Con un precio oficial desfasado y un Instituto Nacional de la Yerba Mate paralizado, los productores se inclinan por un espacio comandado por los verdaderos representantes del sector productivo yerbatero.
Con el nuevo gobierno nacional y su política de apertura desreguladora en el plano económico los sectores que lo están sufriendo son múltiples en el vasto territorio nacional. Uno de ellos es el que encarna al producto madre de Misiones: el sector yerbatero.
El DNU todavía vigente, aunque no reglamentado, desregula la actividad en materia de precios, lo cual retrotrae la situación a un momento histórico que los misioneros recuerdan muy bien, la década del ’90. En aquel entonces gobernaba quien hoy es aliado de Mauricio Macri, Federico Ramón Puerta. La historia es conocida, la actividad fue tierra arrasada: bajaron la cantidad de productores, muchos tuvieron que vender sus chacras, los ingresos no alcanzaban para vivir dignamente y los ganadores fueron los grandes jugadores del sector, es decir, los molinos.
Luego del estallido de 2001, la concreción de un organismo como el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue un logro de los productores y trabajadores de la yerba mate misionera. Contar con una herramienta que posibilite un precio justo para la materia prima y distintas regulaciones (como la estampilla que señala la fiscalización del producto) permitió que la actividad no vuelva a caer en el pozo en el que se había sumergido durante la administración Puerta.
Ahora el riesgo inminente se manifiesta en la quita de atribuciones del INYM (según el secretario de Industria de la Nación aun no entra en vigencia dado que el DNU no ha sido reglamentado) y la también suspendida por presión de los productores designación del puertista Daniel Notta, un hombre muy ligado a los grandes industriales del sector. Como señalamos, la memoria se mantiene muy fresca, por lo que muchos productores se organizaron para hacer valer sus reclamos a través de “tractorazos”, protestas y diálogo con los representantes misioneros en el Congreso Nacional, que cabe destacar que solamente tuvo eco en el misionerismo representado por los diputados y senadores del Frente Renovador.
Con este frente conformado entre productores y gobierno provincial, el ejecutivo nacional tuvo que dar marcha atrás, al menos momentáneamente, con la designación de Notta y prometer consultar a los afectados cuando se tome la decisión de reglamentar el DNU, siempre y cuando el mismo no sea rechazado por el Congreso de la Nación.
La representación verdadera
Estos loables esfuerzos de los productores de un sector emblemático para la economía, la cultura y la vida de Misiones encontró una vía de representación para conciliar los reclamos por un precio justo de la materia prima, más en un momento que el precio oficial está largamente desfasado luego de la fuerte devaluación que tomó como primera medida el gobierno nacional y el aumento de todo tipo de costos para la producción.
Esta comercialización y mercado paralelo hace que en las chacras y en las charlas de las familias yerbateras ya se hable del INYM “blue” en referencia a un espacio que pueda viabilizar las demandas de un precio justo, manejado por los propios productores, es decir, los verdaderos representantes de la producción yerbatera.
Este INYM “blue” sería el Instituto Misionero de la Yerba Mate, la respuesta misionera a la prepotencia del país central que toma decisiones que afectan a sectores que desconocen. La lucha de la familia yerbatera misionera tiene un reclamo fundamental: que el sector tenga representación real y no que sea intervenido desde Buenos Aires.
Constitucionalistas de todo el país advirtieron sobre la inaplicabilidad del DNU presidencial que deroga o modifica más de 300 leyes de la economía nacional, golpeando a muchos sectores y poniendo a otros a merced de la voracidad del mercado, como es el caso de los pequeños productores yerbateros de Misiones, al derogarse las regulaciones del sector.
La motosierra pasó primero por la Constitución y las instituciones de la República y extrañamente no se escuchó a los radicales manifestarse al respecto, más allá de unos cuantos mensajes por “X” (ex Twitter), siendo ellos los abanderados defensores de la República. O mejor dicho, para ampararse en las instituciones que ellos mismos se jactan de defender, el Jefe del Bloque de la UCR avaló las reformas que propone el Javier Milei: “Queremos que muchas de las iniciativas que se proponen en el DNU salgan y sean una realidad”, aseguró Rodrigo De Loredo, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de enviar esas propuestas en proyectos de ley o fragmentar por temas el decreto. Aquellos que deberían defender con algo de memoria a la clase media trabajadora y a los pobres piden a gritos que los dejen participar para votar a favor de las medidas tan dañinas que sin tapujos el presidente las ha leído sin levantar la mirada hacia la cámara, un calco del anuncio de Carlos Menem en los tempranos años ´90, que terminó provocando tanta tragedia y dolor en una generación entera de argentinos.
Diversas voces advierten que se vendrá una catarata de juicios, cautelares y medidas judiciales que harán totalmente impracticable la mayoría de los cambios, ya que se sustituyen instituciones y leyes clave de la democracia, esto dicho por constitucionalistas de todas las identificaciones políticas. Precisamente, en el día de ayer el Juzgado Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal N°2 admitió tramitar un amparo colectivo contra el DNU anunciado por el presidente.
