Alejandro Pegoraro

Director de Consultora Politikon Chaco

Misiones pierde una empresa cada 20 horas desde la llegada de Milei

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Los datos de empresas empleadoras registradas, cuya última actualización se conoció estos días y llegan hasta marzo de 2026, confirman lo que el día a día de las calles provinciales ya viene mostrando: Misiones perdió, en poco más de dos años, una porción significativa de su entramado productivo. El ajuste aplicado desde diciembre de 2023 golpeó con particular dureza a las economías regionales, y Misiones es un caso de libro: una provincia con una matriz productiva basada en pymes agroindustriales, comercio de cercanía y servicios, muy sensible al ciclo de actividad y al poder de compra local.

El cuadro general es alarmante: la provincia se vacía de empresas. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el stock de empresas empleadoras de Misiones cayó de 9.480 a 8.406, una pérdida de 1.074 firmas, equivalente a una contracción del 11,3%. Es decir, más de una de cada diez empresas que empleaban formalmente a trabajadores en la provincia dejó de existir en ese período. Para una economía de las características misioneras, esa cifra no es un detalle estadístico: implica miles de puestos de trabajo formales destruidos, cadenas de pago rotas y un deterioro estructural del entramado económico local. 

Si reducimos un poco la mirada al último año (marzo de 2026 contra marzo de 2025), el número de empresas cayó 6,6%, lo que representa la pérdida de 593 firmas

Este dato es relevante porque desmiente cualquier narrativa de “estabilización” sólida: Misiones, tal como ocurre en todo el país, sigue sufriendo un deterioro de todos los indicadores laborales y no se puede afirmar que tocó un piso.

De hecho, todos los meses hay uno nuevo. La recuperación que el gobierno nacional pregona para el nivel agregado de actividad no tiene correlato en el entramado productivo de las provincias, sobre todo las del norte, donde los motores del PIB no llegan (energía y minería, por ejemplo).

Cuando vemos los datos por sectores, se ve con claridad dónde están los golpes más duros. El Comercio, el sector más numeroso de la provincia, pasó de 3.211 a 2.776 empresas entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, una caída del 13,5% que refleja la desaparición de 435 empresas del sector, una consecuencia directa de la caída del consumo, la competencia de las compras de frontera con Paraguay favorecidas por la apreciación relativa del peso, y el cierre de comercios de cercanía que no pudieron sostener estructuras de costos con ventas en baja.

La Industria Manufacturera, columna vertebral del modelo de agregado de valor misionero (yerba, té, madera, tabaco, alimentos), cayó de 1.065 a 928 empresas (-12,9% con cierre de 137 firmas), afectada por la apertura importadora, costos que no cierran y falta de demanda interna

La Construcción, por su parte, es el sector con la caída acumulada más pronunciada en términos relativos: pasó de 419 a 332 empresas, una baja del -20,8%, afectada por la paralización de la obra pública nacional y la retracción de la inversión privada que, a su vez, tiene efectos de arrastre sobre toda la cadena de proveedores locales.

Otros sectores con fuerte deterioro acumulado en la era Milei son los Servicios Profesionales (-19,2%), Hoteles y Restaurantes (-18,7%) y Servicios Inmobiliarios (-18,3%), entre otras. 

Por el contrario, hay excepciones, como el Suministro de Agua y Enseñanza, que en conjunto aportaron apenas dos nuevas empresas durante la era Milei.

¿Qué nos muestran los datos si evaluamos la situación por tamaño de empresa? La pyme chica es la que desaparece. Este análisis es muy relevante porque ratifica el carácter regresivo del ajuste del gobierno libertario. Las empresas de hasta 5 empleados, que constituyen la base del empleo formal misionero (explican 7 de cada 10 empresas en la provincia) cayeron de 6.619 a 5.817 entre noviembre de 2023 y marzo 2026: una baja de 12,1% con 802 firmas que desaparecieron. Es decir, explican el 75% del total de empresas perdidas en Misiones.

El segmento de empresas de 6 a 10 empleados muestra la caída relativa más severa, llegando a -14,9% acumulado (-162 firmas), al tiempo que las empresas de 26 a 50 empleados también retroceden con fuerza (-12,4%). 

