Carolina López Forastier

Carolina es Abogada, funcionaria del Senado de la Nación

Sistemas electorales e IA

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La Inteligencia Artificial (IA) es, sin lugar a dudas, el motor visible de nuestra vida cotidiana.

Desde los asistentes virtuales que organizan nuestras mañanas hasta los complejos algoritmos capaces de diagnosticar enfermedades con precisión milimétrica, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Mucho más rápido de lo que imaginamos.

Sin embargo, ese desarrollo técnico acelerado expone una grieta profunda: la velocidad de la innovación corre el riesgo de dejar atrás nuestra propia humanidad.

Un algoritmo puede calcular la probabilidad de reincidencia de una persona detenida o decidir la aprobación de un crédito bancario, pero carece de la capacidad para evaluar la redención, el arrepentimiento o la desesperación de un ser humano.

Humanizar la IA significa, en primer lugar, diseñar tecnologías que actúen como amplificadoras de nuestras virtudes y no como sustitutas de nuestros vínculos.

Esto implica que los equipos de desarrollo no estén integrados únicamente por ingenieros en sistemas, sino que incorporen de manera activa a filósofos, psicólogos, artistas y sociólogos. Esa es la denominada gobernanza tecnológica con perspectiva humana, un enfoque que comienza a consolidarse en ámbitos académicos y en algunos espacios gubernamentales.

La reciente aproximación entre el Gobierno argentino y el magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de la controvertida empresa de análisis de datos Palantir Technologies, encendió el debate sobre el futuro del sistema democrático.

Ante la proximidad de los próximos comicios legislativos y presidenciales, la posibilidad de que sistemas avanzados de Inteligencia Artificial intervengan en el diseño de estrategias y en la gestión de datos públicos plantea un interrogante ético de enorme relevancia. La tecnología promete una capacidad analítica sin precedentes, pero también expone un riesgo sistémico: transformar al ciudadano y al votante en un simple vector numérico, susceptible de ser segmentado y condicionado a partir de sus “likes”, visualizaciones o interacciones en las redes sociales.

Frente a una corriente de desregulación tecnológica extrema que busca consolidar mercados con una mínima intervención estatal, la humanización de la IA exige establecer límites éticos al determinismo de las máquinas.

Humanizar la tecnología aplicada a la política significa garantizar, con absoluta transparencia, que las herramientas de análisis masivo de datos respeten el derecho a la privacidad y las garantías constitucionales. Las plataformas algorítmicas no poseen empatía, sentido común ni una noción del bien común: procesan patrones de información, pero no comprenden las realidades sociales, económicas ni el sufrimiento de una comunidad.

Por ello, el desarrollo tecnológico debe estar acompañado por comités multidisciplinarios y marcos regulatorios capaces de devolver a las personas el control efectivo sobre sus datos y sus decisiones.

En este nuevo escenario, la necesidad de humanizar los algoritmos deja de ser una discusión exclusivamente filosófica para convertirse en una verdadera urgencia democrática.

La pregunta ya no es tecnológica, sino política: ¿las urnas seguirán representando la expresión soberana de una sociedad o terminarán reflejando el resultado predecible de un experimento de optimización informática?

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La Masacre de Oberá: “Memoria para no olvidar”

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Este hecho fue durante mucho tiempo silenciado, olvidado hasta que se pudo reconstruir parte de la verdadera historia gracias a los descendientes de las victimas.

Eran trabajadores tabacaleros  explotados ,que se reunieron para mejorar el precio de sus chacras y de sus producciones pidiendo los permisos correspondientes a las autoridades

Los colonos que participaron de la manifestación provenían de las zonas cercanas de Zamambaya, Los Helechos, Ameghino, Guaraní y Campo Viera.

Si bien la yerba era ya importante, la actividad tabacalera Misiones competía en producción con Corrientes y Salta.

La versión oficial relataba que los inmigrantes chacareros algunos de origen rusos, fueron tildados de “comunistas”que querían hacer una insurrección política para justificar la masacre de tantas familias.

Los reclamos eran simplemente un precio justo por el tabaco.

Las familias estaban en estado desesperado ante las políticas publicas nacionales que en connivencia con las Empresas tabacaleras que compraban el tabaco a precios irrisorios. Nobleza y 43 que controlaban el mercado y determinaban los precios de miseria a los trabajadores, una real coerción económica.

El gobierno Nacional dio la orden de reprimir a “los comunistas” y la policía local y mercenarios bajo las ordenes del Comisario Berón  fueron los responsables de atacar a los campesinos, polacos, rusos y ucranianos , en su mayoría.

