Alejandro Pegoraro

Director de Consultora Politikon Chaco

Super IVA ¿Cómo impactaría en Misiones?

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Otra vez las provincias, sus ingresos y su relación con la Nación entran en la agenda pública. En el marco del deseo de realizar una reforma tributaria amplia, días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo manifestó cierta voluntad de avanzar hacia una reformulación del IVA, basada en la descomposición de la alícuota general del 21% en dos tramos: un 9% nacional fijo y un porcentaje variable que quedaría bajo potestad de las provincias. ¿Qué busca el gobierno nacional con esto? Rediseñar el esquema de recaudación y distribución de los tributos entre la Nación y las jurisdicciones provinciales, convocar a una “competencia fiscal” entre provincias pero sobre todo, poner la discusión política en los desincentivos que genera el esquema de reparto actual.  

¿Cómo es el sistema actual del IVA hoy? El tributo tiene una alícuota general del 21% (con algunas excepciones de alícuotas especiales) que lo recauda íntegramente el ente recaudador nacional. Sobre el total del IVA recaudado (neto de devoluciones y reintegros), se hace una primera separación: el 1,9% va a ARCA como aporte por autarquía. Luego, del neto de ese aporte, el 89% de la recaudación va a la masa coparticipable bruta y el 11% a la Seguridad Social. A los fines de simplificar esta explicación, vamos a detenernos un momento en ese 89% que va a la masa coparticipable bruta. Cuando el IVA llega a esa instancia, comienza la distribución primaria de la coparticipación: el 40,24% va al Tesoro Nacional, el 57,36% a las Provincias, el 1% a ATN y el 1,40% a CABA. Tras esta distribución, comienza la distribución secundaria, que es asignarle a cada provincia un porcentaje de la torta que le toca de la distribución primaria. 

Hagamos un breve ejercicio. Supongamos que la recaudación del IVA es de 1.000 pesos. Quitamos el aporte a ARCA, quedan 981 que comienzan a repartirse: para la masa coparticipable van 873,1 pesos y para la Seguridad Social van 107,9. Tenemos que ver ahora cómo se distribuye el monto de la masa coparticipable: de esos 873,1 pesos que se reparten, unos 351,3 van al Tesoro Nacional, 500,8 a las provincias, 8,7 al fondo ATN y $ 12,2 a CABA. De esos  500,8 pesos que van a provincias, ¿cuánto llega a Misiones por coparticipación? $ 17,2

Volvamos a la propuesta de Caputo. Decíamos que la propuesta implica dividir esa alícuota en 9% para la Nación (no coparticipable) y el resto fijado por cada provincia que quedará en las arcas locales. A priori, podemos suponer un 12% para “completar” el 21% actual, aunque ahí entra en juego la competencia fiscal: poner alícuotas más bajas para atraer potenciales inversiones. Este “IVA provincial”, si bien se recaudaría sobre sobre la misma base imponible, su administración y uso sería de los gobiernos subnacionales. 

Pero agregamos otra cosa: está también la intención de una eventual sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que este nuevo esquema permitiría, o pretendería, absorber dentro del IVA provincial al impuesto a los Ingresos Brutos que es el principal tributo de recaudación propia de las provincias. 

¿Cuáles son las limitaciones para este esquema? En primer lugar hay cuestiones de armonización y coordinación, ya que deberían crearse órganos de coordinación fiscal federal para evitar superposiciones, arbitrariedades o desequilibrios entre jurisdicciones. Quizás, algo similar a lo que ocurre con la comisión arbitral de Ingresos Brutos actual vía Convenio Multilateral. Además, se requeriría establecer pautas mínimas comunes, como alícuotas máximas, base imponible uniforme y mecanismos de compensación. Pero también y no menos importante, se debería reformular la inscripción tributaria o bien, crear mecanismos para asegurar que el IVA provincial se pague efectivamente en el lugar de la transacción realizada. ¿Por qué esto? Actualmente ocurre que una empresa determinada puede vender bienes en Misiones pero tener domicilio fiscal en CABA: por ende, un misionero paga (junto a su compra) el 21% por IVA del bien adquirido, pero cuando la empresa paga ese IVA al ente recaudador, el registro indica que la operación corresponde a una empresa de la ciudad autónoma. Esto genera que el registro tributario marque IVA pagado en CABA, y no en Misiones. Un nuevo esquema como el que propone Caputo debería contemplar que el IVA provincial registre con precisión el lugar de la transacción y no el domicilio fiscal de la empresa, algo que ya ocurre con Ingresos Brutos. 

¿Cuáles serían los principales efectos de una reforma de este tipo? En primer lugar, cada provincia dependería de su propia recaudación del tramo local. Naturalmente, las provincias con mayor actividad formal y consumo se verán, parcialmente, beneficiadas. Sin embargo, las provincias más dependientes de transferencias y con menor volumen de actividad económica podrían ver reducidos sus ingresos si no logran recaudar de forma efectiva el componente local. Respecto a la potencial sustitución o incorporación de Ingresos Brutos a ese IVA provincial, hay una ventaja en la posibilidad de reducir la distorsión del sistema tributario ya que ese impuesto grava el producto en cadena y esto traería consigo una mejora en la competitividad y eficiencia económica. Pero como riesgo, está el hecho de que Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación tributaria propia de muchas provincias. 

