Alejandro Pegoraro

Director de Consultora Politikon Chaco

El endeudamiento avanza mientras se deteriora la capacidad de pago

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En Misiones, el crédito al sector privado mostró un importante crecimiento durante 2025. En principio, ese fenómeno podría interpretarse como una señal positiva: más hogares y empresas accediendo a financiamiento, con impacto potencial sobre el consumo, la actividad económica y la inversión. Sin embargo, al observar el otro lado del balance aparece una señal de alerta que comienza a crecer silenciosamente: la morosidad avanza a un ritmo mucho más acelerado que el propio crédito.

Los datos muestran justamente esa doble dinámica. De acuerdo con la información suministrada por el BCRA, por un lado se observa un fuerte incremento real de los saldos de crédito (es decir, del total otorgado) en buena parte de los segmentos; pero, al mismo tiempo, los saldos en mora exhiben una expansión muy superior. Veamos caso por caso.

Al cierre de 2025, en Misiones había $1,3 billones en créditos al sector privado, cuando 2024 había finalizado con un saldo de $0,8 billones. Medido en términos reales, el crecimiento fue del 13,6%. 

Sin embargo, mientras que en 2024 el saldo en mora ascendía a $25 mil millones, en 2025 ya trepaba a casi $120 mil millones. En términos reales, el saldo moroso creció 237,3%.

El mayor stock de crédito corresponde a las personas físicas en relación de dependencia, que concentraron el 43,9% del saldo total. En este segmento, el stock de crédito creció 22,8% interanual, pero el saldo en mora avanzó 302,8%. Como resultado, el ratio de morosidad pasó de 2,6% a 8,4%. Aunque el deterioro es significativo, no fue el más pronunciado entre los distintos segmentos de la economía misionera.

La industria manufacturera exhibió el segundo mayor stock de crédito de la provincia, concentrando el 16,6% del total. En este caso, el saldo total otorgado a la industria cayó respecto a 2024, pero el saldo en mora se disparó 1074%, llevando el ratio de morosidad del 0,4% al 7,1% en 2025. 

Dentro de esta actividad, el mayor deterioro se observó en el subsector de elaboración de productos alimenticios y bebidas, donde la mora creció 842%, elevando el ratio del 0,4% al 6,9%. También se registró un fuerte salto en la fabricación de productos textiles y de cuero, donde los saldos en mora crecieron 662,6% real en el año y el ratio pasó de 0,7% a 12,7%.

Por su parte, el comercio explicó el 14% del stock de crédito de la provincia y mostró un desempeño relativamente más favorable. Si bien el saldo en mora aumentó 7,6%, el crédito total otorgado creció a un ritmo mayor (+20,6%), permitiendo que el ratio de morosidad descendiera del 9,9% al 8,8%. 

Sin embargo, hacia el interior del sector aparecen fuertes disparidades. En la venta y reparación de vehículos y expendio de combustibles, el saldo en mora cayó 91,4% y el ratio bajó de 18,2% a 1,3%. En el comercio minorista, el saldo moroso retrocedió 3,7% y el ratio pasó de 12,5% a 9,5%. Pero en el comercio mayorista ocurrió lo contrario: el saldo en mora se disparó 822,8% y el ratio saltó del 1,5% al 12,2%.

En el rubro de servicios, que concentra el 12,6% del crédito otorgado en Misiones, la mora creció 346,2% y el ratio de morosidad escaló al 8,8%, cuando en 2024 era del 3,1%. Los mayores deterioros se observaron en Hotelería y Restaurantes (de 3,1% a 10,5%) y en Transporte y Comunicaciones (de 1,7% a 14,0%).

En otros sectores también se verifican señales preocupantes. En la producción primaria, el crédito otorgado creció 7,6%, pero el saldo en mora se disparó 1473%, llevando el ratio del 1,0% al 14,7%. Dentro de este rubro, la situación más crítica se registra en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde la morosidad pasó del 1,0% al 15,7%. Finalmente, en la construcción, la mora subió del 1,4% al 6,8%, tras un incremento del 934,5% en los saldos atrasados.

De este modo, el escenario que muestran los datos es mucho más complejo de lo que sugiere una lectura superficial del crecimiento del crédito. Porque detrás de la expansión de los préstamos no necesariamente hay una economía más sólida o una mejora genuina en la capacidad de consumo e inversión. En muchos casos, lo que aparece es una creciente dependencia del financiamiento para sostener gastos corrientes, cubrir costos operativos o incluso compensar la pérdida de ingresos reales. Y cuando ese proceso ocurre en paralelo con una aceleración tan fuerte de la mora, el mensaje de fondo es que cada vez más actores económicos llegan al límite de su capacidad de pago.

El fenómeno es particularmente preocupante porque no se concentra en un único sector, sino que atraviesa de manera transversal a buena parte de la estructura económica misionera. Se observa en hogares asalariados, en industrias, en actividades primarias, en servicios y también en segmentos comerciales específicos. Es decir, no parece tratarse de problemas aislados o coyunturales, sino de una señal más profunda de deterioro financiero. Incluso sectores que lograron expandir el crédito muestran ratios de mora crecientes, reflejando que el acceso al financiamiento ya no necesariamente implica mayor fortaleza económica, sino muchas veces una necesidad creciente de endeudamiento para sostener la actividad.

