amplia diversidad del espacio político-geográfico de Misiones. Asimismo, docentes de las escuelas de EIB colaboraron con información valiosa. En este contexto, varias instituciones abrieron sus puertas para responder a las demandas alimentarias y esas instancias también fueron propicias para compartir información sobre las medidas sanitarias y de aislamiento, tareas que fueron realizadas por directivas/os, docentes y auxiliares bilingües. Las estrategias de docentes de nivel primario fueron variando. En primer lugar, para que los/as niñas/os pudieran realizar las tareas en sus casas o en grupos familiares, fue necesario que los cuadernos y útiles de uso común salgan de las aulas. Luego fue necesario que las tareas que inicialmente se intentaron enviar por mensajes de WhatsApp, se acercaran personalmente, ya que son muy pocas las comunidades y familias que cuentan con celular y buena conectividad. Los/as auxiliares docentes indígenas han sido fundamentales para acompañar la continuidad en las tareas de los/as niños/as, lo que se pudo cumplimentar gracias a la asistencia periódica de personal docente y directivo para la distribución de material en papel y la resolución de consultas. Los cuadernillos fueron elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y además, se dispusieron programas de radio y televisión con contenido específico. En este sentido, Padawer advierte que “pese a las voluntades de quienes diseñaron e implementaron estas herramientas, el alcance de estos recursos en los contextos que registramos fue muy limitado, lo que revela las dificultades estructurales y los desafíos pendientes para la escolarización de comunidades indígenas en contextos rurales”. “Otro desafío se vinculó con que, en general, los/as adultos/as tienen dificultades para acompañar a la niñez en estas tareas porque no están alfabetizados o no han transitado la escuela. No obstante, quienes se desempeñan como ADI o han cursado aunque sea parcialmente estudios en el nivel medio, comenzaron apoyando las actividades en sus familias y, por la dinámica misma de las comunidades, se fueron incorporando con las/as demás niñas/os, parientes y vecinas/os”, observa la investigadora. En Misiones, también la plataforma provincial Guacurarí ofrece contenidos de nivel primario y secundario, sin embargo, Padawer señala: “Encontramos que en las comunidades consultadas no fue una estrategia utilizada, en parte porque los materiales que ahí se disponen no recuperan la dimensión intercultural. Para la EIB de la provincia sería de gran importancia la inclusión de material bilingüe en la plataforma virtual, así como la impresión de materiales que existen en el repertorio de los maestras/os”.
La importancia de la educación La EIB es un derecho garantizado por la normativa vigente y es fundamental para que la población mbyà, estimada en más de diez mil personas, pueda incrementar su alfabetismo: según relevamientos hechos por distintos organismos, un 30% de los adultos nunca pasó por la escuela, un 30% solo cursó estudios primarios y el 82% vive en contextos rurales, por lo que el acceso a los niveles medio y superior es muy limitado. El 97% de los niños que ingresa a la escuela tiene al mbya como primera lengua, y la amplia mayoría ingresa hablando solamente la lengua indígena, por lo que el papel de los auxiliares docentes indígenas es indispensable para el inicio en la lecto-escritura. “No obstante lo anterior, es importante destacar que la interculturalidad no es un “tema indígena” sino que debe ser pesada como un modelo transversal que enriquece a toda la sociedad”, advierte Padawer. Y señala que “es importante destacar que el retraso en la implementación de la EIB no es problema exclusivamente provincial: en los últimos cuatro años se desarticuló la modalidad en el Ministerio Nacional y se desplazó a las/os referentes, por lo que los avances que se habían realizado en términos curriculares, organizativos, de formación docente, de accesibilidad y permanencia de estudiantes se detuvieron. Estos son aspectos complejos de la EIB que trascienden la dimensión escolar y sobre los que no habrá respuestas fáciles e inmediatas: sería deseable que se aborden de manera integral una vez superada la situación de pandemia”.