Al final, y como advirtieron algunos sectores que no fueron escuchados, el ajuste lo están pagando las economías regionales, que fueron perjudicadas con la aplicación de retenciones del 15% a las exportaciones y a su vez, el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo ha liberado de las mismas a los mega exportadores sojeros.
En Misiones los sectores de todo el arco productivo, pero principalmente de la yerba, el tabaco y la foresto industria salieron a rechazar y repudiar el DNU que los perjudica. Les vuelven a cobrar retenciones a las exportaciones, cuando en la campaña se prometió sacar impuestos, y les abre las importaciones como en el Gobierno de Macri, donde se inundó el comercio local de productos chinos, taiwaneses e indios en contra de la industria nacional, causando el cierre de pymes y desempleo. Y por supuesto, sin escrúpulos ni pensar en las personas, han licuado los ingresos de la clase media asalariada en un solo día, reemplazando a la gente por una planilla de Excel sin anunciar ni una sola medida que pueda recomponer mínimamente el poder de compra de los salarios.
El contrato que ilusoriamente hizo el presidente con su electorado de que el ajuste no lo iba a pagar la gente lo ha dilapidado quizás pensando que con la legitimidad de la victoria en las urnas iba a tener el tiempo necesario para aplicar las peores medidas posibles para la gente de a pie del país; las primeras manifestaciones están avisando lo contrario.
Educación y producción en la mira
Los docentes son otro de los sectores con mayor preocupación, ya que parte de su sueldo (el FONID) proviene de fondos nacionales que ahora el presidente pone en duda su continuidad junto a la suba del boleto (530 pesos sin SUBE) y la luz será otro golpe que se sentirá con más fuerza desde enero. En definitiva, los economistas describen que lo que se está produciendo es una gran transferencia de recursos de los bolsillos de la gente hacia los sectores más concentrados de alimentos, energía, salud y telecomunicaciones, es decir, un puñado de empresas formadoras de precios, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo funciona el libre mercado allí?
El libre mercado “que no se aplica en el mundo” tal como lo pregona el presidente Milei en base a teóricos de hace 100 años, donde la población mundial no era de 8 mil millones de personas y que, aquí la clave, el poder mundial no estaba concentrado en menos del 7% por ciento de los habitantes (y este porcentaje se sigue achicando, es decir, cada vez es más concentrado), hace que no exista la llamada equidad ni igualdad de oportunidades. En el caso de Argentina, por ejemplo, solo 20 empresas concentran el 74% de las ventas de supermercado, donde deciden qué y a qué precio deben comer los 47 millones de argentinos.
Lo mismo pasó con las empresas prepagas de servicios de salud, que este viernes anunciaron aumentos del 40% basadas en el DNU anunciado que aún no se hizo efectivo. Como dicen desde el gobierno, la libertad de cada individuo es si es caro que no compre para comer, que no pague por su salud, que no viaje en colectivo y vaya en bicicleta al trabajo, total la distancia no es problema, si la luz es cara que no use el aire acondicionado, si el agua es cara que no la use, esa es la libertad que pregonan.
*Comunicado de una de las principales prepagas del país.
Una provincia que defiende a los suyos
Misiones no se quedó de brazos cruzados. El gobierno reaccionó rápidamente ante el avasallamiento defendiendo al misionero con dos medidas concretas: la propuesta de Rovira para crear un Instituto Misionero de la Yerba Mate, que regule la calidad y el precio, defendiendo a los pequeños productores del abuso de los grandes y frenando que se repita la crisis de los ´90; y con otra reacción en la justicia, donde el gobernador Passalacqua anunció que presentará una cautelar en la Corte para frenar la desregulación.
La diferencia no solo se observa en estas acciones, sino que viene de raíz. La Renovación al asumir tomó una provincia empobrecida y endeudada en dólares, con su capital malvendido y privatizado. El plan de reactivación de la economía y la búsqueda de un equilibrio saludable logró pagar esa deuda tomada en los noventa con el propósito de conseguir el equilibrio fiscal sin endeudarse y sin hacer pagar el ajuste a la gente.
Al no tener que destinar los recursos provinciales en pagos de deudas, Misiones comenzó a destinarlos a soluciones en salud de calidad, seguridad, educación, obras públicas, créditos blandos a emprendedores y empresas, la creación de los programas “Ahora”, promoción industrial y turismo, buscando el crecimiento económico en todos los rubros, articulando el funcionamiento público-privado, es decir, beneficiar y acompañar a aquellos que quieren invertir, generar trabajo y valor agregado.
El modelo misionero presentado ha posicionado objetivamente a la provincia como un ejemplo de crecimiento y orden. La búsqueda de un equilibrio fiscal debe poder cerrarse con la gente adentro. La gran diferencia es que las viejas ideas de este nuevo gobierno vienen a decirle a la gente que la vivienda digna, el acceso a la salud, al turismo o poder comprarse un auto y mejorar su vivienda no es para todos. Este disciplinamiento se basa en una vieja doctrina que busca tener la moral del pueblo por el piso, acallados, conformándose con salarios mal pagos a cambio de no quedar desempleados y contrasta contundentemente con el modelo misionero que resume lo logrado con el slogan que se ha hecho realidad: “que lo bueno crezca”.