El primero en escribir sobre el hecho fue escritor Alfredo Varela en 1941. En este texto, Varela alude a los testimonios que toma de aquellos que habían participado en la protesta

“Hombres, mujeres, niños, a pie, a caballo, en los ´carros polacos´, en sulkys; ucranianos y suecos, blancos-rusos y argentinos y paraguayos.

Los sobrevivientes fueron acorralados y presos, perseguidos por los montes y baleados, violadas las mujeres, las rusitas y polacas de rubias trenzas, las niñas no florecidas aún.

Después fueron asaltadas las chacras, saqueadas, robados los animales o dispersos por el monte. Fueron las palizas en la comisaría, el terror”, recuenta Varela en su libro.

El libro de la historiadora Silvia Waskiewicz La Masacre de Oberá, 1936 es  sin duda la indagación más completa que se haya hecho sobre la represión que sufrieran los colonos que en aquel momento reclamaban mejores precios para sus productos.

Como lo explicaen su libro, colonos reclamaban un único precio de seis pesos por arroba de tabaco, la distribución equitativa y mensura de las tierras, y la anulación del impuesto sobre las nuevas plantaciones de yerba.

Misiones en ese entonces era territorio Nacional y el delegado del gobierno era Carlos Acuña, quien había sido designado en el cargo por José Felix Uriburu.

Descendientes de aquellas familias cuyos cuerpos fueron enterrados en el monte y desaparecidas sus chacras merecen nuestro reconocimiento y recuerdo permanente.

Desde 2010, por ley provicial cada 15 de marzo se conmemora el Día de la reivindicación de las luchas agrarias en Misiones.

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La ley Banelco: memoria para no olvidar

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El escándalo de coimas en el Senado fue un caso de corrupción que comenzó en abril del 2000, en medio de la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Flexibilización Laboral, que finalmente llevó a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez al Senado y luego del presidente De la Rúa en diciembre de 2001.

Corría el mes de abril de 2000 y, entre tanta opulencia (prestada) afuera, el clima social y de descontento se hacía cada vez más denso y hostil.

En esos despachos adornados con obras de la pinacoteca de la colección exclusiva del Senado y la boiserie francesa lustrada hasta el último detalle por los mejores ebanistas, las reuniones no cesaban.

En la Casa Rosada, los grupos económicos y el FMI exigían al presidente De la Rúa la “flexibilización de las leyes laborales”.

La desesperación económica de la sociedad explotaba en las calles. Era un genuino enojo popular. Enojo válido.

Veníamos del país de los 90: una falsa convertibilidad, un Estado aniquilador, ausente, destruido, y una supuesta emergencia del Estado que nos había desguazado y vaciado absolutamente.

Las privatizaciones habían dejado cuantiosas ganancias, obviamente no para la sociedad sino para unos pocos.

La conocida “Ley Banelco” fue fruto de operaciones desesperadas para cumplir con el FMI, que casi siempre pide lo mismo: ajuste a los trabajadores y viejas recetas liberales que, en conjunto, apuntaban a recortar derechos laborales y restar capacidad negociadora a los asalariados.

En el mes de abril se aprobó el proyecto: tuvo media sanción en la Cámara de Diputados con la oposición del peronismo.

En el Senado la relación de fuerzas se invertía. Algunos senadores rápidamente le hicieron saber a De la Rúa que no tenían la menor prisa por sacar la ley.

El peronismo había negociado la aprobación de dos leyes —el Presupuesto y el paquete fiscal— así como también la presidencia provisional del Senado. No iban a ceder más y había que negociar ley por ley, punto por punto.

La Comisión de Legislación Laboral la presidía el peronista Alberto Tell (Jujuy).

Las versiones de asignaciones, promesas, dineros y sobornos sobrevolaban y se sentían cada vez más voces y susurros por esos pasillos que mencioné anteriormente.

El jefe del bloque del PJ era el entrerriano Augusto Alasino.

El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, viendo que eran minoría en el Senado, le dijo a Moyano luego de una reunión: “Para los senadores tengo la Banelco”. Frase que perdura hasta el día de hoy en la memoria de los argentinos. El presidente De la Rúa no anduvo con vueltas para respaldar a Flamarique.

El soborno como arma de negociación parecía ser la única vía que encontraba el gobierno para la aprobación de la norma.

