vie. Jul 3rd, 2026

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Implementación de normas de calidad para mejorar la competitividad de empresas de alimentos y bebidas

By admin 6 años ago
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Está abierta la inscripción para empresas misioneras que necesiten implementar normas de la calidad y contar con certificaciones para estandarizar procesos productivos y contar con procesos según requerimientos comerciales. En el marco de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, se convoca a PyMES del sector de alimentos y bebidas a participar del Proyecto “Implementación de normas y sistemas de calidad en PyMes de alimentos”. Las empresas interesadas pueden postularse hasta el 7 de septiembre del corriente.

La participación en este proyecto ha sido gestionada por el Ministerio del Agro y la Producción en el marco de una política orientada a mejorar los estándares de producción con agregado de valor y con orientación a mercados de gran exigencia en normas de calidad.

La coordinación de la convocatoria estará a cargo de la Subsecretaría de Planificación, Extensión y Programas de Financiamiento Rural, es por ello que el subsecretario del área, Martín Ibarguren, explicó que se seleccionará un grupo de hasta 20 empresas del rubro de alimentos y bebidas que produzcan bienes con valor agregado, que sean diferenciados y que estén en condiciones de dar un salto cualitativo en lo referente a la calidad de sus productos. “Misiones está mostrando muchos avances en su sector agroindustrial y tiene una oferta de productos que la diferencian de otras regiones, es por ello que desde el Ministerio estamos llevando adelante un plan de mejora de la calidad de los procesos y las producciones, tanto las que se dirijan al mercado interno como aquellas que empiezan a encontrar nichos en el mercado internacional” agregó Ibarguren.

Se busca potenciar el perfil exportador del complejo agroalimentario misionero y en función de ello se espera la participación de empresas que dispongan de los registros y habilitaciones correspondientes como RNE, RNPA, RENSPA, pero que deseen o necesiten elevar sus estándares productivos y obtener las certificaciones correspondientes.

Ibarguren consideró de importancia la presente en el marco de una articulación entre nación y provincia teniendo en cuenta que Misiones es una de las Provincias con mayor nivel de industrialización en el Norte Argentino y que desde el Gobierno Provincial se está dando un fuerte impulso a la industrialización de la ruralidad y el valor agregado en origen.

Para acceder a la convocatoria, las empresas deberán firmar una carta acuerdo donde quedará asentado el compromiso para la ejecución de la implementación, considerando disponibilidad de tiempo, recursos humanos, coordinación y desarrollo de las actividades previstas.

A su vez, las normas de inocuidad elegibles para implementar deberán estar orientadas a pre-requisitos o requisitos para la exportación: BPM-HACCP, ISO 22000, BRC, FSMA1, etc.

El programa tendrá una duración de 7 meses consecutivos (09/2020 al 03/2021). Las empresas deberán disponer de al menos 8 hs por mes para la implementación de manera virtual durante este período y de un día completo “in situ” estipulado para el mes 6 o 7 del cronograma donde la firma consultora realizará una visita técnica.Para más información sobre metodología y contenidos, comunicarse con la Subsecretaría de Planificación, Extensión Rural y Programas de Financiamiento Rural del Ministerio del Agro y la Producción a través del teléfono 0376 4447158 o el correo electrónico subsecretaria.planificacion@agro.misiones.gob.ar.

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Nación gasta 40 veces más en CABA de lo que sacó de coparticipación

By admin 6 años ago
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El conflicto generado por el gobierno nacional con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) testimonia el alarmante nivel de degradación que afecta al federalismo en Argentina. Policías de la Provincia de Buenos Aires asentados en la región metropolitana protestan por bajos salarios ante el gobierno nacional, cuando ellos son empleados públicos provinciales de Buenos Aires. El gobierno nacional toma como suyo el problema y decide sacarle recursos fiscales a una jurisdicción (CABA) para dársela a la que paga los salarios a los policías rebeldes (Provincia de Buenos Aires).

La medida fue planteada como una corrección de un decreto del año 2016 a través del cual se aumentó el índice de coparticipación de CABA en compensación por la transferencia de la policía de la Ciudad. Lo que se dispuso es que la mitad de esa asignación ahora la deje de percibir CABA y la pase a recibir la Provincia de Buenos Aires. Es decir, desde el punto de vista del interior del país sigue siendo una reasignación de recursos nacionales a favor de la región metropolitana. Nada les cambia a las provincias del interior.