Por ende, si la recaudación del IVA provincial no compensa esa pérdida, podría haber un problema de fondeo en muchas provincias. 

La situación por provincia es muy dispar. Existen distritos con alto volumen de consumo como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe que tienen una importante capacidad de recaudación por IVA provincial que, a su vez, tornaría viable la absorción de Ingresos Brutos sin prescindir de recaudación y al mismo tiempo son perdedoras netas en el esquema de coparticipación actual. Por ende, con una correcta administración de un nuevo esquema podrían ser ganadoras netas. En el otro extremo tenemos a provincias con bajo consumo y alta informalidad como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, a las que este esquema podría provocar potencialmente una mayor autonomía fiscal pero estarían altamente vulnerables si no logran recaudar el IVA provincial, registrando una caída de ingresos por pérdida del IVA coparticipado.

¿Qué vemos para Misiones? Hay diferentes cuestiones para analizar. En primer lugar, los fondos coparticipables derivados del IVA representaron en 2024 el 29% de los ingresos corrientes de la provincia, mientras que los de Ingresos Brutos lo hicieron en un 28%. Por ende, estamos hablando de “poner en juego” el 57% de los ingresos corrientes de la provincia. Acá hay una ventaja para Misiones: el IVA representa un volumen menor que otras provincias de la región. Por caso, en Chaco representó el 41%, en Corrientes el 40% y en Formosa el 47%. Por ende, la provincia, que a su vez es la que muestra mayor volumen de consumo en la región, Misiones podría incrementar su base de recaudación por IVA en el caso de aplicar un esquema que contemple todos los ajustes necesarios para su correcta implementación. En el caso del Ingresos Brutos, hay claroscuros. Es por lejos la provincia con mayor recaudación de ese impuesto en la región: representa el 28% cuando en Chaco lo hace en el 8%, en Corrientes el 10% y en Formosa el 5%. ¿Por qué claroscuros? Por el lado positivo, una eventual absorción de Ingresos Brutos podría reducir las distorsiones propias de ese impuesto. Pero por el lado crítico, podría haber una merma recaudatoria si no se aplican herramientas de control. En este punto, es difícil pronosticar qué va a predominar en ventaja de la provincia: una eventual baja de Ingresos Brutos o una eventual suba de IVA. 

Con estas variables en consideración, Misiones está mucho mejor parada que otras provincias de la región por dos razones: mayor autonomía fiscal (por ende, menor impacto en cambios de regímenes de distribución) y mayor volumen actual de aportes impositivos al ARCA. Como lo hablamos hace tres meses en esta nota de Economis, en 2024 Misiones aportó el 35,4% del total del NEA de recaudación de impuestos coparticipables, muy por encima de  Corrientes (26,6%), Chaco (25,3%) y Formosa (12,7%) y al mismo tiempo es la que menos recibe en la región: apenas el 21,3% cuando Chaco captó el 31,8%, Corrientes el 23,9% y Formosa el 23,0%. Es decir, Misiones tiene mucho más para ganar que para perder, algo que se afirma aún más cuando se observa que hay una fuerte subestimación recaudatoria de Misiones por el hecho de que muchas empresas que producen en la provincia tienen su domicilio fiscal en CABA. 

Pese a estar mejor parada que las otras provincias de la región, no podemos decir con seguridad que sería un esquema beneficioso para la provincia, no por falta de virtudes provinciales sino por cierta desconfianza en la implementación: antes de avanzar en la reforma tributaria puntual, hace falta corregir muchísimas distorsiones de registro, articulación, control y ejecución. 
Lo que queda claro es que el sistema tributario actual es altamente perjudicial para Misiones: subestima la actividad económica provincial y perjudica la caja provincial por recibir menos de lo que aporta. Es necesario avanzar hacia nuevos esquemas, pero con el debate necesario y con las correcciones suficientes que permitan gozar de las ventajas que podría traer.

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Del mito a los números: Misiones se afirma como líder industrial del nordeste

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Tal como se detalla en esta nota de Economis, el gobernador Passalacqua se refirió al desarrollo industrial de Misiones, remarcando no solo el liderazgo en exportaciones sino también su rol protagonista en la logística regional. Muchas veces no se pondera de manera correcta la importancia del sector industrial en Misiones, quizás por una incorrecta comparación con los grandes polos industriales del país que se llevan la mayor parte de las miradas, minimizando así la fuerte presencia de actividad industrial en otros puntos de la patria, sobre todo en el norte argentino. 

Lo cierto es que, aun estando un poco lejos del desarrollo industrial del centro del país, Misiones tiene un enorme liderazgo a nivel regional que la posiciona de manera muy relevante pensando en su expansión de la mano de inversiones. 

El atractivo misionero, muchas veces ligado a lo turístico, no se agota en ello; por el contrario, en materia de producción se pone a la cabeza del nordeste argentino y compite en el podio del norte nacional. 

Para poder ver en números esta situación, tenemos que observar el Valor Agregado Bruto (VAB) provincial. El VAB provincial es una medida del valor que aportan todas las actividades económicas dentro de una provincia descontando el valor de los insumos intermedios utilizados en el proceso productivo. Por ende, se trata de una forma de medir el aporte económico real de los distintos sectores productivos de una provincia. Tiene similitud con el Producto Bruto Geográfico (PBG), pero se diferencia en que este último incluye los impuestos netos de subsidios sobre la producción. 