Las desigualdades Tal como sucede en el sistema educativo en general, la modalidad a distancia nos interpela respecto del acceso diferencial a los recursos tecnológicos, el lugar que ocupan las/os docentes en ese escenario, el rol de los pares y especialmente la demanda que implica para las familias, ya que esta modalidad de vínculo social mediada por las tecnologías digitales es más habitual en los sectores medios, altos y de contextos urbanos. “No se trata solamente de la presencia o no de dispositivos (tablets, celulares, computadoras que tengan buena conectividad a redes de internet y que permitan el acopio de múltiples archivos), sino de los conocimientos para poder gestionar esos dispositivos en términos escolares para poder producir e interpretar materiales pedagógicos”, define Padawer. El problema del vínculo tecnológico digital de las familias indígenas tiene que ver con que estas se encuentran expuestas generalmente a acuciantes necesidades materiales, consolidadas a lo largo de años de racismo, discriminación y despojo; por lo tanto, parece improbable la disponibilidad de recursos tecnológicos que acompañen las experiencias escolares a distancia. En este sentido, la pandemia ha reactualizado el rol fundamental de agentes educativos, quienes se evidenciaron una vez más como el entramado más fuerte con que cuenta el Estado a la hora de garantizar el derecho a la educación para las comunidades indígenas. “El sistema educativo sigue construyendo predominantemente a un “niño/alumno típico” que no expresa al promedio de niños/as indígenas. Tal vez novedosamente, y con las mejores intenciones, la ASPO ha llevado a la producción masiva y acelerada de materiales y recursos audiovisuales que nuevamente presuponen este receptor. Dar cuenta de lo singular de cada experiencia escolar ha quedado nuevamente a cargo de la voluntad y las habilidades de cada docente, lo que supone una gran sobrecarga para maestras/os de grupos que estaban apenas comenzando a trabajar en este 2020. Asimismo, se ha apoyado sobre las potencialidades y recursos de cada familia para acompañar el proceso escolar, lo que ha reforzado las desigualdades estructurales preexistentes”, observa Padawer.
Otras dimensiones Las poblaciones indígenas de Argentina han sido sometidas históricamente a procesos de confinamiento y exclusión a través de distintas dinámicas sociales, y Misiones no ha sido una excepción, observa Padawer. La reducción y degradación del acceso al territorio y la falta de posibilidades de empleo de calidad son dos de las principales dimensiones que inciden en este proceso: la principal fuente de recursos de las familias indígenas en los contextos rurales es el empleo informal (cosecha, artesanías, etc.) y la producción de autoconsumo en pequeñas chacras y cría de animales; mientras que en los contextos urbanos y periurbanos las familias viven de una economía informal de changas, venta de artesanías o servicio doméstico. Las medidas de ASPO han paralizado el empleo y comercialización informal desde mediados de marzo y, por ello, los recursos externos con los que habitualmente cuentan las familias indígenas se han restringido casi exclusivamente a los planes y programas estatales. Al inicio del ASPO, la percepción de los ingresos por la AUH se complicó para quienes no poseían tarjetas bancarias ni acceso a internet. En el caso del IFE se presentaron las mismas dificultades, pero además a quienes no estaban registrados en los otros planes con anterioridad se le sumaron otras complejidades, debido a que la inscripción en este plan requiere del dominio fluido de la lectoescritura en español, acceso a internet y/o conocimientos para gestionar dispositivos electrónicos.
El rol de las universidades públicas Las universidades públicas, y en particular la UNaM, tienen mucho para aportar en el futuro de la EIB. “El programa de apoyo a estudiantes indígenas podría potenciarse con recursos para su desarrollo, ya que son muy pocos los que llegan al nivel superior y logran permanecer y culminar sus estudios: la inclusión de indígenas en universidades convencionales conlleva desafíos que ya han sido muy estudiados en torno al curriculum, didáctica, organización e incluso gobierno universitarios sobre los que podrían efectuarse mejoras”, señala. La UNaM tiene una larga tradición de vínculos de extensión y transferencia que, en el caso de la EIB, podría también potenciarse con proyectos de voluntariado que colaboren con las escuelas de distintos niveles así como con la formación continua en las comunidades (agricultura, artesanía, construcción, turismo, sustentabilidad ambiental son algunas de las líneas posibles). Por su parte, dice Padawer, “la investigación puede proporcionar estudios relevantes y situados para resolver problemas de las comunidades mbya y en general de los contextos rurales misioneros como son el acceso a la tierra, el agua, promover la agricultura y cría de animales de manera sustentable para garantizar el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda, la tecnología y la educación, comenzando por la promoción y resguardo de la lengua indígena pero sin reducir la EIB a una cuestión de idiomas o “de indígenas”. Si la universidad promueve las experiencias interculturales de vida, todos ampliamos nuestros horizontes”.