Si ponemos a Misiones en el contexto del NEA, vemos que esta situación no es un fenómeno aislado. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el total de empresas empleadoras del NEA cayó de 29.474 a 26.196, una pérdida de 3.278 firmas (-11,1%) y, en ese marco, Chaco (-11,7%) es la provincia con la mayor caída relativa de la región, seguida luego por Misiones y algo más atrás quedan Corrientes (-11,0%) y Formosa (-8,6%).

Los datos marcan una realidad que se vive y lee en el día a día: la política económica de Milei impactó de lleno sobre las economías regionales, y Misiones, con su estructura de pymes comerciales, agroindustriales y de servicios, y su condición de provincia de frontera, está entre las más afectadas del país. La pérdida de 1.074 empresas empleadoras en dos años y medio, concentrada en comercio, industria, construcción y servicios profesionales, y mayoritariamente entre las firmas más chicas (de hasta 10 empleados), refleja un deterioro estructural del tejido productivo provincial que no se explica por factores estacionales ni coyunturales, sino por el diseño mismo del programa económico nacional. 

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La gestión todavía importa: los casos Caja Previsional y REOR

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Como ya sabemos, atravesamos tiempos turbulentos, inestables y de fuerte incertidumbre en la relación entre las provincias y el Gobierno nacional, una relación que en los últimos años estuvo marcada por reclamos judiciales, disputas políticas y asfixia financiera, entre otros factores. Este escenario obliga a las provincias a hacer, como mínimo, dos cosas: encontrar nuevas formas de negociación con el Estado nacional y, no menos importante, desarrollar una elevada capacidad de gestión, sustentada en datos y diagnósticos concretos, para alcanzar soluciones en al menos algunos de los reclamos planteados.

En ese contexto, Misiones logró dar un paso fundamental en materia de financiamiento previsional. En marzo, la provincia concretó la firma del convenio con ANSES para comenzar a regularizar el financiamiento de su caja previsional no transferida, pero fue recién en mayo cuando el acuerdo comenzó a materializarse, con la recepción de unos $4.167 millones por ese concepto. Esta transferencia constituye uno de los hechos institucionales más relevantes para las finanzas provinciales en lo que va de 2026 y demuestra que, incluso en un contexto adverso, la gestión política sigue siendo una herramienta capaz de producir resultados concretos.

¿Por qué es tan relevante, considerando que el monto recibido, si bien es importante, no resulta particularmente abultado? Existen tres razones centrales. En primer lugar, se trata de un reconocimiento formal de la deuda por parte de la Nación, un aspecto clave no solo para la caja previsional sino también para el resto de los reclamos abiertos. En segundo término, garantiza un flujo de fondos sostenido para los próximos meses. Finalmente, demuestra que, aún con un margen de negociación acotado, es posible avanzar en esquemas de reparación respecto de otros componentes del conjunto de reclamos que mantiene la provincia.

No es un dato menor que los fondos recibidos en mayo sean los primeros destinados a la Caja Previsional que percibe Misiones durante toda la gestión de Javier Milei. Durante 2024 y 2025 no se registraron transferencias por este concepto, a diferencia de lo ocurrido entre 2021 y 2023, cuando estos recursos fluían con relativa regularidad. La importancia del acuerdo se potencia aún más cuando se observa el contexto general. No todas las provincias lograron avanzar en negociaciones similares. Varias jurisdicciones continúan reclamando recursos adeudados, otras mantienen litigios abiertos y algunas todavía esperan respuestas concretas de la Nación respecto de sus sistemas previsionales.

Vale recordar que Misiones integra el grupo de jurisdicciones que decidió conservar bajo administración propia su sistema previsional. Esto implica que el pago de jubilaciones y pensiones se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y no mediante el sistema nacional. A cambio, el Estado nacional debe compensar parte de los desequilibrios financieros que surgen de ese esquema, tal como establece la normativa vigente desde la década de los noventa, aunque con distintos grados de cumplimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, durante los últimos años esas compensaciones dejaron de llegar, generando una presión significativa sobre las cuentas provinciales.

Por ello, el acuerdo alcanzado en marzo y ejecutado en mayo entre el Gobierno de Misiones y la ANSES no puede interpretarse como un simple trámite administrativo. Como ya dijimos, se trata del reconocimiento formal de obligaciones pendientes por parte del Estado nacional y del establecimiento de un mecanismo para comenzar a recomponer un vínculo financiero que venía seriamente deteriorado.