El VAB por provincia lo aporta la CEPAL en un estudio elaborado en conjunto con el ministerio de Economía de la Nación y hace unas pocas semanas, se actualizaron los datos hasta el año 2023. Si bien parece quedar algo viejo el dato, dado sobre todo a las particularidades del 2024, tiene una alta relevancia para observar un proceso a lo largo de los años y el posicionamiento provincial en algunos sectores en particular. 

¿Qué nos dice el VAB de la industria misionera? Para el año 2023, y tal como se repite en los años previos, la Industria Manufacturera es la que representa el mayor volumen dentro del VAB provincial: el 18,6% de la economía misionera se concentra en esta actividad. 

Ya vemos en un primer lugar el enorme peso de este sector en la economía provincial. Frecuentemente se escucha que es el turismo e incluso el comercio la actividad económica predominante en Misiones, pero lo cierto es que la Industria es la que domina desde hace ya muchos años. Por caso, en 2013, es decir una década atrás, la industria también era el sector predominante representando el 20,4% de la economía local. 

La industria no solo en dominante por ser la actividad de mayor peso en la economía local, sino que además mantiene una importancia distancia con el resto: el Comercio se posiciona como el segundo sector en la economía con el 13,6% del total provincial, mientras que la Enseñanza completa el podio con el 10,6%. 

Pero más importante aún es su posicionamiento a nivel regional, algo clave para pensar en el desarrollo a mediano y largo plazo y la posibilidad de atraer inversiones. En el NEA, la Industria Manufacturera representa el 10,8% de la economía regional, un número que está impulsado hacia arriba gracias a Misiones, ya que en el resto de las provincias de la región este sector representa menos del 10% de sus economías: 8,4% en Chaco, 8,4% en Corrientes y 5,9% en Formosa. Estos números, frente al 18,6% de Misiones, marcan la enorme diferencia de perfil productivo misionero

Si miramos la participación por provincia en el VAB industrial del NEA, se fortalece la posición misionera: en 2023 representó el 46,7% de toda la industria del nordeste, con amplia distancia contra Chaco (25,4%), Corrientes (20,9%) y Formosa (7,0%). 

Al observar estos datos, podemos incluso repensar algunos elementos discursivos que predominaron en los últimos años, como el que Corrientes se configuraba como el gran actor industrial de la región, cuando su VAB industrial sigue estando incluso por debajo de Chaco. El mito decía que Corrientes era más atractiva para la industria por su laxa política fiscal. Los datos desmienten esa mirada.

El fuerte protagonismo misionero en la industria regional también se puede ver en el empleo: los últimos reportes de enero muestran que el 48% de los empleos industriales de la región están en Misiones; además, en esa misma línea, la provincia concentra el 43% de las empresas industriales asentadas en el NEA

Más allá de las muchas potencialidades y atractivos que tiene Misiones, sin duda es la industria la protagonista central, posicionándose como un eje central para el desarrollo y el progreso de la economía local, no solo por su capacidad de generar empleo de calidad, sino también por su impacto en la agregación de valor, la dinamización de las cadenas productivas y fortalecimiento del entramado económico regional, que a su vez promueve la innovación tecnológica y aumentan la competitividad provincial. Apostar al crecimiento industrial implica avanzar hacia una Misiones más diversificada, resiliente y con mayores oportunidades para su gente.

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El arte de saber gastar en tiempos de crisis

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Una semana atrás, en esta columna de Economis, destacamos la importancia de sostener cuentas públicas equilibradas para poder pensar en un sendero de estabilidad, credibilidad y certidumbre necesaria para transitar el camino del desarrollo. A modo complementario, es necesario hacer una segunda evaluación, que se enfoque esta vez en las erogaciones, a través de lo que llamamos Gasto por Finalidad y Función: esto es, identificar el gasto público provincial según sus propósitos.

¿Por qué hacemos esto? La evaluación del gasto público provincial constituye una herramienta clave para comprender el alcance y la calidad de la intervención del Estado en las distintas áreas de enfoque. 

El análisis del gasto según finalidad y función permite desagregar y clasificar las erogaciones de las administraciones provinciales en base a los objetivos perseguidos y las áreas específicas de acción, como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, entre otras. Esta clasificación no solo facilita una visión más precisa de las prioridades de política pública y la priorización, sino que también permite identificar posibles desbalances, cambios en la asignación de recursos y tendencias estructurales en el uso del presupuesto. En un contexto de crisis económica, restricciones fiscales y creciente demanda social, analizar esto es clave para entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. 

Vamos a lo que pasó en Misiones. Como es una costumbre, la inversión en Servicios Sociales concentró la mayor porción de las erogaciones misioneras: el 68,8% en 2024, con un crecimiento contra 2023 cuando fue del 68,5%. Es realmente relevante que los servicios sociales tengan un peso mayor en el gasto público porque reflejan el grado en que el Estado prioriza el bienestar de la población. Dentro de los servicios sociales se incluyen funciones como educación, salud, vivienda y promoción social, entre otros, que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas, en la reducción de desigualdades y en la construcción de capital humano a largo plazo

Dentro de este grupo, podemos destacar algunos hitos que tuvo la administración en 2024. En primer lugar, la función de Salud tuvo un crecimiento muy importante: pasó de representar el 14% del gasto total en 2023 al 17,9% en 2024 (que a su vez implica una suba real de las erogaciones en esta área del 12,1% cuando el gasto total provincial cayó 12 puntos). 

