Caso YPF: Preska obliga a la Argentina a entregar más datos sobre activos estatales
La jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó un pedido del Gobierno argentino para limitar el alcance del discovery únicamente a activos ejecutables. El fallo se suma a otro revés procesal de la semana pasada y anticipa una audiencia clave en Nueva York el próximo 4 de septiembre.
La Procuración del Tesoro de la Nación informó este martes que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, emitió una resolución adversa para la Argentina en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF en 2012.
En esta oportunidad, Preska rechazó la moción argentina que buscaba restringir el proceso de discovery —la etapa de entrega de información entre las partes— a aquellos activos del Estado nacional que puedan ser ejecutables en caso de condena.
La decisión amplía el espectro de datos que el país deberá entregar, incluyendo información sobre activos estatales de diverso tipo, con lo cual se incrementa la presión sobre el Gobierno argentino en un litigio que involucra miles de millones de dólares en potenciales indemnizaciones.
La resolución se suma a otro rechazo dictado por Preska la semana pasada, cuando desestimó la reconsideración de Argentina respecto del acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios vinculados al caso.
La batalla judicial por la expropiación de YPF
El conflicto se origina en la nacionalización de YPF en abril de 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de la petrolera, hasta entonces en manos de Repsol. Desde entonces, diversos fondos y accionistas minoritarios impulsaron demandas en Nueva York, reclamando resarcimientos por presuntas violaciones contractuales y daños patrimoniales.
El proceso de discovery en Estados Unidos es una instancia central: obliga a las partes a entregar información sensible, documentos y registros financieros, lo que podría derivar en una mayor exposición patrimonial de la Argentina.
Según fuentes oficiales, el Gobierno argentino argumentó que los requerimientos de Preska resultan “incompatibles con la jurisprudencia vigente en Estados Unidos y con la legislación nacional”. Sin embargo, la magistrada neoyorquina desestimó esas objeciones, habilitando un acceso más amplio a la información estatal.
La Procuración del Tesoro calificó las resoluciones como “equivocadas” y aseguró que se encuentran evaluando las vías procesales para impugnarlas, en el marco de la estrategia de defensa del Estado.
El rechazo de Preska constituye un golpe para la estrategia argentina, que buscaba limitar daños patrimoniales y proteger activos estatales estratégicos en el exterior.
En términos económicos, la ampliación del discovery eleva la incertidumbre sobre el riesgo de embargos futuros en caso de una sentencia adversa, lo que podría complicar la posición financiera de la Argentina en los mercados internacionales.
Desde el punto de vista político, el fallo ocurre en medio de un clima de fuerte sensibilidad por la situación económica local, con impacto en la agenda de negociaciones internacionales y en la percepción de seguridad jurídica.
La próxima audiencia en Nueva York, prevista para el jueves 4 de septiembre, será clave para definir nuevos pasos procesales y eventuales medidas de prueba. Según anticipó la Procuración, “la República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”.
El horizonte del caso YPF sigue cargado de incertidumbre. Mientras el discovery avanza, el riesgo inmediato para la Argentina es la posibilidad de ampliar el espectro de bienes identificables para ejecución. A mediano plazo, el foco estará en la definición de eventuales compensaciones y en las gestiones políticas paralelas que el país pueda desplegar para mitigar costos.
Para analistas jurídicos y financieros, la estrategia argentina deberá combinar resistencia procesal, negociaciones diplomáticas y gestión de activos estratégicos, a fin de evitar un desenlace adverso que impacte tanto en el frente económico como en la credibilidad internacional.