Pero la situación no se agota allí. Un poco más atrás, en abril de 2025, la Nación y Misiones firmaron un convenio en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que básicamente cruzaba deudas entre ambas partes: lo que la Nación le debía a la provincia y lo que la provincia adeudaba a la Nación. 

Tras la presentación de la información correspondiente, Misiones resultó acreedora neta, ya que los montos que la Nación mantenía pendientes con la provincia superaban las obligaciones provinciales. Si bien el convenio tiene una vigencia de un año, recién en los últimos meses comenzó a materializarse mediante transferencias por un total de $12.000 millones: $4.000 millones en febrero, otros $4.000 millones en marzo y una suma equivalente en mayo.

También este proceso resulta relevante por dos razones centrales. La primera es que Misiones forma parte del reducido grupo de provincias que resultaron acreedoras netas en el marco del REOR, ya que la mayoría de las jurisdicciones que suscribieron estos convenios finalizaron como deudoras netas. La segunda es que Misiones fue la provincia que más recursos logró captar por esta vía entre todos los subnacionales.

La gestión y la capacidad de negociación se transformaron así en pilares fundamentales para la provincia en un contexto donde los reclamos continúan abiertos. Lejos de tratarse de fondos que la Nación “cedió” de manera discrecional, estos recursos corresponden a acreencias legítimas de la provincia cuya recuperación requirió capacidad técnica, construcción de consensos y una intensa tarea de gestión. Esto puede verificarse al observar que incluso provincias alineadas política y electoralmente con el Gobierno nacional no obtuvieron resultados similares. En consecuencia, aunque la dinámica política argentina haya cambiado en los últimos años, los hechos muestran que los avances concretos siguen dependiendo más de la capacidad de gestión que de la cercanía política circunstancial.

Dicho todo esto, nadie puede afirmar que el problema esté resuelto. En el actual contexto fiscal argentino, caracterizado por una fuerte reducción de las transferencias nacionales a las provincias y por crecientes dificultades para sostener programas de inversión y financiamiento, lograr que la Nación reconozca obligaciones pendientes y comience a cancelarlas constituye un hecho político e institucional de enorme relevancia. Representa una puerta que comenzó a abrirse para recuperar recursos adeudados, fortalecer la sustentabilidad financiera provincial y restablecer canales institucionales de diálogo con el Estado nacional. 

Pero, al mismo tiempo, el hecho de haber obtenido resultados concretos también obliga a redoblar los esfuerzos para avanzar sobre los demás reclamos que permanecen pendientes, porque, en definitiva, tanto el acuerdo por la Caja Previsional como los avances alcanzados a través del REOR dejan una enseñanza que excede los montos involucrados: aun en un escenario de restricciones fiscales, tensiones políticas y escasos márgenes de negociación, la gestión sigue siendo una herramienta capaz de producir resultados. 

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Volver al mercado: el fuerte desendeudamiento mejora el perfil crediticio de Misiones

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Durante años, hablar de deuda pública provincial en Argentina fue casi sinónimo de fragilidad fiscal, refinanciaciones eternas y dependencia creciente del crédito. Pero Misiones construyó un camino distinto. Y eso explica por qué hoy, cuando comienza a hablarse nuevamente de una eventual emisión de deuda provincial, el debate ya no gira alrededor de una urgencia financiera, sino sobre una oportunidad estratégica.

El repaso de los datos de la deuda pública provincial no deja margen a la duda sobre la contundencia del proceso de desendeudamiento que tuvo Misiones en los últimos veinte años. En 2005 el stock deuda misionero equivalía a unos USD 940 millones, veinte años después, en 2025, el stock de deuda era por solo de USD 57 millones: una reducción de 94% al medirlo en su equivalencia en moneda extranjera, con un proceso de sostenido descenso año a año. El mismo proceso se ve al analizarlo en pesos constantes: en el 2005, la deuda misionera (medida a pesos de diciembre 2025) era por $ 1.916.723 millones; es decir, 1,9 billones de pesos; pero para el cierre del 2025, la misma era de $ 93.149 millones: esto representa una reducción de 95% a moneda nacional constante. 

Incluso comparado contra 2015, previo al ciclo de endeudamiento masivo de muchas provincias argentinas (que se dio entre 2016 y 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri), la deuda misionera cayó 85% en pesos constantes y 81% convertida a dólares.