Los pasillos del Senado, sobre todo el Salón Gris, eran un ir y venir de legisladores, gobernadores, sindicalistas y asesores, hasta que Antonio Cafiero, entonces senador por la provincia de Buenos Aires, manifestó que tenía “la certeza de que había sobornos”. Institucionalmente, una declaración muy importante, ya que un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa.

Iba a ser una sesión más que caliente, y así fue. El ministro Flamarique se presentó al Senado y desafió públicamente a los senadores. La sesión fue presidida por el radical José Genoud y, a su lado, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto (quien luego, ante la Justicia, reconoció como arrepentido la existencia de los sobornos).

La ley fue aprobada y De la Rúa siguió negando la existencia del soborno a los senadores.

Al poco tiempo, Flamarique se fue del Ministerio de Trabajo y lo reemplazó Patricia Bullrich.

Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una brutal represión al pueblo.

La causa pasó entonces al juez Daniel Rafecas, quien en 2007 procesó a Pontaquarto, al presidente Fernando de la Rúa, al secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, al ministro Flamarique y a los senadores Alberto Tell (Jujuy), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa) y Augusto Alasino (Entre Ríos).

El expresidente provisional del Senado, el mendocino Genoud, terminó suicidándose.

Responsabilidad institucional y democrática es, sin dudas, la que debe regir por estos días. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

En el año 2012 fue derogada la llamada Ley Banelco.

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¿La gloriosa CGT?

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Hace pocas horas tuvo media sanción la reforma laboral más importante de los últimos años y en este contexto resulta abrumador el silencio del aparato sindical ante modificaciones tan importantes, pareciendo ésta una decisión consciente de hacer cargar con el peso de aprobarla o no a los gobernadores de las Provincias.

Si bien es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)  tiene más de 40 años y resulta necesario aggiornarla o modernizarla de alguna manera (sobre todo luego de la pandemia y con la aparición de nuevas formas de trabajo) sería prudente entender que eso no debería significar la disminución en la protección y el cercenamiento a derechos constitucionalmente consagrados de un sector ya precarizado e informal, sino todo lo contrario.

Una legislación que pregona en la mayoría de sus puntos una negociación entre las partes, sin preguntarse si en verdad el trabajador y el empleador se encuentran en igualdad de condiciones para negociar, o si esto no será solamente un ambiente propicio para que el empleador disponga a su gusto de los salarios, condiciones laborales y vacaciones de sus empleados.

¿Cuál fue la urgencia de tratar una ley de ésta índole, con reformas tan abruptas al sistema laboral argentino y en detrimento de los trabajadores? ¿Somos los trabajadores los responsables de que no lleguen grandes inversiones, o lo es la falta de seguridad jurídica de la Argentina, atravesada por un sistema corrompido? 

Se pretende una reforma laboral ignorando  los límites que la propia Constitución Nacional le impone al Congreso de la Nación, no sólo en su articulado sino también a raíz de los tratados incorporados a través del art. 75 inc. 22. Los legisladores deberían pregonar por lograr una legislación armoniosa con los principios constitucionales y no todo lo contrario, recordando además que la Argentina también se ha adherido e incorporado a su plexo normativo diversos acuerdos vinculados al trabajo dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo 

En este contexto de reformas y desprotección, se evidencian modelos que se están acabando por ser ineficaces en brindar respuestas a quienes representan: el sindicalismo.

En la Argentina ganó el modelo individualista de “sálvese quien pueda”, y esto llegó hasta las cumbres sindicales que dejaron de proteger con una mirada de construcción colectiva, solidaria y con justicia social del país, priorizando sus propios intereses por sobre los derechos de los trabajadores que dicen representar.

Se aburguesaron, se alejaron del pueblo y se dedican a hacer buenos negocios  La realidad de las ideologías y del compromiso hoy es otra.

Pareciera que los “muchachos de la revolución” prefieren cuidar otros intereses y asegurarse que no se modifiquen algunos porcentajes o algún otro fondo, y es por eso que en las negociaciones con el gobierno sólo se pasan por mantener algún  financiamiento sin importar si esto implicaba ceder terreno en el avasallamiento de las condiciones de los trabajadores (lo que se deja ver en que no plantearon objeciones en lo que respecta al banco de horas, al fraccionamiento de las vacaciones o el tope de las indemnizaciones).

El individualismo llegó hasta a la organización que más colectiva pretendía ser. La visión de una patria compartida y de intereses en común ya no existe. Y no parece muy errado pensar en el chiste que circulaba en redes sociales acerca de la CGT, diciendo que sus siglas significan “Confederación General de Twitter”, por la elección de sus dirigentes de estar más presentes en redes sociales que en la calle.

