Cash por especias, la tensa negociación con Nación por deudas mutuas
El 1° de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 969/2024 que crea el “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, un esquema que busca que Nación y provincias compensen mutuamente sus deudas. Si bien, a priori, la idea de aplicar un esquema de compensación es altamente positiva (y muy reclamada por los gobernadores), nace con falsas premisas y con algunos problemas de diseño.
En primer lugar, al leer los Considerandos del decreto, nos encontramos con algunas expresiones, como mínimo, llamativas. Un ejemplo de esto es la detallada en el sexto párrafo, donde se afirma que “en la actualidad, un importante número de jurisdicciones mantienen niveles de endeudamiento que condicionan la situación de equilibrio financiero y, por lo tanto, la sustentabilidad de sus esquemas fiscales”. Si bien es cierto que hay algunos distritos con problemas de deuda, no es una situación generalizada. En 2023, el stock de deuda pública total de las 24 jurisdicciones subnacionales fue de $ 17,9 billones, lo que representó el 55% de los ingresos totales que tuvieron en el año ($ 32,5 billones). Sin embargo, ese promedio esconde extremos. Solamente en una provincia el stock de deuda superó a sus ingresos: Buenos Aires con deuda por el 103,2% de sus ingresos. Otras provincias con elevada proporción de pasivos son Chubut (98,3%), Jujuy (91,8%) y La Rioja (85,4%).
En la otra punta de la tabla, vemos a provincias como Misiones, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa y San Luis donde la deuda pública no llega a representar siquiera el 5% de sus ingresos.
Pero ¿qué pasa si analizamos específicamente la deuda provincial con el Estado nacional? Vemos que en 2023 la deuda totaliza, apenas, $ 0,7 billones. Es decir, solo el 3,8% de la deuda de las provincias es con el Estado nacional y equivale al 2,1% de los ingresos provinciales. También en este punto comparativo vemos extremos aunque menos profundos. En Jujuy, su deuda con el Estado nacional equivale al 50,5% de sus ingresos y en Chubut al 13%, las únicas dos provincias en doble dígito.
Tomamos el dato del 2023 porque es el último dato anual consolidado para las 24 jurisdicciones, aunque podemos venir un poco más acá en el tiempo. Si vemos los datos particularmente para el caso de Misiones, la deuda con el Estado nacional al primer semestre de este año es de solo $ 15.500 millones: $ 6.160 millones con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP), $ 9.352 millones con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y $ 17 millones con el Tesoro. Esa deuda representa el 21% del stock total provincial en ese periodo. En relación con los ingresos, el pasivo con la Nación es de apenas el 1% de los ingresos misioneros.
Podemos ver entonces que en términos generales, pero más aún en el caso particular de Misiones, la deuda con la Nación no es un problema ni compromete las finanzas públicas provinciales.
Aún así, es altamente positivo poder avanzar en un esquema de cancelación para darle más holgura a las cajas subnacionales.
Pero acá nos encontramos con los problemas de diseño. En primer lugar, no se específica de qué manera la Nación cumplirá sus obligaciones cuando sea deudora neta, aunque en declaraciones públicas, funcionarios afirmaron que el pago nacional puede ser vía entrega de bienes nacionales a las provincias, como tierras, predios, empresas o rutas. Pero lo que sí aclara el decreto, en su artículo 8°, es que si una provincia queda como deudora neta, podrá cancelarla vía retención de recursos de la coparticipación. Si bien el artículo dice “podrá”, lo curioso es que el Gobierno ya plantea un esquema: si te debo, te pago en especias; si me debés, te pido la plata. Acá está el principal error de diseño.
Pero no es el único. Otro grave problema es que no hay información certera de los mecanismos de consolidación de deuda y este punto puede ser el principal conflicto. A las deudas de las provincias con la Nación vía Tesoro y Fondos Fiduciarios, que están registradas por las provincias, se pueden sumar otras no registradas según se declaró públicamente en los últimos días. Un grupo de gobernadores planteó esta inquietud con un foco: el Club de París. Es que desde el Gobierno nacional afirman que las provincias tienen una cuotaparte de los créditos con esa entidad, aunque la misma no está registrada y por ende, es imposible hoy ponerle valor. Más problemático aún puede ser la certificación de deuda a reclamar por las provincias: en lo que va del 2024 la Nación le debe $ 141 mil millones a las provincias por programas presupuestarios devengados y no pagados.
Acá se suman otros conceptos: en primer lugar, las partidas devengadas y no pagadas de años previos, pero aún más, las partidas que corresponden pagar a la Nación y que ni siquiera las devengó este año. Por ejemplo, las transferencias a la Cajas Jubilatorias. Estos no son los únicos conceptos por los que la Nación le debe a las provincias pero son los centrales.
¿Qué vemos en el caso misionero? Como se dijo antes, Misiones le debe a la Nación unos $ 15 mil millones; sin embargo, lo que Misiones tiene para reclamar al Estado nacional supera los $ 350 mil millones contabilizando deuda con Caja Previsional, Consenso Fiscal, partidas presupuestarias, certificaciones de obra pública y regalías hidroeléctricas. De este modo, haciendo un cálculo muy a grosso modo, Misiones sería acreedora neta por un monto aproximado de $335 mil millones, una cifra que no puede pagarse con especias. No solamente por la imposibilidad fáctica, sino también por una cuestión lógica de necesidad de recursos de la Provincia ante la enorme pérdida sufrida este año entre efectos de la recesión y recortes nacionales.
Bienvenida sea la discusión de un nuevo esquema de relaciones Nación-Provincias, bienvenida sea la compensación mutua de deuda y bienvenida sea la búsqueda de alternativas para fortalecer el sistema federal. Pero con este esquema, por lo menos a priori, pareciera que la Nación solo intenta sacar provecho saldando deuda entregando activos que a su vez le generen un recorte de gastos. Pero si tiene que reclamarte, te pide el cash.