Otra forma de observar el claro desendeudamiento misionero es mediante el peso de su stock respecto a los ingresos totales provinciales: en 2005, el stock total equivalía al 145,6% de los recursos misioneros; dicho de otra forma, se debía un presupuesto y medio. Diez años después, en 2015, eso se redujo al 13,4% y en 2025 representaba apenas el 2,2% del presupuesto.  

Ese proceso de desendeudamiento no fue casual. Mientras gran parte de las provincias se volcaba agresivamente al mercado internacional durante la década pasada, aprovechando la reapertura financiera posterior al acuerdo con holdouts, Misiones mantuvo una política mucho más conservadora. Evitó emisiones externas voluminosas, limitó su exposición en moneda extranjera y sostuvo una administración fiscal relativamente prudente incluso en contextos de alta volatilidad macroeconómica. 

De hecho, esa limitación a la deuda en moneda dura es un factor central: salvo pasivos con organismos internacionales, Misiones no colocó instrumentos que, aunque en su momento pudieron haber sido atractivos, podrían haber generado un fuerte lastre al observar lo que pasó en otras provincias del país que sí lo hicieron. 

El recorrido de la disminución de los pasivos se refleja también en la percepción del mercado. Moody’s Argentina ratificó en su informe de abril pasado una calificación para Misiones de “BB+.ar” con perspectiva estable tanto para deuda en moneda local como extranjera

En términos prácticos, cuando una provincia tiene BB+.ar con perspectiva estable, el mercado interpreta que tiene cierto acceso al financiamiento, que exhibe métricas fiscales relativamente ordenadas y que mantiene capacidad de pago razonable, aunque conserva algunos riesgos ligados a la macro del país y restricciones del soberano. Moody’s suele remarcar que las amenazas de las provincias dependen mucho del contexto macroeconómico argentino y del acceso al mercado. 

Para ponerlo de manera comparada: la calificadora le dio BB+.ar con perspectiva estable a Misiones, mientras que Chaco estaba en BB-.ar. Eso implica que, dentro de la comparación local, Misiones presenta un perfil crediticio mejor que su vecino. 

En el marco actual de los subsoberanos, donde muchas jurisdicciones todavía arrastran pasivos pesados, Misiones destaca porque no cuenta con un peso significativo para sus cuentas y su propia estabilidad. Los datos, por ejemplo, del peso relativo de servicios de deuda sobre el gasto total avalan esto: en 2005, los intereses de la deuda pública explicaban el 3,2% del gasto total misionero; hacia 2015 bajó a 0,1% y se mantuvo en ese nivel hacia 2025. 

Aquí aparece el punto central: una provincia fuertemente desendeudada tiene hoy algo que en Argentina vale mucho: la capacidad de tomar deuda sin que el mercado lo interprete automáticamente como una señal de crisis. No refinancia pasivos, sino que busca expandir programas de desarrollo.

Ahora bien, dicho eso, aparece el verdadero debate: qué tipo de deuda conviene tomar, en qué moneda hacerlo y para qué se aplica.

Si la eventual colocación fuese en pesos, Misiones tendría varias ventajas. Primero, eliminaría el riesgo cambiario, probablemente el principal factor de presión financiera de las provincias argentinas en las últimas décadas. Tomar deuda en moneda local permite que el crecimiento de los ingresos fiscales acompañe, aunque imperfectamente, el crecimiento de las obligaciones.

Sin embargo, el problema de emitir deuda en pesos sigue siendo el costo: Argentina todavía mantiene tasas elevadas y un mercado financiero relativamente pequeño para absorber colocaciones provinciales importantes. Una emisión grande podría enfrentar exigencias de tasas muy altas, particularmente si los inversores perciben riesgos políticos o macroeconómicos nacionales. Además, el mercado doméstico suele ofrecer plazos más cortos, lo que obliga a refinanciar antes.

La alternativa de emitir en dólares tiene otra lógica. Allí podrían conseguirse plazos más largos y posiblemente tasas más bajas nominalmente, especialmente si continúa mejorando la percepción sobre Argentina tras la reciente mejora de calificación soberana de Fitch. Pero el riesgo es evidente: los ingresos de Misiones son esencialmente en pesos. Entonces, cualquier salto cambiario fuerte multiplica automáticamente el peso de la deuda sobre las cuentas públicas.