El gobierno nacional afirma que es un acto de justicia redistributiva desde una jurisdicción rica hacia otra pobre. La pregunta es: ¿cuánta justicia distributiva aplica el Estado nacional con CABA? Para ello, sirve comparar la reasignación de fondos que dispuso alterando la coparticipación, con el volumen de recursos nacionales que se gastan dentro de CABA. Según datos del Ministerio de Economía del 2019 se observa que:

  • El Estado nacional le quitó a CABA el equivalente a 0,1% del PBI.
  • CABA quedará recibiendo vía coparticipación el equivalente a 0,3% del PBI.
  • El Estado nacional gasta en CABA el equivalente a 4,4% del PBI.

Estos datos muestran que más que un acto de justicia redistributiva es una hipocresía. Se le quita a CABA una parte de lo que recibe por coparticipación, pero se mantiene todo el gasto público que se financia con recursos nacionales (o sea, de todos los habitantes del país) en beneficio de CABA. Esto incluye los gastos de la burocracia nacional asentada en Capital, los subsidios a los servicios públicos (luz, agua, gas y transporte) y el servicio de justicia. Estas erogaciones, que benefician a quienes viven en CABA, equivalen a 40 veces lo que le sacan de coparticipación.

El origen del problema es que las funciones estatales más importantes están a cargo de las provincias (educación, salud pública, seguridad, justicia) pero ellas reciben de manera automática solo el 40% del total de la recaudación (excluyendo la seguridad social). Esto genera un exceso de financiamiento a nivel nacional que permite, no solo sostener los privilegios a favor de CABA, sino también doblegar voluntades políticas. Una evidencia groseramente explícita es la solicitada firmada por 19 gobernadores titulada “Reducir desigualdades para una Argentina Federal” avalando el decreto presidencial. Dado que pasar coparticipación de CABA a Provincia de Buenos Aires no fortalece el federalismo, la única explicación para haber firmado esa solicitada es el sometimiento que genera el Estado nacional con la distribución discrecional de fondos nacionales.

La desproporcionada concentración de recursos a nivel nacional permite la discrecionalidad que induce la sumisión y la mediocridad de los líderes locales. Se resignan a firmar una solicitada incoherente en lugar de reclamar que la Nación deje de subsidiar la luz, gas, agua, cloacas, seguridad y justicia en CABA y el Conurbano bonaerense. Por migajas se silencia el planteo de que eliminando estas erogaciones sería posible mejorar la coparticipación de todas las provincias, no sólo las del área metropolitana.

El federalismo no se construye con acciones a lo “Robin Hood” sacando a las jurisdicciones ricas para darles a las pobres. Tampoco usando el exceso de financiamiento nacional para crear capitales alternas, financiar obras que son responsabilidad provincial o engrosando los programas nacionales en educación, salud o vivienda. La solución pasa por eliminar la coparticipación y que cada provincia recupere potestades de recaudación para autofinanciarse. En paralelo, contemplar un fondo de convergencia transitorio para acelerar el desarrollo de las provincias del Norte. Esta es la manera de pasar de la sumisión y la mediocridad a la responsabilidad, la autonomía y la innovación en políticas públicas.

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Con solo U$D100, cada vez más emprendedores buscan importar desde China

By admin 6 años ago
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Pinchili, compañía que se dedica a ayudar a las personas a importar desde China, anunció recientemente que en tiempos de pandemia, las consultas crecieron un 230%, solo en marzo, y más de un 100%, respecto al primer semestre de 2019. 

Desde de la compañía que lidera la emprendedora latina Giselle Bonet, identificaron un crecimiento además de un 85% en los cursos que brindan, para aprender a importar desde China. “La mayoría de los estudianes empiezan a importar con USD100. Ya son de más de 45 países y más de 15.000 personas en total; la mayoría millennials, desde 18 años en adelante. Hay un caso de un emprendedor venezolano que invirtió solamente USD100 y ahora va por los USD16.000 mensuales, se dedica a accesorios para autos”, comenta Giselle Bonet, emprendedora venezolana, que está a cargo de Pinchili.

