Alejandro Pegoraro

Director de Consultora Politikon Chaco

Las cuentas de Misiones: superávit, inversión pública y cambio en la composición del gasto

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Misiones cerró el primer trimestre de 2026 con un superávit primario por $111.718 millones y financiero por $111.036 millones, que equivalen al 11,4% de sus ingresos totales. Esto representa una mejora respecto al mismo trimestre de 2025 cuando también mostró superávit, aunque algo más chico: había sido del 9,7% de los ingresos totales. 

Detrás de este resultado positivo y de su mejora respecto al año anterior, hay elementos claves que muestran cómo Misiones administró la escasez de recursos y logró alcanzar esos resultados. 

En los primeros tres meses del año, Misiones tuvo ingresos totales por $976.269 millones y una baja muy fuerte: -11,4% interanual en términos reales. Si lo medimos en moneda constante (a precios de marzo 2026, cierre del trimestre), esa caída relativa equivale a una pérdida de recursos por $129.334 millones. En este marco conviene preguntarse cómo se distribuyó esa caída. 

Los recursos tributarios de origen provincial (es decir, la recaudación de tributos provinciales) cayeron 21,8% real interanual, provocando una pérdida de $ 75.488 millones, más de la mitad de la pérdida total de la provincia (exactamente, el 58%). A su vez, los recursos tributarios de origen nacional (básicamente la coparticipación) cayeron 6,6% y se perdieron unos $ 37.917 millones. Así, solo por recursos provenientes de recaudación tributaria (nacional y provincial) Misiones perdió unos $ 113.405 millones, equivalente al 88% de la pérdida total. Esto no hace otra cosa que evidenciar de manera contundente que la economía real está planchada y no hay recaudación que pueda crecer en términos reales bajo ese contexto. 

Misiones también perdió recursos por el lado de la Contribuciones a la Seguridad Social (-20,9%), de los recursos No tributarios (-23,0%) y las Rentas de la Propiedad (-63,8%), al tiempo que crecieron las Transferencias Corrientes (+103,6%) y los Ingresos de Capital (+77,9%) pero, si bien las subas relativas son de importante magnitud, aportaron apenas unos $26.493 millones “excedentes”, muy lejos de compensar así las bajas del resto de los componentes. 

Con ingresos cayendo al 11,4%, ¿cómo alcanzó la provincia un superávit que fue relativamente holgado? Con una baja del gasto que superó la merma de ingresos. El gasto público total se contrajo 13,0% real interanual en Misiones durante el primer trimestre, equivalente a un recorte del gasto público por $ 133.536 millones (a precios de marzo de 2026). 

El mayor ajuste se aplicó sobre el gasto Corriente: el recorte fue del 13,4% con diferentes intensidades hacia dentro. Por el caso, el gasto en Personal cayó 8,3% (un recorte equivalente a $ 34.069 millones, un cuarto del total), en Bienes de consumo fue de -17,6% (-$641 millones), los Intereses de la deuda se redujeron en un 48,2% (-$656 millones) y las Prestaciones de la Seguridad Social -6,7% (que representan un recorte de $ 8.088 millones). 

Por el lado de las Transferencias Corrientes, la caída llegó al 22,0% que equivale a una baja de $89.293 millones: dentro de estos, los envíos al sector privado cayeron 13,4% (-$ 19.938 millones) y al sector público (que incluye coparticipación municipal) la merma fue del 27,0% (-$ 69.355 millones). 

Mención aparte merece el gasto de Capital: si bien cayó 6,4% (-$ 3.461 millones) la merma se explicó enteramente por menor Inversión Financiera (-97,2% que significa un recorte de $ 33.660 millones) al tiempo que la Inversión Real Directa (ítem que engloba lo que comúnmente denominamos obra pública) creció 173,1% (un gasto excedente de $ 28.727 millones respecto al año anterior) y las Transferencias de Capital crecieron 55,0% (68,4% al sector privado y +43,0% al público) con erogaciones “extra” por $ 1.473 millones. 

En términos de resultados, Misiones cerró el primer trimestre del año con un ahorro corriente (es decir, la diferencia de ingresos corrientes con gastos corrientes) de $ 154.504 millones (levemente menor al del año anterior, en términos reales); un resultado primario (ingresos totales menos gastos excluyendo intereses de la deuda) positivo en $ 111.718 millones (3,2% superior al del primer trimestre 2025) y un resultado financiero (ingresos totales menos gastos totales, incluyendo intereses de la deuda) también positivo en $ 111.036 millones (mejorando 3,8% respecto al 2025). 

Hecha la descripción de la ejecución presupuestaria provincial y sus resultados, cabe señalar ciertas conclusiones. 

En primer lugar, el superávit no fue producto de una mejora de los ingresos, sino de un gasto que se contrajo a mayor ritmo que la merma de recursos. La provincia logró un resultado fiscal positivo en un contexto de fuerte caída de la recaudación (-11,4% real), compensando esa pérdida con un recorte del gasto aún mayor (-13,0%). Es decir, el equilibrio fiscal descansó íntegramente sobre la reducción del gasto público.

Por otro lado, como ya se mencionó, el ajuste estuvo concentrado en el gasto corriente. La mayor parte del esfuerzo fiscal se realizó sobre las erogaciones de funcionamiento del Estado, reducción de transferencias corrientes y una caída del gasto en personal y previsional. Esto sugiere una estrategia orientada a contener el gasto permanente para preservar las cuentas públicas. 

Pero a la par, se debe mencionar que la inversión pública no fue la variable de ajuste. A diferencia de lo ocurrido en muchas jurisdicciones, Misiones preservó e incluso expandió la obra pública. La Inversión Real Directa creció 173,1% real, mientras también aumentaron las transferencias de capital. Esto muestra una decisión de priorizar el gasto con impacto sobre infraestructura y desarrollo. Como se mencionó, si bien el gasto de capital tuvo caídas, esto responde a una readecuación de su composición, ya que la inversión real directa creció fuerte pero el resultado general de la cuenta capital se da por el desplome de la inversión financiera (-97,2%). Es decir, la provincia redujo colocaciones o aportes financieros, pero simultáneamente incrementó la inversión física. 