Además, hay un dato especialmente sensible: varios de los mayores saltos de morosidad se registran en actividades estrechamente ligadas al mercado interno y al consumo cotidiano. Esto permite inferir que el debilitamiento del poder adquisitivo y la desaceleración económica empiezan a trasladarse con fuerza a la cadena de pagos. Cuando las familias pierden capacidad de compra, el impacto no queda solamente en el consumo: termina afectando ventas, capital de trabajo, capacidad de reposición de stock y cumplimiento financiero de empresas y comercios.

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El boom del cuentapropismo: ¿Quiénes son y qué hacen los misioneros?

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La semana pasada analizamos cómo fue cambiando el mapa laboral en los últimos años, tanto a nivel país como en Posadas, a partir de lo que permite observar el INDEC mediante la Encuesta Permanente de Hogares. A modo de recordatorio, se destacaba un importante avance de las modalidades de autoempleo en detrimento del trabajo asalariado, situación explicada por un doble factor: por un lado, la evolución de servicios cada vez más demandados por la sociedad, que en muchos casos se canalizan inicialmente a través del cuentapropismo; pero, por otro lado, la pérdida de empleo asalariado empuja a miles de personas a buscar refugio en el autoempleo como mecanismo de subsistencia. Este último factor es, claramente, el predominante en los últimos años en el país.

Si nos detenemos en este fenómeno, resulta necesario preguntarnos entonces quiénes son y a qué se dedican los cuentapropistas de Posadas, con el objetivo de comprender en mayor profundidad los impactos de políticas económicas que empujan a miles de argentinos hacia formas de trabajo más precarias.

Los datos muestran que el crecimiento del cuentapropismo en Posadas no puede ni debe analizarse únicamente en clave laboral. Detrás de esos números hay una señal social mucho más profunda: la necesidad de salir a buscar nuevos ingresos, ya sea porque los que existían desaparecieron o porque directamente dejaron de alcanzar. Y no se trata solo de ingresos laborales: también aparece con fuerza un fenómeno que afecta a las personas de mayor edad, que, en un contexto de bajas jubilaciones, necesitan generar recursos adicionales para sostener sus hogares.

Para entender mejor esta dinámica, conviene observar cómo se configura la estructura etaria del cuentapropismo posadeño. En 2025, apenas el 2,5% de los cuentapropistas tenía entre 18 y 24 años; el 20,7% correspondía al grupo de 25 a 34 años; el 19,6% al de 35 a 44; el 27,1% al de 45 a 54; el 16,8% al de 55 a 64; y el 13,3% a personas mayores de 65 años. Sin embargo, estos datos muestran cambios significativos respecto a 2024. Los más jóvenes perdieron 7,5 puntos porcentuales de participación (pasaron del 10% en 2024 al 2,5% en 2025), posiblemente por una mejor inserción en otras modalidades laborales (como el empleo asalariado), mientras que también se observa una leve caída en los grupos de 25 a 34 años (-1,8 p.p.) y de 35 a 44 (-3,2 p.p.).

En contraste, los grupos de mayor edad son los que ganaron protagonismo: las personas de 45 a 54 años incrementaron su participación en 2,3 puntos; las de 55 a 64 lo hicieron en 5,5 puntos porcentuales (la mayor expansión, pasando del 11,3% al 16,8%); y los mayores de 65 años aumentaron 4,7 puntos (del 8,6% al 13,3%).

Si llevamos este fenómeno a números absolutos, la magnitud resulta aún más clara. En 2024 había 5.212 personas de entre 55 y 64 años que eran cuentapropistas, cifra que ascendió a 7.970 en 2025, lo que implica un incremento del 52,9%. En el caso de los mayores de 65 años, se pasó de 3.970 personas en 2024 a 6.303 en 2025, con una expansión del 58,8%. En términos simples, en apenas un año se sumaron 5.091 nuevos cuentapropistas en Posadas mayores de 55 años.

Esto deja en evidencia que no estamos hablando solamente de jóvenes emprendedores, de personas que buscan independencia o de quienes eligen “ser su propio jefe”. Estamos hablando también de personas en etapas avanzadas de la vida laboral que no encuentran contención en el mercado de trabajo o que necesitan generar ingresos adicionales para subsistir. Más aún: dentro de este segmento, hay 2.333 nuevos cuentapropistas mayores de 65 años, lo que sugiere que muchos jubilados debieron volver al mercado laboral empujados por la necesidad.

Cuentapropismo en Posadas: los datos clave

Evolución del autoempleo, composición etaria y principales actividades

Indicador Dato destacado
Cuentapropistas de 55 a 64 años 7.970 en 2025
Crecimiento del grupo de 55 a 64 años +52,9%
Cuentapropistas mayores de 65 años 6.303 en 2025
Crecimiento de mayores de 65 años +58,8%
Nuevos cuentapropistas mayores de 55 años +5.091
Mujeres mayores de 65 años cuentapropistas 2.773 en 2025
Crecimiento de mujeres mayores de 65 años +75,6%
Principal actividad del autoempleo Construcción: 12%
Rubro con mayor expansión relativa Comercio no especializado: +317,9%
Servicios personales n.c.p. +155,7%
Fuente: elaboración en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Si se analiza la variable de género, también aparecen matices relevantes. En 2024, los varones explicaban el 66% del cuentapropismo, participación que se redujo al 62% en 2025; en cambio, las mujeres pasaron del 34% al 38%. Este cambio es consistente con las mayores dificultades que enfrenta el empleo femenino en el mercado laboral. Dentro de este contexto, se destaca que entre los mayores de 65 años, las mujeres pasaron de representar el 40% en 2024 al 44% en 2025, probablemente como resultado de la necesidad de aportar ingresos al hogar.