La experiencia argentina demuestra que muchas provincias entraron en crisis no porque tomaran demasiada deuda, sino porque se endeudaron en una moneda distinta a aquella en la que recaudaban. Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut o Entre Ríos, entre otras, atravesaron enormes tensiones justamente por esa razón. Misiones, en cambio, evitó históricamente esa trampa.

Por eso, si la provincia finalmente vuelve al mercado, probablemente el desafío más importante no sea conseguir financiamiento, sino sostener la racionalidad financiera que caracterizó su política de deuda en los últimos años.

También será central el destino de los fondos. Ahí es donde la discusión económica se vuelve realmente relevante. Si bien ya se especificó que la emisión sería para financiar programas de desarrollo y obra pública, la rigurosidad en su aplicación debe ser central. Ahí es clave el título 6 del artículo 101 de la Constitución Provincial: la Legislatura puede autorizar al Poder Ejecutivo, con los dos tercios de los miembros presentes a contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración

En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia ni el numerario obtenido de los mismos, ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación.  

Dado que Misiones enfrenta restricciones estructurales importantes como costos logísticos elevados, dependencia energética y limitaciones de infraestructura, una emisión de deuda que apunte a dar soluciones a esto es crucial. Dicho de otro modo, inversión pública bien focalizada podría tener efectos multiplicadores significativos sobre la actividad.
Posibilidades que surgen de la toma de crédito, para la provincia, hay miles; pero claro que también hay límites. La economía argentina sigue atravesando una transición macroeconómica delicada, actualmente las tasas continúan altas, el consumo todavía muestra debilidad en varios sectores y el mercado financiero local permanece expuesto a shocks de confianza. Pero incluso en ese escenario aparece el diferencial misionero: Misiones no llega al mercado por desesperación fiscal. Después de casi tres décadas de reducción sistemática de deuda, Misiones acumuló algo poco frecuente en la Argentina subnacional: margen financiero.

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Misiones y la paradoja económica argentina: récord exportador con consumo en retroceso

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Hay una escena económica que resume con bastante precisión el momento actual de la Argentina y que, en Misiones, aparece con una nitidez pocas veces vista: mientras las exportaciones provinciales alcanzan niveles récord, el consumo interno sigue deprimido. Dicho de otro modo: la provincia vende más al mundo, pero vende menos puertas adentro. Y aunque a primera vista parezca una contradicción, en realidad se trata de uno de los rasgos más distintivos del nuevo esquema económico argentino.

Los datos son contundentes. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Misiones exportó por USD 155,5 millones, con un crecimiento interanual del 4,8% y alcanzando la mejor marca para ese período desde 2011. Más aún: se trata del segundo mejor primer cuatrimestre de los últimos veinticinco años

En paralelo, las ventas en supermercados de la provincia cayeron 4,3% real interanual en marzo y acumulan once meses consecutivos de retroceso. El acumulado del primer trimestre, además, muestra una baja del 8,5% respecto al mismo período del año anterior.

La convivencia de ambos fenómenos no es casual. Es, en gran medida, el resultado directo del modelo económico libertario que vive la Argentina desde la asunción de Milei a la presidencia. 

Durante años, la economía argentina estuvo estructurada alrededor del mercado interno: puja redistributiva vía salarios que, con volatilidades, acompañaba o incluso superaba el aumento de precios; expansión del consumo con planes de fomento o bien, vía emisión monetaria y crédito subsidiado y fuerte intervención estatal, entre otras cosas. 

Ese esquema generaba cierto dinamismo comercial interno, pero también una enorme fragilidad macroeconómica: déficit fiscal crónico, inflación descontrolada, escasez de divisas y recurrentes crisis cambiarias.

El programa económico actual modificó drásticamente esa lógica. El eje pasó a centrarse, de manera innegociable, en el equilibrio fiscal, la desregulación y la apertura (en muchos casos, indiscriminada) de la economía, con fuerte apoyo en actividades productivas de alta demanda global como la energía, la minería y el agro. En ese contexto, las provincias se mueven de manera heterogénea: aquellas que cuentan con fuerte presencia de esos sectores comenzaron a mostrar un desempeño relativamente mejor que aquellas que no lo tienen pero, a la par, la mayoría de las provincias igualmente mejoraron su canasta exportadora, en parte por mejores precios, en parte por mayor demanda global y en parte por desregulaciones. Pero el boom del frente externo convive con una depresión del frente interno.