El resultado fiscal luce relativamente sólido desde el punto de vista financiero, aunque con costos económicos y distributivos. La estrategia permitió mantener un superávit holgado pese a la caída de los ingresos, pero lo hizo mediante menores salarios reales del sector público, una fuerte reducción de recursos transferidos a municipios y privados, y una menor capacidad de gasto corriente del Estado. Podemos afirmar entonces que Misiones no alcanzó el superávit únicamente gastando menos en todo, sino cambiando la composición del gasto: ajustó con fuerza el gasto corriente mientras protegió e incluso expandió la inversión en obra pública, para fortalecer territorios y sostener el empleo, que se redujo drásticamente por el ajuste nacional y la caída de la actividad. 

¿Cómo fue el desempeño misionero en comparación con las otras provincias del país? En términos de resultados, Misiones tuvo el sexto mejor resultado fiscal del país (medido como porcentaje de los ingresos totales): el 11,4% de superávit financiero, quedó solo por debajo de CABA (22,0%), Jujuy (20,7%), San Luis (17,2%), Mendoza (12,3%) y Córdoba (12,1%), mostrando así la mejor dinámica fiscal en el NEA.

Si se compara el desempeño relativo de ingresos y gastos, Misiones tuvo la segunda mayor caída de recursos de todo el país, únicamente superada por Tierra del Fuego (-16,8%) y estas dos, junto a Santiago del Estero, son las únicas provincias con merma de ingresos de doble dígito; a su vez, el consolidado de provincias del país mostró caída de ingresos del 3,1%. 

Respecto a los gastos totales, Misiones ocupó el mismo lugar: su recorte del 13,0% fue el segundo más fuerte del país, solo por encima de Chaco donde la reducción de las erogaciones fue del 13,4%; por el contrario, el consolidado de provincias tuvo expansión del gasto: el total +2,1% y el primario +1,6% (dando cuenta así de que creció mucho los pagos de intereses de la deuda del consolidado de provincia, llegando a +24,0%, a contramano de lo que pasó en Misiones).

El primer trimestre deja, en definitiva, una enseñanza clara: en un escenario de fuerte retracción de la actividad económica y de caída de la recaudación, sostener el equilibrio fiscal exige tomar decisiones sobre qué partidas preservar y cuáles resignar. Misiones optó por proteger la inversión en infraestructura y la obra pública, financiando esa estrategia con un significativo ajuste sobre el gasto corriente. 

Hacia adelante, el principal desafío será determinar si este esquema resulta sostenible. Si la economía continúa sin recuperar dinamismo y los ingresos tributarios permanecen deprimidos, el margen para seguir ajustando el gasto corriente será cada vez más reducido. Esto pone en evidencia (una vez más) la necesidad de un giro en el programa económico nacional que tenga su derrame en los territorios con recuperación de volumen de actividad, producción y consumo. Sin ello, el equilibrio fiscal podría perderse (algo que tanto le importa al gobierno nacional) pero peor aún, se resentirían aún más los servicios públicos en las provincias, en un escenario donde ya casi no queda margen de recorte.

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La apertura sin control y la desregulación dejan heridas abiertas en la economía de Misiones

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Hay indicadores que miden la temperatura de una economía y otros que miden la solidez de su tejido productivo. La cantidad de trabajadores registrados pertenece a la primera categoría: sube y baja con el ciclo económico y suele recuperarse cuando la actividad rebota. La cantidad de empleadores (personas físicas o jurídicas que declaran al menos un trabajador) pertenece a la segunda. Cuando una empresa cierra, no vuelve a abrir automáticamente cuando mejora el contexto. Se pierde capital organizacional, relaciones comerciales, clientela, experiencia y conocimiento acumulado. La destrucción de firmas es, en términos económicos, un fenómeno de histéresis: deja cicatrices.

Por eso conviene observar con atención lo que muestran los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para Misiones. En abril de 2026 la provincia registró 8.399 empleadores privados activos, el nivel más bajo desde, al menos, enero de 2023 y un nuevo piso durante la gestión de Javier Milei. Frente a abril de 2025, la caída fue del 7,2% (-653 empleadores). Respecto de noviembre de 2023, el último mes previo al cambio de gobierno nacional, alcanza el 11,4% (-1.081 firmas). Y si la comparación se hace contra el máximo de la serie, registrado en septiembre de 2023, la pérdida asciende a 1.414 empleadores, equivalente al 14,4% del entramado empresarial provincial.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor en la comparación nacional. Mientras Misiones perdió 7,2% de sus empleadores en el último año y 11,4% desde noviembre de 2023, el promedio argentino mostró bajas del 2,8% y 5,2%, respectivamente. Es decir, la crisis económica destruye empresas en Misiones aproximadamente al doble de velocidad que el conjunto del país. No se trata de un fenómeno exclusivamente misionero (otras provincias, especialmente del norte argentino, también atraviesan fuertes retrocesos) pero sí de uno de los casos más severos.

La cronología también aporta información relevante. Sería un error imaginar un deterioro lineal desde diciembre de 2023. Los datos muestran una dinámica distinta. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, Misiones perdió 428 empleadores, a un ritmo promedio de 25 firmas por mes. Incluso hubo un breve período de recuperación: entre febrero y junio de 2025 el número de empleadores aumentó de manera consecutiva, pasando de 8.996 a 9.261. Ese repunte coincidió con una desaceleración de la inflación y una tenue reaparición del crédito, alimentando la expectativa de que la recuperación había comenzado.

Sin embargo, esa mejora fue transitoria. Desde julio de 2025 el indicador acumula diez caídas mensuales consecutivas y, en ese período, desaparecieron 862 empleadores, un 9,3% del total existente. El ritmo de destrucción más que se duplicó: en los últimos doce meses la provincia perdió, en promedio, 54 firmas por mes, frente a las 25 mensuales del período previo. 