En términos absolutos, el fenómeno es aún más contundente: las mujeres mayores de 65 años que se desempeñan como cuentapropistas pasaron de 1.579 en 2024 a 2.773 en 2025, lo que representa un incremento del 75,6%, el mayor crecimiento relativo entre todos los grupos etarios femeninos. En el caso de los varones de ese mismo rango etario, el aumento fue del 47,6%, siendo la segunda suba más alta dentro de ese grupo, solo por debajo de los varones de entre 55 y 64 años (que crecieron un 77,9%).

En los últimos tiempos, se ha puesto el foco en el crecimiento del cuentapropismo destacando algunas de sus virtudes (que algunas son reales, pero son las menores), pero muchas veces sin analizar su composición. Esto puede llevar a interpretaciones equivocadas. No todo crecimiento del trabajo independiente implica emprendimiento, innovación o dinamismo económico. En muchos casos, lo que refleja es subsistencia: una respuesta obligada ante la falta de empleo formal o frente a ingresos (como las jubilaciones) que no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Dejemos de lado la cuestión etaria y de género y veamos a qué se dedican los cuentapropistas de Posadas y cómo varió en el último tiempo esa composición. No existe una actividad con alta concentración, sino más bien un amplio abanico de servicios; en ese marco, la actividad más presente es la construcción, que concentra el 12% del total de trabajadores con autoempleo del aglomerado misionero y creció 9,9% en el último año.

Luego le siguen los trabajadores comerciantes de alimentos, bebidas y tabaco (carnicero, verdulero, panadero, venta directa al público), que concentran el 7,4% del total pero cayeron un 48,2% en el último año; esta baja está asociada con la fuerte alza de la tercera categoría en orden de participación: comercio no especializado, con predominancia de alimentos y bebidas, que concentra el 7,2% y vivió una expansión del 317,9% en 2025.

¿Por qué están vinculados? Porque se trata de dos formas distintas de clasificar una misma lógica de actividad comercial, pero con distinto nivel de especificidad. Por un lado, el “comercio de alimentos, bebidas y tabaco”, como se dijo, refiere a actividades más definidas: un carnicero, una verdulería, alguien que vende un tipo concreto de producto. Por el otro, el “comercio no especializado” agrupa a quienes también venden bienes (muchas veces los mismos alimentos o bebidas), pero agregando una oferta mucho más variada.

El carnicero siguió vendiendo carne, pero de repente anexó artículos de bazar, incluso diarios y revistas, o inclusive golosinas, por ejemplo.

En ese marco, el movimiento que sugieren los datos es bastante claro: parte de los cuentapropistas que antes estaban identificados en rubros específicos pasan a aparecer en categorías más generales. No necesariamente porque cambien completamente de actividad, sino porque su forma de trabajo se vuelve más heterogénea.

¿A qué se debe esa ampliación? Principalmente, a la necesidad de ofrecer más bienes para tener un mayor flujo de ventas, en un contexto donde solo vender carne, por ejemplo, no alcanza porque la demanda se vuelve más fragmentada, los niveles de consumo son más inestables y el ticket promedio tiende a ser más bajo.

Es decir, muchos cuentapropistas amplían su oferta incorporando otros bienes de alta rotación (bebidas, productos de almacén, artículos básicos), buscando captar distintas necesidades de consumo en un mismo punto de venta.

Ese fue el “top tres” de actividades con más cuentapropistas; pero en ese marco, ¿cuáles fueron los que más crecieron en términos relativos? El líder de crecimiento es el que ya dijimos: comercio no especializado con predominancia de alimentos y bebidas, con +317,9%, pero no fue el único.

Comercio de textiles y mercería incrementó en 158,9% (aquí puede verse el fenómeno de la persona que vende por su cuenta vía redes sociales, por ejemplo); actividades para la práctica deportiva lo hicieron en +124,5%; elaboración de alimentos en +76,5%; servicios de expendio de comidas y bebidas en +72,7%; y servicios de peluquería y tratamientos de belleza en +52,8%, entre otros.

Pero hay otra categoría que también creció mucho: los servicios personales n.c.p. (no comprendidos previamente), que se expandieron un 155,7%, convirtiéndose en la actividad con la tercera mayor expansión dentro del autoempleo local. Se trata, sin embargo, de una categoría particularmente amplia y heterogénea, que agrupa actividades muy diversas y que, justamente por su carácter residual, suele captar ocupaciones que no logran encuadrarse con claridad en otros rubros más específicos.