La función salud representa uno de los pilares más sensibles y estratégicos de la política pública: es una expresión concreta del compromiso del Estado con el bienestar y la dignidad de su población. Destinar una proporción significativa de las erogaciones a esta función exhibe la alta priorización, en un contexto donde la inversión en salud no solo mejora indicadores sanitarios sino que también tiende a fortalecer el tejido social, reduce brechas históricas entre territorios y sectores sociales y busca garantizar derechos. 

Con un Estado nacional que desfinanció gran parte de los programas sanitarios a las provincias, una exagerada suba en los servicios de prepagas (principalmente a inicios de año) y un recorte en el poder adquisitivo de los hogares en términos generales, el alza que tuvo la función Salud durante el 2024 cobra notoria relevancia. 

Otro hito que se observa en Misiones durante el 2024 fue el alza que tuvo la función de Promoción y Asistencia Social: pasó de representar el 9,2% en 2023 al 10,5% del gasto en 2024. Esta función ocupa un lugar central en la agenda pública, sobre todo en contextos de crisis económica y de problemáticas laborales, al tiempo que expresa, en términos concretos, el grado de presencia y alcance del Estado en situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

La promoción social implica políticas activas que buscan no solo mitigar el impacto de la pobreza, sino generar condiciones para la inclusión social. 

Otra función que tuvo destacada presencia en 2024 fue la de Vivienda y Urbanismo, que pasó del 5% al 6% del gasto provincial. En este caso, su incremento impacta directamente en las condiciones de vida de la población y en la configuración del territorio, buscando garantizar el derecho a un hábitat digno, planificar ciudades más inclusivas e incluso movilizar el empleo mediante proyectos de obra o de inversión pública dirigido a ello. 

Además de buscar mejorar la infraestructura básica, también está el foco en el crecimiento urbano con criterios de equidad. No es menor el hecho de que Misiones haya incrementado el gasto en esta función en un contexto donde justamente áreas como estas pasaron, en términos generales, a un segundo lugar en las administraciones provinciales.

En un escenario nacional caracterizado por la crisis económica, el ajuste fiscal y el retiro del Estado nacional de los programas de desarrollo provincial, la decisión de Misiones de fortalecer el gasto en salud, promoción social y vivienda y urbanismo no sólo es relevante desde el punto de vista presupuestario, sino altamente significativa en términos políticos y sociales. En un año donde muchos distritos optaron por el recorte muy fuerte con el fin de garantizarse un alto colchón financiero vía holgados superávits, orientar el gasto público hacia áreas sensibles produce un impacto que quizás no sea fuerte a primera vista, pero traza un camino de estabilidad hacia la búsqueda de progresos sostenidos.

A esto, debe sumarse el hecho de que el gasto en Administración Gubernamental se mantiene en niveles bajos: 14,6% del total, cuando en el resto de las provincias del NEA promedia el 29%

En este marco, cabe destacar las enormes diferencias que tiene Misiones respecto a las otras provincias de la región. Como ya dijimos, el gasto en Administración Gubernamental se define, básicamente, a los recursos que el Estado destina al funcionamiento del aparato público. En Misiones representó el 14,6% del gasto en 2024, pero en Chaco llegó al 31,0%, en Formosa al 24,3% y en Corrientes al 31,2%. Ya de entrada se observa una diferencia muy fuerte que se fortalece aún más cuando se la analiza en relación con 2023: en todas las provincias creció pero en diferentes niveles. En Misiones fue solo +0,5 puntos, pero en Chaco +4,9, en Formosa +5,8 y en Corrientes +5,7. 

A su vez, Misiones es la provincia que más recursos destina a los Servicios Sociales: el 68,8% supera al 60,7% de Chaco, 61,7% de Formosa y 55,8% de Corrientes. Hacia adentro de este, las funciones de Salud, Promoción y Asistencia Social y Vivienda y Urbanismo muestran a Misiones liderando en la región con un agregado fundamental: por ejemplo, en Promoción Social, Misiones no solo lidera sino que fue la única provincia de la región que lo incrementó respecto al 2023.
Por último, se destaca que el gasto en deuda pública de Misiones sigue en niveles muy bajos: apenas el 0,2% del total, solo por encima de Formosa (0,1%) pero por debajo de Corrientes (0,3%) y Chaco (2,4%). Pero además, fue la provincia que más redujo este indicador en la región. Naturalmente, mantener bajos los pagos por deuda pública permite al gobierno destinar más recursos a áreas clave, reducir el riesgo de crisis fiscal, generar confianza en los inversores y tener más flexibilidad para políticas económicas, ayudando a asegurar la sostenibilidad fiscal y fomenta el crecimiento económico.