En el marco de una apertura comercial más fuerte, Misiones tiene características productivas que le permiten adaptarse mejor a esta nueva dinámica. Su matriz exportadora posee un importante componente agroindustrial y manufacturero. Las Manufacturas de Origen Agropecuario explicaron el 54,5% de las exportaciones provinciales en el primer cuatrimestre y crecieron 5,8% interanual, mientras que los Productos Primarios avanzaron 26,5%. Además, la provincia logró incrementar no solo el valor exportado sino también las cantidades vendidas: Misiones exportó 232.617 toneladas, el mayor volumen para un primer cuatrimestre desde 2006.

Esto último es particularmente relevante porque revela que no se trata solamente de un efecto precio o cambiario. Hay efectivamente más producción colocándose en mercados externos. Incluso hay otro dato que ayuda a entender por qué Misiones aparece relativamente fortalecida en el frente externo: la provincia exhibe el mayor precio promedio de exportación del NEA, con USD 669 por tonelada, muy por encima de Chaco, Corrientes y Formosa. Eso habla de una estructura exportadora con mayor valor agregado relativo, algo no menor en un contexto donde la competitividad ya no depende únicamente de un salto devaluatorio sino también de productividad, escala y diferenciación.

Sin embargo, mientras el sector exportador encuentra incentivos y oportunidades, el mercado interno continúa atravesando una fuerte contracción. Y aquí aparece el núcleo de la paradoja.

La estabilización macroeconómica en Argentina se produjo mediante un severo ajuste sobre los ingresos reales. El gobierno nacional, entre otras cosas, redujo drásticamente el gasto público y eliminó todo tipo de mecanismos expansivos para sostener el consumo. La inflación, aunque todavía elevada, comenzó a bajar, pero lo hizo luego de una licuación muy fuerte de salarios y jubilaciones. En otras palabras, el orden macroeconómico se reconstruyó a costa de una significativa caída del poder adquisitivo.

Ese proceso impacta directamente sobre el comercio minorista y particularmente sobre el otro indicador que conocimos esta semana: las ventas en supermercados que, aunque no reflejan el 100% del consumo minorista, ilustran una buena foto para entender la situación actual, ya que se trata de un indicador de consumo masivo que, a la vez, marca con buena precisión la pérdida de poder de compra. Cuando los hogares ajustan gastos, lo primero que ocurre es una reducción en compras no esenciales, sustitución de marcas y menor frecuencia de consumo. Los datos de Misiones muestran precisamente eso: por ejemplo, en marzo hubo una leve mejora en el rubro “Almacén”, que creció 4,1% interanual, pero fue su primer incremento en un año, mostrando así que venía sufriendo fuertes golpes; algo similar se ve para el caso de verduras y frutas, cuya suba de marzo fue relativamente aislada. 

A la par, consumos no esenciales (ejemplo: electrónica) muestran todavía significativas caídas. 

Esto muestra que el modelo económico vigente parece estar produciendo una reorganización estructural de la economía argentina, donde algunas variables macroeconómicas muestran mejoras al mismo tiempo que gran parte de la sociedad percibe deterioro económico. La pregunta que ya nos hicimos un millón de veces es si esto es sostenible en el tiempo.

Los más optimistas afirman que si la inflación continúa bajando y los salarios comienzan lentamente a recomponerse en términos reales, podría aparecer una recuperación gradual del mercado interno sin poner en riesgo el orden fiscal y monetario. En ese caso, el fortalecimiento exportador funcionaría como base para un crecimiento más sólido y menos dependiente de ciclos artificiales de consumo. Además, agregan un segundo factor: la capacidad del sector exportador de generar encadenamientos productivos y empleo de calidad

Pero lo más pesimistas, lejos de ver ese escenario, ven un escenario de inflación aún en niveles altos, un mercado basado en el “sálvense quien pueda”, abandono estatal al fomento al consumo y a la producción nacional y un crecimiento exportador concentrado en pocos actores económicos sin lograr derramar actividad hacia el resto de la economía.