Dicho de otro modo, seis de cada diez empleadores desaparecidos desde noviembre de 2023 cerraron durante el último año. La segunda mitad de la historia fue considerablemente peor que la primera.

Este comportamiento no es un accidente misionero. La misma secuencia (una recuperación breve durante el primer semestre de 2025 seguida por una aceleración de la destrucción empresarial) también aparece en las estadísticas nacionales de empleo registrado y de empresas empleadoras. La estabilización de los precios no vino acompañada por una recomposición del entramado productivo. El ajuste que durante 2024 se procesó principalmente mediante salarios reales más bajos y menores márgenes de rentabilidad comenzó, desde la segunda mitad de 2025, a traducirse crecientemente en cierres de empresas.

¿Quiénes están cerrando? La respuesta es clara: las microempresas. De los 1.081 empleadores perdidos desde noviembre de 2023, 990 tenían diez trabajadores o menos. Es decir, el 91,6% de toda la destrucción empresarial provincial se concentró en ese segmento. Solo las firmas de 1 a 5 trabajadores explican 855 bajas (-12,9%), mientras que las de 6 a 10 aportan otras 135 (-12,4%).

La fotografía del último año muestra exactamente el mismo patrón. De las 653 empresas desaparecidas entre abril de 2025 y abril de 2026, 605 (el 92,6%) correspondían a establecimientos con hasta diez empleados.

Podría pensarse que esto simplemente refleja que las empresas pequeñas son mayoría. Sin embargo, la comparación entre tramos muestra que las tasas de cierre no fueron homogéneas. Las firmas de 11 a 25 trabajadores incluso crecieron levemente en el último año (+0,5%), mientras que las de 51 a 100 permanecieron prácticamente estables. En cambio, las empresas de 26 a 50 empleados registraron la peor performance interanual (-10,6%).

Este comportamiento revela un fenómeno importante. Parte de las bajas observadas en los tramos intermedios no necesariamente responde a cierres, sino a empresas que redujeron personal y descendieron de categoría estadística. Una firma que pasa de 30 a 22 trabajadores deja de computar entre las empresas de 26 a 50 empleados y pasa a integrar el tramo de 11 a 25. Desaparece de un segmento, pero sigue existiendo.

Ese mecanismo no funciona para las microempresas. Una firma de tres trabajadores que despide a sus tres empleados no desciende de categoría: desaparece del registro. Por eso, la fuerte caída del segmento de 1 a 5 trabajadores (que concentra el 68,6% de todos los empleadores privados de Misiones) constituye el mejor indicador de mortalidad genuina de empresas.

El cruce con los datos de empleo registrado refuerza esta conclusión. Mientras la cantidad de trabajadores privados cayó 3,9% interanual, el número de empleadores retrocedió 7,2%. Como consecuencia, el tamaño promedio de la empresa sobreviviente pasó de aproximadamente 11,2 a 11,6 trabajadores. No se trata de un aumento de productividad, sino de un proceso de concentración: la economía no está produciendo empresas más eficientes, sino menos empresas.

Si el tamaño de las empresas responde al “quién”, la distribución sectorial ayuda a responder el “por qué”. La destrucción empresarial en Misiones tiene una concentración muy marcada. Desde noviembre de 2023, el comercio perdió 437 empleadores (-13,6%) y explica, por sí solo, cuatro de cada diez cierres registrados en la provincia. Si se suman transporte y almacenamiento (-114), alojamiento y gastronomía (-65), industria manufacturera (-143) y construcción (-92), esas cinco actividades concentran cerca del 80% de toda la pérdida de empresas.

No es una distribución aleatoria. Las ramas más afectadas son precisamente aquellas cuya actividad depende del mercado interno, del consumo de los hogares y de la inversión privada. Cuando cae la demanda, son las primeras en sentir el impacto.

Dentro de ese escenario existe, sin embargo, un caso particular: el agro. Hasta 2025 había mostrado una capacidad de resistencia superior al resto de los sectores. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025 incluso aumentó la cantidad de empleadores, pasando de 1.388 a 1.416. Pero esa resiliencia terminó quebrándose. En abril de 2026 el agro registraba apenas 1.360 empleadores, evidenciando que el deterioro llegó con mayor intensidad durante el último año.

La explicación está estrechamente vinculada con la crisis de la yerba mate. El desmantelamiento de las facultades regulatorias del INYM produjo inicialmente una fuerte compresión de los márgenes de los productores y, con el correr de los meses, comenzó a traducirse en menor producción y retracción empresarial. El ingreso de hoja verde a secaderos cayó de 268 millones de kilos en el primer cuatrimestre de 2024 a apenas 151,9 millones en igual período de 2026: un desplome del 43% en apenas dos años. En un mercado integrado por miles de productores y muy pocos compradores, la persistencia de precios por debajo de los costos de producción termina deteriorando inevitablemente el entramado empresarial.

Las razones que explican este proceso pueden resumirse en cinco factores. El primero es la debilidad del mercado interno. La combinación de salarios reales deprimidos, empleo formal en retroceso y bajo dinamismo del crédito redujo la capacidad de consumo de los hogares. No sorprende, entonces, que las actividades más castigadas sean precisamente aquellas orientadas al mercado interno.

El segundo factor es específico de Misiones: la frontera. La provincia convive con más de treinta pasos internacionales y con la única capital provincial del país ubicada frente a una ciudad extranjera. En un contexto de apreciación cambiaria, una parte creciente del consumo migra hacia Paraguay, Brasil o plataformas digitales del exterior. Sus efectos aparecen tanto en la actividad privada como en las cuentas públicas. Durante el primer semestre de 2026 la recaudación real de Ingresos Brutos cayó 20,9%, el peor resultado del país, mientras que las ventas de combustibles retrocedieron 12,1% interanual frente a apenas 0,2% a nivel nacional. La diferencia refleja mucho más que un ciclo económico: evidencia una fuga sostenida de transacciones.