Pero en ese marco, y a la luz de las transformaciones recientes del mercado de trabajo, hay indicios claros de que una parte relevante de este crecimiento podría estar asociada a trabajos vinculados a plataformas digitales, como repartidores (delivery) o choferes de aplicaciones. Estas ocupaciones, cada vez más extendidas en contextos de caída o insuficiencia del empleo formal, presentan una particularidad: no siempre son registradas de manera homogénea en las encuestas, lo que impacta directamente en su clasificación estadística.

La categorización del trabajo de una persona depende, casi en su totalidad, de cómo el encuestado describe su actividad. Un repartidor puede ser clasificado dentro de transporte o mensajería si declara explícitamente que realiza entregas, pero también puede terminar en “servicios personales n.c.p.” si la respuesta es más general (por ejemplo, “trabajo con una app” o “hago repartos”).

Lo mismo ocurre con los choferes de aplicaciones: conceptualmente pertenecen al transporte de pasajeros, pero pueden ser absorbidos por categorías más amplias si no se especifica con precisión la tarea. Por ello, parte del fuerte crecimiento de esa actividad general probablemente esté reflejando la expansión de este tipo de trabajos flexibles y de difícil encuadre dentro de las clasificaciones tradicionales.

En definitiva, cuando se observa en conjunto la evolución del cuentapropismo en Posadas, lo que aparece no es solo un cambio en la cantidad de trabajadores independientes, sino también en la forma en que se insertan y sostienen sus actividades. En ese sentido, el cuentapropismo deja de ser únicamente una categoría laboral para convertirse en un reflejo más amplio de las condiciones económicas y sociales.

Detrás de cada rubro que crece, de cada cambio en la composición, hay estrategias concretas de supervivencia, adaptación y búsqueda de ingresos en un escenario donde el empleo asalariado pierde capacidad de absorción. Entender esa composición, más que el número en sí mismo, es clave para interpretar qué está pasando realmente en el mercado de trabajo local.

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Más informalidad y 2.100 patrones menos: la reconfiguración del mercado laboral de Posadas

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Este viernes, el INDEC publicó la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al 4° trimestre de 2025, que nos permite mirar más en profundidad diferentes aspectos que hacen a la vida económica de los hogares en los aglomerados urbanos; para el caso puntual de Misiones, el de Posadas. Los microdatos de la EPH son el principal insumo para la medición, entre otras, de las tasas del mercado de trabajo. Pero no basta solo con ver la tasa de actividad, de empleo y de desocupación sino también, y fundamentalmente, los aspectos que explican los movimientos de esas tasas. 

Repasemos algunos datos: en el cuarto trimestre del 2025, la población total en el aglomerado de Posadas era de 395.265 personas, 1,1% mayor al de igual período de 2024 (equivalente a +4.208 personas). En ese marco, el 46,4% pertenecía a la población económicamente activa (los “activos”), un total de 183.328 personas. 

Respecto a un año atrás, la tasa cayó en 0,5 puntos porcentuales (era de 46,9% en aquel momento) debido a que la cantidad absoluta prácticamente no varió (cayó en apenas 13 personas) en contraste con el crecimiento poblacional.

Dentro de los activos, encontramos a los Ocupados: la tasa de empleo fue del 44,6% y equivale a unas 176.418 personas con al menos una ocupación. Respecto al cierre de 2024, la tasa cayó en 0,2 p.p. pese a que la población ocupada en términos absolutos creció (+1.240 nuevos ocupados); esto, de nuevo, se da por el mayor incremento observado en la población total. 

A su vez, la tasa de desocupación fue de 3,8% con unas 6.910 personas en condición de desocupados: en comparación con el 2024, esta tasa cayó en -0,7 p.p. y también lo hizo en términos absolutos: se contabilizan -1.253 desocupados respecto a aquella oportunidad. 

En este contexto, la mejora en la ocupación y la reducción del desempleo se explican íntegramente dentro de una población activa que se mantuvo prácticamente sin cambios, en un escenario donde el crecimiento de la población total no fue acompañado por una mayor participación en el mercado laboral. ¿Esto pretende decir entonces que sigue todo igual? Naturalmente, no. La clave está en entender con mayor precisión qué cambios hubo dentro de la población ocupada. 

INDEC distingue cuatro categorías de ocupados: los Patrones (personas que trabajan sin relación de dependencia y emplean al menos a una persona asalariada de manera permanente); los Cuentapropistas (personas que desarrollan su actividad sin relación de dependencia y no emplean trabajador); los Asalariados (personas que trabajan para un empleador tanto público o privado, percibiendo una remuneración; incluye a los registrados y a los no registrados) y los Trabajadores familiares sin remuneración (personas que trabajan en una empresa, negocio o actividad económica de un familiar sin recibir pago por ello).

Al cuarto trimestre de 2025, el 68,2% de las personas ocupadas de Posadas eran asalariados, totalizando unos 120.251. Aquí se observa un crecimiento de 1,7% en el total de asalariados respecto a 2024 (+2.022 personas) y su participación creció en 0,7 puntos (era de 67,5% al cierre de 2024). Ahora bien, aquí vale hacer una aclaración: del total de asalariados, el 40,4% es informal (por 48.588 personas) y el 59,6% eran trabajadores formales (71.663 personas). Si se mira la dinámica del último año, los asalariados formales cayeron, respecto a 2024, en 2,1% (-1.551 personas) mientras que los informales crecieron 7,9% (+3.573 personas). Esto también queda expresado en los niveles de participación: los formales explicaban el 61,9% de los asalariados y cayeron ahora al 59,6% y los informales pasaron del 38,1% al 40,4%. Por ende, la suba de los asalariados estuvo traccionada exclusivamente por los empleos informales.

