Carolina López Forastier

Carolina es Abogada, funcionaria del Senado de la Nación

La Masacre de Oberá: “Memoria para no olvidar”

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Este hecho fue durante mucho tiempo silenciado, olvidado hasta que se pudo reconstruir parte de la verdadera historia gracias a los descendientes de las victimas.

Eran trabajadores tabacaleros  explotados ,que se reunieron para mejorar el precio de sus chacras y de sus producciones pidiendo los permisos correspondientes a las autoridades

Los colonos que participaron de la manifestación provenían de las zonas cercanas de Zamambaya, Los Helechos, Ameghino, Guaraní y Campo Viera.

Si bien la yerba era ya importante, la actividad tabacalera Misiones competía en producción con Corrientes y Salta.

La versión oficial relataba que los inmigrantes chacareros algunos de origen rusos, fueron tildados de “comunistas”que querían hacer una insurrección política para justificar la masacre de tantas familias.

Los reclamos eran simplemente un precio justo por el tabaco.

Las familias estaban en estado desesperado ante las políticas publicas nacionales que en connivencia con las Empresas tabacaleras que compraban el tabaco a precios irrisorios. Nobleza y 43 que controlaban el mercado y determinaban los precios de miseria a los trabajadores, una real coerción económica.

El gobierno Nacional dio la orden de reprimir a “los comunistas” y la policía local y mercenarios bajo las ordenes del Comisario Berón  fueron los responsables de atacar a los campesinos, polacos, rusos y ucranianos , en su mayoría.

El primero en escribir sobre el hecho fue escritor Alfredo Varela en 1941. En este texto, Varela alude a los testimonios que toma de aquellos que habían participado en la protesta

“Hombres, mujeres, niños, a pie, a caballo, en los ´carros polacos´, en sulkys; ucranianos y suecos, blancos-rusos y argentinos y paraguayos.

Los sobrevivientes fueron acorralados y presos, perseguidos por los montes y baleados, violadas las mujeres, las rusitas y polacas de rubias trenzas, las niñas no florecidas aún.

Después fueron asaltadas las chacras, saqueadas, robados los animales o dispersos por el monte. Fueron las palizas en la comisaría, el terror”, recuenta Varela en su libro.

El libro de la historiadora Silvia Waskiewicz La Masacre de Oberá, 1936 es  sin duda la indagación más completa que se haya hecho sobre la represión que sufrieran los colonos que en aquel momento reclamaban mejores precios para sus productos.

Como lo explicaen su libro, colonos reclamaban un único precio de seis pesos por arroba de tabaco, la distribución equitativa y mensura de las tierras, y la anulación del impuesto sobre las nuevas plantaciones de yerba.

Misiones en ese entonces era territorio Nacional y el delegado del gobierno era Carlos Acuña, quien había sido designado en el cargo por José Felix Uriburu.

Descendientes de aquellas familias cuyos cuerpos fueron enterrados en el monte y desaparecidas sus chacras merecen nuestro reconocimiento y recuerdo permanente.

Desde 2010, por ley provicial cada 15 de marzo se conmemora el Día de la reivindicación de las luchas agrarias en Misiones.

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La ley Banelco: memoria para no olvidar

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El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.

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¿La gloriosa CGT?

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Hace pocas horas tuvo media sanción la reforma laboral más importante de los últimos años y en este contexto resulta abrumador el silencio del aparato sindical ante modificaciones tan importantes, pareciendo ésta una decisión consciente de hacer cargar con el peso de aprobarla o no a los gobernadores de las Provincias.

Si bien es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)  tiene más de 40 años y resulta necesario aggiornarla o modernizarla de alguna manera (sobre todo luego de la pandemia y con la aparición de nuevas formas de trabajo) sería prudente entender que eso no debería significar la disminución en la protección y el cercenamiento a derechos constitucionalmente consagrados de un sector ya precarizado e informal, sino todo lo contrario.

Una legislación que pregona en la mayoría de sus puntos una negociación entre las partes, sin preguntarse si en verdad el trabajador y el empleador se encuentran en igualdad de condiciones para negociar, o si esto no será solamente un ambiente propicio para que el empleador disponga a su gusto de los salarios, condiciones laborales y vacaciones de sus empleados.

¿Cuál fue la urgencia de tratar una ley de ésta índole, con reformas tan abruptas al sistema laboral argentino y en detrimento de los trabajadores? ¿Somos los trabajadores los responsables de que no lleguen grandes inversiones, o lo es la falta de seguridad jurídica de la Argentina, atravesada por un sistema corrompido? 

