Misiones retoma la mesa yerbatera en busca de un acuerdo de precios en un mercado sin regulación
El Gobierno de Misiones reunió este jueves en Posadas a productores, cooperativas, secaderos e industrias yerbateras en una mesa de diálogo convocada por el Ministerio del Agro y la Producción, con un objetivo: destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario. Según lo expuesto en la reunión, el valor actual de la hoja verde se ubica alrededor de un 50% por debajo de los costos, lo que implica una pérdida de rentabilidad cercana al 70% para los productores.
El sector ya no cuenta con la herramienta que permitía fijar precios mínimos -atribución que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)– y la provincia solo puede tomar un rol de mediación. Pero el dato es que la Industria acudió casi en pleno y escuchó y expuso su posición en un diálogo abierto aunque no exento de tensión con los productores.
Durante el encuentro, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, señalando el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos. Se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.
Los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios. Desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de la cooperativa de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.
Del precio regulado a la negociación entre privados
El ministro del Agro, Facundo Sartori, explicitó en dialogo con Economis ese límite: la provincia no fija precios, pero intenta ordenar el conflicto. “Hoy los valores que se están pagando no cubren los costos”, advirtió, al tiempo que describió un mercado con fuerte asimetría: muchos productores frente a pocos molinos que concentran la capacidad de fijación de precios.
La dinámica actual, según se planteó, responde a un cambio estructural. La oferta de materia prima creció en los últimos años, mientras la demanda no acompañó en igual proporción. Esa combinación, en un esquema sin precios sostén, presiona a la baja el valor de la hoja verde.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tiene antecedentes previos a la creación del INYM, y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector. Asimismo, advirtió que los períodos de libre mercado han sido históricamente los más adversos para el conjunto de los actores de la cadena.
Desde la industria, el diagnóstico no difiere en lo general, aunque incluye sus propios problemas. Gustavo Quatrin, de la Cooperativa Liebig, señaló a Economis que el aumento de exportaciones -que llegó a crecer un 37% interanual- se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks no bajaron y eso sigue condicionando los valores.
Qué se discute: precios, plazos y poder de mercado
El eje concreto de la negociación pasa por el precio de la materia prima y las condiciones de pago. La cooperativa Liebig anunció un incremento del 5% en los valores que paga por hoja verde y una reducción en el plazo de pago de 30 días, movimiento que fue leído por el Gobierno como un gesto inicial, aunque insuficiente.
Los productores cuestionaron que los precios actuales que ofrece la industria están entre 180 y 250 pesos por kilo, valores que, según afirmaron, no solo eliminan margen sino que generan pérdidas. “Cosechar es entrar en deuda”, sintetizó uno de los referentes.
La posibilidad de medidas de fuerza sigue latente. Algunos sectores ya evalúan sostener la no cosecha e incluso avanzar en cortes para interrumpir la circulación de materia prima, aunque la mayoría pretende seguir el camino de la negociación y el Gobierno busca evitar mediante la mediación. El dato político es que la Industria se sentó a la mesa y sus representantes no bloquearon la discusión. La producción, incluso los más exaltados, también mantuvo una posición negociadora.
El diagnóstico industrial hizo foco en otro dato: el mercado interno mantiene una demanda relativamente estable -definida como inelástica-, lo que limita la capacidad de absorber mayores volúmenes incluso con precios más bajos.
Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado externo enfrenta barreras culturales y de escala. Quatrin explicó que la Cooperativa Liebig aunque exporta a más de veinte países, la participación sobre el total sigue siendo marginal, inferior al 2% en volumen. La expansión internacional, entonces, aparece como una estrategia de largo plazo, pero sin capacidad de resolver la sobreoferta inmediata.
El corrimiento del INYM como fijador de precios reconfigura el equilibrio de poder dentro de la cadena. Los molinos basan su capacidad de negociación en un contexto de sobreoferta, mientras los productores quedan están expuestos a la dinámica de mercado.
El Gobierno provincial, sin herramientas regulatorias directas, intenta ocupar un rol de articulador. La mesa de diálogo funciona como espacio de contención institucional, pero su efectividad depende de la voluntad de las partes de ceder posiciones.
La convocatoria a un cuarto intermedio por parte de las cámaras molineras marca el próximo punto de inflexión: deberán definir si avanzan hacia un precio común o sostienen estrategias individuales.
Ingreso rural en riesgo y tensión social
La caída de precios en la hoja verde impacta de forma directa en el ingreso de las familias productoras, que constituyen la base social de la actividad en Misiones. La pérdida de rentabilidad no solo compromete la cosecha actual, sino también la sostenibilidad de las chacras en el mediano plazo.
En paralelo, el encarecimiento del financiamiento -con tasas positivas- limita la capacidad de la industria para sostener stocks y pagar mejores precios, lo que complejiza aún más la ecuación.