Con más de 12 años de experiencia en el área de la importación y el comercio internacional, Giselle Bonet, ha ayudado a diferentes empresarios hispanohablantes a importar o establecer contactos con las principales fábricas en China a través de su empresa Pinchili, en donde es directora general y la cual ha exportado con éxito miles de contenedores a más de 15 países. 

En el 2009 y con ganas de emprender por sí misma, Bonet, decidió emigrar al gigante asiático para así involucrarse de lleno en la importación. Sus comienzos no fueron fáciles, pero su determinación fue mucho más fuerte que cualquier obstáculo, y gracias  a esto hoy en día es considerada una de las empresarias latinas con mayor éxito en el mundo.
“Tenemos un curso gratis sobre negocios y de ahí vienen las especializaciones en importación. Pueden ingresar a https://bit.ly/cursos2020yes allí explicamos todo acerca de las soluciones en tiempo de crisis. Hoy día, las plataformas más buscadas para vender son Amazon, Mercado Libre y Shopify. Y la forma de pagos más usadas, son por transferencia con tarjeta de crédito o Paypal”, agrega Bonet.

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“Nadie puede afirmar que no vaya a producirse una nueva aceleración de la pandemia antes de finales de año”

By admin 6 años ago
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* por Didier Saint-Georges – Managing Director y miembro del Comité de Inversiones Estratégicas de Carmignac. El pasado junio, el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, declaraba lo siguiente: «Ni siquiera pienso en pensar en subir los tipos». La semana pasada, el conocido simposio anual de los grandes bancos centrales, celebrado en Jackson Hole (EE. UU.) y que este año tuvo lugar en remoto, le brindó la oportunidad de convertir esta postura en la nueva filosofía oficial del banco central estadounidense: ya no endurecerá su política monetaria ni en un contexto de pleno empleo ni incluso si la inflación supera el hasta ahora sacrosanto umbral del 2 %, puesto que este rebasamiento se consideraría temporal. La Fed aprende así las lecciones de los últimos diez años: resulta evidente que la caída del desempleo ya no precede un aumento de la inflación (la vieja «curva de Phillips», que correlacionaba los dos parámetros, ya no es de aplicación), y evitar que la inflación supere el 2 % es, en realidad, la mejor manera de ni siquiera acercarse a esta cota, o dicho de otro modo, de que el mandato de la institución resulte un fracaso.
Por tanto, la denominada «función de reacción» de la política monetaria estadounidense al desempleo y la inflación ha cambiado de forma oficial, lo cual no resulta baladí para todos los economistas y participantes del mercado a escala mundial. Ello garantiza que los tipos de referencia se sitúen en niveles reducidos —sumamente reducidos— hasta donde alcanza la vista e independientemente de los acontecimientos. Se trata de las consecuencias de este nuevo «apoyo incondicional» que debería llevarnos a reflexión, puesto que conlleva múltiples ramificaciones.
Si la aplicación de esta política monetaria se salda con éxito, las previsiones de inflación podrán al fin remontar el vuelo tras una década aletargadas, lo cual es el objetivo que se busca lograr. En este supuesto, los tipos de los mercados de renta fija a largo plazo, es decir a treinta años, reflejarán este repunte y, de este modo, la curva de los tipos de interés podrá retomar una cierta pendiente alcista. Los bancos podrán finalmente reanudar parte de su transformación y contribuir de manera provechosa a una recuperación económica. La evolución de los mercados de renta fija nos dirá rápidamente si los mercados otorgan credibilidad a esta hipótesis, cuestión que no está en absoluto clara a día de hoy, no solo porque el fracaso de los bancos centrales a la hora de reactivar la economía e impulsar la inflación desde hace una década inspira una confianza muy limitada, sino también porque no todo depende de ellos.
Así, no podemos descartar aún la posibilidad de que los bancos centrales fracasen estrepitosamente. Nadie puede afirmar que no vaya a producirse una nueva aceleración de la pandemia antes de finales de año, con las repercusiones que ello tendría para la confianza de las empresas y los hogares, y lo que es más importante: las fuerzas deflacionistas a escala mundial se han visto acentuadas por la crisis. Así, el endeudamiento de las empresas y de los Estados se ha incrementado, y un gran número de servicios que hasta la fecha generaban muchos puestos de trabajo han podido experimentar, gracias al confinamiento, la ventaja competitiva que brindan unas soluciones tecnológicas deflacionistas por naturaleza.
Sin embargo, existe otro supuesto que los mercados desconocen por el momento y que dotaría de pleno sentido a las declaraciones de Jerome Powell. En efecto, no solo no podemos descartar que se logren avances decisivos a corto plazo en las múltiples investigaciones sobre vacunas contra el virus, del mismo modo que no podemos descartar una segunda oleada de la epidemia, sino que también debemos ser conscientes de la extraordinaria magnitud de las políticas de reactivación presupuestaria implementadas. El fracaso de las políticas monetarias no convencionales desde hace diez años también se debe a que la marea de liquidez que los bancos centrales inyectaron en el sistema a través de la compra de activos financieros (la denominada relajación cuantitativa o quantitative easing) no fue relevada por la implementación de medidas en la economía real por parte de los Gobiernos y los bancos. Así, el dinero permaneció en el sistema financiero y únicamente contribuyó al crecimiento de los índices bursátiles. En esta ocasión, la situación resulta completamente diferente. Los propios Gobiernos se han puesto manos a la obra, a costa de unos déficits presupuestarios récord. Además, en esta ocasión no solo se ha incitado a los bancos a asumir riesgos, sino que el hecho de que el Estado avale sus préstamos les permite al fin atreverse a dar el paso. Esta vez, además de los bancos, las grandes empresas y los particulares también se benefician de las inyecciones de liquidez. Así, las tasas de ahorro nunca se han situado en cotas tan elevadas. Bastaría que la confianza regresara para que toda esta masa monetaria propiciase al fin un repunte de la demanda final y de la inversión. De este modo, la garantía de unos tipos de interés en niveles muy bajos, incluso en esta hipótesis de repunte, cobraría toda su potencia «reflacionista». Bastaría con eso…
A día de hoy, solo los más intrépidos pueden decantarse sin ambages por una de las dos hipótesis expuestas: un lento naufragio deflacionista o una recuperación keynesiana en última instancia. Esta incertidumbre justifica que, por ahora, los inversores en renta variable mantengan sus importantes posicionamientos en dos activos antifrágiles: por un lado, los valores de crecimiento, favorecidos por la crisis sanitaria y poco sensibles a los riesgos económicos y, por otro, el oro, que se ve beneficiado por la incertidumbre y sacaría partido de un incremento repentino de la inflación. No obstante, en el contexto actual, debemos monitorizar más que nunca cualquier chispa de recuperación, puesto que la Fed está ahora dispuesta a añadir leña al fuego.
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Alerta frontera: Misiones está rodeada por más de medio millón de contagios de coronavirus

