La agenda política, y económica, actual está centrada en la discusión del proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2025. Las posturas legislativas son bastante claras: por un lado, la denuncia de profundización del ajuste, y del otro, la ratificación de un proyecto que podría impulsar la economía nacional. En el medio, muchísimos grises que aún no logran resolverse. Los discursos, grandilocuentes en su mayoría, de referentes de ambos extremos de la discusión ideológica son más conceptuales que específicos y omiten generalmente los detalles más importantes, la famosa letra chica del texto en debate.
En este marco, nuevamente fueron los gobernadores los que comienzan a aportar algo más de profundidad al debate. Aun con posturas algo heterogéneas en relación con el acompañamiento o rechazo global del proyecto, hay puntos en común entre los mandatorios centrados, lógicamente, en una cuestión fundamental: recursos. Analicemos punto por punto de que se trata esto.
Un punto de fuerte reclamo, aunque no alcanza a las 24 jurisdicciones subnacionales sino solo a trece, es la deuda por transferencias a las cajas previsionales provinciales. Para recordar de que se trata esto, en el año 1992 se firmó un Pacto Fiscal entre provincia y la nación que, entre otras medidas, dispuso que el Estado nacional podía descontar el 15% de los fondos coparticipables para destinarlos al pago de las jubilaciones nacionales. Más tarde, la Nación y las provincias firmaron un nuevo Pacto Federal por el cual el Gobierno nacional se comprometía a absorber las cajas de jubilación provinciales y en ese marco, entre 1994 y 1997, 11 jurisdicciones transfirieron a la ANSES sus cajas previsionales y las otras 13 no lo transfirieron. Por ello, en 1999 se firmó un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias, que fue llamado Compromiso Federal que estableció que el gobierno nacional iba a financiar el déficit de los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron sus recursos.
A lo largo de los últimos años, hubo muchos capítulos tensos en este mecanismos pero en líneas generales la relación se mantuvo relativamente calma. Sin embargo, en marzo de este año el Gobierno nacional resolvió vía decreto N° 280 suspender la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo 2024 en el mes de enero. Esos artículos referían, justamente, a las transferencias a las cajas previsionales provinciales.
Estos fondos son fundamentales para las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación, aunque tienen mucho más peso en algunas. En 2023, el Estado nacional envío $ 170.354 millones por este concepto, que equivale al 9% del total de las transferencias no automáticas a las 24 jurisdicciones subnacionales. Entre las provincias que recibieron estos recursos, hay importantes brechas: en Córdoba, por ejemplo, representaron el 19% de los envíos totales que recibió ese año por fondos no automáticos; en La Pampa representaron el 16% y en Santa Fe el 14%. En el caso de Misiones, representaron solo el 3% del total recibido por esa vía, pero aquí entra un juego otro aspecto importante: ya durante el 2023 (pero también en años anteriores), Nación transfería montos menores a lo que las provincias reclamaban. Es decir, se financió vía transferencias solo una parte del déficit previsional declarado por los distritos. Por lo tanto, en 2024 hay un doble problema: no se pagó nada durante este año y se arrastra deuda por años anteriores.
¿Qué se espera entonces para el 2025? Dos cuestiones: la primera, garantizar el pago que corresponde a ese ejercicio fiscal específico; es decir, retomar el flujo de envíos suspendido este año. Pero también, lograr cobrar la deuda que se arrastra de años anteriores, particularmente desde 2019 a la fecha. ¿De cuanto es la deuda de la Nación con Misiones por este concepto? Incluyendo 2024, ascendería a unos $ 60.000 millones.
Hecho el diagnóstico de este punto de reclamo, ¿que se espera? Respecto a la deuda, el Gobierno ya anunció un régimen de compensación mutua de deudas entre provincias y Nación, por lo cual allí se incluiría esta deuda de Anses (de esto hablamos la semana pasada en esta columna de Economis). Respecto a los flujos de pago para el 2025, el artículo 59 del proyecto de Presupuesto Nacional establece un crédito presupuestario por $ 254.421 millones, aunque para hacer uso de este, el gobierno nacional anticipó que primeramente Anses debe realizar los correspondientes informes técnicos, algo que no está garantizado que se cumpla en tiempo y forma. De hecho, aún no hay noticias de los informes técnicos 2024.