A su vez, el 26,8% de los ocupados eran cuentapropistas, equivalente a unas 47.359 personas, que crecen 3,0% anual (+1.385 personas) y su participación también se incrementó en 0,6 puntos (era de 26,2% en 2024). 

El 4,4% de los ocupados correspondían a la categoría de Patrón, unas 7.763 personas, con una caída de 21,3% respecto al año anterior (-2.102 personas) y disminuyendo en 1,2 puntos de participación (era de 5,6% al cierre del 2024).

Finalmente, los trabajadores familiares sin remuneración explican apenas el 0,6% del total de ocupados en Posadas siendo 1.045 personas; caen en 5,9% contra 2024 (-65 personas) y su nivel de participación se mantuvo estable. 

¿Qué nos muestra esto? Que la estructura ocupacional de Posadas al cierre de 2025 exhibe una reconfiguración del empleo que presenta claras señales de fragilidad en su composición interna. Si bien el segmento asalariado se expande y consolida su participación mayoritaria sobre el universo de los ocupados, este desempeño oculta un cambio relevante hacia dentro de sí mismo: el crecimiento se explica exclusivamente por el avance del empleo informal, en contraste con la caída del empleo formal. Este desplazamiento implica un proceso de mayor precarización del trabajo, reflejado tanto en la evolución de los niveles absolutos como en la pérdida de participación.

En paralelo, el incremento del cuentapropismo refuerza esta lectura, en tanto evidencia que una parte del empleo generado se canaliza a través de formas más asociadas a estrategias de autoempleo ante la insuficiente generación de puestos asalariados formales. Así, el mercado laboral no solo crece apoyado en segmentos de menor calidad relativa, sino que además profundiza su heterogeneidad interna.

Pero más aún: la fuerte contracción del segmento de patrones constituye uno de los rasgos más significativos del período. La caída en la cantidad de empleadores sugiere un debilitamiento del entramado productivo local, ya sea por reducción de escala o salida de unidades económicas, lo que limita la capacidad del sistema para generar empleo genuino y sostenido en el tiempo.

Entonces, podemos observar que el crecimiento del empleo en Posadas en 2025 contra 2024 responde, como ya se dijo, más a un proceso de reconfiguración interna del mercado laboral que a una expansión sólida del mismo. La combinación de caída del empleo asalariado formal, aumento de la informalidad, crecimiento del cuentapropismo y retroceso de los empleadores configura un escenario donde predominan estrategias de adaptación frente a un contexto económico restrictivo, antes que señales de fortalecimiento estructural del empleo.

En este marco cabe preguntarse: ¿qué tanto cambió Posadas en 2025 respecto a 2016? En este período, la población total creció en 11,3%, equivalente a unas 40.214 personas. En ese contexto, la población activa se incrementó en 23% (+34.244 personas) y la ocupada en 21,6% (+31.384), lo que sugiere un proceso de fuerte expansión de la participación laboral, donde la incorporación de personas al mercado de trabajo creció a un ritmo muy superior al de la población total. A su vez, la población desocupada se incrementó en 70,6% (+2.860 personas), hecho que muestra que el mercado laboral, aunque con fuerte expansión, no logró absorber en su totalidad ese mayor flujo de activos, generando un aumento significativo en la presión sobre el empleo. En otras palabras, el mercado de trabajo se amplió, pero también se volvió más competitivo y tensionado, con una mayor cantidad de personas disputando oportunidades laborales que no crecieron en igual magnitud.

Ahora bien, se destacan dos hechos relevantes. En primer lugar, los Asalariados disminuyeron fuertemente su participación sobre el total de ocupados: explicaban el 73,8% en 2016 y bajó al 68,2% para 2025 (-5,6 p.p.), aunque en valores absolutos los asalariados crecieron en 13.268 personas (+12,4%); al tiempo que los Cuentapropistas pasaron de participar del 21,9% en 2016 al 26,8% en 2025, un salto de 5,0 p.p. que equivale a unos 15.625 nuevos cuentapropistas (+49,2%)

El segundo hecho relevante en este contexto tiene que ver con la informalidad en el segmento de asalariados: en 2016, el 70,3% eran formales, cayendo al 59,6% en 2025; a su vez, los informales pasaron del 29,7% al 40,4%. Si lo miramos en valores absolutos: los asalariados formales cayeron en 3.507 personas pero los informales crecieron en 16.775. 

Así, la evolución del mercado de trabajo en Posadas entre 2016 y 2025 deja ver un cambio estructural: aunque la cantidad de asalariados aumentó en términos absolutos, su peso relativo dentro del total de ocupados se redujo de manera significativa, lo que indica una pérdida de centralidad como forma predominante de inserción laboral. Este desplazamiento se explica, en gran medida, por el fuerte avance del cuentapropismo, que no solo crece a un ritmo muy superior, sino que gana participación de manera sostenida y que sugiere que una parte relevante de la población ocupada se inserta a través de estrategias de autoempleo, probablemente como respuesta a las limitaciones del mercado para generar empleo asalariado suficiente. 