Se pretende una reforma laboral ignorando  los límites que la propia Constitución Nacional le impone al Congreso de la Nación, no sólo en su articulado sino también a raíz de los tratados incorporados a través del art. 75 inc. 22. Los legisladores deberían pregonar por lograr una legislación armoniosa con los principios constitucionales y no todo lo contrario, recordando además que la Argentina también se ha adherido e incorporado a su plexo normativo diversos acuerdos vinculados al trabajo dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo 

En este contexto de reformas y desprotección, se evidencian modelos que se están acabando por ser ineficaces en brindar respuestas a quienes representan: el sindicalismo.

En la Argentina ganó el modelo individualista de “sálvese quien pueda”, y esto llegó hasta las cumbres sindicales que dejaron de proteger con una mirada de construcción colectiva, solidaria y con justicia social del país, priorizando sus propios intereses por sobre los derechos de los trabajadores que dicen representar.

Se aburguesaron, se alejaron del pueblo y se dedican a hacer buenos negocios  La realidad de las ideologías y del compromiso hoy es otra.

Pareciera que los “muchachos de la revolución” prefieren cuidar otros intereses y asegurarse que no se modifiquen algunos porcentajes o algún otro fondo, y es por eso que en las negociaciones con el gobierno sólo se pasan por mantener algún  financiamiento sin importar si esto implicaba ceder terreno en el avasallamiento de las condiciones de los trabajadores (lo que se deja ver en que no plantearon objeciones en lo que respecta al banco de horas, al fraccionamiento de las vacaciones o el tope de las indemnizaciones).

El individualismo llegó hasta a la organización que más colectiva pretendía ser. La visión de una patria compartida y de intereses en común ya no existe. Y no parece muy errado pensar en el chiste que circulaba en redes sociales acerca de la CGT, diciendo que sus siglas significan “Confederación General de Twitter”, por la elección de sus dirigentes de estar más presentes en redes sociales que en la calle.

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Cuando la ignorancia se vuelve política pública

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Sin lugar a dudas, son lamentables las expresiones de la concejala María Elena Fernández de la ciudad de Posadas contra la forestoindustria, uno de los sectores más castigados de nuestra provincia. Un sector que arrastra consecuencias históricas desde la última dictadura cívico-militar de 1976, cuando, de la mano del ministro Martínez de Hoz, se entregaron -por decirlo de algún modo- nuestros bosques, nuestra selva, nuestro monte y hasta el Parque Nacional Iguazú a intereses ajenos al desarrollo regional.

Sería importante que la legisladora comprenda que ningún beneficiario de la Ley 25.080 está exento de pagar impuestos. La capitalización que dicha ley promueve tiene efectos sobre el valor en pie de los activos forestales y, por ende, incrementa la base imponible de esos bienes. No se trata de un privilegio fiscal, sino de una política de estímulo productivo con impacto económico directo.

Resulta llamativo, además, que la concejala no se haya asesorado con su propia correligionaria, la diputada nacional Maura Gruber, reconocida conocedora del sector forestal, vinculada históricamente a AMAYADAP y al entramado forestoindustrial del norte misionero.

A esto se suma un dato alarmante: la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos el menor financiamiento de su historia. Según el artículo 31 de la ley, dicho fondo debería recibir al menos el 0,3 % del presupuesto nacional, lo que para 2026 equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto asigna apenas $15.843 millones. (Para mayor precisión técnica, basta consultar el sitio oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto).

Paradójicamente, el propio gobierno nacional del presidente Javier Milei creó el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR), integrado por la AFCP, AFoA, ASORA, FAIMA y la Sociedad Rural Argentina. Por el sector público participó, en representación de la Subsecretaría de Gestión Productiva, Ornela Calvette, directora nacional de Proyectos Estratégicos.
Sin palabras.

Mientras tanto, la diputada nacional Maura Gruber guarda silencio. ¿Por qué no defiende al sector? ¿Por qué no asesoró a la edil de su mismo espacio político? Como diputada nacional por Misiones, tiene todas las facultades para presentar un proyecto que derogue la Ley 25.080, una norma de alcance nacional, no provincial. Bastaría, incluso, consultar al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para conocer la situación real de una provincia fuertemente vinculada a la actividad forestal.

Pero estamos en Posadas, y se mezclan peras con manzanas. Total, hablar es gratis.

Resulta preocupante el desconocimiento de las competencias y jurisdicciones, más aún cuando estas expresiones se realizan en el ámbito del Concejo Deliberante de Posadas. ¿Con qué objetivo? ¿Más prensa? El argumento de “vengo del sector privado” no alcanza. Muchos venimos del sector privado y eso no nos exime de informarnos ni de comprometernos con la realidad productiva de nuestra provincia.

Necesitamos seriedad en las opiniones, sobre todo cuando los salarios de los funcionarios los pagamos todos los posadeños con nuestros impuestos. Las narrativas desbocadas sobre políticas públicas, tan costosas para nuestra historia, solo refuerzan una “nueva política” que, lejos de ser gratuita, resulta cara e irresponsable.