By admin 6 años ago
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Misiones es la provincia con menor cantidad de casos de coronavirus en la Argentina gracias a una medida clave que se tomó apenas la pandemia asomaba allá por marzo: el cierre de fronteras. La decisión resultó fundamental para blindar a la provincia pese a estar rodeada por medio millón de contagios del otro lado de los ríos Paraná y Uruguay y el arroyo Chimiray, que separa a la tierra colorada de Corrientes, donde este fin de semana murió un abogado, que se convirtió en el primer contagio de las cercanas playas de Ituzaingó.

Los tres estados brasileños que se rozan con Misiones tienen hasta este domingo un acumulado de 506.505 contagios y 10.353 muertes por coronavirus. Si se suma Paraguay, son 27.234 contagios y 514 fallecidos. La cercana Corrientes, donde hay alarma por el creciente número de contagios, hay 692 casos y diez fallecidos. 

En total, en las fronteras misioneras hay 534.431 contagios y 10.877 muertos. Brasil es el segundo país con más muertos y el tercero con más contagios, detrás de Estados Unidos e India. Misiones, en cambio, se mantiene con 65 casos y es la provincia con menor tasa de contagios. Formosa, Catamarca y Misiones ocupan, en ese orden, los últimos tres puestos del país como las provincias con menor proporción de casos de coronavirus en relación con la población: 0,03; 0,02 y 0,01 por ciento respectivamente. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los diferentes escenarios argentinos, existe un abismo entre el distrito más colonizado por el coronavirus y el que menos lo está: en la Capital Federal hay un contagiado cada 28 habitantes; en Misiones, uno cada 19.404. El promedio país es hoy de un infectado cada 84 personas, lo que implica un índice nacional del 1,18 por ciento.

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