En tercer lugar aparece el costo del capital. Para una microempresa, tasas de interés reales elevadas durante un período prolongado equivalen, en los hechos, a la ausencia de crédito. Cuando el capital de trabajo deja de financiarse, muchas firmas no cierran por falta de rentabilidad, sino por falta de liquidez.

El cuarto factor es la mayor competencia importada. La apertura comercial afecta especialmente a la industria manufacturera y al comercio local. En una provincia con escasa capacidad exportadora fuera de sus economías regionales, la competencia externa no encuentra nuevos sectores dinámicos capaces de absorber los recursos que se liberan. En lugar de reasignación, el resultado predominante es la reducción de la actividad.

Finalmente aparece el shock regulatorio sobre la principal economía regional: la yerba mate. Si el agro logró resistir durante buena parte del período y recién comenzó a deteriorarse con fuerza en el último año, ello responde a que los efectos de la desregulación demoraron en trasladarse plenamente desde los precios hacia la estructura productiva.

Frente a este diagnóstico existe, naturalmente, una interpretación alternativa. Desde el Gobierno nacional y sus voceros se sostiene que una parte importante de estas bajas responde a una depuración registral (CUIT que dejaron de declarar actividad más que empresas que efectivamente cerraron), a la sustitución del empleo asalariado por monotributistas y a un proceso de destrucción creativa que reasigna recursos desde firmas menos eficientes hacia otras más productivas.

Los tres argumentos merecen discusión, pero encuentran límites cuando se los confronta con la evidencia. La depuración registral puede explicar una parte de las bajas entre las microempresas, pero difícilmente alcance para justificar la magnitud del deterioro observado en sectores como la construcción, la industria manufacturera o el comercio.

La sustitución de empleo asalariado por trabajo independiente tampoco constituye, por sí misma, una mejora del tejido productivo. En la mayoría de los casos representa un cambio en la forma de inserción laboral que implica mayor precariedad, menor protección social y una transferencia del riesgo económico hacia el trabajador.

El tercer argumento es el más interesante desde el punto de vista económico. La destrucción creativa, en el sentido schumpeteriano, supone que las empresas menos productivas desaparecen porque otras nuevas, más eficientes, ocupan su lugar. Pero para que ese proceso exista deben observarse simultáneamente destrucción y creación. Eso no es lo que muestran los datos de Misiones. No aparece ningún sector vinculado al mercado que esté incorporando empleadores a una velocidad capaz de compensar las pérdidas del resto de la economía. La reasignación de recursos, simplemente, no se observa. Por eso resulta prematuro interpretar este proceso como una transformación productiva. 

Lo que hoy muestran las estadísticas es otra cosa: una reducción persistente del entramado empresarial. Y esa diferencia no es menor. Una economía puede recuperar rápidamente el nivel de actividad cuando cambian las condiciones macroeconómicas. Lo que tarda mucho más en reconstruirse es el tejido de empresas que sostiene esa actividad. Cada firma que desaparece implica perder relaciones comerciales, experiencia acumulada, capacidad de inversión y conocimiento productivo. Todo eso puede volver a construirse, pero lleva años.

Ese es, probablemente, el dato más preocupante que dejan las estadísticas de Misiones. 

La provincia no solo está perdiendo empresas; está perdiendo capacidad productiva. Y cuando una economía empieza a destruir de manera sistemática su entramado empresarial, el problema deja de ser exclusivamente coyuntural. Empieza a comprometer las posibilidades de crecimiento del futuro.

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El superávit nacional y el costo silencioso que pagan las provincias

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En materia económica, pocas discusiones generan hoy tanto consenso como la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Después de más de una década de déficits fiscales casi permanentes, la búsqueda del equilibrio financiero aparece como una condición necesaria para estabilizar la economía argentina, reducir la inflación y reconstruir la confianza. Sobre ese objetivo, incluso el peronismo se sumó a la ola: el equilibrio fiscal llegó (aparentemente) para quedarse.

Sin embargo, alcanzar el equilibrio fiscal no es solamente una cuestión de números. También importa cómo se llega a ese resultado, quién absorbe el costo del ajuste y cuáles son sus efectos sobre el resto de la economía. Porque las cuentas públicas no son compartimentos estancos: el ahorro de un nivel del Estado muchas veces implica menores recursos para otro. Y eso es precisamente lo que muestran las finanzas provinciales desde el inicio de la actual gestión nacional. Nada que no hayamos ya dicho en innumerables ocasiones, pero que cada mes vale la pena repasar. 

El Gobierno nacional exhibe mes tras mes el superávit fiscal como uno de los principales logros de su programa económico. Es un dato objetivo. Pero existe otra realidad, mucho menos visible, que también merece formar parte del análisis: una parte significativa de ese ordenamiento se consiguió reduciendo las transferencias hacia las provincias, tanto las automáticas como, especialmente, las discrecionales. El resultado fue un deterioro profundo de la capacidad financiera de los gobiernos subnacionales, cuyas consecuencias comienzan a sentirse sobre la actividad económica del interior del país. Otra vez: ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero cada cierre de mes, al observar los datos de coparticipación y transferencias nacionales, vuelve el tema a la agenda (y a la preocupación).

Las transferencias automáticas representan el principal vínculo financiero entre la Nación y las provincias. La coparticipación federal explica la mayor parte de esos recursos y constituye la fuente de financiamiento más importante para la mayoría de las jurisdicciones. Su comportamiento depende de la evolución de la recaudación de impuestos coparticipables y, por lo tanto, del desempeño de la economía. Los datos permiten observar con claridad lo ocurrido desde comienzos de 2024; es decir, en la era Milei.