Sin ser especialistas, sí tenemos la obligación de manejar datos reales sobre nuestras economías regionales. Las políticas públicas serias no son partidos de tenis ni silencios cómplices.

Al día de la fecha, y según la web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Maura Gruber no ha presentado ningún proyecto legislativo. A ella también le pagamos la dieta.

Mientras países como Estados Unidos —bajo la lógica proteccionista de Donald Trump— o la Unión Europea, que incluso recurrió al Tribunal de Bruselas a pedido de sus agricultores, defienden sin complejos sus producciones, aquí se ataca livianamente a uno de los pocos sectores que aún sostienen empleo y desarrollo territorial.

¿No sería más patriótico, al menos, guardar silencio frente a la estrepitosa caída de una economía regional clave? ¿O hay algún gato encerrado?

El Concejo Deliberante de Posadas no tiene competencia para debatir la Ley 25.080. Seamos serios. Asesorémonos. O, en todo caso, pidamos asesoramiento a nuestros propios pares, como Maura Gruber, integrante de una familia históricamente vinculada al sector forestal, que hasta ahora no ha dicho una palabra.

Paradójico, por decir lo menos, que quien presidía la Mesa Forestal Nacional fuera Ornela Calvette.
¿Te suena?

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Cuando el federalismo duele

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Sin lugar a dudas la Argentina se caracteriza por ser un país fundamentalmente centralista, con un “pseudo federalismo” atado siempre, no sólo al uso y abuso de nuestros recursos naturales, sino también a una absurda visión que pareciera suponer que quienes estamos en la Argentina profunda debemos pleitesía al Obelisco y sus alrededores. Todo parecía estar bien, hasta que decidimos pensar distinto. 

Mientras tanto e históricamente,  nos someten al desmantelamiento de nuestras economías locales con transferencias tardías, dejan nuestras fronteras sin protección, y actúan desinteresadamente respecto de nuestros intereses, pretendiendo que vayamos de rodillas a pedir lo que en verdad nos pertenece.

Sin embargo, y a pesar de las piedras en el camino, la bandera de la Argentina federal sigue  flameando gracias a los maestros y maestras que la defienden en cada aula de cualquier rincón de nuestra tierra colorada. Sigue flameando, a pesar del olvido a los pequeños productores, en cada chacra devastada por la crisis yerbatera.

Lo que para el centralismo porteño aparece como “rebeldía”, para las Provincias es ejercicio de sus derechos. Lógicamente, cada actor del plano nacional debe velar por sus intereses, pero pareciera que esto no es del agrado de todos, menos aún cuando un jugador que parece tan pequeño y lejano como Misiones decide ponerse firme en su postura de hacer simplemente lo que más le conviene a los misioneros.

No es sorpresiva la aparición de figuras del arco político que atacan a los representantes de las Provincias cuando ejercen ese federalismo. Sin ir más lejos, parece que así lo fue para a quien le molestó que Misiones obstruya su plan de sancionar una Ley que le permita girar el arco comunicacional a su favor y especular su posición para poder ganar con eso las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué osadía y atrevimiento violar el deseo de su campaña. 

Mientras tanto, aparecen ellos: los medios de comunicación que responden al poder centralista y que, transmitiendo desde Buenos Aires, sin siquiera esforzarse en entender las complejas realidades provinciales, arrojan teorías supuestas de cómo somos en “el interior” y por qué hacemos lo que hacemos.

Se olvidan de que las elecciones locales, son eso: locales. Cada uno en su terruño. Con sus atribuciones, sí, pero sin que eso signifique nacionalizar ninguna contienda. Es por eso que Misiones no emite opinión acerca de las elecciones de Capital Federal, ni sobre las decisiones políticas de quienes hace más de 17 años manejan la Ciudad más rica del país por voto de los porteños. 

Se olvidan, también, de que los misioneros tenemos nuestra propia agenda, y enojados exigen que coincida con la suya. Intentan adivinar cómo es nuestra cotidianeidad, pretendiendo que siempre tengamos un accionar conforme a sus creencias y sin tener en cuenta nuestras costumbres, nuestra sociedad y a quiénes elegimos para representarnos y gobernar.

En la misma medida que nos cuesta, nos enorgullece ser misioneros y argentinos. Un pueblo que ha sido denostado por la gran urbe, pero que con nuestras costumbres, nuestra tonada, nuestra tierra colorada y nuestro territorio rodeado en un 90 % por frontera internacional, siempre ha levantado y enaltecido la bandera de la Argentina federal, esa que a los porteños no les importa ¡Pero de eso se trata la democracia, querida Buenos Aires!

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