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Cuando la ignorancia se vuelve política pública

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Sin lugar a dudas, son lamentables las expresiones de la concejala María Elena Fernández de la ciudad de Posadas contra la forestoindustria, uno de los sectores más castigados de nuestra provincia. Un sector que arrastra consecuencias históricas desde la última dictadura cívico-militar de 1976, cuando, de la mano del ministro Martínez de Hoz, se entregaron -por decirlo de algún modo- nuestros bosques, nuestra selva, nuestro monte y hasta el Parque Nacional Iguazú a intereses ajenos al desarrollo regional.

Sería importante que la legisladora comprenda que ningún beneficiario de la Ley 25.080 está exento de pagar impuestos. La capitalización que dicha ley promueve tiene efectos sobre el valor en pie de los activos forestales y, por ende, incrementa la base imponible de esos bienes. No se trata de un privilegio fiscal, sino de una política de estímulo productivo con impacto económico directo.

Resulta llamativo, además, que la concejala no se haya asesorado con su propia correligionaria, la diputada nacional Maura Gruber, reconocida conocedora del sector forestal, vinculada históricamente a AMAYADAP y al entramado forestoindustrial del norte misionero.

A esto se suma un dato alarmante: la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtió que el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos el menor financiamiento de su historia. Según el artículo 31 de la ley, dicho fondo debería recibir al menos el 0,3 % del presupuesto nacional, lo que para 2026 equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto asigna apenas $15.843 millones. (Para mayor precisión técnica, basta consultar el sitio oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto).

Paradójicamente, el propio gobierno nacional del presidente Javier Milei creó el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR), integrado por la AFCP, AFoA, ASORA, FAIMA y la Sociedad Rural Argentina. Por el sector público participó, en representación de la Subsecretaría de Gestión Productiva, Ornela Calvette, directora nacional de Proyectos Estratégicos.
Sin palabras.

Mientras tanto, la diputada nacional Maura Gruber guarda silencio. ¿Por qué no defiende al sector? ¿Por qué no asesoró a la edil de su mismo espacio político? Como diputada nacional por Misiones, tiene todas las facultades para presentar un proyecto que derogue la Ley 25.080, una norma de alcance nacional, no provincial. Bastaría, incluso, consultar al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para conocer la situación real de una provincia fuertemente vinculada a la actividad forestal.

Pero estamos en Posadas, y se mezclan peras con manzanas. Total, hablar es gratis.

Resulta preocupante el desconocimiento de las competencias y jurisdicciones, más aún cuando estas expresiones se realizan en el ámbito del Concejo Deliberante de Posadas. ¿Con qué objetivo? ¿Más prensa? El argumento de “vengo del sector privado” no alcanza. Muchos venimos del sector privado y eso no nos exime de informarnos ni de comprometernos con la realidad productiva de nuestra provincia.

Necesitamos seriedad en las opiniones, sobre todo cuando los salarios de los funcionarios los pagamos todos los posadeños con nuestros impuestos. Las narrativas desbocadas sobre políticas públicas, tan costosas para nuestra historia, solo refuerzan una “nueva política” que, lejos de ser gratuita, resulta cara e irresponsable.

Sin ser especialistas, sí tenemos la obligación de manejar datos reales sobre nuestras economías regionales. Las políticas públicas serias no son partidos de tenis ni silencios cómplices.

Al día de la fecha, y según la web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Maura Gruber no ha presentado ningún proyecto legislativo. A ella también le pagamos la dieta.

Mientras países como Estados Unidos —bajo la lógica proteccionista de Donald Trump— o la Unión Europea, que incluso recurrió al Tribunal de Bruselas a pedido de sus agricultores, defienden sin complejos sus producciones, aquí se ataca livianamente a uno de los pocos sectores que aún sostienen empleo y desarrollo territorial.

¿No sería más patriótico, al menos, guardar silencio frente a la estrepitosa caída de una economía regional clave? ¿O hay algún gato encerrado?

El Concejo Deliberante de Posadas no tiene competencia para debatir la Ley 25.080. Seamos serios. Asesorémonos. O, en todo caso, pidamos asesoramiento a nuestros propios pares, como Maura Gruber, integrante de una familia históricamente vinculada al sector forestal, que hasta ahora no ha dicho una palabra.

Paradójico, por decir lo menos, que quien presidía la Mesa Forestal Nacional fuera Ornela Calvette.
¿Te suena?

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