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El cuidado de las cuentas públicas como política de Estado

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Pocos días atrás, la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales finalmente difundió los datos definitivos de las ejecuciones presupuestarias provinciales del año 2024, lo que permitió evaluar la situación de las cuentas públicas subnacionales y conocer con mayor profundidad el posicionamiento de ellas respecto a un año altamente volátil y con fuertes limitantes para las finanzas provinciales. Aunque parezca algo lejano el fin del 2024, no deja de ser un dato altamente relevante para entender no solo lo que pasó, sino lo que se viene.

En términos generales, el desempeño subnacional fue altamente positivo: en un año donde hubo una fuerte contracción de los ingresos (-12,7% real interanual), el gasto también tomó ese sendero (-15,1% real interanual), y esto provocó que el año cierre con superávits primario y financiero. En el caso del superávit primario, fue del 2,6% de los ingresos totales (mejorando respecto a 2023, que fue de 0,5%), mientras que el financiero fue del 0,9% de los ingresos totales (revirtiendo el resultado de 2023, que fue de -1,6%). En términos del PIB, el superávit primario fue del 0,4% del producto (0,1% en 2023) y el financiero del 0,1% del producto (-0,3% en 2023). Es decir, se mejoró de manera importante el desempeño de las cuentas públicas provinciales.

Vamos a detenernos particularmente en el caso de la provincia de Misiones. La provincia cerró el 2024 con ingresos por $2,63 billones y gastos por $2,62 billones. Ello generó que la provincia tenga un superávit primario por $8.913 millones (0,3% de los ingresos totales) y un superávit financiero por $4.467 millones (0,2% de los ingresos). En este último caso, es mejor que el registrado en 2023 (0,01% en ese año).

¿Cómo llegó Misiones a esos resultados? Para ello, cabe evaluar el desempeño de la ejecución presupuestaria. Veamos primero el caso de los ingresos: los totales, que fueron por $2,63 billones, tuvieron una caída del 12,3% anual en términos reales, lo que equivalió a una pérdida de unos $369.551 millones. El 99,7% del total corresponde a Ingresos Corrientes, cuya caída fue del 9,1% anual, y apenas el 0,3% corresponde a Ingresos de Capital, que registraron un descenso del 92,4%.
En términos relativos, los componentes del ingreso que tuvieron las mayores caídas fueron las transferencias de capital (-98,6%) y las transferencias corrientes (-61,0%), situación que se da como consecuencia del fuerte ajuste que aplicó el gobierno nacional sobre el financiamiento extracoparticipable a las provincias. Las bajas en esos dos conceptos explican, a su vez, el 54% de los fondos que perdió Misiones en el año. Los ingresos tributarios, principalmente por la fuerte recesión de la primera mitad del año, también tuvieron importantes bajas: -8,8% los de origen provincial y -8,1% los de origen nacional. En conjunto, perdieron unos $193 mil millones en el año. También se registraron bajas en las Contribuciones de la Seguridad Social (-1,2%), en los Recursos Propios de Capital (-20,3%) y en la Disminución de la Inversión Financiera (-33,0%).

Por el contrario, hubo dos conceptos al alza: los No Tributarios (principalmente por subas de regalías) crecieron 71,5% en términos reales (aportaron un excedente de $27 mil millones), y las Rentas de la Propiedad (por colocaciones financieras), un 10% (excedente por más de $2.500 millones).

En resumen: los dos componentes de los ingresos que tuvieron subas aportaron unos $29.832 millones, pero el resto tuvo caídas por un total de $399.384 millones, redondeando el saldo final negativo para la provincia de $369.551 millones perdidos en el año 2024.

Vamos al gasto. La provincia registró erogaciones por $2,62 billones. De ese total, el 94,5% correspondió a Gastos Corrientes (que sufrieron una caída del 7,0% anual) y el 5,5% a Gastos de Capital (que se contrajeron 56,5%). Solamente entre el pago de salarios y las transferencias corrientes se destina el 84% del gasto total de la provincia, y en 2024 tuvieron realidades dispares: mientras que el gasto en personal cayó un 18%, las transferencias corrientes crecieron 9,3%, empujadas principalmente por los envíos al sector público y a los municipios. Este fue el único concepto que tuvo subas dentro del gasto misionero del año 2024.

Luego, otros componentes como los Bienes de Consumo y Servicios (-18,7%), Prestaciones de la Seguridad Social (-13,6%) e Inversión Real Directa (-59,2%) mostraron considerables recortes. A su vez, también cayó el gasto destinado al pago de intereses de la deuda (-69,5%). Por ende, el gasto se achicó de manera importante en casi todos los componentes que lo forman, aunque con razones distintas: en la obra pública, naturalmente, tiene su impacto por el desfinanciamiento nacional; en los servicios de la deuda, por desendeudamiento; en lo salarial, por impacto recesivo.

A raíz de lo detallado, el recorte del gasto público fue por $373.866 millones en 2024, un poco más fuerte de lo que fue la pérdida de ingresos. Si quisiéramos tomar la lógica de la prudencia fiscal, es correcto indicar que Misiones no solo no gastó (a cuenta) lo que perdió por baja de ingresos, sino que además recortó genuinamente el gasto en unos cuatro mil millones más. Esto no es menor para pensar en lo que puede deparar un 2025 con expansión del gasto, pero sobre eso vamos a volver después.