También queda marcado el fuerte deterioro en la calidad del empleo asalariado. La caída en la proporción de trabajadores formales, junto con el fuerte aumento de los informales, evidencia un proceso de creciente precarización dentro del propio segmento asalariado. Es decir, incluso dentro del universo asalariado, el mercado laboral se desplaza hacia formas más inestables y con menor nivel de protección.

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El impacto productivo del modelo Milei

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La política económica del gobierno nacional abrió un debate que, aunque se trata de limitar a la macroeconomía, va mucho más allá de ella. El ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica pueden mostrar algunos resultados en variables como la inflación o el equilibrio de las cuentas públicas, pero cuando se baja al territorio aparece una tensión central: la estabilización no está siendo neutral en términos productivos ni laborales.

Durante la semana pudimos ver los nuevos datos que confirman el grave escenario en el entramado productivo

Por caso, la Secretaría de Trabajo nacional, vía SIPA, mostró que enero de este año el empleo privado formal se mantuvo estable (0% mensual) pero desde una posición de claro deterioro: acumula una caída del 3,2% desde los inicios del gobierno con más de 206 mil empleos perdidos en ese segmento, a la par que el empleo independiente (autónomos y monotributos) crece en torno a 158 mil, no logrando compensar la merma del privado y menos aún cuando se incluye el empleo público (-77 mil). Así, se pierde empleo de calidad y crece el precario en sus diferentes modalidades, fenómeno que representa un cambio estructural del mercado laboral argentino que se contrasta con los datos oficiales sobre el ritmo global de la economía: la actividad puede crecer (aunque de manera desigual) pero no está generando empleo formal. 

Este fenómeno permite observar el fuerte unitarismo que prima en el programa: se apoya en sectores puntuales (financiero, Oil&Gas, minero y algo de agro) destruyendo, bajo argumento de desregulación, las economías regionales, algo que se verifica mes a mes con datos, entre otros, de Coninagro y su tradicional semáforo. El ataque (por acción u omisión) a las economías regionales le pega directo a las provincias y sufren las consecuencias de ello hacia todo su aparato productivo y su entramado social.

Este escenario puede verse particularmente en Misiones, donde el programa económico libertario dejó una huella concreta sobre el entramado productivo formal: huella que es, claramente, negativa. La yerba mate se mantiene en rojo desde marzo de 2024 en el semáforo de Coninagro y a esa luz de emergencia se sumó la mandioca. Ya son nueve las economías regionales en rojo. 

Según los últimos datos conocidos, desde que asumió la gestión libertaria, Misiones registra una caída de 9,4% en la cantidad de empleo privado formal, lo que equivale a 10.209 empleos menos. En paralelo, la cantidad de empresas cayó 9,9% en igual período, con 935 firmas menos en actividad

Misiones: caída del entramado empresarial

Indicador Cantidad Variación
Empresas perdidas (dic 2023 – ene 2026) 935 -9,9%
Empresas perdidas interanual (ene 2026) 446 -5,0%
Empresas perdidas mensual (ene 2026) 56 -0,7%

Ese doble retroceso permite sacar una primera conclusión fuerte: no solo se destruyeron empleos, sino que además se achicó la base empresarial que los genera. Cuando caen al mismo tiempo los puestos de trabajo y las unidades productivas, lo que aparece no es una simple desaceleración pasajera, sino un proceso de debilitamiento del tejido económico formal.

La comparación interanual de enero de 2026 refuerza ese diagnóstico. En ese corte, el empleo privado formal en Misiones mostró una baja de 4,8%, equivalente a 4.732 empleos menos que un año atrás. A su vez, la cantidad de empresas se redujo 5,0%, con 446 casos menos. Es decir, la fuerte caída no se limitó solo a un momento específico de alta recesión como 2024; sino que aun después de abandonar (estadísticamente) la recesión y entrar en período expansivo (también estadístico) de la economía, no solo no hay señales de recomposición del mercado formal misionero, sino que peor aún, se sigue destruyendo. Cerraron 446 empresas en el último año. 

Incluso en la comparación mensual de enero de 2026 se observa que el deterioro no se detuvo. El empleo privado formal cayó 0,1% respecto al mes previo, con 104 puestos menos, mientras que la cantidad de empresas se redujo 0,7%, con 56 firmas menos. Esto también es importante porque, en línea con lo que se dijo antes, muestra que el problema no pertenece sólo al primer impacto del ajuste ni puede ser explicado únicamente por una fase inicial de reordenamiento. La contracción sigue activa y golpea de manera persistente.

Para entender con mayor precisión este problema, podemos aplicar una estrategia gráfica: en lo que va de la gestión Milei, Misiones pierde 13 empleos privados formales por día; al mismo tiempo, desaparecen 1,2 empresas cada 24 horas. Esa ejemplificación ayuda a dimensionar mejor el fenómeno: no se trata de una cifra abstracta o de un ajuste estadístico, sino de una destrucción del entramado formal por goteo. Sin horizonte optimista, cada día que pasa la provincia pierde parte de su capacidad para generar trabajo registrado y sostener actividad económica bajo reglas formales.