Durante prácticamente todo ese año las transferencias automáticas registraron fuertes caídas en términos reales. En nueve de los doce meses del año hubo caídas, de las cuales ocho fueron en dos digitos llegando a máximos como -26,8% en marzo. 

Sobre el cierre de año (noviembre y diciembre) comenzaron a observarse algunas mejoras, que se dieron principalmente como rebote, pero esa incipiente recuperación nunca alcanzó para compensar el derrumbe acumulado durante tres cuartas partes del período. 

En términos económicos, recuperar una parte de lo perdido no implica volver al punto de partida. Solo en 2024, el conjunto de provincias perdió, mirándolo a precios actuales, unos $ 8,5 billones de pesos

La expectativa era que, superado ese impacto, 2025 consolidara una trayectoria más favorable. Pero eso tampoco ocurrió. Si bien el año inició con fuertes rebotes (productos de la muy baja base comparativa), a partir del tercer trimestre se vieron deterioros en la trayectoria, con reducción en la velocidad de recuperación como también con caídas (como septiembre y noviembre). Esto marcaba el hecho de que la recaudación no encontraba un ritmo estable de recuperación, y por ende, la economía seguía estando muy inestable sin lograr consolidar una recuperación homogénea. El acumulado de ese año, aun con ello, cerró con una relativa mejora: se “recuperaron” unos $ 1,3 billones, aunque el saldo acumulado seguía siendo altamente negativo (-$ 7,2 billones perdidos en dos años).

Lejos de mejorar definitivamente, durante 2026 la situación volvió a deteriorarse y con fuerza. En los primeros seis meses del año, cinco registraron caídas reales interanuales y solamente mayo logró mostrar un crecimiento impulsado por un factor tributario estacional. El saldo acumulado del primer semestre muestra pérdidas por $ 1,1 billones contra el primer semestre de 2025 y, a su vez, los 30 meses de gobiernos completos de Milei dejan un saldo negativo de $ 8,3 billones para las provincias, solo por envíos automáticos. Es decir, más de dos años después del inicio del nuevo esquema económico, las transferencias automáticas siguen presentando un escenario altamente deteriorado.

Pero si la evolución de la coparticipación genera preocupación, las transferencias no automáticas describen un panorama todavía más contundente. Históricamente, estos recursos permitían financiar obras públicas, programas específicos, asistencia financiera extraordinaria y distintas políticas acordadas entre la Nación y las provincias. Su distribución siempre fue objeto de debate por su carácter discrecional, pero constituían una herramienta relevante para atender desequilibrios fiscales o impulsar inversiones estratégicas.

Con la llegada de la nueva administración nacional, esa herramienta prácticamente desapareció. Los números son elocuentes. Durante 2024 las transferencias no automáticas registraron caídas reales en todos los meses, superiores en todos los casos al -70% real. En moneda de hoy, se recortaron envíos por $ 7,9 billones. 

En otras palabras, el Gobierno nacional eliminó prácticamente la totalidad de los instrumentos de financiamiento provincial. 

Hacia 2025, se puede ver de nuevo una relativa recuperación de estos envíos, con subas en los primeros siete meses de ese año. Sin embargo, esas subas se dieron (otra vez) contar una base de comparación que era extraordinariamente baja, casi nula en algunos casos. Crecer respecto de un año en el cual las transferencias virtualmente desaparecieron no significa haber recuperado los niveles previos. El saldo acumulado mostró una recuperación equivalente a los $ 800 millones, apenas un 10% de lo perdido en 2024.

La evidencia más reciente confirma el sesgo bajista de este cuadro. Durante el primer semestre de 2026 las transferencias no automáticas volvieron a registrar caídas reales muy significativas en todos los meses, llegando a su pico en junio con -87,7% con una en particular: los envíos de junio de 2026 fueron los más bajos para ese mes desde 2005. En otras palabras, el peor junio en veinte años. Por ende, lejos de consolidarse una recomposición, la asistencia a provincial volvió a retraerse con fuerza. Esto produjo que el primer semestre termine con una caída del 62% interanual, siendo el peor primer semestre también en veinte años. De este modo, en los 30 meses completos de Milei en el gobierno nacional, se recortaron transferencias a provincias por un total, a precios actuales, de $ 8,1 billones

Así, la tendencia que muestran los datos es clara: desde el inicio de la actual administración nacional las provincias reciben considerablemente menos recursos provenientes de la Nación: sumando las pérdidas por transferencias automáticas y no automáticas de los últimos treinta meses, las provincias resignaron ingresos por $ 16,5 billones a precios actuales.

Las consecuencias de este proceso exceden ampliamente el plano contable. Las provincias no administran recursos para acumularlos. Los utilizan para financiar hospitales, escuelas, rutas, seguridad, programas sociales, salarios públicos, infraestructura y servicios esenciales. Cuando los ingresos disminuyen de manera persistente, las alternativas disponibles son pocas: reducir gastos, postergar inversiones, incrementar la presión tributaria provincial o aumentar el endeudamiento, cuando ello resulta posible.

En mayor o menor medida, todas esas respuestas comenzaron a observarse durante los últimos dos años. Muchas jurisdicciones redujeron el ritmo de ejecución de obras públicas. Otras demoraron inversiones en infraestructura, equipamiento o mantenimiento. Algunas intensificaron la utilización de impuestos provinciales para compensar parcialmente la pérdida de recursos nacionales o, también, la toma de deuda. En varios casos también aparecieron crecientes dificultades para sostener los compromisos salariales con los trabajadores estatales.

Pero existe además un efecto menos visible y probablemente más importante: el impacto sobre la actividad económica. Cada peso que deja de ingresar a una provincia representa menor capacidad de gasto dentro de esa economía regional. Menos obra pública implica menor demanda para empresas constructoras, industrias proveedoras de materiales, transportistas y profesionales. Menores compras del Estado afectan directamente a cientos de pequeñas y medianas empresas que dependen de la contratación pública. Salarios públicos que pierden poder adquisitivo reducen el consumo en comercios y servicios locales. Todo ello termina repercutiendo sobre el empleo, la inversión y el nivel de actividad.