Previo a seguir con el detalle de los resultados fiscales, comparemos el desempeño de ingresos y gastos respecto a las otras provincias de la región del NEA. En relación con los recursos, la caída misionera fue la segunda más leve: queda adelante de Corrientes con -11,5%, pero detrás de Chaco (-16,1%) y Formosa (-19,4%). En estas dos últimas, impactó más profundamente la merma en las transferencias nacionales extracoparticipación, dado que fueron dos distritos altamente beneficiados en años anteriores. Respecto al gasto, la caída misionera fue la más leve: es decir, fue la provincia del NEA con el menor ajuste del gasto, en un contexto donde todas han tenido recortes importantes. En este punto, se destaca que Misiones fue la provincia donde más cayó el gasto destinado a pagar intereses de deuda (punto positivo), y fue la única donde crecieron las transferencias al sector público y municipios; sin embargo, estuvo entre las que más recortó erogaciones destinadas a inversión.

Sigamos con el detalle misionero, viendo ahora los resultados fiscales. En primer lugar, el resultado económico/operativo (ingresos corrientes menos gastos corrientes) marcó superávit por $140.723 millones, equivalente al 5,4% de los ingresos corrientes, un resultado positivo aunque algo menor que en 2023 (fue 7,5%), lo que era previsible a la luz de la caída de los ingresos. El resultado primario (es decir, ingresos totales menos gasto primario, que excluye intereses) presentó superávit por $8.913 millones (0,3% de los ingresos totales, cuando en 2023 había sido del 0,5%) y el resultado financiero (que incluye los intereses de la deuda) presentó superávit por $4.467 millones, equivalente al 0,2% de los ingresos, mejorando respecto a 2023, cuando fue 0,01%. La diferencia en este último caso, que explica la mejora contra 2023, fue el hecho de que los pagos de intereses no solo cayeron fuerte contra ese año, sino que incluso fueron nominalmente inferiores, un fuerte hito en el sendero de desendeudamiento.

De este modo, Misiones acumula tres años consecutivos con superávits financieros y llega a cinco de los últimos siete con ese resultado, ubicándose como una de las provincias con mayor sostenibilidad de las cuentas, logro no menor si se consideran las fuertes volatilidades que tuvo el país en 2018 y 2024: crisis cambiaria, recesión, disparada inflacionaria, pandemia, recuperación, nueva disparada inflacionaria, devaluación y nueva recesión.

Más atrás decíamos que Misiones no solo no gastó lo que perdió por baja de ingresos, sino que aplicó un recorte genuino del gasto, aspecto clave para delinear políticas en este 2025 que, se supone, será expansivo debido a que las provincias recuperarán gran parte de los recursos perdidos el año pasado (por fin de la recesión, principalmente), y ello permitirá volver a volcar recursos en áreas que quedaron más postergadas (como la inversión pública), pero con un saneamiento de las cuentas más fortalecido por haber cortado gastos superfluos que no solo garantizan sostener presupuestos equilibrados, sino también ser más eficientes en poner el peso donde más se necesita: ahí va a estar la clave de la recuperación económica local.

A la par de haber cerrado el 2024 con superávits en las cuentas públicas, también hubo otro dato, vinculado, que conocimos estos días: Misiones tiene en la actualidad el menor nivel de deuda pública desde, por lo menos, 1996. Con un stock total de $78.038 millones al 31 de diciembre de 2024, no solo bajó fuerte la deuda respecto al 2023 (-41,7% en términos reales), sino que se ubica además muy por debajo de todos los años previos. Para tener una idea más gráfica de esto: entre 1996 y 2000, el stock promedio (medido a precios de 2024) estaba en torno a los $501.604 millones, mientras que el stock actual está 84% debajo de ese nivel. El pico máximo de la deuda misionera se dio en el año 2002, a raíz de la devaluación tras la salida de la convertibilidad, que impulsó fuertemente la deuda provincial tomada a mediados de la década de los 90: a precios de 2024, la deuda de ese año equivale a unos $1.244.773 millones (es decir, 1,2 billones de pesos actuales), por lo que el stock de 2024 se posiciona 94% por debajo.

Es notable observar el proceso: desde 2002 a 2024, la deuda registrada al final de cada año es inferior a la del año previo, con la sola excepción del 2016 (por devaluación tras la salida del cepo y por crédito con ANSES).

Particularmente en 2024, el stock total cayó 41,7%, con diferente fuerza según el acreedor: con el gobierno nacional, -69%; con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, -100% (se canceló por completo el pasivo); con Bancos, -88,0%; en Títulos Públicos, -19,9%; y con Organismos Internacionales, -78,1%. El único con el que creció la deuda en 2024 fue con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que se alzó en 2,8% anual, pero acá viene lo relevante: ese pasivo (que alcanzaba los $14.292 millones) se canceló totalmente el pasado martes 15 de abril vía firma del Convenio del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con la Nación, mecanismo por el cual Misiones resultó acreedora neta con la Nación.

Con esto en consideración, la deuda misionera en la actualidad está en niveles aún menores que los que nos muestran los datos recientemente publicados, dando un nuevo paso en el fortalecimiento del proceso que permitió que en 2024 Misiones sea la provincia con el sexto menor stock de deuda del país, la quinta con la menor deuda medida per cápita y la quinta con el menor nivel de stock respecto a los ingresos totales de la provincia.