El segundo punto de reclamo de los gobernadores es la Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. ¿A que apunta este reclamo? Parte de este impuesto ya llega a las provincias, pero el 2,55% tiene una asignación específica: financiar el Fondo Compensador de Transporte Público de Pasajeros, que fue eliminado este año por el gobierno nacional. Por ende, el Tesoro se quedó con esa porción. Ante esto, los gobernadores reclaman que se coparticipe ese porcentaje de modo tal de poder financiar ellos mismos las compensaciones tarifarias correspondientes. Para el 2025, su recaudación sería por $ 5,5 billones creciendo 155,2% anual nominal por las actualizaciones pendientes de las sumas fijas para determinar el impuesto, que se incorporarán gradualmente durante el año 2025. Pasaría del 0,38% de PIB al 0,73% en 2025. Con esto en consideración, los fondos que reclaman los gobernadores llegarían a los $ 138 mil millones; Misiones captaría unos $ 5 mil millones. En lo que va de este 2024, las provincias perdieron $ 45 mil millones por el no uso de estos fondos para el fondo compensador. Misiones, por su parte, perdió unos $ 1.500 millones.
Tercer punto de reclamo: la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los gobernadores plantearon la necesidad de un reparto regular de este fondo, que es habitualmente subejecutado por la nación. Recordamos que el fondo se constituye con el equivalente al 1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548, pero se reparte según plena discrecionalidad del poder ejecutivo nacional. ¿Qué pasó en los últimos años? Salvo en 2020 (por la emergencia de la pandemia) el Fondo ATN fue altamente subejecutado. En 2019 se usó solo el 8,5% del fondo; en 2021 el 69,7%; en 2022 el 26,2% y en 2023 el 74,9%. Entre enero y octubre de 2024, solo se distribuyó el 5,4% del fondo. Si medimos esto a precios de octubre 2024, vemos que quedó un remanente de este fondo, acumulado entre 2019 y 2024, por $ 1.963.948 millones (es decir 1,9 billones de pesos). Supongamos que se decida distribuir ese remanente a las provincias según coeficientes de coparticipación (como se ha hecho en pandemia en el 2020 y el diciembre pasado previo al cambio de gobierno), Misiones podría recibir un extra de $ 67 mil millones solo por subejecución pasada.
Cuarto punto: limitar la alícuota por autarquía de ARCA. El sistema vigente establece que el 1,9% de la recaudación nacional vaya al ente recaudatorio en concepto de autarquía de organismo. Esto lo que genera es una disminución de la masa coparticipable para distribuir entre las provincias. Si bien los gobernadores no piden su eliminación, si solicitan una limitación para engrosar los envíos a los distritos.
El ultimo punto de reclamo pesa sobre las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal. Cuando se firmó el Consenso Fiscal entre nación y provincias en el año 2017, se estableció que un esquema de compensación que afirma lo siguiente: “Compensar, a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104° de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del impuesto al Cheque”; luego, aclara que se debe “actualizar trimestralmente en los años siguientes las compensaciones previstas con base a la inflación”. Este es el reclamo de los gobernadores, ya que las actualizaciones no suelen aplicarse con automaticidad y ello genera que los recursos recibidos por las provincias lleguen con descenso real. En 2024 el ritmo de actualización fue algo menor que en años previos, pero el problema es que en años previos la misma no fue realizada correctamente y ello generó una acumulación de deudas muy importante del Estado nacional con los distritos.
En resumen, los reclamos de los gobernadores están centrados en fondos que le corresponden por ley y por derecho y buscan que termine la discrecionalidad del Estado nacional en quedarse con recursos que debería distribuir, fortaleciendo el centralismo y atentando contra el esquema federal.