En definitiva, el ajuste nacional no concluye en el Ministerio de Economía. Se transmite hacia las provincias y desde allí al entramado productivo de cada región. Esto adquiere una relevancia aún mayor en el norte argentino, donde la dependencia de los recursos nacionales resulta significativamente superior a la observada en las jurisdicciones con mayor capacidad de recaudación propia. Para muchas provincias del NOA y del NEA, la coparticipación constituye el principal sostén de sus presupuestos. Cuando esos recursos pierden poder de compra y las transferencias discrecionales prácticamente desaparecen, el margen de maniobra fiscal se reduce de manera considerable.

Por supuesto, reconocer este fenómeno no implica desconocer la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Tampoco supone defender los excesos del pasado ni cuestionar el objetivo de alcanzar un Estado fiscalmente sostenible. El verdadero debate pasa por la distribución del esfuerzo. Hasta ahora, buena parte del ajuste fue absorbido por las provincias. Mientras la Nación exhibe superávits crecientes, los gobiernos provinciales administran presupuestos cada vez más tensionados, con menos recursos para cumplir responsabilidades que siguen siendo esencialmente las mismas.

En ese contexto, celebrar únicamente el resultado fiscal nacional implica observar apenas una parte del problema. El equilibrio de un nivel del Estado no necesariamente refleja el equilibrio del sistema en su conjunto. Si el ordenamiento de las cuentas nacionales se consigue trasladando recursos y obligaciones hacia las provincias, entonces el costo simplemente cambia de lugar. 

Así, el balance global de la era Milei continúa siendo claramente desfavorable para las finanzas provinciales. Las provincias disponen hoy de menos recursos nacionales, cuentan con menor capacidad para impulsar políticas propias y enfrentan crecientes restricciones para sostener el nivel de actividad en sus economías. El superávit fiscal nacional podrá ser una condición necesaria para estabilizar la macroeconomía. Pero difícilmente alcance para garantizar el desarrollo si ese equilibrio se construye sobre unas provincias financieramente más débiles.

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El semáforo económico de Misiones sigue en rojo pese al avance del PIB argentino

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Esta semana, el INDEC publicó el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2026 que, leído superficialmente, podría invitar al optimismo. La economía argentina creció 2,3% interanual y 0,7% respecto del trimestre previo, impulsada principalmente por las exportaciones, la actividad agropecuaria, la minería y algunos sectores vinculados a la producción primaria. A la par, se observa un nuevo máximo histórico para el consumo privado, pero se alerta respecto a la fuerte baja de la inversión.

Sin embargo, detrás de ese número agregado convive una realidad mucho más compleja. El crecimiento del PIB no implica que todas las provincias crezcan, ni mucho menos que todos los sectores económicos mejoren al mismo tiempo. Por el contrario, el primer trimestre de 2026 vuelve a poner en evidencia una de las principales características del actual esquema económico argentino: una creciente heterogeneidad territorial y sectorial.

Misiones es probablemente uno de los casos donde esa divergencia aparece con mayor crudeza. Para esto, vamos a actualizar el Semáforo de Actividad Provincial que en otras oportunidades ya hemos mostrado. Si vemos los números provinciales para el primer trimestre del año, a modo de comparar con el resultado agregado del PIB, en Misiones hay un panorama alarmante. 

Misiones | 1° trimestre 2026 11 indicadores en rojo 4 indicadores en verde
Semáforo de actividad provincial: Misiones bajo presión Variación interanual por indicador. Primer trimestre de 2026.
Variable Fuente Ene-26 Feb-26 Mar-26 Acumulado 1° trimestre
Ventas reales en supermercados INDEC -7,6% -13,9% -4,3% -8,5%
Venta de gasoil al público en m³ Sec. Energía -12,3% -16,6% -12,0% -13,6%
Venta de nafta al público en m³ Sec. Energía -1,7% -5,3% -8,8% -5,3%
Patentamientos de autos en unidades INDEC -17,1% -20,9% -15,9% -17,7%
Patentamientos de motos en unidades INDEC 27,5% 73,2% 50,2% 48,1%
Empleo privado formal en unidades STEySS -4,9% -4,5% -3,9% -4,4%
Salario real del sector privado formal STEySS -1,0% -2,3% -2,2% -1,8%
Empleadores privados en unidades SRT -5,4% -6,2% -6,6% -6,1%
Recaudación real de Ingresos Brutos ATM -25,0% -23,1% -17,5% -22,2%
Permisos de obra en unidades INDEC -12,5% -9,7% 21,4% -2,4%
Superficie autorizada en m² INDEC -36,5% -30,0% -37,4% -35,0%
Yerba mate – mercado interno en kg INYM -2,9% -8,7% 4,6% -2,1%
Yerba mate – mercado externo en kg INYM 46,6% -30,0% 9,3% 3,4%
Exportaciones totales en USD INDEC 16,3% -4,1% 17,7% 9,3%
Exportaciones totales en toneladas INDEC 4,1% -2,7% 15,9% 5,9%
Fuente: elaboración para Economis sobre datos de INDEC, Secretaría de Energía, STEySS, SRT, ATM e INYM.

De los quince indicadores relevados, apenas cuatro exhiben resultados positivos en el acumulado del primer trimestre, mientras que once permanecen en terreno negativo. Pero más preocupante aún es la naturaleza de esas caídas.

Respecto a los indicadores vinculados al consumo, las ventas reales en supermercados retroceden 8,5% acumulado, el expendio de gasoil cae 13,6%, la venta de naftas disminuye 5,3% y el patentamiento de autos retrocede 17,7%. En este marco, todos estos indicadores muestran un mismo fenómeno: la baja no es solo acumulada, sino que caen en todos los meses que conforman el período. 