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Cómo puede impactar el nuevo esquema cambiario en Misiones

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El viernes estuvo marcado por los anuncios del ministro Luis Caputo: el inicio de la Fase 3 del programa económico, en paralelo a la formalización del nuevo programa con el FMI. Esta nueva fase consta de cuatro puntos fundamentales. 

En primer lugar, el ansiado levantamiento del cepo, una de las principales promesas de campaña de Javier Milei y que tardó en llegar bajo el argumento de no repetir el error que se cometió en 2015 cuando asumió Mauricio Macri, que lo levantó de manera rápida y pagó las consecuencias en el corto plazo. 

¿Qué significa que se levante el cepo? Se elimina el límite de compra de USD 200 mensuales en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las personas humanas, por lo cual se podrá comprar sin límites. En ese punto, cabe destacar que el BCRA cometió un error comunicacional en la noche del viernes: la redacción confusa de la Comunicación A8226 llevó a una mala interpretación de muchos ciudadanos. ¿Qué dice ese texto? Que si comprás con dinero depositado en cuenta no hay límites algunos, pero si una persona va a la ventanilla de un banco a comprar dólares con efectivo, se limita a USD 100. Como fue redactado tan mal, se interpretó que el límite de USD 100 corría para todos, pero no, se trata solo de compras que se hagan en efectivo. Posiblemente, como una forma de evitar transacciones con dinero negro. 

Sigamos con tema cepo: se eliminan también todas las restricciones de acceso al MLC vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público y otros. Es decir, aquellos que reciben AUH, o que fueron beneficiados por IFE o ATP en la  pandemia, ya podrán volver a comprar dólares normalmente.  

Respecto al pago de importaciones de bienes, podrán pagarse a través del MLC a partir del registro de ingreso aduanero (antes era a 30 días); para el caso de importaciones de servicios podrán pagarse a través del MLC a partir del momento de prestación del servicio (antes era a 30 días). 

Para las Personas Jurídicas se autoriza el acceso al MLC para pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1° de enero de 2025 (es decir, operará desde 2026).

En este marco, se deroga el dólar blend, rompiendo ese desequilibrio que se explicaba por una fuerte brecha y que hoy pierde sentido por el achatamiento entre las bandas. El dólar blend estaba en la mira: por este esquema diferencial, en el que las empresas liquidaban un 80% al mercado oficial y otro 20% al Contado Con Liquidación (CCL), el Banco Central perdió cerca de USD 23.000 millones, que se fueron al mercado financiero y no quedaron en las arcas. 

Con la salida del cepo viene el segundo punto fundamental: el esquema cambiario. Vuelve la flotación cambiaria dentro de bandas

Desde el lunes va a regir en la Argentina un régimen de bandas cambiarias entre $ 1.000 y $ 1.400 en donde tanto el valor inferior como el valor superior evolucionarán en el tiempo de forma gradual y previsible: -1% y +1% por mes, respectivamente. ¿Cómo funcionan las bandas? Cuando el tipo de cambio opere en el valor inferior de la banda, el BCRA procederá a comprar dólares y en el proceso, acumular reservas internacionales; la emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del BCRA no será esterilizada con el objetivo de monetizar la economía. 

A su vez, cuando el tipo de cambio opere en el valor superior de la banda, el BCRA venderá dólares y así eliminará pasivos monetarios. 

¿Cuál es entonces el tipo de cambio oficial a partir de ahora? El que determine el mercado en ese esquema de bandas, lo cual, daba los extremos de las bandas, supone la posibilidad de una devaluación pero no se sabe en qué nivel. El tipo de cambio oficial cerró este viernes en 1.078,4. Si el lunes el mercado fija un tipo de cambio en la zona media de las bandas, $ 1.200, la devaluación habrá sido entonces del 11%, por ejemplo.

La Argentina ya conoce el esquema de flotación entre bandas: en la tormenta financiera de 2018, el gobierno de Mauricio Macri intentó frenar la sangría cambiaria con un nuevo esquema de política monetaria consiste en la flotación con bandas de intervención, medida acordada con el FMI en el marco del acuerdo stand-by firmado ese año. El objetivo en ese momento era contener la volatilidad cambiaria sin tener que fijar un tipo de cambio rígido por un lado; y por el otro, seguir con una política monetaria contractiva, basada en metas de base monetaria, para frenar la inflación. 

Nada de eso resultó: la inflación siguió creciendo, la economía se siguió enfriando, y el tipo de cambio volvió a generar presión, al punto que tras unos meses el esquema fue perdiendo efectividad, el mercado perdió confianza y el BCRA empezó a intervenir fuera de las bandas, lo que terminó desdibujando el marco original. 

Finalmente, en abril de 2019, se terminó el esquema, volviendo al esquema tradicional de un tipo de cambio fijado por la autoridad monetaria, la reaparición del cepo y de los dólares paralelos. 

El tercer punto central del anuncio tiene que ver con la llegada de fondos frescos para fortalecer reservas. El próximo martes ingresarán USD 12.000 millones del FMI y ese organismo realizará otros dos desembolsos en el año: USD 2.000 antes de junio y USD 1.000 entre julio y diciembre. Un total de USD 15.000 millones de los USD 20.000 millones aprobados por el organismo en este nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que apuntan a “afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y resiliente”, según reza el comunicado del Fondo. 