Misiones: pérdida diaria de empleo y empresas

Indicador Promedio diario
Empleos privados perdidos por día 13
Empresas que cierran por día 1,2

Ante esto, la discusión de fondo es bastante clara: la política económica de Milei puede exhibir logros en materia de desaceleración inflacionaria (hoy, puestos más en duda que nunca) o corrección de desequilibrios macroeconómicos, pero en los territorios ese programa está teniendo un costo visible sobre la economía real, que recae sobre dos núcleos centrales de cualquier proceso de desarrollo: el empleo formal y la supervivencia de las empresas. 

Sin empresas no hay inversión genuina, y sin empleo formal no hay mejora sostenible de los ingresos, ni consumo robusto, ni chances de progreso.

De este modo, el problema no es solamente cuántos empleos se perdieron hasta ahora, sino también la velocidad de la eventual recuperación: si sigue cayendo la cantidad de empresas, se deteriora la capacidad futura de recuperación. Un empleo perdido podría eventualmente recuperarse si la empresa sigue existiendo. Pero cuando la firma cierra, el daño es mayor: se pierde capital organizacional, red comercial, inversión previa y capacidad de volver a contratar. Ese es el costado más profundo del ajuste y quizás el más difícil de revertir. 

Un ejemplo claro de esto es el Comercio: desde noviembre de 2023, cerraron 367 empresas comerciales (-11,4%); otro caso es la Industria donde cerraron 115 empresas (-10,8%). También se ve en el rubro del Transporte con el cierre de 100 empresas (-12,8%) entre otros. 

Así las cosas, la política económica nacional no está siendo inocua ni neutra sobre el aparato productivo local. Recapitulando: desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, la provincia perdió más de 10 mil empleos privados formales y casi mil empresas. Y lejos de haberse frenado, la dinámica siguió siendo negativa, profundizando su deterioro y sin perspectivas positivas de corto plazo. Si este rumbo macroeconómico no incluye medidas para sostener y reactivar la economía real, puede pasar algo tan simple como problemático: ver mejoras en algunos números macro a nivel nacional mientras, en las provincias, se siguen perdiendo empresas y empleos, debilitando la base productiva.

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Misiones en desventaja: evidencia demográfica y tributaria sobre el perjuicio del esquema de coparticipación

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Nuevamente, y bienvenido sea, se puso en el centro del debate la distribución de los recursos de origen nacional coparticipables. El anticipo financiero otorgado por la Nación a doce provincias, entre ellas Misiones, en el marco de una profunda crisis de ingresos de los subnacionales (producto de la caída de la recaudación nacional y, por ende, de la coparticipación) y el fuerte recorte de los envíos no automáticos, reactivó la discusión no sólo del financiamiento de las provincias, sino también sobre las profundas asimetrías del actual esquema de reparto. Un esquema que beneficia de manera significativa a ciertas jurisdicciones en detrimento de otras, como es el caso de Misiones.

El eje de la discusión es claro: Misiones es una provincia que recibe menos recursos de los que, bajo criterios razonables, debería percibir. Para sustentar esta afirmación, resulta clave analizar dos dimensiones: la demográfica y la económica. En ese marco, la posición relativa de Misiones dentro del NEA permite aportar evidencia concreta y robusta para fundamentar este diagnóstico.

Un primer aspecto clave para analizar la posición relativa de Misiones dentro del esquema de coparticipación es su peso demográfico en la región del NEA. Vamos primero al año 1989, el primer año de implementación plena de la, en ese entonces, nueva ley de coparticipación federal, sancionada en 1988.

En ese año, Misiones tenía 748.457 habitantes y concentraba el 28,3% de la población del NEA, siendo la tercera en la región en términos de tamaño, superada por Chaco con 785.423 habitantes (29,7% del total) y por Corrientes con 758.125 habitantes (28,7%); y quedando solamente por encima de Formosa que tenía 350.892 habitantes (13,3%). Ahora bien, en términos de participación de recursos de coparticipación, Misiones fue la provincia con el menor volumen de fondos captados ese año: sobre el total del NEA, participó de solo el 21,5%, quedando por debajo de Formosa (22,8%), Corrientes (24,5%) y Chaco (31,1%). 

Más de tres décadas después, ya en el año 2024, la estructura demográfica del NEA cambió significativamente, pero el esquema de distribución de recursos permaneció inalterado. Para ese año, Misiones pasó a ser la provincia más poblada del NEA, contando con 1.333.633 habitantes y explicando el 30,6% de la región, seguida luego por Chaco (27,6%), Corrientes (27,5%) y Formosa (14,3%). Este cambio de posición para el caso misionero se explica por haber sido la provincia, en la región, de mayor crecimiento poblacional relativo: la cantidad de habitantes creció en 78,2% respecto a 1989, por encima de las expansiones observadas en Formosa (+78,0%), Corrientes (+58,2%) y Chaco (+52,9%). No obstante, su participación en la distribución de los fondos coparticipables no varió: en ese año, Misiones captó el 21,3% de los fondos coparticipables totales que llegaron al NEA, quedando debajo de Formosa (23,0%), Corrientes (23,9%) y Chaco (31,8%). 