En Misiones, este desafío es especialmente importante porque la provincia posee una estructura económica muy heterogénea. Conviven complejos exportadores dinámicos con un entramado comercial y de servicios fuertemente dependiente del consumo interno. Por eso, el éxito exportador por sí solo no alcanza para garantizar bienestar generalizado. Aun así, sería un error minimizar la relevancia del récord exportador actual. En una Argentina históricamente condicionada por la falta de dólares, que Misiones logre alcanzar su mejor desempeño exportador desde 2011 tiene un enorme valor estratégico. Más todavía considerando que lo hace con altos niveles de valor agregado relativo y liderando ampliamente las exportaciones del NEA.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser exportaciones versus consumo, sino cómo construir una economía capaz de sostener ambas dimensiones simultáneamente. Argentina necesita dólares genuinos para estabilizarse, pero también necesita recomponer ingresos y demanda interna para evitar una fragmentación económica y social creciente.

Misiones hoy funciona casi como una síntesis del momento argentino: una provincia que muestra fortaleza productiva hacia afuera y debilidad comercial hacia adentro. Un territorio donde la macroeconomía empieza a ordenarse mientras gran parte de la microeconomía todavía sigue bajo tensión. Y quizás allí radique la principal enseñanza del presente económico nacional: estabilizar era condición necesaria, pero claramente todavía no alcanza para garantizar una recuperación integral.

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Entre la frustración y el desaliento: el avance de los NiNi en Posadas

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Hay indicadores económicos que, aunque no ocupan el centro del debate público, funcionan como una poderosa señal de alarma sobre el estado social de una comunidad. Uno de ellos es el fenómeno de los jóvenes “NiNi”, es decir, aquellos que no estudian ni trabajan. Detrás de esa definición estadística existe una realidad mucho más compleja: jóvenes que quedaron fuera de los principales espacios de integración social, sin inserción educativa y sin acceso al mercado laboral.

El concepto de jóvenes NiNi suele utilizarse para medir niveles de vulnerabilidad en la transición hacia la vida adulta. Entre los 18 y 24 años se concentran decisiones fundamentales para el desarrollo futuro de las personas: continuar estudios, adquirir experiencia laboral, generar autonomía económica y construir proyectos de vida. Cuando una parte creciente de esa población queda desconectada tanto del sistema educativo como del mundo del trabajo, el problema trasciende lo individual y se transforma en una cuestión estructural, con consecuencias sociales. No se trata solamente de jóvenes sin empleo o fuera de las aulas, sino de una generación que enfrenta mayores riesgos de precarización, dependencia económica y exclusión social.

En Posadas, los datos de INDEC muestran justamente un deterioro sostenido de esta situación durante los últimos años. En 2023, el 15,3% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se encontraba en condición de NiNi, equivalente a unas 8.020 personas. Un año más tarde, en 2024, esa proporción subió al 16,9%, alcanzando a 8.249 jóvenes. Pero el dato más preocupante aparece en 2025: el indicador saltó al 20,0%, involucrando ya a 8.510 jóvenes posadeños.

La evolución resulta especialmente delicada porque implica que uno de cada cinco jóvenes del aglomerado se encuentra hoy fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Más aún, el crecimiento no parece responder únicamente a problemas coyunturales, sino a un deterioro más profundo de las condiciones de inserción juvenil.

Al observar la composición interna del fenómeno aparecen elementos muy relevantes. En 2023, el 85% de los jóvenes NiNi eran inactivos, mientras que el 15% restante estaba desocupado. Es decir, predominaban claramente quienes ni siquiera buscaban empleo. En 2024 se produjo un cambio significativo: los inactivos bajaron al 65% y los desocupados treparon al 35%. Esto sugiere que una mayor proporción de jóvenes comenzó a buscar trabajo, aunque sin éxito para encontrarlo. En otras palabras, hubo un pasaje desde el desaliento hacia la búsqueda activa de inserción laboral.

Sin embargo, en 2025 volvió a modificarse la dinámica: los inactivos crecieron nuevamente hasta representar el 79% del total, mientras que los desocupados retrocedieron al 21%. Y aquí aparece probablemente la señal más preocupante de todas. Cuando la inactividad vuelve a crecer con fuerza entre los jóvenes NiNi, muchas veces no refleja una mejora laboral sino exactamente lo contrario: jóvenes que dejan de buscar empleo porque consideran que no tienen posibilidades reales de conseguirlo. El mercado laboral deja de funcionar como un espacio de oportunidades y pasa a convertirse en un ámbito percibido como inaccesible.