Sólo uno muestra un signo diferente: el patentamiento de motos, que crece en todos los meses y cerró el acumulado en +48,1%, un gran signo de la época que se replica en casi todo el país. En definitiva, vemos que el consumo está todavía atravesando una fuerte crisis que no se condice con los augurios que bajan desde el poder central nacional.  

Si vemos los indicadores de Empleo y Salarios, el escenario es igual de negativo:  el empleo privado formal pierde 4,4% acumulado, los salarios reales del sector privado se contraen 1,8% en el trimestre y los empleadores registrados del sector privado disminuyen 6,1%. Estos indicadores muestran caídas en todos los meses del período y el rojo acumulado se torna grave al pensar no solo en la foto, sino en la tendencia. Así, no solo se achica el empleo de calidad, sino que se hace cada vez menor la capacidad de compra de los trabajadores (ratificando así lo visto para los indicadores de consumo), a la par que el entramado empresarial se deteriora fuertemente y condiciona una posible (o más bien, deseada) recuperación de la economía real.

La recaudación real del impuesto a los Ingresos Brutos, que podría utilizarse como un proxy de actividad económico local, se desploma 22,2%, la baja más fuerte del país. Esto trae dos problemas: evidencia un problema de actividad pero a la par, desfinancia fuertemente al Estado en contextos donde se requiere brindar, desde allí, más asistencia para paliar la crisis.

Si miramos algunos puntos clave de la construcción, los permisos de obra privada bajan 2,4% (pese a un repunte en marzo) y la superficie autorizada para construir registra una contracción del 35%. Es decir, un sector altamente dinamizador de la economía no encuentra piso y no puede recomponerse, ratificando que se trata del sector posiblemente más golpeado con el actual modelo económico libertario. 

Con la yerba mate, el rojo se intensifica: las ventas al mercado interno se contraen 2,1% en el trimestre; y por el contrario, se fortalece la salida al exterior con exportaciones de yerba creciendo al 3,4% acumulado. Quedándonos en el lado del comercio exterior, las exportaciones misioneras crecen 9,3% medidas en USD y 5,9% en toneladas, siendo el dato más destacado para la provincia

En ese marco, los pocos datos positivos no modifican el diagnóstico general. Son actividades relevantes, pero insuficientes para compensar la debilidad generalizada del consumo, la inversión, la construcción y el mercado laboral. Entonces, se observa que prácticamente todos los indicadores que describen el funcionamiento cotidiano de una economía provincial muestran deterioro. 

Aquí aparece una cuestión central que muchas veces queda oculta detrás del dato nacional del PIB. El crecimiento de la economía argentina durante este trimestre estuvo explicado fundamentalmente por sectores de capital intensivo, fuerte orientación exportadora y alta concentración geográfica. El complejo agroexportador, la minería y algunas ramas vinculadas a recursos naturales explican buena parte de la expansión nacional. Pero Misiones y gran parte del norte argentino poseen una estructura productiva muy distinta.

Las economías de la región están más atadas al consumo interno, al turismo y la producción de bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas. Es decir, el mercado interno tiene un peso determinante no solamente sobre la economía general sino también y particularmente, sobre el empleo y sobre la generación de ingresos. Cuando el modelo económico privilegia actividades altamente concentradas y con bajo efecto derrame sobre el resto del país, provincias como Misiones quedan inevitablemente rezagadas.

Entonces, no es una contradicción que el PIB nacional crezca mientras Misiones se debilita. Es, precisamente, una consecuencia esperable de un crecimiento extremadamente desigual

De hecho, el propio semáforo provincial permite deducir una secuencia económica consistente. Primero cae el consumo. Luego se retrae la recaudación. Después disminuye la construcción privada. Más tarde aparecen menores niveles de empleo y pérdida de empleadores. Finalmente, los salarios reales continúan deteriorándose. No son indicadores aislados; son distintas manifestaciones de un mismo proceso.

La consolidación del proceso trae otras consecuencias que aún no observamos: por ejemplo, la reducción de empresas no es solo un problema actual, también implica menor capacidad futura para generar empleo formal y menor densidad empresarial, un activo que tarda años en reconstruirse. Algo similar ocurre con el salario: aunque la inflación desacelere, la recuperación del ingreso continúa siendo insuficiente para dinamizar el consumo, especialmente en provincias donde la demanda interna constituye el principal motor económico. Su recuperación no depende solo de mayores ingresos, sino también de mayor robustez del empleo. Una viene de la mano de la otra y la destrucción del tridente ingresos-empleos-empresas es un arma letal para las economías locales. 

Con todo esto, Misiones enfrenta una situación donde prácticamente todos los motores tradicionales de crecimiento permanecen apagados. Por eso resulta equivocado utilizar el dato nacional del PIB como sinónimo de una recuperación homogénea. La economía argentina efectivamente está creciendo, pero lo hace de manera extremadamente concentrada, tanto sectorial como territorialmente. Los beneficios de esa expansión no llegan con igual intensidad a todas las provincias.

Misiones representa hoy una de las caras menos visibles de ese fenómeno. Mientras algunos sectores exportadores explican el crecimiento nacional, buena parte de la economía misionera y de las economías provinciales en general continúa transitando una etapa de fuerte deterioro. El desafío no pasa por cuestionar el crecimiento del PIB, sino por reconocer sus límites como indicador del bienestar económico territorial.

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El poder de compra de los salarios en Misiones volvió a niveles de hace casi dos años

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Misiones cierra el primer trimestre de 2026 con una noticia que conviene mirar con atención: el salario promedio del sector privado registrado volvió a caer en términos reales. El dato de marzo exhibe una baja real interanual del 2,2% y una contracción mensual desestacionalizada del 1,8%, y esto no es un sobresalto aislado, sino la confirmación de una tendencia que se viene consolidando desde octubre del año pasado. Para esto, debemos hacer un breve repaso de cómo fue el desarrollo reciente de este indicador.