Es decir, aquí vemos un doble problema: entre 1989 y 2024, Misiones expandió su nivel de participación poblacional relativa en la región en unos 2,3 puntos (de 28,3% a 30,6%), pero su participación relativa en la recepción de transferencias nacionales cayó en -0,2 puntos (de 21,5% a 21,3%). Cuando Misiones era la segunda provincia menos poblada de la región, recibía el menor volumen de fondos; cuando pasó a ser la más poblada, continuó ocupando ese mismo lugar.

Este desacople se vuelve aún más evidente al analizar los recursos en términos per cápita. En 1989, Misiones ya recibía menos fondos nacionales por habitante que sus pares regionales: el monto per cápita quedaba 11% por debajo de Corrientes, 28% por debajo de Chaco y 56% por debajo de Formosa. Lejos de corregirse, estas brechas se profundizaron con el tiempo. En 2024, los recursos per cápita de Misiones se ubican 20% por debajo de Corrientes, 40% por debajo de Chaco y 57% por debajo de Formosa, consolidando una brecha estructural y creciente dentro de la región.

Sintetizando: entre 1989 y 2024, Misiones fue la provincia del NEA que más creció en términos poblacionales, pero la distribución de los recursos no se modificó, profundizando su desventaja relativa. En términos ilustrativos, si en 1989 Corrientes recibía $100 por habitante, Misiones percibía $89; en 2024, frente a $100 per cápita de Corrientes, Misiones captó apenas $80. La situación no solo no se corrigió, sino que se agravó.

A esta dinámica se suma un segundo elemento que refuerza el diagnóstico: el comportamiento de Misiones como aportante neto dentro de la región. Al analizar la distribución de los principales tributos coparticipables, se observa que la provincia no solo recibe menos en relación a su población, sino que además genera una proporción de recursos muy superior a la que luego le es redistribuida.

Para esto vamos a tomar los datos de 2003 y de 2024, dado que son el inicio y el final de la serie disponible de ARCA de imputación de impuestos nacionales por provincia. En 2003, Misiones concentraba el 43,6% de todo lo que se recaudaba por IVA en el NEA, liderando ampliamente en la región ya que el resto quedaba muy atrás: Chaco el 29,2%, Corrientes el 20,6% y Formosa el 6,6%. 

Si se amplía el análisis al conjunto de impuestos coparticipables (IVA, Ganancias, internos y otros), Misiones explicaba en ese año el 38,0% del total regional, superando a Chaco (31,9%), Corrientes (22,3%) y Formosa (7,8%). Sin embargo, en ese mismo año, Misiones recibió solo el 22,3% de las transferencias por coparticipación que llegaron al NEA, por debajo de Chaco (30,6%), Corrientes (24,3%) y Formosa (22,8%).

Lejos de revertirse, esta situación se mantuvo en el tiempo. En 2024, Misiones continuó liderando la recaudación de impuestos coparticipables en la región, explicando el 35,7% del total del NEA y superando en casi diez puntos porcentuales al segundo (Corrientes con 26,3%). No obstante, volvió a registrar el menor nivel de participación en la distribución de los recursos: captó apenas el 21,3% del total regional, incluso por debajo de su nivel de 2003.

En otras palabras: en el año 2023, Misiones recaudó 38 de cada 100 pesos del total del NEA por impuestos nacionales; pero al mismo tiempo, recibió solo 22 de cada 100 pesos que llegó a la región por coparticipación. Para el año 2024, recaudó 36 de cada 100 pesos de impuestos nacionales coparticipables, pero recibió solo 21 de cada 100 pesos que volvió a la región por ese esquema. 

De este modo, al combinar la evidencia demográfica con la tributaria, se configura un cuadro consistente: Misiones no solo se encuentra subrepresentada en la distribución de recursos en relación con su población, sino que además presenta un claro desfasaje entre lo que aporta y lo que recibe dentro del esquema regional.

En definitiva, tanto la evidencia de largo plazo en términos demográficos como la disponible para el período reciente en materia de recaudación permiten concluir que la provincia ha enfrentado históricamente una doble desventaja relativa en el esquema de coparticipación dentro del NEA: recibe menos de lo que le correspondería por su peso poblacional y, al mismo tiempo, aporta más de lo que finalmente percibe.

Ahora bien, si el diagnóstico es claro, la solución no lo es tanto ya que el problema no es solo técnico, sino profundamente político. Modificar el régimen de coparticipación implica necesariamente alterar el reparto de recursos entre provincias, y eso supone que lo que una gana, otra lo pierde. En un esquema donde cada jurisdicción defiende su posición relativa, construir los consensos necesarios para una reforma se vuelve prácticamente inviable. 

Por eso, aun cuando las inequidades son evidentes y están ampliamente documentadas, el sistema permanece inalterado: no porque funcione bien, sino porque cambiarlo implica un costo político que pocos están dispuestos a asumir. En ese contexto, provincias como Misiones quedan atrapadas en un esquema que reproduce y profundiza su desventaja relativa en el tiempo.

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