Autoras del informe CONICET Soledad Aliata. Becaria postdoctoral. Instituto de Lingüística. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Jacqueline Brosky. Becaria doctoral. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) Alfornina Cantore.Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA – UBA) Noelia Enriz. Investigadora adjunta. Instituto de Altos Estudios Sociales. Universidad de San Martín (UNSAM) Mariana García Palacios. Investigadora adjunta.ICA. Carla Golé. Becaria doctoral. ICA. Ana Carolina Hecht. Investigadora adjunta. INAPL. Mónica Medina. Becaria postdoctoral. IIGHI. Ana Padawer. Investigadora independiente. ICA. María Lucila Rodriguez Celín. Becaria doctoral. ICA.
Con el fin de mejorar la conectividad de los y las estudiantes mbya guaraní que cursan en la UNaM, representantes de la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles de la UNaM se reunieron con la coordinadora del área de Conectividad y Servicios de comunidades guaraníes de Marandú Comunicaciones, Evelyn Jahn.
Con la presencia de los secretarios Ronald Rojas y Alexis Janssen, el encuentro tuvo el objetivo de seguir trabajando de forma conjunta para la continuidad académica de los estudiantes mbya guaraní en su dictado virtual de clase. En total, seis estudiantes de comunidades mbya guaraní cursan en Posadas, de los cuales tres están viviendo en un albergue del Campus Universitario. Además, siete jóvenes son estudiantes en la Facultad de Arte y Diseño (Oberá), y cuatro están cursando la carrera de Tecnicatura Universitaria Guardaparque de la Facultad de Ciencias Forestales (Eldorado). El secretario Rojas detalló que “en el programa albergue, se destina un albergue específico para los estudiantes de la comunidad mbya, entonces en la reunión, pedimos equipamiento informático y conectividad para esa casa, con posibilidad de expandir a todo el barrio del campus”.
El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones. Misiones es una de las provincias más favorecidas, con la creación de nuevos juzgados y dependencias federales en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, Eldorado y Aristóbulo del Valle.
En rigor, se creará un Juzgado Federal en Posadas -identificado como 1-, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la capital y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
También se crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal en Aristóbulo, con la misma jurisdicción que el actual Juzgado Federal de Oberá, Eldorado e Iguazú y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Asimismo, se crean dos Secretarías en el Juzgado Federal de la Seguridad Social de Posadas y la Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia se transfiere a Aristóbulo.
La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma “no era prioritaria” en medio de la pandemia de coronavirus.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del “puntapié inicial” de una reforma que “debe ser más amplia”.
Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.
La mención a los medios de comunicación había sido introducida en el debate en comisiones por el propio Parrilli, quien hoy aceptó retirarla tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.
No obstante, Parrilli afirmó que “las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces” existen y manifestó que su inclusión funcionó como “un anzuelo” para descubrir a los dirigentes de la oposición que son “voceros” de algunos medios de comunicación.
La discusión en el Senado fue seguida durante la tarde de hoy desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.
Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de “oponerse por oponerse” y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.
El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró que no cree “en las casualidades” respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo “no hace lo que ellos dicen”, y aseguró que reaccionan porque el presidente Alberto Fernández “está midiendo una barbaridad” de cara a los comicios del año próximo.
En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”, senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy “es una primera ley” pero que harán falta más para “completar” una reforma del Poder Judicial.
La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca “garantizar la independencia de los jueces” y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado “una persecución judicial” contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es “un intento de colonizar la justicia” con “un reparto de cargos” para “proteger a los autores de delitos de corrupción”.
La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.
También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.