En el primer trimestre de 2025, los salarios privados misioneros llegaron a crecer más de 20% en términos reales contra igual período de 2024, un rebote potente aunque en gran parte, derivado de un efecto estadístico tras la fuerte licuación de finales de 2023 y principios de 2024. Ese envión se fue apagando mes a mes durante todo 2025 hasta llegar a octubre que comenzó a marcar nuevamente retrocesos. A partir de allí, se sucedieron caídas consecutivas en el período octubre 2025-marzo 2026

En concreto, el salario promedio de los trabajadores privados formales misiones cayó 1,0% en enero, -2,3% en febrero y -2,2% en marzo, todo en la comparación interanual.

Pero al mismo tiempo, hay otro dato relevante que agrava el escenario: la serie mensual (desestacionalizada para filtrar el ruido de los aguinaldos y otros efectos de calendario) presenta un cuadro aún más preocupante. Entre enero y junio de 2025, salvo en marzo, el salario mostraba crecimiento mensual real; sin embargo, hacia julio cambió la trayectoria y, desde allí, el salario no se recuperó: cayó de manera sistemática entre julio de 2025 y marzo de 2026 en la comparación mensual. Esto produjo que el salario de marzo 2026 (desestacionalizado) muestre el nivel más bajo desde junio de 2024. Es bueno para esto ver el número concreto: en marzo, el salario promedio misionero fue de $1.409.410; a su vez, el salario de junio 2024 (medido en moneda constante a precios de marzo 2026) era de $1.410.226. Así, el salario misionero, en términos de poder de compra, retrocedió unos 21 meses.  

En la comparación acumulada trimestral, se observa que el primer trimestre de 2026 marcó una caída salarial del 1,8% contra igual período de 2025, al tiempo que está -1,2% respecto a igual período de 2023. 

Como siempre, hay una gran heterogeneidad sectorial. En primer lugar, cabe analizar qué sectores son los que “pagan mejor” que otros. Tomando el dato puntual de marzo, hay seis sectores con salarios promedios mayores al total general provincial y otros siete por debajo, aunque tienen diferentes niveles de representatividad en términos de cuánto empleo tienen cada uno.

Electricidad, Gas y Agua es el sector con el mayor salario promedio misionero, con $ 3.091.891 en marzo 2026, ubicándose 119% por encima del promedio general provincial; sin embargo, emplea a sólo el 2% de los trabajadores privados formales de Misiones. En segundo lugar queda la Intermediación Financiera con $2.805.025 (99% superior al promedio provincial) que emplea apenas al 1% de los trabajadores. Luego, se ubica los Servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicación con $2.103.161 y concentra el 9% del empleo formal; cuarto queda la Industria Manufacturera con $1.577.821 y participa del 20% del empleo. Más atrás están los Servicios Sociales y de Salud con $1.556.228 y el 4% del empleo; y cierran los Servicios Comunitarios, Personales y Sociales n.c.p con $1.508.903 y explican el 8% del empleo. Es decir, los seis sectores con sueldos promedio mayor a la media provincial concentran menos de la mitad del empleo total misioneros; en concreto, el 43% del mismo.

A su vez, los sectores con salarios promedios inferiores a la media provincial son: Comercio con $1.359.731 (22% del empleo), Hoteles y Restaurantes con $ 1.301.869 (4% del empleo), Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler con $ 1.190.323 (6% del empleo), Explotación minera con $ 1.159.024 (0,2% de los trabajadores), Construcción con $ 1.045.133 (4% del empleo), Enseñanza con $ 951.609 (13% de la masa laboral) y cierra el Agro con $ 780.712 (explica el 7% del empleo). De este modo, los siete sectores con salarios promedio inferior a la media provincial explican el 57% del empleo

Ahora bien, ¿Cómo fue el desempeño relativo de estos sectores en el primer trimestre acumulado? Hay apenas dos sectores que lograron crecimiento: Electricidad, gas y agua con +1,0% y Servicios Comunitarios y otros con +4,4%

En cambio, el resto muestra contracción de diferente intensidad: los que “pierden menos” son la Construcción (-0,2%), la Industria Manufacturera (-0,5%) y Servicios de Transporte y otros (-1,0%) siendo los únicos casos con bajas igual o inferior a -1,0% real interanual acumulado y son, además, los únicos que bajas inferiores al total general provincial de -1,8%. Los otros exhiben descensos de mayor magnitud, siendo los más fuertes los registrados en Enseñanza (-5,2%), Hoteles y Restaurantes (-6,0%) y Explotación minera (-7,4%). 

En términos de volumen de empleo representado, la mejora salarial llegó a sólo el 9% de los trabajadores privados formales; el 33% perdió menos que el promedio provincial; y el 58% perdió más que la media general provincial. 

El dato misionero del primer trimestre del año es malo per se pero ¿Qué tan malo es respecto al resto de las provincias? En el acumulado de los primeros tres meses del año, solo tres provincias mostraron mejoras: Catamarca con +5,0%, San Juan con +0,8% y Formosa con +0,3%. A su vez, dos provincias no exhiben variación: Río Negro y La Pampa con 0,0% y, el resto, a la baja. Dentro de estos últimos, la caída misionera está a mitad de tabla: se ubica novena entre el grupo de veinte subnacionales con descensos y, en ese marco, la caída es inferior a la de Chaco (-2,4%) y a la de Corrientes (-3,3%), y se ubica lejos de los descensos más extremos (Chubut con -8,0%).   

Más allá de las diferencias sectoriales y del hecho de que Misiones no se ubique entre las provincias con peores desempeños del país, el balance del primer trimestre deja una señal clara: el proceso de recuperación salarial (en gran parte por efecto estadístico) que había caracterizado buena parte de 2025 quedó atrás y el poder de compra se deteriora cada día mes, con agravantes fuertes que impiden pensar que pueda haber una recuperación sólida hacia adelante. Sumado al hecho de que el mercado laboral formal se achica cada vez más, la conclusión es clara: el modelo económico que impera en la Nación golpea de lleno a la provincia.

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