La posición de Posadas en el marco regional es algo volátil en los últimos años. En 2023, Posadas tenía la menor proporción de NiNi del NEA: ese 15,3% detallado estaba por debajo del 33,7% del Gran Resistencia, del 21,5% de Corrientes y del 28,1% de Formosa. Además, se ubicaba por debajo de la media nacional, que marcaba 19,2%. 

Para 2024, el aglomerado misionero dejó esa posición: el 16,9% que marcó en aquel momento, si bien seguía por debajo de Gran Resistencia (30,9%) y Formosa (34,4%), se ubicaba levemente por encima del resultado de Corrientes (16,5%). Aun así, seguía debajo del nivel nacional, que registró en ese tiempo 20,0%.

En 2025, el 20,0% Posadas volvió a quedar por debajo de Gran Resistencia (29,9%) y de Formosa (con un escandaloso 42,7%), pero otra vez por encima de Corrientes con algo más de margen (17,7%) y, además, pasó a estar por encima del total país que marcó 19,6%. 

En términos de dinámica, la de Posadas fue similar a la de Formosa respecto crecimiento sostenido de los NiNi, aunque en niveles significativamente más bajos; al tiempo que las dinámicas chaqueñas y correntinas fueron diferentes: en el primer caso, baja sostenida pero desde muy altos niveles, y la correntina fue más volátil, con baja en 2024 y nueva suba hacia 2025.

En este marco, también resulta relevante observar cómo se estructuran las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes posadeños según género. Los datos muestran que el 48% de las personas de entre 18 y 24 años asiste actualmente a un establecimiento educativo, mientras que el 52% no estudia. Entre quienes estudian, la enorme mayoría no participa del mercado laboral: el 88% se dedica exclusivamente a sus estudios y solo el 12% combina estudio y trabajo.

Ahora bien, las diferencias por género muestran comportamientos particulares. Entre los varones, el 45% estudia y el 55% no lo hace; mientras que entre las mujeres la proporción que asiste a establecimientos educativos es algo mayor, alcanzando el 49%, frente al 51% que no estudia. Esto marca una mayor permanencia educativa femenina en la franja joven analizada.

También aparecen diferencias importantes en la relación con el trabajo. Entre los jóvenes que estudian, la proporción que además trabaja es prácticamente igual entre varones y mujeres (12% y 13%, respectivamente). Sin embargo, las brechas surgen con claridad entre quienes no estudian. En ese segmento, el 77% de los varones se encuentra ocupado laboralmente y solo el 15% permanece inactivo. En cambio, entre las mujeres que no estudian apenas el 51% trabaja, mientras que un elevado 41% se encuentra inactiva.

Este punto resulta particularmente importante porque evidencia que las trayectorias juveniles presentan fuertes desigualdades de género. Mientras los varones que abandonan o finalizan estudios tienden a insertarse más rápidamente en el mercado laboral, entre las mujeres existe una mayor probabilidad de quedar fuera tanto del sistema educativo como del empleo. Allí pueden influir múltiples factores, desde mayores dificultades de inserción laboral hasta tareas de cuidado no remuneradas que recaen principalmente sobre las jóvenes mujeres.

Para resumir y concluir, los datos de Posadas muestran un deterioro sostenido de la situación juvenil en los últimos años. El crecimiento de los jóvenes NiNi hasta alcanzar al 20% de la población de entre 18 y 24 años refleja mayores dificultades de inserción educativa y laboral, especialmente en un contexto donde además crece nuevamente la inactividad. Esto último resulta particularmente relevante porque puede estar indicando un aumento del desaliento entre jóvenes que dejan de buscar empleo ante la falta de oportunidades concretas.

Al mismo tiempo, las diferencias por género muestran que las problemáticas no impactan de igual manera. Mientras los varones presentan mayores niveles de inserción laboral aun fuera del sistema educativo, las mujeres muestran mayores niveles de inactividad, especialmente entre quienes no estudian. Por ello, el fenómeno de los NiNi en Posadas no solo crece en términos cuantitativos, sino que además presenta características estructurales que complejizan su abordaje y que exigen políticas focalizadas tanto en empleo joven como en permanencia educativa e inserción laboral femenina.

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