Por Aníbal Blasco – Licenciado en Comercialización. De acuerdo a los números de recaudación que exhibió la Agencia Tributaria de Misiones en el reciente análisis de Presupuesto 2024, la provincia se posiciona sexta con mayor recaudación de Ingresos Brutos, detrás de las principales provincias del país como Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Neuquén.
El titular de la Agencia Tributaria de Misiones, Rodrigo Vivar, brindó detalles sobre las proyecciones económicas para el siguiente año. En total, la variación para el 2024, respecto al presente año es de un 97%. Estiman se recaudarán 356 mil millones, lo que equivale a cerca del 30 por ciento del presupuesto total de Misiones, estimados en 1,2 billones de pesos. En línea con los números expuestos, en lo que va del año la recaudación llegó a 118.981 millones de pesos, lo que representa el 66 por ciento de la meta proyectada, acorde al mes del año mantiene una proyección correcta hacia fin de 2023.
En el NEA, Misiones recauda más que Corrientes, Chaco y Formosa sumados, pese a que tiene alícuotas más bajas que las provincias vecinas en algunas actividades como la industria, donde aquellas actividades que están incluidas en las reducciones de alícuota en este rubro, tributan 1,5%, en Corrientes 1,75 y en Chaco, 3,5%. La actividad primaria en Misiones está exenta, mientras que en Corrientes paga 1,15 y en Chaco, 0,75% como lo describe el portal Economis en su nota del 22 de agosto pasado. Al mismo tiempo, en Misiones una empresa recién se convierte en agente de retención al facturar 230 millones al año, en Corrientes apenas con 37,8 millones de pesos y en Chaco, de acuerdo al organismo recaudador.
Hay muchas visiones y enfoques de cómo analizar tan complejas alícuotas de Ingresos Brutos que se aplican para cada actividad. Actualmente, todas las provincias cobran este tributo. Esto se debe a que se trata de una de las fuentes de ingresos más importantes para las provincias. En cuanto a quienes deben pagar este tributo, incluye a casi todos los contribuyentes que realizan una actividad, ya sea desde la venta de bienes hasta la prestación de un servicio. Sin embargo, existen algunas exenciones como la de Misiones, que no cobra este impuesto a las actividades primarias como la agricultura, este dato es muy importante dado que la provincia tiene una alta actividad en este rubro cuando hablamos de productores primarios de yerba mate, té, tabaco y horticultura, entre tantas otras. A nivel nacional, por ejemplo, estas actividades pagan la carga impositiva. Para agricultura, ganadería, caza y silvicultura el promedio país es 0,52%; la mayor presión está en San Luis con 1,01% y la menor en Córdoba, con 0,07%, como dijimos, dentro de las exentas está Misiones y desde julio pasado como maniobra electoral CABA cobraba el 0,75% y lo pasó a 0%.
En cuanto a esto último, la maniobra de baja de los impuestos a los IIBB de Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por Mauricio Macri primero y ahora por Horacio Rodríguez Larreta de cara a las PASO se da en el marco de que su propio medio de comunicación en una nota del 4 de junio pasado decía que “Por el Consenso Fiscal la carga se redujo entre 2017 y 2020; desde entonces, Tierra del Fuego y Córdoba fueron las que más bajaron la alícuota, mientras que Salta y CABA, las que más aumentaron”. Misiones en este aspecto dejó en claro a través del Ministro de Hacienda, que no se incrementaría ningún impuesto provincial al ser entrevistado y consultado por el inicio de este año.
En la misma nota se hace referencia a los promedios de alícuotas efectivas que se cobran a nivel país: expone que CABA alcanza el 3,7% y Misiones apenas por arriba con 3,81% en promedio. Y aquí es donde se analiza la gran diferencia, siendo una de las jurisdicciones de mayores ingresos de coparticipación y recaudación de impuestos hacia sus arcas del país frente a provincias como Misiones con reclamos eternos sobre la distribución que efectúa Nación; el impuesto a los ingresos brutos pasa a ser un factor determinante para aquellos modelos de provincias que incluyen en sus presupuestos inversión en salud, asistencia social, infraestructura y desarrollo urbano el 70% de lo recaudado.
Es verdad que como contribuyentes el tema impuestos siempre será complejo, por tal motivo es crucial demostrar con hechos concretos donde se destina lo recaudado. Tener corredores y caminos y puentes que faciliten el transporte, servicios de salud que lleguen a todos los que dependen de servicios públicos, la constante ampliación de desarrollos urbanos, entes de apoyo a empresas y emprendedores brindando créditos blandos cubriendo necesidades fundamentales para incentivar el comercio y la industria en un contexto donde el acceso al crédito es restrictivo entre tantos otros ejemplos deben exponerse. Misiones se posiciona líder del NEA y hasta atrae empresas de la vecina provincia que opta por el servicio del Puerto de Posadas (también financiado por el Estado) para sacar su producción por la creciente actividad comercial que presenta. Una localidad que no presenta actividad económica significativa, que no cuente con infraestructura adecuada, ni servicios básicos de calidad, por más que cobre cero impuestos, no cambiará su realidad.