Además, el cierre del programa con el FMI permitió al país capturar otros fondos adicionales con organismos internacionales: el Banco Mundial aprobó un paquete por USD 12.000 millones y el BID por otros USD 10.000 millones. Llegarían USD 3.600 millones antes de junio y otros USD 2.500 millones antes de fin de año. Un total de USD 6.100 millones de estos organismos durante el año. 

En paralelo, el BCRA hará otro REPO con bancos por USD 2.000 millones. 

En resumen: este año la Argentina contará con USD 23.100 millones que irán a fortalecer las reservas internacionales y para mayo, se espera que las lleguen a los USD 50.000 millones, con el ingreso de fondos de la cosecha. Este viernes, un rato antes de los anuncios de Caputo, las reservas cerraron apenas por debajo de los USD 25.000 millones por lo cual la recuperación podría ser importante. Cabe señalar que, a su vez, las Reservas Netas se situaron en USD 11.000 millones el viernes, por lo que el desembolso de fondos puede llevar a las netas también a valores positivos. 

El cuarto punto clave del anuncio tiene que ver con el fortalecimiento del ancla nominal. Se pretende un monitoreo estricto de la cantidad de dinero, con base fundamental en la restricción de financiamientos de la política fiscal por parte de BCRA y cero emisión por remuneración de los pasivos remunerados del BCRA. Este nuevo esquema pretende ser más riguroso que el anterior, y tendrá como eje el control del M2 transaccional privado (los billetes y monedas fuera del sistema bancario, cuentas corrientes en pesos del sector privado y cajas de ahorro en pesos del sector privado). Para operarlo, el BCRA publicará su programación monetaria basada en modelos de demanda de dinero con el objetivo de tener un control más fino sobre la liquidez de la economía y consolidar el proceso de desinflación, ajustando la política si el M2 se desvía de las metas.

El sistema financiero en general reaccionó muy bien a estas medidas; la ciudadanía tiene opiniones encontradas principalmente derivadas de la posibilidad de una devaluación que impacte en salarios y en el proceso de desinflación pretendida, que ayer viernes sufrió un golpe con un dato muy alto. Además, la experiencia reciente del 2018-2019 brinda más dudas que certezas sobre la eficiencia del programa, aunque debe señalarse que más allá de la similitud de las herramientas, lo que cambia son los fundamentals, es decir, los cimientos del programa. En este caso, se apoya en el superávit fiscal. 

Dicho todo esto, ¿podemos ver impactos en la economía misionera? Para ello hay que segmentar un poco el análisis. 

Para la ciudadanía en general, la mirada va a estar puesta en cómo pega el esquema de flotación cambiaria sobre salarios (por devaluación) y sobre precios (por riesgos inflacionarios). En este punto cabe señalar que los salarios privados de Misiones venían mostrando una buena evolución en los últimos meses. De hecho, según datos provisorios de la SRT, los trabajadores asegurados del sector privado formal vieron un incremento real interanual del 30% en enero, un número que suma al +20% que habían mostrado en diciembre, aunque en ambos casos influenciado por una mala base comparativa. Pero la recuperación, aún con ello, estaba presente. Este va ser un punto crucial para evaluar los impactos y la efectividad, o no, del nuevo esquema anunciado. 

Por otro lado, podría haber beneficio por exportaciones más competitivas. Con la eliminación del “dólar blend” y la unificación del tipo de cambio, los exportadores misioneros, como los productores de yerba mate, té y madera, podrán liquidar sus divisas a un tipo de cambio más favorable. Esto podría mejorar sus ingresos en pesos y fomentar la producción local.​ A su vez, otorga mayor previsibilidad para importadores dado que la flexibilización de los plazos para pagos de importaciones permitirá a las empresas misioneras planificar mejor sus compras de insumos y bienes de capital, facilitando la continuidad de sus operaciones y la inversión en tecnología.​

La cuestión de frontera es un gran signo de interrogante: bajo la presunción de que se termina el dólar barato para el argentino (o caro para el extranjero), o por lo menos la posibilidad de que ello ocurra, podría mermar la salida de ventas o bien equilibrar la situación, aunque para ello hay que esperar a ver como evoluciona la banda de flotación y como se acomodan los precios respecto a ello. 

Misiones podría verse beneficiada por atracción de inversiones: el levantamiento del cepo y la posibilidad de repatriar utilidades podrían hacer más atractiva a la provincia para inversores extranjeros, especialmente en sectores como el turismo y la industria forestal. 

Por otro parte, Misiones tiene una ventaja respecto a otras provincias del país: este nuevo esquema cambiario no le pega en las cuentas públicas, por el hecho de no tener deuda en dólares significativa. 

Si se compara con el Chaco, por ejemplo, la suba del tipo de oficial (suponiendo que el dólar baja hacia la banda superior) pone presión en la deuda pública de esa provincia que está altamente dolarizada (aprox. 65% del total con pagos directos en dólares por USD 40 millones al año) ya que necesita hacerse de más pesos para cubrir esos pagos. 

Misiones tiene menos del 10% de deuda en dólares (cerca de $ 7.000 millones sobre un stock de $ 80.000 millones) por lo cual el impacto es muy bajo, además del hecho de que esa deuda, si bien se calcula en dólares, se paga en pesos.

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